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Sentencia CL-175-18 — Registro 8362

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales; situación jurídica planteada por demandante es la controversia generada a razón del retiro voluntario del trabajador y el reconocimiento al pago de prestaciones laborales por parte del empleador bajo el amparo de la contratación colectiva.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede resulta inestimable por la razón siguiente: el artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, señalado como norma sustantiva infringida no ha sido aplicado por el juzgador de segunda instancia, por ende no pudo haber sido aplicada indebidamente. Además, la norma señalada como infringida no tiene relación con situación jurídica planteada, ya que la controversia se genera a razón del retiro voluntario del trabajador y el reconocimiento al pago de prestaciones laborales por parte del empleador bajo el amparo de la contratación colectiva."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por la razón siguiente: analizada la sentencia impugnada de la misma se desprende que el artículo 111 numeral 2) del Código del Trabajo, señalado como norma sustantiva infringida, no ha sido aplicada en la sentencia impugnada, por ende no pudo haber sido aplicada indebidamente.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..." Que el cargo que antecede resulta inestimable por la razón siguiente: se indica como norma sustantiva el artículo 113 del Código del Trabajo, disposición que no regula la situación jurídica planteada en el presente caso (retiro voluntario, reconocimiento al pago de prestaciones regulados por la Contratación Colectiva. Además, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los argumentos del A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio aportado al proceso decidiendo conforme a su libre formación de su convencimiento lo que corresponde.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., seis de diciembre del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal, en fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho, por el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), como recurrente; además es parte recurrida, los señores RIKI NELSON DUBON TURCIOS y NORMAN VLADIMIR RODRIGUEZ PAZ, representados en juicio por el Abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de marzo de dos mil quince, por los señores RIKI NELSON DUBON TURCIOS y NORMAN VLADIMIR RODRIGUEZ PAZ, ambos mayores de edad, casados, Abogados, hondureños y de este domicilio, contra el SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), por medio de su Gerente General, señor LUIS RENE EVELINE HERNANDEZ, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, hondureño y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por NORMAN VLADIMIR RODRIGUEZ PAZ, contra EL SERVICIO AUTÓNOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), a través del Gerente General LUIS RENE EVELINE HERNANDEZ, en cuanto al pago por los siguientes conceptos: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, bonificación por vacaciones, bono de verano proporcional, decimo tercer mes proporcional y decimo cuarto mes proporcional y salario adeudado; más salarios dejados de percibir, calculados desde a fecha de la terminación laboral hasta que este firme el presente fallo, en consecuencia; 2) CONDENA AL DEMANDADO, EL SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), a través del Gerente General LUIS RENE EVELINE HERNANDEZ, a pagar la cantidad de UN MILLON DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS (L.1,217,722.91) por los siguientes conceptos: preaviso L.174,934.17; auxilio de cesantía L.787,203.81; auxilio de cesantía proporcional L.54,909.81; vacaciones proporcionales L.45,745.29; bonificación por vacaciones L.95,164.20, bono de verano proporcional L.4,541.67 decimo tercer mes proporcional L.4,687.41 decimo cuarto mes proporcional L.47,620.97, salario adeudado L.2,915.57; más salarios dejados de percibir, calculados desde a fecha de la terminación laboral hasta que este firme el presente fallo; 3) Declarando SIN COSTAS en esta Instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresaron en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral para el SANAA de la siguiente manera: RIKI NELSON DUBON TURCIOS el día 9 de julio de 2007, desempeñándose en el puesto de Procurador Legal, devengando un sueldo bisemanal de L.16, 542.32; y, NORMAN VLADIMIR RODRIGUEZ PAZ el 01 de junio de 2005, desempeñándose en el puesto de Procurador Legal, devengando un sueldo bisemanal de L.16, 542.32. Es de hacer notar que conforme a la negociación colectiva, les correspondían un incremento de salario desde el 01 de enero de 2014, que el SANAA nunca hizo efectivo. La cláusula 44 del Contrato Colectivo vigente en el SANAA establece en siete literales del a) al g) una serie de situaciones en las que existe terminación del contrato de trabajo y en las que el SANAA se obliga a pagar las indemnizaciones de preaviso y cesantía con base a diferentes valores. Además el Contrato Colectivo vigente en el SANAA establece otras formas de terminación del Contrato de Trabajo como el “Mutuo Consentimiento” que está regulado en la cláusula 45. La cláusula 46 del mismo Contrato Colectivo regula la obligación del SANAA de incorporar a su personal al INJUPEMP, pero en relación al personal que por su edad no sean elegibles para ser incorporado al INJUPEMP y que tengan una determinada antigüedad o que estén incapacitados física o mentalmente, esta cláusula regula la posibilidad de terminar el contrato de trabajo por negociación con mejores beneficios que el mutuo consentimiento regulado en la cláusula anterior. Además, de establecer diferentes formas de terminación del Contrato de Trabajo, el Contrato Colectivo establece diferentes parámetros o base sobre los cuales se deben calcular las indemnizaciones laborales, todos superando los 30 días por año de servicio que establece el artículo 120 del Código del Trabajo. El contrato colectivo establece una sanción al SANAA para el caso que no pague las indemnizaciones laborales cuando se da por terminado un contrato de trabajo por retiro o terminación del contrato y esta sanción consiste en que el SANAA se obliga a pagar el 100% del salario ordinario dejado de percibir por el trabajador desde la fecha de la terminación del contrato hasta la fecha en que se hagan efectivas sus respectivas prestaciones sociales. Este plazo de un mes y la sanción por incumplirlo se encuentra desarrollados en el último párrafo de la cláusula 46 del Contrato Colectivo vigente en el SANAA, donde claramente se señala que sea aplicable a “todo caso de retiro o terminación del contrato de trabajo” no solamente para las terminaciones del contrato de trabajo establecidas en dicha cláusula 46. En fecha 16 de enero de 2015 notificaron al Gerente de SANAA sus retiros voluntarios fundado en la cláusula 44 párrafo primero y literal “d” del Contrato Colectivo. En la misma nota se hizo saber que conforme el párrafo final de la cláusula 46 del Contrato Colectivo se les debía pagar las indemnizaciones laborales en el plazo de un (1) mes contado desde la terminación del contrato. Además de solicitar el pago del 100% de sus prestaciones laborales, los demandantes solicitaron se les proporcionaran el cálculo de sus prestaciones laborales, pues por convención entre el SANAA y su sindicato, el procedimiento para el cálculo de las prestaciones se toman en cuenta todos los salarios devengados por el trabajador en los 6 meses y medios anteriores a la terminación del contrato de trabajo, incluyendo los proporcionales de los derechos adquiridos que aunque no hayan sido pagados en ese período, si han sido devengados. Y todo se utiliza para calcular el salario que sirve de base para realizar el cálculo final, de modo que en el SANAA no es aplicable el procedimiento que establece la ley para dicho cálculo, sino un procedimiento que beneficia al trabajador en virtud de la contratación colectiva. No obstante el SANAA no cumplió con ninguna de las solicitudes anteriormente señaladas.- 2. La parte demandada, el SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), contestó dicha demanda señalando que en fecha 16 de enero de 2015 los señores Riki Nelson Dubon Turcios y Norman Vladimir Rodríguez Paz, notificaron a la institución de su decisión de separarse de forma voluntaria de los puestos de trabajo que ambos venían desempeñando como procuradores legales dentro del SANAA, manifestando en sus respectivas cartas de renuncia, entre otras cosas, lo siguiente “me siento obligado a presentar mi retiro voluntario del SANAA a partir de hoy 16 de enero de 2015” y sumando a lo anterior, los referidos ex empleados, después de formalizar su particular decisión de retirarse de forma voluntaria, ambos peticionarios fundan la solicitud de cancelación y emplazamiento para el pago de sus prestaciones de trabajo en la cláusula 46 y que se refiere a la terminación del contrato por vejez o invalidez; por otra parte al invocar como fundamento de sus retiros voluntarios la cláusula 44, párrafo primero, literal d), los demandantes tampoco están en la capacidad de exigir el 100% de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, en vista que dicha disposición convencional solamente hace referencia a la base de cálculo que se debe emplear ante un eventual pago de sus preavisos y cesantías, pero sin llegar a especificar un porcentaje especifico. En relación a lo anterior que si especifica la cláusula 45 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo del SANAA es la posibilidad de dar por terminado el Contrato de Trabajo de cualquier trabajador por mutuo consentimiento, en cuyo caso patronal queda facultada para poder llegar a pagar, a su criterio, hasta el l00% de las prestaciones a lo estipulado en la cláusula 44, inciso d) del mismo contrato colectivo pero entendiéndose que para ello tuvo que haber procedido un “acuerdo” entre partes a fin de poder terminar el contrato de trabajo por mutuo consentimiento y tal virtud determinar la institución el porcentaje de sus prestaciones a reconocer a los trabajadores. Que conforme a los artículos 116 y 120 del Código del Trabajo las prestaciones e indemnizaciones laborales se pagan en casos de despido injusto e ilegal y en los casos que expresamente señale el Contrato Colectivo, no siendo la renuncia o separación voluntaria de la institución uno de ellos. En consecuencia y en virtud de que en ambos casos no concurre ninguno de los elementos señalados en la cláusula 16 del contrato colectivo que se refiere a la terminación del Contrato de Trabajo por Vejez e Invalidez, es procedente que en observancia a lo estipulado en los artículos 80 y 127 de la Constitución de la República se proceda a notificar la aceptación de la renuncia a los señores Riki Dubon y Norman Rodríguez en lo que respecta a la finalización de la relación laboral y rechazar el reclamo del 100% de las prestaciones e indemnizaciones laborales y salarios dejados de percibir que solicitan ambos peticionarios, recomendándose adicionalmente que se proceda a la liquidación de los demás derechos laborales que correspondan conforme a ley (Derechos Adquiridos).- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de noviembre de dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Norman Vladimir Rodríguez Paz, contra el Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillados (SANAA); condenando al demandado a pagar la cantidad de L.1,217,722.91 a favor del demandante por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, bonificación por vacaciones, bono de verano proporcional, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional, salario adeudado, más salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que se ha demostrado que el demandante solicitó su retiro voluntario, siendo el mismo aceptado por la parte demandada, y en el que se le ha reconocido el pago de la totalidad de sus prestaciones e indemnizaciones labores; que también el demandante solicita el pago de salarios dejados de percibir, en relación a esta pretensión es oportuno explicar, que si bien es cierto, la condena sobre el pago de salarios caídos versa cuando se ha producido un despido ilegal e injustificado; y en el presente caso lo que ha ocurrido es que el demandante, solicitó su retiro voluntario y el mismo fue aceptado tal como se ha expresado; no es menos cierto, que debieron ser canceladas en el término de un (1) mes, tal como se establece en la cláusula 46 del Contrato Colectivo; y al no realizarse en ese periodo, es lo que ha obedecido a interponer su demanda ante los órganos judiciales a reclamar dicho pago, dando lugar a la sanción de la condena al pago de los salarios dejados de percibir, mismos que serán calculados desde la fecha de la terminación de la relación laboral, hasta que se encuentre firme el fallo respectivo; que es en relación a lo anteriormente expuesto que ésta suscrita es del criterio que debe declararse con lugar la demanda de mérito. Que el demandante reclama el pago de derechos adquiridos enmarcando dentro de estos: vacaciones proporcionales, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional, vacaciones proporcionales, bonificación por vacaciones, bono de verano proporcional, derechos que corresponden a todo trabajador sin importar la causa o motivo que den origen a la terminación de la relación laboral por estar consagrados en nuestra carta magna; sumado a ello es preciso establecer que se contemplan derechos que los otorga el Contrato Colectivo suscrito entre el SANAA y SITRASANAAYS siendo este último ley entre las partes; en consecuencia se declaran con lugar estos derechos. En relación al demandante Riki Nelson Dubon Turcios, consta de autos que llegó a un arreglo conciliatorio previo a dictarse el fallo de mérito en el que la demandada le canceló la totalidad de sus prestaciones e indemnizaciones laborales que suman la cantidad L.1, 315.953.76 arreglo que fue realizado ante autoridad competente y mediante el cual exonera a la demandada de responsabilidad, pasada, presente y futura.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que con los medios de prueba examinados en el proceso quedó probado la relación laboral que existió entre empleador y demandante señor Norman Vladimir Rodríguez Paz, la cual se inició en fecha 01 de junio del 2005 en el puesto de Procurador Legal devengando un salario de L.16, 542.32. Que la relación laboral terminó por iniciativa del demandante Norman Vladimir Rodríguez Paz al solicitar su retiro voluntario o renuncia en apego a las cláusulas 44 párrafo primero literal d), 48 y 46 último párrafo del contrato colectivo de condiciones de trabajo vigente, en la institución demandada renuncia que fue aceptada por el empleador en las condiciones que establecen la cláusula compromisorias, en conceptos económicos de la contratación colectiva que regula a ambas partes su relación laboral (ver folios 44 al 46 primera pieza de autos). Una vez aceptado el retiro voluntario del trabajador por parte del empleador, el acuerdo surte efecto a partir de la fecha de la aceptación de la terminación voluntaria y el empleador queda obligado a hacer efectivo el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, al trabajador conforme las cláusulas 44 y 48 invocadas que protegen los derechos del trabajador. Que está acreditado en la secuela del juicio con los medios de prueba allegados por el demandante, que el empleador incumplió con el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, el trabajador lo que produjo el reclamo de este de manera extrajudicial (ver folios 48 y 49 de primera pieza de autos), a partir del incumplimiento el empleador, incurrió en la sanción establecida en la cláusula 46 último párrafo del contrato colectivo que establece: “ En todo caso de retiro o terminación del contrato si por causa imputable al SANAA se excediera en el término de un m mes que establece esta cláusula y no se ha cumplido el pago de prestaciones el SANAA se obliga a pagar el 100% del salario ordinario dejado de percibir por el trabajador, desde la fecha de terminación del contrato, hasta la fecha en que se le hagan efectivas sus respectivas prestaciones sociales”. Es de recordar que los contratos colectivos es ley entre las partes y obligan a las suscriptores a cumplir en todas sus disposiciones de lo contrario se incurre en su violación, además es de recordar que el contrato colectivo por ser convención entre las partes, mantiene un orden superior su normativa, con respecto al Código del Trabajo; por consiguiente es legal la sanción que impone al SANAA, el pago de salarios ordinarios dejados de percibir el trabajador desde el incumplimiento del acuerdo de terminación de la relación laboral hasta que sea pagada las prestaciones e indemnizaciones laborales al demandante.- 5. Mediante auto de fecha siete de mayo del dos mil dieciocho, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su condición de representante procesal del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho, compareció ante éste Tribunal el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en su condición de representante procesal del SERVICIO AUTONOMO NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (SANAA), formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación y dos nulidades subsidiarias, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha tres de agosto de dos mil dieciocho, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado SAMUEL FLORENTINO SALGADO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1.- Que el recurso de casación, como acción de impugnación extraordinaria, está sometida a un rigorismo formal debido a las limitaciones que circunscriben la potestad del Tribunal de Casación, ya que no se impugna el proceso sino el fallo de segundo grado y no dentro de una instancia, por lo que no pueden hacerse valer toda clase de argumentos de estimación probatoria, lo que obliga al recurrente a formular los cargos con claridad y precisión, con el objeto de que la Corte tenga un seguro derrotero para desatar el recurso, sin necesidad de que tenga que acudir a indagaciones mediante el uso del expediente, lo que desvirtúa el carácter extraordinario del recurso y lo convierte en otra instancia.- 2.- Que el Abogado DANIEL ALEXANDER ORTIZ, en el primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de orden Nacional por aplicación indebida de la ley sustantiva contenida en el artículo 113 del Código de Trabajo primer párrafo, en relación con los artículos 129 de la Constitución de la Republica, 111 numeral 2 y 112 en todos sus literales, 116 y 120 del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA. La Norma Sustantiva de Orden Nacional violada, está contenida en el artículo 113 del Código de Trabajo primer párrafo, en relación con los artículos 129 de la Constitución de la República, 111 numeral 2 y 112 en todos sus literales, 116 y 120 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL PRIMER MOTIVO. El artículo 113 del Código del Trabajo manda “La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior (Articulo 112), surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero este goza del derecho de emplazarlo ante los tribunales del trabajo, antes de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, “los salarios que este habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva”... ;Señores Magistrados, de la simple lectura del artículo anteriormente expresados se desprende que la causa que le dio la fin a la Relación de Trabajo no es un mutuo consentimiento tal y como lo hace la Corte de Apelaciones, sino la decisión unilateral del Trabajador de poner fin a la misma, lo que es conocido como “Renuncia”, es importante analizar este primer argumento, pues es a partir de ahí es que se cree que se ha aplicado indebidamente el artículo 113 del Código de Trabajo, pues el articulo anteriormente mencionado, es aplicable solamente para las causales de terminación de la relación laboral imputables al patrono, es decir los establecidos en el artículo 112 del código de Trabajo. Es de hacer ver a esta Honorable Corte que la Renuncia, está protegida en la Constitución de la Republica, la cual es una decisión unilateral y personalísima del Trabajador, pues no depende de si el patrono quiera aceptarla o no, sino que es la voluntad del trabajador, es decir no puede entenderse como un mutuo consentimiento si el patrono acepta el retiro voluntario del trabajador, o mejor dicho renuncia, pues si la Ley permitiera que el patrono es quien decidiera no aceptar la renuncia, significaría obligar al trabajador a laborar para un determinado empleador sin su consentimiento o como los derechos humanos lo denominan “Trabajo Forzoso”. Como podemos ver señores magistrados, La Corte de Apelaciones ha aplicado indebidamente el artículo 113 del Código de Trabajo al Condenar a mi representada al pago de las indemnizaciones que según el código le pudieran corresponden, las cuales son las conocidas como “prestaciones laborales, es decir Preaviso y Cesantía y los Salarios dejados de percibir, pues este solo es para despido Directos y basados en el artículo 112 del Código de Trabajo, lo anterior es razón suficiente para que se declare HA LUGAR el presente recurso de Casación.”.- 3.- Que el cargo que antecede resulta inestimable por la razón siguiente: el artículo 113 párrafo primero del Código del Trabajo, señalado como norma sustantiva infringida no ha sido aplicado por el juzgador de segunda instancia, por ende no pudo haber sido aplicada indebidamente. Además, la norma señalada como infringida no tiene relación con situación jurídica planteada, ya que la controversia se genera a razón del retiro voluntario del trabajador y el reconocimiento al pago de prestaciones laborales por parte del empleador bajo el amparo de la contratación colectiva.- 4.- Que en un segundo motivo se esgrime: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de orden Nacional por aplicación indebida de la ley sustantiva contenida en el artículo 111 numeral 2 del Código del Trabajo, en relación con los artículos 129 de la Constitución de la República, y 113, 116 y 120 del Código del Trabajo en todos sus literales. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el numeral primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA. La Norma Sustantiva de Orden Nacional violada, está contenida en el artículo 111 numeral 2 del Código de Trabajo, en relación con los artículos 129 de la Constitución de la Republica y 113, 116 y 120 del Código de Trabajo. EXPLICACIÓN DEL SEGUNDO MOTIVO. Señores Magistrados, la sentencia la contra la cual se presento el recurso extraordinario de Casación, aplico indebidamente el articulo 111 numeral del Código de Trabajo, es decir da a entender que lo que hubo fue una finalización de la relación laboral por mutuo consentimiento, no existiendo nunca tal motivo, ya que de la simple lectura de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones, se desprende que lo que hubo fue un renuncia o llamada también, retiro voluntario, mismo que no da derecho alguno al pago de prestaciones y de los salarios dejados de percibir tal y como manda el artículo 113 del Código del Trabajo, pues dicho artículo manda que la terminación del contrato debe ser conforme a las causas enumeradas en el artículo 112 del mismo cuerpo legal y surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero este goza del derecho de emplazarlo ante los tribunales del trabajo, antes de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, “Los salarios que este habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva”... Lo anterior significa que solo cuando hay un despido directo, es decir que el patrono despidió a un trabajador por creer tener un causa justa de despido según el código de Trabajo y que este no pueda probar dicha causa ante los tribunales es que opera la condena de las prestaciones laborales, es decir el preaviso y cesantía que mandan los articulo 116 y 120 del Código de Trabajo, así como los salarios dejados de percibir, por otra parte nunca una renuncia puede ser considerada por la mera aceptación del patrono como un mutuo consentimiento de la partes, pues la renuncia es un acto personalísimo del trabajador, donde el patrono solo debe de acatarlo, es decir no puede negarse a la renuncia del trabajador, peor obligar al trabajador a laborar contra su voluntad, con base a lo anterior es que por la aplicación indebida del articulo 112 numeral 2 del código de Trabajo es que se sede declarar CON LUGAR el presente recurso de casación.”.- 5.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por la razón siguiente: analizada la sentencia impugnada de la misma se desprende que el artículo 111 numeral 2) del Código del Trabajo, señalado como norma sustantiva infringida, no ha sido aplicada en la sentencia impugnada, por ende no pudo haber sido aplicada indebidamente.- 6.- Que en un tercer motivo se aduce: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de orden Nacional por Infracción indirecta proveniente de error de hecho, por apreciación errónea en el medio de prueba DOCUMENTAL consistente: 1) Nota de renuncia del señor Norman Vladimir Rodríguez Paz que se encuentra a folios 12 al 13 de la primera pieza de autos, relacionados con los medios de prueba DOCUMENTALES denominados: 1) Oficio numero 042-2015, donde se comunica al señor Norman Vladimir Rodríguez Paz, el respeto a su decisión unilateral de dar por finalizada la relación de Trabajo y que obra a folio; y, 2) Contrato Colectivo que obra de folios 71 al 160, específicamente la clausula 46 tercer párrafo que obra a folio 115. NORMAS SUSTANTVAS VIOLADAS: La Norma Sustantiva de Orden Nacional violada, está contenida en el artículo 113 del Código de Trabajo primer párrafo, en relación con los artículos 129 de la Constitución de la Republica, 111 numeral 2 y 112 en todos sus literales, 116 y 120 del Código de Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las Normas Sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: Los medios de prueba que fueron apreciados erróneamente son los siguientes: DOCUMENTAL: a Nota de renuncia del señor Norman Vladimir Rodríguez Paz que se encuentra a folios 12 al 13 de la primera pieza de autos, relacionados con los medios de prueba DOCUMENTALES denominados: 1) Oficio numero 042-2015, donde se comunica al señor Norman Vladimir Rodríguez Paz, el respeto a su decisión unilateral de dar por finalizada la relación de Trabajo y que obra a folio; y, 2) Contrato Colectivo que obra de folios 71 al 160, específicamente la clausula 46 tercer párrafo que obra a folio 115. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL TERCER MOTIVO: La Corte sentenciadora, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente los medios de prueba señalados anteriormente los cuales fueron admitidos y evacuados en su oportunidad, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana critica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código de Trabajo, ésta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal, se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto. Particularmente en el considerando QUINTO de los fundamentos de derecho de la sentencia recurrida, aprecia erróneamente el medio de prueba documental consistente en la nota de renuncia en relación al oficio 042-2015, como si los mismos fueran un documento de Finalización de la Relación laboral por mutuo consentimiento. Tal apreciación errónea de dichos medios de prueba, son los que llevar al error de la Corte de Apelaciones, pues termina condenando al pago de las prestaciones y de los salarios de percibir, los cuales solo pueden ser condenados cuando la finalización de la relación laboral deviene de un despido Directo y bajo un causal del artículo 112 del Código de Trabajo, lo cual no ocurrió en el caso de estudio, pues del análisis de las clausulas 44 y 46 del Contrato Colectivo en ningún momento se otorga el derecho al pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales por Retiros voluntarios, peor aún se le da la calidad de Mutuo consentimiento al retiro voluntario, si no que Manda la Clausula 46 en su tercer párrafo que: “Solo se podrá negociar la terminación del Contrato que así lo deseen y que hayan cumplido 50 años de edad, y que hayan laborado para la empresa más de 15 años consecutivos, debiendo pagarles el 100% de las prestaciones”.., hechos estos que de haber sido apreciados correctamente por la Corte de Apelaciones, hubiera llevado al convencimiento que no había que pagar prestaciones laborales, ni salarios dejados de percibir, por todo lo anterior el presente motivo reúne todos y cada uno de los requisitos para ser admisible la demanda de casación.”.- 7.- Que el cargo que antecede resulta inestimable por la razón siguiente: se indica como norma sustantiva el artículo 113 del Código del Trabajo, disposición que no regula la situación jurídica planteada en el presente caso (retiro voluntario, reconocimiento al pago de prestaciones regulados por la Contratación Colectiva. Además, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los argumentos del A-Quo, observándose que se realizó el análisis y valoración de todo el material probatorio aportado al proceso decidiendo conforme a su libre formación de su convencimiento lo que corresponde.- 8.- Que se solicita la nulidad subsidiaria en la forma siguiente: “Que la sentencias emitidas por el Tribunal Ad Quem buscan la certeza de los hechos jurídicos, por cuanto deben ser claras, precisas y congruentes con la demanda y las pretensiones, por ende debe existir identidad con la sentencia emitida en primera instancia, haciendo relación exacta de la sentencia, como es en el presente caso por lo que deberá existir congruencia entre lo que se pide, lo que se otorga, ya que al omitir esa motivación produce indefensión a las partes e incongruencia en la sentencia, pues existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad, y en el presente caso el Tribunal Ad Quen ha emitido una sentencia en la que no ha existido pronunciamiento sobre todos los hechos controvertidos, establecido tanto en el escrito de la contestación de la demanda, el cual se basa que la relación de trabajo finalizo mediante la Renuncia del Trabajador NORMAN VLADIMIR RODRIGUEZ PAZ, el cual tal y como se alegó en el escrito de contestación, no es una causal por la cual el Código de Trabajo contempla el pago de Prestaciones laborales y de Salarios dejados de Percibir, es decir la Corte de Apelaciones en la sentencia dictada nunca se pronuncia sobre dicho alegato provocando con ello que la sentencia sea incongruente entre los hechos controvertidos y lo condenado y además por dicha incongruencia violenta “El principio del Derecho al Trabajo, el cual no solo encierra el acceso a un trabajo digno que tienen toda persona, sino que además encierra el derecho que tiene todo trabajador de renunciar al mismo cuando este lo decida, imponiendo la obligación al patrono de acatar dicha renuncia, es decir que el patrono no puede oponerse con base a Ley, aun y cuando dicha renuncia le cause un perjuicio a la empresa, tal obligación del patrono obedece al principio protectorio del Trabajo, el cual opera a favor del Trabajador, en el sentido que si pudiera decidir el patrono no aceptar la renuncia del Trabajador, este tendría la obligación de seguir trabajando en contra de su voluntad, es decir en un trabajo forzoso, es por ello que se solicita la nulidad de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo, sin perjuicio que la misma sea casada. SE PRESENTA SEGUNDA NULIDAD SUBSIDIARIA. Que la sentencias emitidas por el Tribunal Ad Quem buscan la certeza de los hechos jurídicos, por cuanto debe ser claras, precisas y congruentes con la demanda y las pretensiones, por ende debe existir identidad con la sentencia emitida en primera instancia, haciendo relación exacta de la sentencia, como es en el presente caso por lo que deberá existir congruencia entre lo que se pide, lo que se otorga, ya que al omitir esa motivación produce indefensión a las partes e incongruencia en la sentencia, pues existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad, y en el presente caso el Tribunal Ad Quen ha emitido una sentencia en la que no ha existido pronunciamiento sobre todos los hechos controvertidos, establecido tanto en el escrito de la contestación de la demanda, el cual se basa que la clausula 44 y 46 del contrato colectivo vigente no se aplican al caso concreto, pues los mismos no constituyen derecho de pago de prestaciones laborales y salarios dejados de percibir, pues solo la clausula 46 en su tercer párrafo, limita al patrono a que solo en casos donde el trabajador tenga más de o años y tenga más de 15 años de Trabajar podrá negociar las prestaciones laborales en su 100%, sin embargo de la lectura total de la sentencia no la Corte de Apelaciones en la sentencia dictada nunca se pronuncia sobre dicho alegato, provocando con ello que la sentencia sea incongruente entre los hechos controvertidos y lo condenado y además por dicha incongruencia violenta, es por ello que se solicita la nulidad de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo, sin perjuicio que la misma sea casada”.- 9.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos facticos que demuestren el vicio de tal manera, que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto este Tribunal estima que no se ha violado el debido proceso o el derecho de defensa de las partes, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- 10.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la Ley. Todo acto que ejecuten fuera de la Ley es nulo e implica responsabilidad. Si el servidor público en el ejercicio de su cargo infringe la Ley en perjuicio de particulares, será civil y solidariamente responsable junto con el Estado o con la institución estatal a cuyo servicio se encuentre, sin perjuicio de la acción de repetición que éstos puedan ejercitar contra el servidor responsable, en los casos de culpa o dolo. Además, es competencia de los órganos fiscalizadores del Estado, velar porque se deduzca la responsabilidad de los funcionarios infractores del ordenamiento jurídico.- 11.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos de casación, y sin lugar la nulidad alegada de forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados, 321, 323 Y 324 de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) DECLARAR SIN LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada. 3) SIN COSTAS. 4) Librar atenta certificación del fallo al Tribunal Superior de Cuentas, para los efectos legales correspondientes. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los catorce días del mes de enero del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha seis de diciembre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 175-18.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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