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Sentencia CL-167-17 — Registro 7716

Resumen

segunda instancia confirmó sin lugar la demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se reconozca un despido injusto, reintegro al trabajo, salarios dejados de percibir

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

" En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional, mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

" Por otra parte, conforme nuestro ordenamiento jurídico vigente, en materia laboral el juzgador debe tomar en cuenta los principios generales del derecho del trabajo, entre ellos el principio protectorio, en sus tres reglas, in dubio pro operario, la aplicación de la norma favorable y de la condición más beneficiosa al trabajador, como los de primacía de la realidad, indemnidad o ajenidad de riesgos, continuidad, estabilidad, pro homine y orden público e irrenunciabilidad, entre otros.- VIII.- Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos laborales y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho del Trabajo."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 3 (Jerarquía Ordinaria)
  • Constitución de la República, art. 128 (Rango Constitucional)

Jerarquía: Reiterativa

"Revisada la sentencia pronunciada por mayoría de votos por la Corte de Apelaciones del Trabajo recurrida, se aprecia que en la misma no se realiza el análisis debido del asunto sometido a su conocimiento conforme a la legislación laboral vigente, ni toma en cuenta sus principios, ya que si bien es cierto se alude a la aplicación del Estatuto del Docente Universitario, para establecer que el despido es legal y justificado, por tratarse de un “abandono de sus funciones”, también lo es, que se ha omitido profundizar en lo que ese instrumento jurídico contempla para los casos de licencia y permiso de los docentes, sobre el trámite de esos derechos, como también de las cuestiones surgidas del debate sobre la procedencia o no del permiso solicitado, más aún cuando el mismo tiene vinculación con actividades de capacitación académica y profesional y de la situación relacionado con casos similares donde la demandada concediera su autorización en forma posterior al tiempo del permiso solicitado, ya que no consta de autos que ello se haya revisado y ponderado para determinar si tal determinación se ajusta a derecho o no.- X.- Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente.- XI.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 701, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., treinta y uno de julio de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, dieciséis de mayo del año dos mil diecisiete, por el Abogado IRINALDO MACIAS RIVERA, en su condición de representante procesal de JULIETA SUAZO FRANCO; además, es parte recurrida la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (U.N.A.H.), representado en juicio por la Abogada LILY AZUCENA PEREZ PINEDA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se reconozca un despido injusto, reintegro al trabajo, salarios dejados de percibir, costas; promovida en fecha veintinueve de agosto del año dos mil catorce ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán por la señora JULIETA SUAZO FRANCO quien es hondureña, mayor de edad y de este domicilio, contra LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (U.N.A.H.) por medio de su Representante Legal la señora JULIETA GONZALINA CASTELLLANOS RUIZ, quien es mayor de edad, casada, hondureña, Licenciada en Sociología y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha nueve de febrero de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló confirmando la sentencia de fecha ocho de noviembre de dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA QUE EN SENTENCIA DEFINITIVA SE RECONOZCA UN DESPIDO INJUSTO, REINTEGRO AL TRABAJO, SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR instaurada por la señora JULIETA SUAZO FRANCO, contra LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), a través de su Representante legal la Señora Rectora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ; 2) ABSUELVE A LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), a través de su Representante legal la Señora Rectora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, de reintegrar a la demandante a su puesto de trabajo así como de pagar las indemnizaciones de salarios dejados de percibir por despido injustificado; 3) SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante expresó en el escrito de su acción que inició su relación de trabajo para la Universidad Nacional Autónoma de Honduras el 11 de febrero de 2002 como “profesor horario”, posteriormente el primero de julio de 2004 pasó a ser profesora auxiliar desempeñándose en el cargo de Docente de la Facultad de Ciencias Económicas. Mediante oficio N°772 SEDP de fecha 2 de julio de 2014 fue notificada de su despido sin causa justificada, pues la demandante justifico el permiso que solicitó y por tanto justifico sus ausencias.- 2.- La parte demandada, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), contestó dicha demanda señalando que los preceptos que la demandante invoca son simplemente de la solicitud que ella debió hacer de una manera correcta y que no hizo ya que se limitó a obviar según su conveniencia y por la premura de la notificación de un viaje, disposiciones tales como los artículos 177 y 159 párrafo tercero del Estatuto del Docente Universitario, ella misma mencionó en el acta de derecho a la defensa de fecha 23 de junio del 2014, que hizo la solicitud ante su jefe inmediato la misma semana que se le notificó de este viaje y esta fue la última semana de mayo, pero lo anteriormente expuesto solo sirve de aclaración como fue que realizó su solicitud, ya que el fondo del asunto es que no debió irse sin previa autorización por su jefe inmediato y por la Dirección de Recursos Humanos, pues como antes se mencionó; ningún empleado podrá ausentarse de sus labores sin que previamente se le haya aprobado y notificado el permiso, licencia o prorroga según el caso. De ausentarse incurriría en causal de abandono de labores. Por otra parte el artículo 98 del Código del Trabajo en el numeral primero específicamente como una prohibición faltar al trabajo, o abandonarlo en horas de labor, sin justa causa de impedimento o sin permiso del patrono y correlativo a este el artículo 112 inciso h) del Código de Trabajo, señala como una causa justa que faculta al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte...h) Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono o sin causa justificada durante dos días completos y consecutivos o durante tres días hábiles en el término de 1 mes. Con lo mencionado solo pretendo resaltar la falta grave, que mi representada tuvo motivo para dar por terminada la relación de trabajo sin responsabilidad de su parte, ya que la demandante se ausentó de sus labores sin notificación, mucho menos aprobación de permiso los días del 2 al 6 de junio del 2014.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha ocho de noviembre de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la señora JULIETA SUAZO FRANCO contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (U.N.A.H.), sin costas; bajo el criterio que no consta que la solicitud del permiso realizado por la demandante haya sido autorizada por su Jefe Inmediato el señor Luis Alberto Guijarro, quien a su vez en su declaración rendida en sede Judicial al preguntarle la suscrita Juez si él como Jefe inmediato había autorizado el permiso a la demandante contestó: “Debo reiterar que no puedo autorizar permisos cuando exceden tres días por que esta fuera de mi competencia como Jefe Inmediato”; asimismo quedó debidamente acreditado que mediante oficio SEDP/646-14 de fecha 06 de junio de 2014, la Secretaria de Desarrollo de Personal deniega el permiso solicitado a la demandante; resolución que fue recibida en fecha 09 de junio de 2014 por la demandante; asimismo quedó debidamente probado en autos que la demandante no registró su asistencia al trabajo mediante marcación del Reloj dactilar los días del 02 al 06 de junio de 2012. Si bien es cierto la parte demandante alega que anteriormente y bajo las mismas circunstancias se habían autorizado permisos por los motivos similares a los objeto del permiso denegado; cabe mencionar que la demandada como empleador se encuentra revestida de las atribuciones de gestión y administración de personal para el logro de sus fines; por ende dentro la esfera de sus atribuciones se encuentra facultada a autorizar o denegar las solicitudes de permisos que le presenten sus empleados de conformidad a ley; por lo cual si la actora consideraba que tal denegatoria del permiso era violatoria a sus derechos laborales debió instar los procedimientos legales correspondientes para dejar sin valor y efecto el acto administrativo que contiene tal resolución; mientras tanto la misma produce efectos legales pertinentes; en ese sentido no se puede pronunciarse en relación a la denegatoria del permiso solicitado, pues el objeto de la presente causa se refiere a demostrar la ilegalidad del despido, no a determinar si debió concederse el permiso o no a la demandante; por lo que en el caso de autos de conformidad a la normativa interna de la demandada como lo establecido en el Código del Trabajo en su artículo 112 literal h) constituye justa causa “Cuando el trabajador deje de asistir al trabajo sin permiso del patrono o sin causa justificada durante dos (2) días completos y consecutivos o durante tres (3) días hábiles en el término de un (1) mes” por los anteriormente expuesto esta Juzgadora considera que el despido efectuado a la demandante se encuentra apegado a derecho, por lo que procede declarar sin lugar la demanda que se ha hecho mérito en cuanto al Reintegro a su puesto de Trabajo así como al pago de salarios dejados de percibir por despido injustificado.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha nueve de febrero de dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que según la solicitud de autorización para ausentarse de sus labores presentada por la señora Julieta Suazo Franco al Licenciado Luís Guifarro, Jefe del Departamento de Economía de la UNAH, a la cual le fuera dado el trámite respectivo, ya que este, no tiene la facultad de conferir permiso por más de tres días. Es por ello que mediante oficio No. DCET-No. 409 de fecha 2 de junio de 2014, en la que la señora Belinda Flores de Mendoza en su condición de Decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, le hace saber a Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Personal, señora Jacinta Ruiz Bonilla, su total desacuerdo en conceder el permiso solicitado por la demandante; por lo que en fecha 6 de junio de 2014, mediante oficio S. E. D. P./646-2014 señora Jacinta Ruiz Bonilla, Secretaría Ejecutiva de Desarrollo de Personal de la UNAH, le hace saber a la señora Decana de la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, que el permiso solicitado por la demandante, le ha sido denegado; entonces existiendo un Estatuto del Docente Universitario en el cual se señala el procedimiento a seguir en el otorgamiento de permisos para ausentarse de sus labores a los docentes universitarios, la UNAH está ejerciendo su derecho material de dirección y administración de su personal, al negar el permiso solicitado por la demandante, expresando las razones que tuvo para denegar tal permiso y por lo que la demandante al hacer caso omiso a esta denegatoria, se ausentó de sus funciones como catedrática, lo que de acuerdo con dicho estatuto, constituye abandono de sus funciones.- 5.- Mediante auto de fecha diecisiete de abril del año dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado IRINALDO MACIAS RIVERA, en su condición de representante procesal de la señora JULIETA SUAZO FRANCO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a el recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha dieciséis de mayo del año dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal el abogado éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado IRINALDO MACIAS RIVERA, en su condición de representante procesal de la señora JULIETA SUAZO FRANCO, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha dieciséis de mayo del dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado conferido a el Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diecisiete, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte de la Abogada LILY AZUCENA PEREZ PINEDA, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional, mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos.- VII.- Por otra parte, conforme nuestro ordenamiento jurídico vigente, en materia laboral el juzgador debe tomar en cuenta los principios generales del derecho del trabajo, entre ellos el principio protectorio, en sus tres reglas, in dubio pro operario, la aplicación de la norma favorable y de la condición más beneficiosa al trabajador, como los de primacía de la realidad, indemnidad o ajenidad de riesgos, continuidad, estabilidad, pro homine y orden público e irrenunciabilidad, entre otros.- VIII.- Que toda persona tiene el derecho de poder ejercitar o promover las acciones que estime pertinentes en defensa de sus derechos laborales y derivado de ello también tiene el derecho a recibir una respuesta del órgano jurisdiccional, previo a seguirse el debido proceso, resolución que deberá ser congruente, motivada, imparcial y apegada al ordenamiento jurídico y a los principios generales del derecho del Trabajo.- IX.- Revisada la sentencia pronunciada por mayoría de votos por la Corte de Apelaciones del Trabajo recurrida, se aprecia que en la misma no se realiza el análisis debido del asunto sometido a su conocimiento conforme a la legislación laboral vigente, ni toma en cuenta sus principios, ya que si bien es cierto se alude a la aplicación del Estatuto del Docente Universitario, para establecer que el despido es legal y justificado, por tratarse de un “abandono de sus funciones”, también lo es, que se ha omitido profundizar en lo que ese instrumento jurídico contempla para los casos de licencia y permiso de los docentes, sobre el trámite de esos derechos, como también de las cuestiones surgidas del debate sobre la procedencia o no del permiso solicitado, más aún cuando el mismo tiene vinculación con actividades de capacitación académica y profesional y de la situación relacionado con casos similares donde la demandada concediera su autorización en forma posterior al tiempo del permiso solicitado, ya que no consta de autos que ello se haya revisado y ponderado para determinar si tal determinación se ajusta a derecho o no.- X.- Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no se hubieran denunciado por el recurrente.- XI.- Que, por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 59, 60, 64, 82, 90 párrafo primero, 127, 128, 129, 135, 136, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18, 112 literal l), 123, 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 2 de la Ley de Salario Mínimo; 9 y 11 del Código Civil; 22, 200, 206, 207, 208, 211, 212 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 9 de febrero del 2017, visible a folios del 10 al 13 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diez días de mes de septiembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de julio del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 167-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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