Sentencia CL-166-17 — Registro 7715
Resumen
segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que se reconozca la relación laboral por tiempo indeterminado por haber estado simulando una relación por tiempo determinado por fraude de ley, que se declare la nulidad de un finiquito firmado porque hace renunciar a los derechos laborales y una vez decretada esta que se pague las indemnizaciones laborales y sociales en virtud del despido verbal, ilegal, injusto y discriminatorio por haber sido despedida dentro del fuero del pre y post natal, que se condene al pago de pre y post natal, 60 días de indemnización por despido en estado de embarazo, 180 horas de lactancia, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la interpretación errónea de una norma se produce con prescindencia del haz probatorio, es decir, la violación por vía indicada, se produce cuando se aplica la Ley que corresponde, pero se le da un alcance diferente o interpretación equivocada y siempre con independencia de toda cuestión probatorio ya que lo que se discute es el derecho no los hechos; y b) en el desarrollo del cargo se realizan alegatos de instancia."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) que la aplicación indebida es una modalidad de violación a la ley, que se realiza al margen del material probatorio. En presente caso la terminación de la relación de trabajo entre la a demandante y demandada y el carácter justo o ilegal de la misma forma parte del debate, por ende del material probatorio aportado al proceso, en consecuencia no resulta viable el ataque al fallo impugnado por el concepto de violación invocado. ; y, b) en el desarrollo del cargo formula alegatos de instancia."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., ocho de mayo del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha treinta de mayo de dos mil diecisiete, por la Abogada LEONOR ISABEL PINEDA JARQUIN, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la empresa denominada METROPOLITAN SCHOOL, como recurrente; además es parte recurrida, la señora SKARLETH JOHANA DOHM BUSTILLO, representada en juicio por el Abogado CARLOS MANUEL CRUZ ROMAN. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que se reconozca la relación laboral por tiempo indeterminado por haber estado simulando una relación por tiempo determinado por fraude de ley, que se declare la nulidad de un finiquito firmado porque hace renunciar a los derechos laborales y una vez decretada esta que se pague las indemnizaciones laborales y sociales en virtud del despido verbal, ilegal, injusto y discriminatorio por haber sido despedida dentro del fuero del pre y post natal, que se condene al pago de pre y post natal, 60 días de indemnización por despido en estado de embarazo, 180 horas de lactancia, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de octubre de dos mil catorce, por la señora SKARLETH JOHANA DOHM BUSTILLO, mayor de edad, soltera, Maestra, hondureña y de este domicilio, contra la empresa denominada METROPOLITAN SCHOOL, por medio de su representante legal, señor JOSE SALVADOR PINEDA PINEDA, mayor de edad, casado, Médico y Cirujano, hondureño y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dos de febrero de dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha quince de noviembre de dos mil quince, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR demanda ordinaria laboral promovida por la señora SKARLETH JOHANA DOHM BUSTILLO, contra la empresa denominada METROPOLITAN SCHOOL por medio de su Director y Representante Legal Doctor JOSE SALVADOR PINEDA PINEDA.- SEGUNDO: CONDENAR a la empresa denominada METROPOLITAN SCHOOL por medio de su Director y Representante Legal Doctor JOSE SALVADOR PINEDA PINEDA, A RECONOCER una relación de trabajo permanente la que sostenía el demandante señora SKARLETH JOHANA DOHM BUSTILLO con la empresa denominada METROPOLITAN SCHOOL, por lo que la finalización de la relación laboral por haberse cumplido la vigencia del último contrato de trabajo por tiempo determinado es ilegal y ha operado el despido directo, ilegal e injustificado, siendo procedente el pago a favor de la demandante de las prestaciones e indemnizaciones laborales asimismo el pago de la indemnización por estado de embarazo, horas de lactancia, pre y post natal, de la siguiente manera: Preaviso Lps.27,951.00; auxilio de cesantía Lps.41,926.50; auxilio de cesantía proporcional Lps.11,143.14, vacaciones proporcionales Lps.3,666.24; aguinaldo proporcional Lps.6,521.90; decimo cuarto mes proporcional Lps.13,975.80; indemnización por despido en estado de embarazo Lps.27,951.00; horas de lactancia Lps.83,853.00; prenatal Lps.19,565.70; postnatal Lps.19,565.70) por lo que suma un total de prestaciones laborales de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO DIECINUEVE LEMPIRAS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (Lps.256,119.98); menos la cantidad que en concepto de pago de pasivo laboral que se le realizo a la demandante durante su relación de trabajo que fue de CIENTO CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON VEINTICINCO CENTAVOS (Lps.142,542.25), queda un diferencia total a pagar de CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (Lps.113,577.73) más los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal del despido hasta que el presente fallo adquiera el carácter de firme, TERCERO: SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante expresó en el escrito de su acción, que en fecha 01 de septiembre de 2013 inició a laborar para la empresa Metropolitan School, conocida comercialmente como Metropolitan School, como empleada por contrato a término, devengando un salario mensual en los último seis meses de L.11,979.00. Que durante laboró la demandante en dicha empresa desarrolló las actividades eficientemente sin tener ningún tipo de problemas en el trabajo, debiéndose reconocer que la situación laboral inició como una trabajadora por tiempo determinado, sin embargo ésta situación jurídica cambio por circunstancias en las que incurrió la empresa hoy demandada, convirtiéndose por ende en una trabajadora por tiempo indeterminado, estando amparada por la Constitución de la República Política Vigente de Honduras, la Convención Americana de Derechos Humanos y la Ley Laboral Hondureña en relación con el Estatuto del Docente Hondureño. La empresa demandada procedió a despedir a la demandante de manera verbal y aún dicho despido a parte de ser ilegal es discriminatorio por dos razones esenciales: la primera porque argumenta la empresa demandada que la relación laboral que sostenía con ella había llegado a su fin, sin embargo obvian por completo que la finalización no se hizo bajo las estipulaciones que rige el artículo 112 de la norma sustantiva (Código de Trabajo) junto con las impuestas por el artículo 78 del Estatuto del Docente Hondureño y bajo las formalidades que impone el artículo 117 del mismo cuerpo legal el cual ha sido ampliamente interpretado por la jurisprudencia en materia del derecho del trabajo; y, la segunda el despido atiende directamente al estado de gravidez el cual la demandante notificó en legal y debida forma a la empresa demandada, fue hasta ese momento en que la condición de la demandante afectó la relación de trabajo que sostuvo con la empresa demandada por más de 10 años de manera consecutiva e ininterrumpida. En el caso que se ocupa se puede evidenciar que el accionar de la empresa es realizado con un enorme abuso de autoridad que como empleador tiene, ya que con la forma en la que “condicionó” la relación laboral se puede evidenciar un eminente Fraude de Ley, porque con dicha contratación pretende evadir la responsabilidad social que impone la norma sustantiva, simulando una relación laboral que por su naturaleza es por tiempo indeterminado por una de tiempo determinado, agotándose el trámite administrativo respectivo, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio. 2. La parte demandada, la empresa denominada METROPOLITAN SCHOOL, contestó dicha demanda señalando que se suscribió con la demandante contrato individual de trabajo por tiempo definido con vigencia del 02 de septiembre de 2013 al 18 de junio de 2014, para el desempeño en el cargo de Maestra de Ciencias Sociales en secundaria, devengando un salario ordinario mensual de L.11,979.00, dándose por terminado por mutuo acuerdo el contrato anteriormente indicado en fecha 18 de junio de 2014, en consecuencia, la demandada procedió a liquidar las prestaciones sociales e indemnizaciones laborales correspondiente a éste contrato, a tal efecto ambas partes (patrono-trabajador) firmaron el respectivo convenio, y la ahora demandante extendió a favor de Metropolitan School documentos nominados “acuerdo mutuo y finiquito de solvencia”. Es preciso indicar que aunque la contratación bajo la modalidad por tiempo definido no conlleva el derecho al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, no obstante, la demandada por mera liberalidad y en fundamento al artículo 120 reformado mediante Decreto Legislativo #150-2008 de fecha 03 de octubre de 2008 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta #31,753 de fecha 15 de noviembre de 2008 (ver art. 2 del decreto), hizo efectivo a título de mera liberalidad el pago anual y consecutivo de tales derechos a favor de la actora. Que si bien es cierto que en periodos lectivos anteriores la actora venía prestando sus servicios a la demandada bajo la modalidad de contratación por tiempo definido misma que es regulada en el artículo 46 literal b) del Código del Trabajo vigente en Honduras, se hace necesario aclarar que a la demandante por cada periodo lectivo para el cual fue contratada, le fueron liquidadas las prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, celebrando al efecto por cada periodo lectivo convenio de terminación por mutuo acuerdo y extendiendo a favor de METROPOLITAN SCHOOL los documentos correspondientes por los pagos recibidos. De manera, que en la relación laboral que sostuvieron la empresa y la demandante no concurren los presupuestos de fraude a la ley y/o simulación contractual, ya que la demandada con el hecho de pagar los derechos laborales a entera satisfacción de la demandante desvirtúa dicho extremo, y se queda claramente establecido que la relación y modalidad de trabajo bajo la cual fue contratada la actora se desarrolló de forma normal sin violentar sus derechos laborales y en apego al marco jurídico de la Constitución de la República de Honduras, Código del Trabajo, leyes laborales, Estatuto del Docente, Contrato Individual de Trabajo por Tiempo Definido, convenios internacionales aplicables, en definitiva, todos éstos instrumentos legales contienen disposiciones que regulan la modalidad de contratación bajo la cual se prestaron los servicios, asimismo, regulan la libertad que tiene el patrono de liquidar anualmente el pasivo laboral, en los términos del Decreto 150-2008 de fecha 31 de octubre del 2008, publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.31753 de fecha 05 de noviembre del 2008. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de noviembre de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar demanda ordinaria laboral promovida por la señora Skarleth Johana Dohm Bustillo, contra la empresa denominada METROPOLITAN SCHOOL; condenando a la demandada a reconocer una relación de trabajo permanente la que sostenía la demandante con la empresa denominada METROPOLITAN SCHOOL, por lo que la finalización de la relación laboral por haberse cumplido la vigencia del último contrato de trabajo por tiempo determinado es ilegal y ha operado el despido directo, ilegal e injustificado, siendo procedente el pago a favor de la demandante de las prestaciones e indemnizaciones laborales asimismo el pago de la indemnización por estado de embarazo, horas de lactancia, pre y post natal, por lo que suma un total de L.256,119.98; menos la cantidad que en concepto de pago de pasivo laboral que se le realizó a la demandante durante la relación de trabajo que fue de L.142,542.25, quedando una diferencia total a pagar de L.113,577.73 más los salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que la demandante ha sido contratada como temporal, en un puesto que por su continuidad tanto en el tiempo, como en el mismo puesto de trabajo y para el mismo empleador, son de naturaleza indefinida dentro de la institución demandada, por la misma naturaleza de la labor que se desempeña en esta, es decir siempre necesitara el cargo de Maestra, ya que el rubro de la empresa es precisamente educacional. Deduciéndose que el contrato de trabajo que nació como temporal se ha desnaturalizado, pues su permanencia en el tiempo y la naturaleza de la labor desempeñada ha provocado la exigencia y necesidad de la institución en cuanto a los puestos de trabajo; también hay que agregar que el puesto de trabajo que desempeñaba la demandante en la institución educativa, no pueden ni deben considerarse de carácter temporal, pues los servicios que proporciona son necesarios para la plena operatividad de la institución, tomando en cuenta la función y el objeto de creación de la misma, por lo que no pueden ser accidentales. El Código del Trabajo y sus principios resuelven éste tipo de abusos y violaciones contra los trabajadores, con lo establecido en el artículo 3 del Código del Trabajo que dice: “Son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la constitución, el presente código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera”, por lo que si el empleador, utilizando el contrato de trabajo por tiempo determinado, pretendía rehuir sus obligaciones patronales, son NULOS IPSO JURE dichos contratos y sus fechas de finalización, ya que los mismos eliminan y disminuyen derechos laborales y constitucionales, ya adquiridos por los trabajadores derivados de una relación típica de trabajo; haciendo la aclaración que lo que se invalida es la declaración fraudulenta o simulada de la voluntad de las partes (o la de una de ellas en realidad), no respecto de la decisión de relacionarse o de vincularse jurídicamente, en consecuencia se extingue con la sanción de nulidad a cualquiera y a toda modalidad fraudulenta o de simulación, donde se pretenda la violación de derechos laborales, pero subsiste y debe de aplicarse al contrato de trabajo, las normas laborales y provisionales por encima de la voluntad de las partes, por ser las normas de Derecho del Trabajo de orden público y de cumplimiento obligatorio. Por consiguiente es nulo de pleno derecho, al tenor de lo establecido en el artículo 3 del Código del Trabajo, la fecha de finalización de los contratos de trabajo por tiempo determinado que en su momento suscribió la demandante, como de los acuerdos mutuos y finiquitos de solvencia firmados por la demandante, en lo referente al menoscabo de sus derechos, debiendo el empleador de someterse a las disposiciones legales para despedir a un trabajador permanente con o sin causa justificada, por lo que al no existir una causa legal de justificación de despido de la demandante, ha operado el despido directo, ilegal e injusto, siendo procedente lo solicitado por la demandante, en cuanto al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales. Este despido injustificado referido anteriormente de igual forma tiene relación al estado de embarazo de la señora demandante ya que al analizar toda la prueba aportada por la parte demandada ésta no ha justificado de manera alguna las razones porque a la misma, no se le llamo a formar parte de los docentes que laborarían en la institución educativa en el año lectivo comprendido entre los años 2014-2015, únicamente se argumenta que no se le llamo por la terminación de su relación laboral por tiempo determinado, dando así terminada dicha relación, aún y cuando la demandante se desempeñó de manera aceptable en la institución, reconociendo la labor encomendada a la demandante como excelente, por parte de los representantes de la empresa demandada, con una asistencia regular a sus laborales en los meses de marzo, abril, mayo y junio del año 2014 (ver notas agregadas a folios del 35 al 36, del folio 97 al 100 y libreta de asistencia), es por ello que se considera no creíble lo sostenido por la apoderada demandada, en el sentido de señalar que los administradores de la escuela Metropolitan School no tenían conocimiento del estado de embarazo de la demandante; si bien es cierto la demandante no hizo llegar de forma escrita su estado de gravidez, era evidente el mismo, tal como se demuestra en las fotografías acompañadas como prueba documental por el apoderado demandante, de igual forma éste extremo es corroborado por los testigos Carmen Guadalupe Canaca Raudales, José David Álvarez Salinas y Oscar Daniel Ferrera Núñez, quienes sostuvieron que los mismos tenían conocimiento del estado de embarazo de la Maestra DOHM BUSTILLO días previos al 18 de junio del 2014, además el testigo José David Álvarez Salinas depone aun más, que él estuvo presente cuando la demandante le hizo de su conocimiento el embarazo de forma verbal a la Directora de la institución educativa Metropolitan School; en contraposición a la prueba referida la parte demandada hizo llegar al proceso la declaración del testigo perito Jesús Octavio Vallecillo Paredes, quién en su declaración señala que la notoriedad de un embarazo estriba en la densidad que afronta la mujer por factores de índice corporal, ésta apreciación sostenida por el facultativo de la medicina, en el caso que se ocupa ha aplicar concretamente sobre la demandante es muy subjetivo, ya que este nunca examino clínicamente a la señora referida, por lo que esta juzgadora no le brinda credibilidad alguna a su deposición; en vista de lo antes relacionado es del criterio que procede el pago de indemnización por haber sido despedida en estado de embarazo y al pago del descanso correspondiente, en virtud de que la demandada dio por terminada la relación laboral con la demandante en estado de embarazo y teniendo la misma conocimiento del estado de gravidez en el que se encontraba, sin haber realizado los trámites legales para ello. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dos de febrero de dos mil dieciséis, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que esta probado de autos la relación de trabajo que existió entre empleador demandado y trabajadora demandante, la cual no es un hecho controvertido por ser reconocido por el demandado en el líbelo de contestación de la demanda, la cual se inició el mes de septiembre del 2010, como docente, percibiendo un salario de L.11,979.00; que la modalidad de contratación de la demandada fue por medio de contratos por tiempo determinado, pero las labores desempeñadas por la demandante es de naturaleza permanente, ya que la finalidad de la empresa demandada es la dedicación a la educación por lo tanto es de naturaleza permanente, porque un factor indispensable es el maestro para que exista impartición de clases; esta probado con los medios de prueba documental que la demandante recibió repetidas veces estimulo de felicitaciones por parte del empleador por su entrega dedicación y responsabilidad a sus funciones, por lo que no se observa razones de indisposición de la demandante para dar de forma voluntaria la terminación de la relación laboral. Que el patrono no probó el desconocimiento del estado de gravidez en que se encontraba la demandante a la fecha de promover la terminación de la relación laboral, y al no justificar tal desconocimiento como afirma, queda evidenciado la falta de prueba de una afirmación. Si bien es cierto que la demandante suscribió un finiquito, pero el mismo adolece de dos requisitos esenciales: uno que debió hacerse de conformidad al artículo 379 del Código del Trabajo y dos en el documento de finiquito que alude los derechos pagados a la demandante, lo resumió en una sola cantidad sin detallar ni especificar el monto que corresponde a cada crédito o derecho pagado por el empleador, en consecuencia, la sentencia dictada en primera instancia cumple con los lineamientos que franquean las normas que rigen la relación laboral.- 5. Mediante auto de fecha diecisiete de abril de dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada LEONOR ISABEL PINEDA JARQUIN, en su condición de representante procesal de la empresa denominada METROPOLITAN SCHOOL, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha treinta de mayo de dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal la Abogada LEONOR ISABEL PINEDA JARQUIN, en su condición de representante procesal de la empresa denominada METROPOLITAN SCHOOL, formalizando su demanda, exponiendo cuatro motivos de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha diecinueve de junio de dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado CARLOS MANUEL CRUZ ROMAN, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda de casación para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que la Abogada LEONOR ISABEL PINEDA JARQUIN, en el primer motivo de casación alega: “Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional por interpretación errónea del artículo 111 párrafo primero, inciso 2), párrafo tercero, en relación con el 379 párrafo segundo, ambos del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 párrafo primero, ordinal primero del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Entre las partes se puso fin a la relación de trabajo por mutuo acuerdo, al tenor de lo dispuesto en el artículo 111 párrafo primero, inciso 2) párrafo tercero del Código del Trabajo, que literalmente dice: “Son causas de terminación de los contratos de trabajo: …2º) El mutuo consentimiento de las partes;… En los casos previstos en los siete primeros incisos de este artículo, la terminación del contrato no acarreará responsabilidades para ninguna de las partes.” Pero el Tribunal de Alzada al confirmar la sentencia recurrida de primera instancia, que declara con lugar la demanda promovida por SKARLETH JOHANA DOHM BUSTILLO y condena a mi representada al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, expresó, entre otras consideraciones: “5) Que si bien es cierto que la demandante suscribió un finiquito, pero el mismo adolece de dos requisitos esenciales: uno que debió hacerse de conformidad al artículo 379 del Código del Trabajo y dos en el documento de finiquito que alude los derechos pagados a la demandante, lo resumen en una sola cantidad sin detallar ni especificar el monto que corresponde a cada crédito o derecho pagado por el empleador…”, el artículo 379 citado por la Corte recurrida establece: “Todo acto de compensación, liquidación, transacción o convenio, celebrado entre el obrero y el patrono, para que tengan validez deberá hacerse ante las autoridades del trabajo correspondiente.”. La interpretación errónea se produce cuando la sentencia no consulta el verdadero entendimiento de un precepto en que se ha informado la misma. Evidentemente que la interpretación que el Ad quem hace del artículo 111 párrafo primero, inciso 2), párrafo tercero del citado Código, es errónea, siendo que esta disposición es clara en cuanto dispone como causa de terminación del contrato de trabajo el mutuo consentimiento de las partes y además ratifica que esa terminación no acarrea ninguna responsabilidad para las partes; porque el hecho de que la demandada haya acordado con la trabajadora el pago total de sus prestaciones laborales, sin desglosar los conceptos, no desnaturaliza por ese motivo el mutuo acuerdo. Suponer, como lo hace el Tribunal de segunda instancia, que es requisito de un mutuo acuerdo entre partes, que solo puede realizarse ante la autoridad laboral competente, es darle a la norma jurídica un sentido equivocado. Nadie le puede impedir al trabajador aceptar una terminación de la relación laboral por mutuo acuerdo y que además acepte el pago de la indemnización laboral. El hecho de que ese mutuo acuerdo se sujete a lo dispuesto en el artículo 379 del Código del Trabajo, es exigir algo que la norma no establece expresamente, ya que la misma resulta aplicable fundamentalmente durante la vigencia de la relación laboral, disposición que enmarcada en el capítulo de los SALARIOS del referido ordenamiento jurídico laboral, obliga a que todo convenio sobre los mismos (salarios) debe ser autorizado precisamente por una autoridad para que no se menoscaben los derechos de los trabajadores, pero al finalizar la relación de trabajo por mutuo acuerdo como es el presente caso, no es aplicable dicha disposición legal, ya que no va a regular ninguna relación de trabajo entre patrono y empleado, porque se ha extinguido esa relación laboral. En conclusión, la interpretación que el Tribunal recurrido hace del artículo 111 párrafo primero, numero 2), párrafo tercero en relación con el 379, ambos del Código del Trabajo, es errónea, procediendo en consecuencia casar la sentencia recurrida. Cito como precedentes de este criterio, los fallos dictados por este honorable Tribunal, siguientes: a) 13 de diciembre del 2006, en el expediente SL 125-06; b) 8 de febrero del 2007, expediente SL 12-06; y, b) 17 de enero del 2011, expediente CL 281-09”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la interpretación errónea de una norma se produce con prescindencia del haz probatorio, es decir, la violación por vía indicada, se produce cuando se aplica la Ley que corresponde, pero se le da un alcance diferente o interpretación equivocada y siempre con independencia de toda cuestión probatorio ya que lo que se discute es el derecho no los hechos; y b) en el desarrollo del cargo se realizan alegatos de instancia. IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva de orden nacional por aplicación indebida del artículo 113 párrafo primero y tercero inciso a) interpretado del Código del Trabajo, en relación con el 111 párrafo primero, numero 2), párrafo tercero del mismo Código. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 párrafo primero, ordinal 1) del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El artículo 113 del Código del Trabajo dispone que “La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, para este goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales, antes de que transcurra el término de prescripción, con el objeto de que le prueba la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva. El trabajador puede demandar a su patrono el cumplimiento del contrato para que se le reponga en su trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones. El derecho del trabajador a exigir el cumplimiento del contrato se regula de la siguiente manera: a) El ejercicio del derecho es alternativo con el de reclamar las indemnizaciones a que se hace referencia la primera parte de este artículo, y b) Si el juez declara en su fallo la reinstalación solicitada por el trabajador, este no tiene derecho a las indemnizaciones correspondientes al despido injustificado, pero sí a los salarios que hubiere dejado de percibir desde que ocurrió aquel, hasta que se cumpla con la reinstalación, y además en caso de negativa del patrono para cumplir con la sentencia tiene derecho a exigir su cumplimiento por la vía de apremio.” En el presente caso, la Corte recurrida aplica indebidamente el artículo 113 del Código del Trabajo (aunque en la sentencia por un lapsus calami de ese Tribunal, la norma citada en su parte resolutiva es el 114 del mismo Código) y en los numerales 5 y 6 del fallo realiza citas o referencias de una parte de la norma y afirma que el derecho al trabajo de la parte actora, es protegido entre otras disposiciones, por el artículo 113, ya mencionado. Pero la aplicación de tal precepto, parte del supuesto del despido conforme las causas establecidas en el artículo anterior a esa disposición, por lo que no tratándose de una controversia de ese tipo, su aplicación es indebida, porque lo actuado por las partes se enmarca dentro de lo establecido en el artículo 111 párrafo primero, numero 2), párrafo tercero del mismo Código, que debió ser la norma que se debió aplicar, en sustitución de la infringida”. V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) que la aplicación indebida es una modalidad de violación a la ley, que se realiza al margen del material probatorio. En presente caso la terminación de la relación de trabajo entre la a demandante y demandada y el carácter justo o ilegal de la misma forma parte del debate, por ende del material probatorio aportado al proceso, en consecuencia no resulta viable el ataque al fallo impugnado por el concepto de violación invocado. ; y, b) en el desarrollo del cargo formula alegatos de instancia. VI.- Que la Abogada LEONOR ISABEL PINEDA JARQUIN, en el tercer motivo de casación alega: “Ser la sentencia censurada violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del artículo 111 párrafo primero, numeral 2) del Código del Trabajo, por error de hecho derivado de la apreciación errónea de la prueba documental admitida a la parte demandada, que adelante singularizo. SINGULARIZACIÓN DE LA PRUEBA: La prueba erróneamente apreciada es la documental que obra a folios 90, 91, 111, 112 y 185 de la primera pieza de autos, consistente en el convenio de terminación del contrato de trabajo por el mutuo acuerdo de las partes y el denominado Acuerdo Mutuo y Finiquito de Solvencia., NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA LEY SUSTANTIVA: Las normas procesales que llevaron a la violación de las normas sustantivas indicadas como violadas son los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el Artículo 765 numeral 1 párrafo segundo del Código del Trabajo. DOCTRINA: Para que se configure el error de hecho es necesario: 1) Que exista una mala apreciación de la prueba producida; 2) que esa mala apreciación sea originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba de que se trate; 3) que el error de hecho genere como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; y, 4) que el error de hecho sea manifiesto, o sea, que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN: El Ad-Quem, al confirmar por mayoría de votos, la sentencia de primera instancia, incurrió en infracción indirecta por error de hecho de la norma señalada como infringida, por cuanto aún y cuando apreció la existencia de un Convenio de terminación de contrato de trabajo por mutuo acuerdo y un finiquito de solvencia derivado del mismo, al apreciarlos erróneamente da por establecido un hecho que no sucedió ( el despido injustificado) y condena al pago de indemnizaciones laborales y salarios dejados de percibir y no da por establecido un hecho consumado y probado plenamente (la terminación del contrato por mutuo consentimiento), con lo cual resulta evidente la equivocada apreciación de la prueba, conducta que le llevó a declarar CON LUGAR la demanda, violando, de esta manera, indirectamente el artículo 111 párrafo primero numeral 2) del Código del Trabajo. Un convenio de terminación del Contrato de Trabajo por mutuo acuerdo o consentimiento de las partes, no puede transformarse arbitrariamente en despido injustificado. Por lo que procede conforme a derecho la admisión de este motivo. VII. Que el cargo que antecede no resulta admisible ya que no demuestra el error en que incurrió el Juzgador, debe tenerse en cuenta que el error de hecho debe ser manifiesto, ostensible, esto es, que sea evidente, sin que para apreciarlo se deba efectuar análisis complejos. VIII. Que la Recurrente formula un cuarto motivo de casación invocando lo siguiente: “Interpretación errónea del artículo 144 del Código del Trabajo, en sus tres párrafos, en relación con los artículos 124 y 145 del mismo Código y 89 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 párrafo primero, ordinal 1º del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN: Este Tribunal en la sentencia definitiva proferida el 17 de enero del 2011, en el expediente No. CL 281-09 ratificó el criterio de: “Que respecto de la presunción de despido por motivo de embarazo, es importante hacer notar que el precepto invocado al amparo del Artículo 144 del Código del Trabajo, desde el momento mismo en que uno de los hechos indicadores de que el legislador se vale para deducir el propósito o motivo ilegítimo del despido de la trabajadora, es que la despedida se encuentre dentro del período de embarazo o dentro de los tres meses posteriores al parto, no hay duda alguna que el uno o el otro tienen que ser conocidos del patrono al tomar la aludida determinación, pues lógicamente no puede imputársele a una persona una consecuencia como la mencionada de un hecho que no ha realizado o que ignora.- Por consiguiente, hay que entender implícita en el citado artículo del Código del Trabajo, este requisito del conocimiento por parte del patrono del estado prenatal o de lactancia en que se encuentra su trabajadora cuando la despida, para la estructuración de la presunción de que se viene hablando y la demostración de su razonable ignorancia, para desvirtuarla.- Por ello, en reiteradas sentencias de este Tribunal se ha dejado establecido que para la procedencia de los derechos e indemnizaciones por despido de una mujer en estado de embarazo, es fundamental que se acredite haber notificado al patrono de ese estado o que sea evidente y notorio, con el objeto de proteger a la futura madre de que sea despedida por motivo del mismo. (Ver expedientes números S.L. 318-96, S.L. 874-96, S.L. 463-01 y S.L. 183-06).” Sin embargo, el ad-quem sostiene en el fallo impugnado, el criterio de “Que el patrono no probo el desconocimiento del estado de gravidez en que se encontraba la demandante a la fecha de promover la terminación de la relación laboral y al no justificar tal desconocimiento como afirma, queda evidenciado la falta de prueba de una afirmación.”, lo cual resulta ilógico y por ende se ha realizado una interpretación errónea del artículo 144 del Código del Trabajo, en su tres párrafos, ya que en principio, los hechos que se niegan no tienen que ser probados, por lo que si se ignoraba el hecho, tampoco cabe exigir se pruebe.- Si bien la norma es protectora de la mujer embarazada, eso no equivale a que se deba imponer una carga probatoria adicional al demandado, ya que como bien sostiene este Tribunal, “…que para la procedencia de los derechos e indemnizaciones por despido de una mujer en estado de embarazo, es fundamental que se acredite haber notificado al patrono de ese estado o que sea evidente y notorio…”, reitero, en ningún momento se ha establecido la inversión de la prueba, ni otro factor para desconocer la presunción de inocencia que goza toda persona conforme el artículo 89 constitucional, entenderlo de otra forma, resulta erróneo o equivocado y eso fue lo que hizo la Corte sentenciadora”. IX. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: la interpretación errónea de una norma se produce con prescindencia del haz probatorio, es decir, la violación por vía directa indicada, se produce cuando se aplica la Ley que corresponde, pero se le da un alcance diferente o interpretación equivocada y siempre con independencia de toda cuestión probatorio ya que lo que se discute es el derecho no los hechos. X. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus cuatro motivos de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus cuatro motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintinueve días de mes de mayo del dos mil dieciocho; certificación de la resolución de fecha ocho de mayo del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 166-17. Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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