Sentencia CL-155-17 — Registro 8306
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro del demandante a su puesto de trabajo o en otro igual o de mejor categoría y se le paguen a manera de indemnización de daños y perjuicios los sueldos dejados de percibir que le pudiesen corresponden a partir de la fecha de su despido ilegal y demás pagos incluyendo la condena en costas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."Que el cargo que antecede no resulta admisible ya que la infracción directa tiene lugar con prescindencia del haz probatorio.-".. " Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación y sin lugar la nulidad alegada de forma subsidiaria."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., quince de octubre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha treinta de mayo del año dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal la Abogada YANIRA IBETH ROSALES GARCIA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; además, es parte recurrida el señor ADONNIS GEOVANNI FIGUEROA PAVON representado en juicio por el abogado GUILLERMO ANTONIO VALLADARES GARCIA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el reintegro del demandante a su puesto de trabajo o en otro igual o de mejor categoría y se le paguen a manera de indemnización de daños y perjuicios los sueldos dejados de percibir que le pudiesen corresponden a partir de la fecha de su despido ilegal y demás pagos incluyendo la condena en costas; promovida ante Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho y del Trabajo por Ministerio de la Ley , en fecha veinticuatro de septiembre del año dos mil quince por el Abogado GUILLERMO ANTONIO VALLADARES GARCIA, mayor de edad, casado, hondureño, con domicilio en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Representante Procesal del señor ADONNIS GEOVANNI FIGUEROA PAVON, mayor de edad, casado, Medico en Medicina General, con domicilio actual en la ciudad de Catacamas, Barrio EL Campo, Boulevard Las Acacias, apartamento numero cinco, contiguo a Productos Forestales, contra el ESTADO DE HONDURAS a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, por actuaciones realizadas por la SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha ocho de febrero del año dos mil diecisiete dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló confirmando la sentencia de fecha nueve de diciembre del año dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho y del Trabajo por Ministerio de la Ley, así: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el señor ADONNIS GEOVANNI FIGUEROA PAVON, contra el ESTADO DE HONDURAS, a través del Señor Procurador de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA.- SEGUNDO: CONDENAR al ESTADO DE HONDURAS a través del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA a lo siguiente: 1).- Reintegrar a su puesto de trabajo al señor ADONNIS GEOVANNI FIGUEROA PAVON, por lo menos en las mismas condiciones al momento de operarse el despido, con el reconocimiento de los salarios dejados de percibir y demás derechos que se generan desde el despido hasta que se opere su reintegro.-2).- A que se tenga la relación laboral del señor ADONNIS GEOVANNI FIGUEROA PAVON como permanente, reconociendo la antigüedad desde la fecha treinta de junio del año dos mil diez, fecha en que inicio a laborar para la demandada.-3).- SIN CONSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que comenzó a laborar para la demandada 02 de enero del año 2010, devengando un salario los últimos tres meses de L. 13,178,45 como Medico General de Guardia, designado a prestar sus servicios en el Hospital San Francisco de la Ciudad de Juticalpa, Departamento de Olancho bajo la sucesión de varios contratos de servicios profesionales, los cuales tenían fechas de vencimiento, los cuales reunían los tres elementos del código del trabajo, por otra parte, las labores que desempeñaba el actor eran de naturaleza permanente dentro de la institución, por lo tanto se consideran celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se haya expresado termino de duración, porque el vencimiento de dichos contratos de trabajo subsiste la causa que le dio origen; a pesar de esto el Jefe de Recursos Humanos del Hospital de San Francisco de Juticalpa de forma verbal, sin alegarle causa alguna que su contrato venia el 30 de junio del año 2015, ya que no se le renovaría por ordenes que emanaban de la Secretaría de la Ciudad de Tegucigalpa y eso es ratificado por el director de dicho hospital, en vista de esta situación el demandante solicito auxilio a un inspector de trabajo, a efecto de constatar el despido, es por esto que en fecha 27 de julio del año 2015, sin embargo la demandada no colaboro con el Inspector, por lo que se solicito nuevamente inspector de trabajo y se personaron el 4 de agosto del año 2015 en el sector de panillas, donde pudieron constatar las planillas de pago que llevaba el demandado, en las cuales ya no aparecía el demandante en los meses de julio y agosto del año dos mil quince.- 2. La parte demandada, ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que que desde un principio el demandante en forma errónea acude a este Tribunal a emprender esta acción laboral en contra del Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud, partiendo del hecho que este tipo de personal son servidores públicos temporales, por una parte por el vinculo entre administrativo-servidor , el cual esta regido por un contrato de Servicios Profesionales y Técnicos por tiempo limitado y por otra parte, habida cuenta de que las relaciones laborales del servidor publico con el Ente Administrativo, no se rige por el Código del Trabajo, sino por el Derecho Administrativo, tal como lo establece la cláusula octava de los contratos donde literalmente establece: “Para dirimir las controversias que surjan de la aplicación de este contrato, las partes se someten a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de esta jurisdicción”, por lo tanto rechazan la pretensión del demandante por considerar que a este no le corresponde ningún derecho al respecto, en virtud de que la relación de trabajo entre el demandante y su representada la Secretaria de Salud se origino y concluyo mediante Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos por tiempo determinado, no continuos, cuya vigencia fue: 1) del 02 de enero del año dos mil quince al 31 de marzo del año 2015.- 3. El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Departamento de Olancho y del Trabajo por Ministerio de la Ley, en fecha nueve de diciembre del año dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar, sin costas; la demanda ordinaria laboral promovida por ADONNIS GEOVANNI FIGUEROA PAVON, contra el ESTADO DE HONDURAS; bajo el criterioo el demandante ha sido contratado como temporal en un puesto que por su continuidad tanto en el tiempo, como en el mismo puesto de trabajo y para el mismo empleador, son de naturaleza indefinida dentro de la Institución demandada, es decir de que siempre esta necesitara el cargo de Medico General de Guardia, deduciéndose entonces que el contrato de trabajo que nació como temporal, se ha desnaturalizado pues su permanencia en el tiempo y en la naturaleza de la labor desempeñada, pues el puesto de trabajo que desempeña el demandante en dicha Institución no puede ni mucho menos considerarse de carácter temporal, pues los servicios que proporciona son necesarios para la misma, por lo que no pueden considerarse como accidentales. Siendo que el Código del Trabajo y sus principios resuelven este tipo de abusos y violaciones contra los trabajadores con lo establecido en el articulo 3 del Código del Trabajo que establece: “Son nulos ipso jure los contratos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución y tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente Código, sus Reglamentos, o las demás leyes del trabajo o Previsión Social otorguen a los trabajadores, aunque se exprese en un contrato de trabajo o pacto cualquiera, por lo que son Nulos Ipso Jure, dichos contratos y su fecha de finalización, ya que los mismos violentan los derechos laborares que los Tratados Internacionales, la Constitución de la República, El Código del Trabajo y las demás leyes del trabajo otorgan a los trabajadores, por consiguiente nos hace comprender la existencia de el fraude de ley, que es nulo de pleno derecho al tenor de lo establecido en el relacionado articulo ya mencionado. Que la fecha de finalización de los contratos de trabajo por tiempo determinado que en su momento suscribió el demandante, por lo que ha operado el despido directo, ilegal e injusto, siendo procedente declarar CON LUGR la demanda de merito, ordenando el reintegro al demandante por los menos en las mismas condiciones, con el reconocimiento de los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se opero el despido hasta que cause ejecutoria la presente sentencia condenatoria.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha ocho de febrero del año dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que se dieron los presupuestos para considerar el contrato de trabajo por tiempo indefinido, como ser: a) El trabajador a prestado sus servicios a la institución en forma sucesiva desde el año 2010 y se le han renovado los contratos de trabajo; b) Que el demandante ha estado de forma ininterrumpida por más de 5 años, bajo los elementos del contrato de trabajo, de actividad personal y realizada de forma directa por el mismo, de naturaleza subordinada o dependencia con respecto a su patrono, la Secretaria de Estado en los Despachos de Salud y un salario como retribución por el servicio de forma mensual. c) La demandada no aportó ninguna prueba mediante la cual se pudiera establecer que al vencimiento del término del contrato que aduce, la causa para lo cual fue contratado el demandante había desaparecido o que la naturaleza de las labores por el desempeñadas ya no eran continuas que dependían del presupuesto, y que la labor no era del todo personal, ya que en sus últimos contrato presentó incapacidades laborales.- 5. Mediante auto de fecha diecisiete de abril del año dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado YANIRA IBETH ROSALES GARCIA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a el recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha treinta de mayo del año dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal la Abogada YANIRA IBETH ROSALES GARCIA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado conferido a el Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha treinta y uno de junio del año dos mil diecisiete, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del abogado GUILLERMO ANTONIO VALLADARES GARCIA, en su condición de representante procesal de ADONNIS GEOVANNI FIGUEROA PAVON, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada YANIRA IBETH ROSALES GARCIA, en el primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa porque el tribunal ad quo y Ad Quem NO aplicó el artículo 112 literal L del Código del Trabajo en relación a los artículos 206. 2 y 3, 207. 1 y 2, y 208. 2 del código procesal civil PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: La disposición legal contenida en el artículo 112 literal L del Código del Trabajo en relación a los artículos 206. 2 y 3, 207. 1 y 2, y 208. 2 del código procesal civil.- El tribunal sentenciador confirma la sentencia dictada en primera instancia, y por consiguiente declara sin lugar la demanda, condenando al ESTADO DE HONDURAS A TRAVEZ DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE SALUD AL REINTEGRO Y PAGO A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS DE LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE SU DESPIDO A LA FECHA EN QUE QUEDE FIRME LA SENTENCIA, no obstante el tribunal Ad Quem, no resolvió conforme a lo establecido en nuestra normativa procesal civil, la cual establece que las sentencias deben ser claras, precisas, exhaustivas, motivadas y congruentes con lo que las partes establecen y el tribunal ad-quem si no que emitió una sentencia sin hacer una valoración de todas las pruebas allegadas en su conjunto, que en su momento esta defensa expuso todas las irregularidades que se dieron al momento que se dicto sentencia por pare del juzgado de letras de la sección judicial de Juticalpa departamento de Olancho, como ser la prueba documental que aporto esta parte actuante como reconocimiento judicial que si bien es cierto el Tribunal A Quo, enuncia el medio de prueba en su sentencia no aprecia o hace valoración d esta y las diferentes pruebas aportadas en el proceso por la parte demandada, desconociendo a la fecha incluso que medio de prueba le lleva a la convicción de que la parte demandante laboro cinco (5) años continuos y permanentes ante la Secretaria de Salud por parte del señor Adonnys Figueroa, y el tribunal ad-quem no hizo ningún tipo de aseveración sobre este extremo. Así como tampoco se pronuncio sobre la nula motivación que establece el artículo 207. 1 y 2 del código procesal civil, el que establece “LAS SENTENCIAS SE MOTIVARAN EXPRESANDO LOS RAZONAMIENTOS FACTICOS Y JURIDICOS QUE SE CONDUCEN A LA APRECIACIÓN Y VALORACIÓN DE LA UEBA.” “La motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón” Ya que el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa tampoco valoro la prueba aportada haciendo únicamente mención de los diferentes medios de prueba propuestos de los que hicieron uso las partes, pero nunca una exposición del valor probatorio que daba a cada medio de prueba, tal es el caso que se probo con el medio de prueba reconocimiento Judicial antes descrito que el demandado no tenía esa cualidad de dependencia y continua subordinación, es de hacer ver que la juez no se tomo el tiempo de revisar dichos medios de prueba así como tampoco la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán estableció nada sobre dichos medios de prueba dejados de valorar. Se produce así la infracción directa de la ley sustantiva.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible ya que la infracción directa tiene lugar con prescindencia del haz probatorio.- IV. Que la Censora alega nulidad subsidiaria: “La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen y no puede subsanarse por la confirmación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria. En virtud de ello, se alega en forma subsidiaria la nulidad absoluta de la sentencia recurrida de fecha ocho de febrero del dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, señalando los errores procesales siguientes: a) En el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la corte de apelaciones en su condición de sentenciadora, no se pronuncia en su sentencia sobre las alegaciones efectuadas por la parte demandada en el recurso de apelación, ni sobre las violaciones incurridas en la sentencia dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, de fecha nueve de diciembre del dos mil dieciséis, es decir no hay declaración si ha lugar o no del mismo, para poder declarar ya sea la confirmación, revocatoria o reforma según el caso. Ya que la corte de apelaciones de Francisco Morazán establece que confirma la sentencia dicta por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Juticalpa, Olancho, por lo que la resolución no está apegada a derecho por lo que solicito que se declarare la nulidad de La Sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán.”.- V. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto, examinada que fue la sentencia impugnada y se estima que el mismo se encuentra dictado conforme a derecho, como también que se ha analizado la prueba aportada por las partes para tomar la decisión de fondo del juicio. A razón de lo antes expuesto estima este Tribunal, que no se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VI. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación y sin lugar la nulidad alegada de forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) DECLARAR SIN LUGAR la nulidad subsidiaria alegada 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinte días del mes de noviembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 155-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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