Sentencia CL-170-17 — Registro 7718
Resumen
Segunda instancia reformó declarando sin lugar demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales, salarios dejados de percibir y demás indemnizaciones legales, por despido directo e injustificado
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
" Que la sentencia pronunciada en fecha 6 de Marzo de 2017 por la Corte de Apelaciones del Trabajo recurrida, reforma la emitida por el a-quo, consecuentemente declarando sin lugar la demanda, bajo el criterio que existe causa justa de despido invocada por la demandada.- VII.- Que el ad-quem en su nueva sentencia omitió motivar y considerar los puntos por los cuales este Tribunal había anulado anteriormente el fallo que se dictara en similares términos, como ser lo señalado sobre la situación jurídica del Reglamento Interno de Trabajo, la inexistencia de contrato de trabajo por escrito, por ende de la exclusividad de la prestación de servicios, así como de los demás puntos relacionados con el tema de la legalidad del despido, lo cual afecta el principio-derecho al debido proceso.- VIII.- Las resoluciones judiciales emitidas por los Órganos Jurisdiccionales deben estar dotadas de cierto contenido y requisitos formales para su validez, mismos que varían respecto a la clase de resolución que se dicta, entre éstas las definitivas, mediante la cual se pone fin al proceso en primera instancia y las que resuelven los recursos interpuestos contra el fallo, de tal manera que existen requisitos: externos o formales, exigencias que establece la normativa procesal en cuanto a la forma y estructura de la decisión, conforme a los artículos 197 y 200 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria conforme lo previsto en el artículo 858 del Código del Trabajo, que contienen entre otros, mención de: lugar y fecha, Órgano Jurisdiccional que la dicta, Juez de instancia o Magistrados integrantes, ponente y firma; y, los internos o sustanciales, que se concretan intrínsecamente a la labor del Juzgador, derivado de su razonamiento de la situación jurídica controvertida conforme a lo acontecido y aportado al proceso y en aplicación de las disposiciones legales pertinentes al debate. Requisitos esenciales como la claridad, precisión y exhaustividad, todo ello con la debida congruencia y suficiente motivación, conforme a los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código de Procedimientos Civiles, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"El deber de motivación de la resolución judicial implica el plasmar el razonamiento y expresión detallada de las consideraciones y criterios a los que ha arribado y forman su convencimiento y razones en la decisión que constituye su sentencia definitiva, ello vinculado al principio de congruencia, que no es más que resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por ende, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, debiendo entonces emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento sustentado conforme a lo expuesto en el mismo fallo, consecuentemente es imprescindible la exhaustividad del mismo, es decir, el deber de concluir el proceso con un profundo análisis, tangible y detallada valoración probatoria y la incorporación evidente de la normativa jurídica que le sirve de fundamento y que también permita la posible recurribilidad de la sentencia.- X.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Esa claridad y congruencia no resultan ser observada en el fallo del Ad-quem, dado que en los numerales segundo y tercero de los Fundamentos de Derecho se afirma “Que el actuar del demandante, al comprar el producto a su patrono DEMESA para revenderlo a un menor precio en la empresa de la cual era su Gerente (DIASA)…”, cuando la demandada sostiene que era a la inversa, es decir, que el demandante lo hacía “…porque compraba el producto a un precio y vendía a otro, obteniendo un buen margen de ganancias…”, en armonía al señalamiento efectuado en la nota de despido al señalarse que dicho señor vendía “…a un precio mayor, entrando en competencia desleal interna de mercado…”.- "
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., treinta y uno de julio de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 13 de junio del 2018, por el Abogado RAMON EDGARDO IRULA RODRIGUEZ, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés en su condición de representante procesal del señor JUAN JOSE RORIGUEZ LAGOS, como recurrente; además, es parte recurrida, la empresa DERIVADOS DE METAL, S.A. (DEMESA), representada en juicio por la Abogada LEONOR ISABEL PINEDA JARQUIN. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales, salarios dejados de percibir y demás indemnizaciones legales, por despido directo e injustificado, más costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 13 de octubre del 2010, por el Abogado RAMON EDGARDO IRULA RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal del señor JUAN JOSE RORIGUEZ LAGOS, mayor de edad, comerciante, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés, contra la empresa DERIVADOS DE METAL, S.A. (DEMESA), a través de su Gerente General y representante legal el señor MANUEL ENRIQUE CASTILLO SOSA, mayor de edad, Ejecutivo de Negocios, de nacionalidad Guatemalteca, hondureño. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 06 de marzo del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha 15 de mayo del 2015, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando HA LUGAR el recurso de apelación formulado por la parte demandada, contra la sentencia de fecha 15 de mayo del año dos mil 2015, dictada por el Juzgado de Letras Seccional de Choloma, Cortés, en la demanda de la referencia, en consecuencia REFORMA la misma, la que consiste en: I.- Declarar SIN LUGAR la demanda para el pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional y salarios dejados de percibir, por tanto se ABSUELVE a la accionada del pago de dichos conceptos; II.- EXCLUIR de la parte dispositiva del fallo apelado la condena efectuada por el iudex a quo respecto a los conceptos de derechos adquiridos, pues estos le fueron pagados según se dejara expuesto en el desarrollo del fallo; SEGUNDO: Se confirma la mencionada sentencia en lo que se refiere a la exoneración de costas de primera instancia.- TERCERO: SIN COSTAS”.-ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante expresó en el escrito de su acción que comenzó a laborar con la ahora demandada en fecha 01 de abril del año 2008 en el cargo de vendedor de Derivados de Metal y Aceros de Guatemala, siendo contratado de manera verbal e indefinidamente ganando mensualmente un salario de L.31,869.01; que se mantuvo laborando en el mismo puesto de trabajo hasta la fecha del despido el 03 de julio del año 2010 y para ese momento ganaba la cantidad promedio mensual de L.37,180.51; argumentó además que el 23 de julio del año 2010 se le entregó una nota de despido en la que se le hacía ver que había cometido actos inmorales en contra de la empresa, que había cometido violaciones graves de las obligaciones o prohibiciones especiales que incumben al trabajador, de acuerdo a los artículos 97 y 98 del Código del Trabajo al no realizar personalmente la labor en los términos estipulados, no observar buena costumbres y conducta ejemplar durante el servicio y no cumplir con las demás obligaciones que impone el Código de Trabajo; basando la carta de despido en el reglamento interno del trabajo cuyo articulado se omitió, y con referencia a lo anterior preguntan ¿cuáles son los términos estipulados a que se refiere el patrono si no existe contrato individual escrito de trabajo en donde se establezcan tales términos?; alega que en la nota de despido se basan además en el artículo 98 del Código del Trabajo, el cual se refiere a las prohibiciones de los trabajadores y que no ha cometido ni quebrantó ninguna disposición de las que taxativamente se encontraban enumeradas en dicho artículo; que lo establecido en la nota de despido es falso ya que en ningún momento cometió actos inmorales o violaciones graves de las obligaciones o prohibiciones graves que incumben al trabajador como lo afirmaron, parece que desconocían el inciso “e” del artículo 112 del código de trabajo que impone al patrono la obligación de comprobar ante autoridad competente el acto inmoral o delictuoso imputado al trabajador lo que en ningún momento se llevó a cabo, al no existir denuncia ni sentencia firme que acredite que cometió delitos, o hechos que vayan contra la moral y las buenas costumbres, además de todo lo anterior afirmó que no hay contrato individual del trabajo por escrito entre la hoy demandada y el demandante, por lo que no existen clausulas restrictivas o de exclusividad de servicio entre las partes ni mucho menos era un empleado de confianza de la empresa, a efecto de conocer secretos comerciales como quisieron hacer ver en una absurda y malintencionada audiencia de descargos, llevada a cabo en fecha 22 de julio del 2010; y durante todo el tiempo que laboró para la demandada, su desempeño fue ejemplar, cumpliendo a cabalidad su función de vendedor y generando enormes ganancias para el patrono, sin que jamás la hoy demanda tuviera queja por el comportamiento, por el contrario, era objeto y elogio y felicitaciones constantes por el cumplimiento de sus metas por lo tanto la carta de despido es improcedente tanto en forma como en derecho.- 2.- La parte demandada, la empresa DERIVADOS DE METAL, S.A. (DEMESA), contestó dicha demanda señalando que comenzó a prestar sus servidos para la demandada el 01 de abril del 2008, desempeñándose como vendedor devengando últimamente un salario ordinario mensual de L.31,425.10 y un salario promedio mensual de L.36,662.61, fue contratado de forma verbal; que las causales o motivos invocados para operar el despido fueron del conocimiento mediante auditoria de fecha 13 de julio del 2010, practicada por el Auditor Corporativo, encontró que el demandante realizo compras a Derivados del Metal S.A. con la modalidad de “ventas al contado” y luego el mismo producto lo facturaba en talonarios de la empresa Distribuidora de Acero S.A de C.V., a un precio diferente entrando en competencia desleal interna de mercado, pues, con esta actitud el cliente deja de comprar los productos a Derivados del Metal S.A., y que el modus operandi del demandante consistía en aprovecharse del puesto como vendedor de la empresa demandada DEMESA, para realizar a nombre de Distribuidora Acero, S.A. de C.V. (DIASA), compras al contado a la demandada todo con el objeto de vender como DIASA estos mismos productos a clientes de la demandada, a los cuales el demandante personalmente conocía y atendía en nombre de la empresa demandada DEMESA, dejando con esto de cumplir su función básica como vendedor la que consistía en captar clientes en este caso para la demandada, lo que no sucedía así, pues, lo que el demandante hacía era vender productos como DIASA a los clientes de la empresa demandada, creando confusión en los clientes, llegando al punto que los clientes de la empresa demandada se quejaron del por qué la empresa les estaba vendiendo con precios diferentes, no percatándose que la empresa que les estaba vendiendo era DIASA no DEMESA, de esta forma fue alertada y se procedió a practicar la auditoria; por lo que las actuaciones realizadas por el demandante, desde todo el punto de vista atenta contra el giro comercial de la empresa demandada, pues reitera que la obligación del trabajar para con DEMESA era captar clientes y no aprovecharse de su puesto para favorecer a la empresa DIASA; que los actos en que ocurrió el ahora demandante, la demandada los considera contrario a la moral y a las buenas costumbres a la política comercial y al giro principal de la empresa, además son contrarios a las obligaciones que incumben en este caso al trabajador, mismas que se encuentran establecidas en el Código de trabajo vigentes; argumentó también que la contratación del demandante, era verbal pero no lo exonera de las responsabilidades, obligaciones y prohibiciones laborales que incumben al trabajador de conformidad a los artículos 20, 41, 97 y98 del Código del Trabajo, al entenderse como una relación contractual; que los cheques girados por DIASA para pagos a favor de la Demandada se deduce que el demandante, estaba involucrado de manera directa en dichas compras y transacciones, incurriendo de esta forma en la comisión de actos inmorales todo en perjuicio de la demandada; que los clientes de la demandada se quejaron del porque DEMESA estaba vendiendo preciosos diferentes, no percatándose que la factura que extendía el trabajador demandante era de la empresa DIASA y no de la empresa DEMESA; por lo que las actuaciones realizadas por el demandante, que lindan contra las buenas costumbres y conducta ejemplar durante el servicio, mismas que son carentes de toda ética y que acarrean el incumplimiento de las obligaciones laborales que incumben al trabajador, que consecuentemente dan causa al despido sin responsabilidad del patrono.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 15 de mayo del 2015, dictó sentencia en donde declaró con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el Abogado RAMON EDGARDO IRULA RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal del señor JUAN JOSE RORIGUEZ LAGOS, contra la empresa DERIVADOS DE METAL, S.A. (DEMESA), a través de su Gerente General y representante legal el señor MANUEL ENRIQUE CASTILLO SOSA, condenó a la parte demandada a pagar L.183,653.85, en concepto de prestaciones laborales más el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que quede firme la sentencia, sin costas; bajo el criterio que la parte demandada no logró probar los hechos puestos en la carta de despido, por lo cual, no demostró fundamento alguno, que lo faculte como patronal para despedir al trabajador sin responsabilidad de su parte, mismas que se encuentran enumeradas en el artículo 112 del Código del Trabajo, es por tal razón que tiene que pagar las prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo, pago de salarios dejados de percibir, desde la fecha de despido hasta que cause ejecutoria la sentencia condenatoria, pago de treceavo y catorceavo mes proporcional y vacaciones proporcionales; quedó establecido la antigüedad del trabajador demandante de 2 años, 3 meses, 23 días, correspondiéndole la suma de L.183,653.85, en concepto de prestaciones laborales.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, en fecha 06 de marzo del 2017, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el a quo, declarando sin lugar la demanda para el pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional y salarios dejados de percibir, por tanto absolvió a la parte demandada del pago de dichos conceptos, excluyó de la parte dispositiva del fallo apelado la condena efectuada por el iudex a quo respecto a los conceptos de derechos adquiridos, pues estos le fueron pagados, confirmó la sentencia en lo que se refiere a la exoneración de costas de primera instancia, sin costas; bajo el criterio que el actor en su demanda no solicita el pago de los derechos adquiridos, según se concluye de la cuantía de la demanda en relación al documento visible, por estar consciente que los mismos le fueron pagados tal como resulta probado con los documentos aportados al proceso y pese a ello el a-quo condenó a los mismos sin exponer las razones de tal decisión como lo ordenan los artículos 200 y 207 del Código Procesal Civil aplicado de forma supletoria, y si bien, por el principio de la extra y ultra petita, el Juez de primera instancia podrá ordenar el pago de salarios, prestaciones o indemnizaciones distintos de los pedidos, cuando los hechos que los originen hayan sido discutidos en el juicio y estén debidamente probados, o condenar al pago de sumas mayores que las demandadas por el mismo concepto, cuando aparezca que éstas son inferiores a las que corresponden al trabajador, de conformidad con la ley, y siempre que no hayan sido pagadas, más en el presente caso, dichos conceptos fueron cancelados en su totalidad y siendo que la apoderada judicial apelante solicita se revoque la sentencia de primera instancia, resulta procedente excluir de la parte resolutiva la mencionada condena. Que el actuar del demandante, al comprar el producto a su patrono DEMESA para revenderlo a un menor precio en la empresa de la cual era su Gerente (DIASA) se contrapone a la probidad y lealtad que debe regir en toda relación laboral, acto inmoral que tampoco fue consentido por la demandada, ya que la misma al tener conocimiento de ello, por la auditoría practicada, dio lugar al cese laboral.- 5.- Mediante auto de fecha 19 de abril del 2017, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado RAMON EDGARDO IRULA RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal del señor JUAN JOSE RORIGUEZ LAGOS, contra la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 13 de junio del 2017, compareció ante éste Tribunal el Abogado RAMON EDGARDO IRULA RODRIGUEZ, en su condición de representante procesal del señor JUAN JOSE RORIGUEZ LAGOS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha 19 de junio del 2017, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 31 de julio del 2017, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada LEONOR ISABEL PINEDA JARQUIN en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente.".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que la sentencia pronunciada en fecha 6 de Marzo de 2017 por la Corte de Apelaciones del Trabajo recurrida, reforma la emitida por el a-quo, consecuentemente declarando sin lugar la demanda, bajo el criterio que existe causa justa de despido invocada por la demandada.- VII.- Que el ad-quem en su nueva sentencia omitió motivar y considerar los puntos por los cuales este Tribunal había anulado anteriormente el fallo que se dictara en similares términos, como ser lo señalado sobre la situación jurídica del Reglamento Interno de Trabajo, la inexistencia de contrato de trabajo por escrito, por ende de la exclusividad de la prestación de servicios, así como de los demás puntos relacionados con el tema de la legalidad del despido, lo cual afecta el principio-derecho al debido proceso.- VIII.- Las resoluciones judiciales emitidas por los Órganos Jurisdiccionales deben estar dotadas de cierto contenido y requisitos formales para su validez, mismos que varían respecto a la clase de resolución que se dicta, entre éstas las definitivas, mediante la cual se pone fin al proceso en primera instancia y las que resuelven los recursos interpuestos contra el fallo, de tal manera que existen requisitos: externos o formales, exigencias que establece la normativa procesal en cuanto a la forma y estructura de la decisión, conforme a los artículos 197 y 200 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria conforme lo previsto en el artículo 858 del Código del Trabajo, que contienen entre otros, mención de: lugar y fecha, Órgano Jurisdiccional que la dicta, Juez de instancia o Magistrados integrantes, ponente y firma; y, los internos o sustanciales, que se concretan intrínsecamente a la labor del Juzgador, derivado de su razonamiento de la situación jurídica controvertida conforme a lo acontecido y aportado al proceso y en aplicación de las disposiciones legales pertinentes al debate. Requisitos esenciales como la claridad, precisión y exhaustividad, todo ello con la debida congruencia y suficiente motivación, conforme a los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil.- IX.- El deber de motivación de la resolución judicial implica el plasmar el razonamiento y expresión detallada de las consideraciones y criterios a los que ha arribado y forman su convencimiento y razones en la decisión que constituye su sentencia definitiva, ello vinculado al principio de congruencia, que no es más que resolver conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por ende, además debe existir una conexión lógica entre lo controvertido u objeto del debate y la resolución judicial que se emite, debiendo entonces emitir para cada petición, aceptada por las partes o controvertida, un pronunciamiento sustentado conforme a lo expuesto en el mismo fallo, consecuentemente es imprescindible la exhaustividad del mismo, es decir, el deber de concluir el proceso con un profundo análisis, tangible y detallada valoración probatoria y la incorporación evidente de la normativa jurídica que le sirve de fundamento y que también permita la posible recurribilidad de la sentencia.- X.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Esa claridad y congruencia no resultan ser observada en el fallo del Ad-quem, dado que en los numerales segundo y tercero de los Fundamentos de Derecho se afirma “Que el actuar del demandante, al comprar el producto a su patrono DEMESA para revenderlo a un menor precio en la empresa de la cual era su Gerente (DIASA)…”, cuando la demandada sostiene que era a la inversa, es decir, que el demandante lo hacía “…porque compraba el producto a un precio y vendía a otro, obteniendo un buen margen de ganancias…”, en armonía al señalamiento efectuado en la nota de despido al señalarse que dicho señor vendía “…a un precio mayor, entrando en competencia desleal interna de mercado…”.- XI.- Que de conformidad al principio dispositivo este Tribunal de casación solo podrá decidir en relación con los pronunciamientos que hayan sido recurridos por las partes y estará vinculado por los motivos alegados por el recurrente, y, en su caso, por la cuestión de derecho a que se refiere la impugnación. No obstante, lo anterior y de conformidad a la Ley, deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieren denunciado por el recurrente, con el fin de lograr la enmienda de la aplicación e interpretación de las normas legales que rigen los actos y garantías del proceso.- XII.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, debiendo el Ad-quem reponer las actuaciones al estado que tenían cuando se cometió la falta y así proceder de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, en nombre del Estado de Honduras, con base en los fundamentos legales citados y haciendo aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303 reformado, 304 reformado, 313 ordinal numeral 14) reformado, 316 párrafo primero reformado, 321, 323 de la Constitución de la República; 8.1), 8.2.h) y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 664 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200, 206, 207, 214 numeral 2), 215 numeral 5), 701 numeral 3) y 931 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal c) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: Declarar la NULIDAD de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula Cortés, de fecha 6 de Marzo de 2017, visible a folios 41 al 47 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintinueve días de mes de agosto del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de julio del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 170-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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