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Sentencia CL-154-17 — Registro 8614

Resumen

En primera instancia se declara con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el demandante; condenó a la empresa demandada a reintegrar, al puesto de trabajo, reconociendo, pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de la cancelación hasta que sea reintegrada en su puesto de trabajo en segunda instancia se confrima la sentencia

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.." Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) se alega la falta de apreciación y en la explicación la interpretación errónea (apreciación errónea) de la prueba, sub modalidades del error de hecho distintas, que deben precisarse, ya que una misma prueba no puede ser dejada de apreciar y al mismo tiempo ser apreciada erróneamente; b) no se demostró el error evidente y manifiesto; y, c) se realizan inapropiados alegatos de instancia"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede resulta inestimable por contener los defectos técnicos siguientes: a) el artículo 113 del Código del Trabajo, señalado como infringido, contiene párrafos y literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, siendo necesario precisar a cuál de ellas dirige el ataque; b) en el desarrollo se hace referencia a normativa no indicada como infringida o relacionada en la formulación, tal es el caso de los artículos 97, 98, 100 numerales 4), 5) y 15), 111 numeral 8), 117, 126 del Código del Trabajo, 62, 80 y 129 de la Constitución de la República; c) se alude al material probatorio sin embargo, la violación directa por aplicación indebida se da al margen del mismo; y, d) se realizan alegatos propios de instancia"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., quince de octubre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha ­­­30 de mayo del 2017, por el Abogado JORGE ENRIQUE CASTRO BECERRA, mayor de edad, soltero, hondureño, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), como recurrente; es parte recurrida, el señor MIGUEL EDGARDO CARPIO OCHOA, representada en juicio por el Abogado GABRIELA ALEJANDRA RAMIREZ BUSTILLO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de emplazamiento para la justificación de la terminación sin causa de la relación laboral con acoso (mobbing), caso contrario se ordene el reintegro a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, con el pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, pago de bono de utilidades y estudiantil, reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, beneficios otorgados a otros trabajadores que se deriven del contrato colectivo o de la privatización de la empresa, indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por préstamos en la banca privada, más costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 09 de junio del 2015, por el señor MIGUEL EDGARDO CARPIO OCHOA, mayor de edad, soltero, Técnico en Mercadotecnia, hondureño y de este domicilio, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su representante legal y Gerente General, señor JESUS ARTURO MEJIA ARITA, mayor de edad, casado, Ingeniero, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 08 de febrero del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 25 de noviembre del 2016, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I. Declarar CON LUGAR La demanda ordinaria laboral, promovida por el señor MIGUEL EDGARDO CARPIO OCHOA, de generales conocidas; contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su Gerente General JESUS ARTURO MEJIA ARITA, también de generales expresadas. II.- CONDENAR a la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su Gerente General JESUS ARTURO MEJIA ARITA, a Reintegrar al señor MIGUEL EDGARDO CARPIO OCHOA, al puesto de trabajo, reconociendo, pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de la cancelación hasta que sea reintegrada en su puesto de trabajo, incluyendo los derechos otorgados a otros trabajadores durante su ausencia de acuerdo a la contratación colectiva. III.- Declarar SIN LUGAR La demanda ordinaria laboral, promovida por el señor MIGUEL EDGARDO CARPIO OCHOA, de generales conocidas; contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su Gerente General JESUS ARTURO MEJIA ARITA, también de generales expresadas a pagar: bono de utilidades y estudiantil; pago y goce de vacaciones adeudadas; reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, indemnización por privatización de la empresa, pagos de cantidades adeudadas por cualquier concepto; indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por prestamos en la banca privada; en consecuencia, . IV.- ABSUELVE a la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su Gerente General JESUS ARTURO MEJIA ARITA, a pagar al señor MIGUEL ÉDGARDO CARPIO OCHOA, bono de utilidades y estudiantil; pago y goce de vacaciones adeudadas; reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, indemnización por privatización de la empresa, pagos de cantidades adeudadas por cualquier concepto; indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por prestamos en la banca privada; V. SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que comenzó a laborar para la demandada el 24 de octubre de 2006 en el puesto de Gestor de Atención al Cliente I, devengando un salario ordinario de L.16,709.53; que el acoso laboral empezó cuando se le notificó la suspensión del contrato de trabajo por 120 días, o sea del 07 de octubre de 2014 al 04 de febrero de 2015, debiéndose presentar el 05 de febrero de 2015, y que mediante oficio GCH-341-2015 de 05 de febrero de 2015 se le notificó la terminación de la relación laboral invocándole 3 causales, y que no era posible reanudarle el contrato de trabajo y que se tomó la decisión de dar por terminada la relación laboral comprometiéndose a pagarle la totalidad de las prestaciones e indemnizaciones laborales; argumentó además que la suspensión fue autorizada por la Secretaría del Trabajo, asimismo el trabajador puede participar de las utilidades, pero nunca de las perdidas del patrono, por lo que la crisis económica que sufre la empresa no es causal para dar por terminados los contratos de trabajo sin responsabilidad de su parte y que llegado el día 05 de febrero del 2015 se presentó a sus labores negándole la entrada por lo que no hubo reanudación del trabajo por lo que no ha finalizado la suspensión; además argumento que la terminación sin causa de las relaciones laborales se producen en franca violación al Artículo 129 Constitucional, 82 del Contrato Colectivo entre Hondutel, 1 y 2 del Convenio 111 de la OIT, las causales no existieron y la demandada ha realizado un acoso constante a los trabajadores, despidiéndoles en reiteradas ocasiones, violentándoles el derecho al trabajo y la dignidad humana; y que con el ánimo de llegar a un arreglo conciliatorio acudió a la Secretaría del Trabajo, siendo imposible el mismo; por lo que se dio por agotado el trámite administrativo en fecha 10 de abril del 2015.- 2. La parte demandada, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contestó dicha demanda señalando que con el propósito de rescatar a la empresa el 07 de octubre de 2014, procedió a notificarle la medida de suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo a 660 trabajadores, con efectividad el día siguiente hábil el 08 de octubre del 2014 por el término de 120 días del 04 de febrero del 2015, debiéndose presentar a sus labores el 05 de febrero de 2015, y dentro de ese personal suspendido estaba el demandante; además manifestó que es de público conocimiento la precaria situación económica de la demandada, y que a consecuencia de ello fue que tomó la decisión de la suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo de 660 de los empleados; y que el 10 de octubre de 2014 siguiendo el procedimiento presentó a la Secretaría del Trabajo la solicitud de autorización de suspensión parcial de contratos individuales de trabajo por 120 días a 660 empleados de la empresa demandada, y que a la fecha se encontraba pendiente de emisión de la respectiva resolución, en vista que fueron múltiples oposiciones presentadas por los trabajadores suspendidos; que en fecha 03 de febrero del 2015, presentó ante la Secretaría del Trabajo formal notificación de que las causas invocadas aun persisten lo cual imposibilita reanudar las labores e reinstalar a los trabajadores y que habiendo transcurrido el término de ley para la suspensión, el 05 de febrero del 2015 notificó al demandante la decisión de dar por terminado el contrato individual de trabajo, garantizándole el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales de conformidad con el cálculo igualmente notificado en el acto; además argumento que la demandada pago al demandante indemnización equivalente a 30 días de salario por no haberle dado el aviso de suspensión del contrato individual de trabajo por tiempo indefinido con 30 días de anticipación, a lo que el demandante aceptó y válido de forma tácita la medida de suspensión al haber recibido el referido pago sin ninguna objeción.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 25 de noviembre del 2016, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor MIGUEL EDGARDO CARPIO OCHOA, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su representante legal y Gerente General, señor JESUS ARTURO MEJIA ARITA; condenó a la empresa demandada a reintegrar al señor MIGUEL EDGARDO CARPIO OCHOA, al puesto de trabajo, reconociendo, pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de la cancelación hasta que sea reintegrada en su puesto de trabajo, incluyendo los derechos otorgados a otros trabajadores durante su ausencia de acuerdo a la contratación colectiva; declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral, a pagar: bono de utilidades y estudiantil, pago y goce de vacaciones adeudadas, reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, indemnización por privatización de la empresa, pagos de cantidades adeudadas por cualquier concepto, indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por prestamos en la banca privada, en consecuencia, absolvió a la demandada a pagar al demandante dichos conceptos, sin costas; bajo el criterio que debe declararse con lugar la demanda de merito, en vista que el demandante ha probado de manera categórica el despido ilegal e injusto de que fue objeto por su empleador, conllevando al reintegro al puesto de trabajo de la empleada y al pago desde la fecha de la terminación de la relación de trabajo a titulo de daños los salarios dejados de percibir desde que opero la terminación hasta que sean reintegrada a su puesto de trabajo así como los beneficios que se otorgaron a otros empleados por la contratación colectiva; que el demandante solicita el pago de derechos como ser pago de bono de utilidades y estudiantil; pago y goce de vacaciones adeudadas; reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, indemnización por privatización de la empresa, pagos de cantidades adeudadas por cualquier concepto, indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y por prestamos en la banca privada; lo que cabe explicar que dichas pretensiones no fueron objeto de prueba en el presente juicio lo cual imposibilita a esta Juzgadora el otorgamiento de las mismas; siendo procedente declararlas sin lugar.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 08 de febrero del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que al no tener la empresa demandada la autorización dentro del término de los ciento veinte (120) días que duró la suspensión del trabajo y haber procedido a despedir al trabajador demandante sin la autorización antes señalada, convierte el despido en arbitrario, ilegal e injusto, puesto que está utilizando una potestad que establece la ley (la suspensión del contrato de trabajo) en perjuicio de los intereses del trabajador y la falta de una justa causa considera éste Tribunal que únicamente tenía como objetivo no pagar los salarios o simplemente encubrir un despido injustificado; además si bien es cierto la parte demandada en la nota de despido le reconoce al trabajador el pago de los derechos laborales, sin embrago conforme a la Constitución de la República, es al trabajador a quien le corresponde decidir si opta por el pago de sus prestaciones laborales o por el reintegro a su puesto de trabajo, reconociendo en ambos casos el pago de los salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios en caso de despido injusto y en el presenta caso la parte demandante ha optado por el reintegro a su puesto de trabajo.- 5. Mediante auto de fecha 17 de abril del 2017, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JORGE ENRIQUE CASTRO BECERRA, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 30 de mayo del 2017, compareció ante éste Tribunal el Abogado JORGE ENRIQUE CASTRO BECERRA, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación y tres nulidades subsidiarias, por lo que mediante providencia de fecha 31 de mayo del 2017, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 20 de junio del 2017, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada GABRIELA ALEJANDRA RAMIREZ BUSTILLO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLES, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: 1.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casación para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- 2. Que el Abogado JORGE ENRIQUE CASTRO BECERRA, en su primer motivo de casación, alega: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del artículo 113 con relación en el artículo 112 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el artículo 113 del Código del Trabajo, por las siguientes razones: la Corte de Apelaciones estima que HONDUTEL incurrió en ilegalidad al cancelar el contrato de trabajo de la demandante por el plazo de 120 días, sin contar con la autorización mediante resolución de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, razón por la que la demandante emplazó al patrono ante los Tribunales competentes para el reintegro requerido en la demanda planteada. De lo anterior se infiere que la Corte de Apelaciones del Trabajo aplicó el artículo 113 en relación con 112 del Código de Trabajo. Preceptos legales que fueron aplicados de forma indebida por el siguiente motivo: HONDUTEL en ningún momento canceló o despidió a la demandante con fundamento en una de las causales establecidas en los incisos de artículo 112, sino que más bien se dio por terminado el contrato de trabajo de forma unilateral amparado en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, por lo cual es necesario hacer una diferenciación entre ambas figuras, entre despido y terminación de los contratos de trabajo. Esta diferenciación atiende a los siguientes aspectos: A)la terminación del contrato de trabajo de la parte actora se basó en el artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo, el que instaura que la suspensión de actividades por más de 120 días es una causa de terminación de contratos de trabajo. Aunado a lo anterior, el abogado laboralista OLVIN E. RODRÍGUEZ, en su obra Derecho Individual de Trabajo, específicamente en su pág. 264, manifiesta que, además de las causas justas establecidas en la ley, para dar por terminado un contrato de trabajo (en este caso las instauradas en el artículo 111, 112 y 114 del Código de Trabajo), también existen los MOTIVOS JUSTIFICADOS para proceder, tal como queda implícito en el artículo 117 del Código de Trabajo, el cual taxativamente reconoce que la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo deberá expresar la CAUSA O MOTIVO que la mueve a tomar tal decisión. En este caso, la decisión patronal de dar por terminado el contrato de trabajo se basa en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor, razón por la cual se le garantiza el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, ya que el reintegro no es posible.; B) En cuanto al reintegro a su puesto de trabajo y el pago de salarios dejados de percibir y demás derechos solicitados por la parte actora, el mismo es IMPROCEDENTE, ya que se debe diferenciar entre causas justas que facultan al patrono para dar por terminado los contratos de trabajo sin responsabilidad (art. 112 del Código de Trabajo), causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad (art. 114 del Código de Trabajo), causas de terminación del contrato de trabajo (art. 111 del Código de Trabajo) y causas o motivos para la terminación unilateral de un contrato de trabajo (artículo 117 del Código de Trabajo). En el caso de marras, la decisión patronal de dar por terminado el contrato de trabajo se basó en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor, razón por la cual se le garantiza el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, ya que el reintegro es imposible debido a la situación precaria en la que se encuentra la empresa. En relación con lo anterior, el Abg. Olvin E. Rodríguez, en su obra El Derecho Individual del Trabajo, específicamente en su pág. 258, establece que: “El patrono puede dar por terminado el contrato de trabajo pagando las prestaciones que en derecho correspondan por causas no imputables al trabajador, lo mismo que al patrono; por ejemplo, por razones internas; POR NECESIDAD DE REESTRUCTURAR LA EMPRESA, POR RAZONES DE ECONOMÍA, y otros semejantes; en estos casos el trabajador no tiene el derecho justificadamente de emplazar a su patrono para que le pruebe esa causa, y optar por el reintegro, porque en la nota de terminación no se le dio ninguna de las causales del artículo 112, en relación con el 97 y el 98 del Código del Trabajo, ya que el artículo 113 del Código del Trabajo es el único que permite el ejercicio de la acción del reintegro, se funda y debe ser necesariamente en el art. 112 del Código del Trabajo. Así lo tienen establecido los Tribunales del Trabajo en varias sentencias entre otras: las dictadas por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección Judicial resolviendo el recurso de apelación interpuesto en la demanda promovida por LICIA CONCEPCIÓN GUZMÁN, OSCAR ARMANDO MONCADA Y MARÍA CELINA ANDINO contra la empresa “Camiones y Motores, S.A. (CAMOSA)”, sentencia dictada el lunes 25 de noviembre de 1973 con un considerando que dice: “Que de los argumentos jurídicos antes transcritos, se colige 1. Que el derecho del trabajador a ser reintegrado a su trabajo es solamente a causales enumeradas en los art. 97, 98 y 112 del C.T...”. Posteriormente, el Abg. Olvin E. Rodríguez continua manifestando que: “...En el presente caso (aludiendo a la sentencia citada en el párrafo anterior), no hay una terminación de trabajo por despido y es que en el despido el trabajador pierde el derecho a prestaciones...”. Aunando a lo anterior, en fecha 8 de febrero del 2007, la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativa, emitió una sentencia en el expediente CL. 105-2006, en una famosa demanda incoada contra la empresa LAFARGE, en cuyos considerandos se instituye que “El Código de Trabajo establece de forma concreta y diferenciada las causas de terminación del contrato de trabajo y las causas o motivos de despido. Acciones que tienen origen y efectos distintos”. Según la Sala Laboral, el efecto de la terminación del contrato de trabajo, que es lo que se dio en este caso, es únicamente que el patrono debe pagarle al trabajador las prestaciones e indemnizaciones que le correspondan sin que este tenga derecho al reintegro ni al pago de salarios dejados de percibir como indemnización. De la doctrina y jurisprudencia aludida se colige lo siguiente: Si bien es cierto que el art. 129 de la Constitución de la República establece que, en caso de despido injustificado, queda al arbitrio del trabajador solicitar el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales o el reintegro, este último (el reintegro) solamente procede cuando en la nota de terminación del contrato de trabajo se alegan las causales establecidas en el art. 112, en relación con los artículos 97 y 98 del Código de Trabajo. Sin embargo, si el juzgador lee la nota de terminación del contrato de trabajo que se le entregó a la parte actora podrá comprobar que mi representada procesal en ningún momento fundamentó su decisión en el artículo 112, en relación con los art. 97 y 98 del Código de Trabajo, sino en los art. 62, 80 y 129 de la Constitución de la República; 100 numerales 4, 5 y 15; 111 numeral 8) y segundo párrafo y 126 del Código de Trabajo; 97 numeral 13, 132 y 143 del Reglamento Interno de Trabajo; cláusula 59 del XII Contrato Colectivo de Hondutel y en la certificación de resolución de punto de acta número 8 de la sesión ordinaria nro. 545-2008, celebrada el 13 de mayo del 2008. Por ende, queda probado indubitadamente que la trabajadora, en este caso, solamente tiene derecho al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales (derecho que se le reconoce incluso en la nota de terminación de contrato que se le entregó personalmente) y no al reintegro, sumado a que el reintegro solicitado es IMPOSIBLE, ya que se ha cancelado el puesto de trabajo de la demandante debido a la precaria situación económica de la empresa, y a la nueva estructura orgánica, ya que una vez que surgió la suspensión, se eliminó completamente la dualidad de funciones y actividades por parte de los empleados, de las unidades y departamentos, por lo que su señoría debe tener en cuenta el PRINCIPIO DE LA REALIDAD, el cual instaura que “...Para la interpretación de las relaciones entre empleadores y trabajadores, se debe tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que las partes han contratado formalmente” , por lo tanto, según este principio no importa la autonomía de la voluntad de las partes, sino la demostración de la realidad que reina sobre la relación entre trabajador y empleador, siendo evidente que en este caso la realidad nos dicta que es imposible el reintegro por las razones ya aludidas. C) En consecuencia, es evidente que la parte demandante logró confundir al juez a quo, haciéndole creer que la notificación de terminación de su contrato de trabajo es ilegal e injustificada por no estar fundamentada en las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado un contrato de trabajo establecidas en el artículo 112 del Código de Trabajo, lo cual no es cierto, ya que lo que se dio fue una terminación de contrato individual de trabajo que se basó en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el art. 111 numeral 8 del Código de Trabajo, y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor y no un despido, tal como lo manifestó la demandante; es por ello que HONDUTEL, muy acertadamente, ofreció en el mismo escrito donde se notificó la terminación del contrato la garantía del pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales de forma inmediata, sin embargo, los demandantes se negaron a recibirlas. Finalmente, honorable Corte Suprema de Justicia, ha quedado demostrado con argumentos jurídicos densos, que la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones violentó de forma directa LA NORMA SUSTANTIVA invocada al aplicar al caso concreto indebidamente el artículo 113, con relación al 112 del Código de Trabajo, TENIENDO QUE HABER APLICADO EL ARTICULO 111 NUMERAL 8) DEL CÓDIGO DE TRABAJO y no lo hizo, favoreciendo con ello al trabajador y perjudicando aún más las finanzas de la empresa al condenarla al reintegro del trabajador y al pago de salarios dejados de percibir.”.- 3. Que el cargo que antecede resulta inestimable por contener los defectos técnicos siguientes: a) el artículo 113 del Código del Trabajo, señalado como infringido, contiene párrafos y literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, siendo necesario precisar a cuál de ellas dirige el ataque; b) en el desarrollo se hace referencia a normativa no indicada como infringida o relacionada en la formulación, tal es el caso de los artículos 97, 98, 100 numerales 4), 5) y 15), 111 numeral 8), 117, 126 del Código del Trabajo, 62, 80 y 129 de la Constitución de la República; c) se alude al material probatorio sin embargo, la violación directa por aplicación indebida se da al margen del mismo; y, d) se realizan alegatos propios de instancia.- 4. Que en segundo motivo se aduce: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN LOS MEDIOS DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: A) EL OFICIO DE FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2015 QUE CORRE AGREGADO A FOLIOS 197 Y 198; Y B) ESTADOS FINANCIEROS DE HONDUTEL QUE CORRE AGREGADO A FOLIOS 201 AL 208, C) COPIA DEBIDAMENTE AUTENTICADA DE LA ACCION DE PERSONAL NÚMERO NO. 225-68,172; D) ACCION DE PERSONAL NO. 2007-001-52.213 DE NOMBRAMIENTO A FAVOR DEL SEÑOR MIGUEL EDGARDO CARPIO OCHOA; COMPROBANTE DE PAGO DE LA INDEMNIZACION ESTABLECIDA. TODOS DE LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS. NORMAS LEGALES PROCESALES OUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA LABORAL: Artículo 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: a) el oficio de fecha 5 de febrero del 2015 que corre agregados de folios 197 al 198; b) estados financieros de HONDUTEL que corre agregado a folios 201 al 208;c) copia debidamente autenticada de la acción de personal número no. 225- 68,172; d) acción de personal no. 2007-001-52.213 de nombramiento a favor del señor MIGUEL EDGARDO CARPIO OCHOA; comprobante de pago de la indemnización establecida. Todos de la primera pieza de autos. Explicación: 1) La sentencia recurrida no tuvo como hecho probado que la empresa se encontraba imposibilitada de explotar la empresa con un mínimo razonable; y la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos lo cual fue demostrado mediante la presentación del medio de prueba documental público consistente en los estados financieros y de resultados de HONDUTEL de los años 2007 al 2014 con los que se justifica incuestionablemente la terminación de los contratos de trabajo por medio de la figura de la suspensión. Al respecto, el artículo 100 del código de Trabajo establece que la suspensión de contratos de trabajo surte efectos desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo dentro de los tres días posteriores al ya mencionado, o treinta días antes de la suspensión. De lo anterior se colige que la suspensión de contratos de trabajo surtió efecto desde el día en que fue notificada a la trabajadora, ya que el artículo referido instaura claramente que la autorización de la Secretaría de Trabajo se emite, mediante resolución, después de realizada la suspensión y no antes. Lo que es un hecho probado y el juez no lo tomó en cuenta al momento de emitir su fallo. Asimismo, no se tomaron en cuenta los estados financieros, evidencia irrefutable y contundente de la situación financiera de la empresa. 2) Asimismo, el Código Procesal Civil que se aplica de manera supletoria a este proceso laboral, establece que en la valoración de la prueba, ésta excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico. Dicha valoración debe deducirse de manera clara y terminante en los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia. 3) El medio probatorio DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: el oficio de fecha 5 de febrero del 2015 que corre agregado a folios 197 al 198; fue propuesto para demostrar contundentemente que lo que hubo fue una terminación de contrato de trabajo subsumida en el artículo 111 numeral 8 del código del trabajo, pero tanto el juzgado de primera instancia como el tribunal de segunda instancia omitieron el análisis de dicho medio probatorio en relación a los hechos del litigio. 4) El medio probatorio DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: estados financieros de HONDUTEL que corre agregado a folios 201- 208, de la primera pieza de autos, fueron propuestos para demostrar contundentemente que la razón por la que se procedió a realizar las suspensiones del contrato fue que la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) estaba operando con pérdidas financieras elevadísimas, situación que derivó en los hechos que originan el presente litigio y que no debió omitirse su consideración para la resolución del mismo como lo hizo el ad quem. 5) Los medios probatorios denominados Documental Publico a) copia debidamente autenticada de la acción de personal número no. 225- 68,172; b) acción de personal no. 2007-001-52.213 de nombramiento a favor del señor MIGUEL EDGARDO CARPIO OCHOA; comprobante de pago de la indemnización establecida. Todos de la primera pieza de autos, refuerzan el planteamiento anterior. Al respecto, nuevamente cito el libro El Recurso Extraordinario de Casación Laboral, del autor Luis Lagos Pantoja, en su página 41, que desarrolla de una forma más concreta el concepto de error de hecho que: consiste en no dar por probado un hecho, estándolo o tenerlo por establecido, sin que sea así, todo lo cual ocurre por la mala apreciación o la falta de apreciación de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas que la reglamentan, lo cual debe conducir a la relación de la ley sustancial; pero el error debe ser manifiesto, evidente, ostensible, etc. Esta causal de casación resulta entonces, de un proceso subjetivo del juzgador consistente en un equivocado racionamiento apreciativo de las pruebas que conduce a dar por establecido un hecho sin estarlo o, al contrario.”.- 5. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razones siguientes: a) se alega la falta de apreciación y en la explicación la interpretación errónea (apreciación errónea) de la prueba, sub modalidades del error de hecho distintas, que deben precisarse, ya que una misma prueba no puede ser dejada de apreciar y al mismo tiempo ser apreciada erróneamente; b) no se demostró el error evidente y manifiesto; y, c) se realizan inapropiados alegatos de instancia.- 6. Que en un tercer motivo se alega: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL OUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA del artículo 113 en relación 112 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el artículo 113 del Código del Trabajo, por las siguientes razones: El Ad quem en la sentencia al confirmar el fallo de primera instancia, confirma entre otros el extremo de pagar a los trabajadores los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que sean reintegrados a su puesto de trabajo, dando así un mayor alcance en su interpretación a lo dispuesto en el artículo el primer párrafo el artículo 113 del código del trabajo el que al respecto establece que los salarios dejados de percibir se pagaran desde la fecha en que ocurrió el despido, hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia, tratándose así de dos momentos procesales distintos, en el caso de la sentencia recurrida por el motivo sub examine, un momento posterior que extiende y amplia las obligaciones que mediante sentencia se imponen y que conforme a ley tiene un alcance menor, siendo así que mediante la interpretación confirmada por el ad quem se configura una ULTRA PETITA IN PEIUS CONTRA PATRONUS, por la inobservancia en las reglas de interpretación de la leyes en las que no se le debe de un sentido distinto al que literalmente establecen, violación directa que el ad quem hace, ya se revela en contra del mandato de la norma dándole a la norma acusada un entendimiento diferente alejado de su significado natural.”. 7. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por la razón siguiente: se indica como infringido el artículo 113 del Código del Trabajo, disposición que contiene párrafos y literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, por lo que era necesario precisar a cuál de ellos dirige su ataque.- 8. El impetrante alega nulidad subsidiaria en la forma siguiente: “SE PRESENTA PRIMERA NULIDAD SUBSIDIARIA: Que la sentencia emitida por el tribunal ad quem busca le certeza de los hechos jurídicos, por cuanto deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, y así no quede la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, con la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales y así respetar el Estado de Derecho; por tanto, la Corte de Apelaciones al emitir el fallo o la sentencia recurrida, no fundamenta la presente de forma concreta, lo que causa una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones omiten el análisis probatorio del oficio de fecha 5 de febrero del 2015 que corre agregado a folios 197 al 198, con el que no solo se ha acreditado la terminación del contrato de trabajo conforme al artículo 111 numeral 8) del Código del Trabajo, si no que con el mismo se desvirtúa la existencia de la figura de despido injustificado en relación al artículo 112 del mismo código, por lo que debió haberse analizado dicho medio probatorio con relación en los hechos del litigio y por ende, el ad quem no hubiese encontrado asidero jurídico para emitir el fallo condenado a mi representada a reintegrar al trabajador a su puesto de trabajo junto con el pago de los demás conceptos condenados en la misma sentencia dictada en segunda instancia en fecha ocho (8) de febrero del dos mil diecisiete (2017). El ad quem al omitir esa motivación produce indefensión a mi representada por las incongruencias de la sentencia, pues existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad y en el presente caso el tribunal ad quem ha emitido una sentencia en la que no ha existido motivación y fundamentación de todos los hechos controvertidos lo que surgen de los motivos de los que el demandante fundamenta su acción y las razones en que el demandado fundamenta su resistencia a la pretensión incoada en su contra y sobre los que recaen las pruebas del juicio. SE PRESENTA SEGUNDA NULIDAD SUBSIDIARIA: Que la sentencia emitida por el tribunal ad quem busca le certeza de los hechos jurídicos y por ende deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, sin dejar la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, conforme a la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales, respetando el Estado de Derecho; sin embargo, la Corte de Apelaciones al emitir el fallo o la sentencia recurrida, no fundamenta la presente de forma concreta, lo que causa una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones no hace un análisis exhaustivo del porque utiliza como fundamento jurídico de su decisión el artículo 113 del código del trabajo, cuando durante el juicio mi representada señalo las razones por las que dicho artículo no podía ser empleado para la solución del caso sub judice, debiendo el ad quem, de acuerdo a los establecido en los artículos 206 y 207 del Código Procesal Civil haberse pronunciado de manera exhaustiva respecto a este hecho controvertido producido por las diferencia en los argumentos de las partes, de manera que el caso sub examine, ha dejado duda del criterio utilizado en la emisión de la sentencia recurrida, dadas sus vacuas consideraciones.- TERCERA NULIDAD SUBSIDIARIA: Que la sentencia emitida por el tribunal ad quem no reúne los requisitos establecidos en el artículo 208.1 del Código Procesal Civil que aplica supletoriamente en materia laboral, en el sentido de que no pronunció su fallo resolutivo con base en las solicitudes de las partes; puesto que las sentencias deben sublevarse a las peticiones que hacen las partes y en el caso sub examine, se podrá observar en el folio 16 reverso, que la sentencia se dictó en el sentido de confirmar la sentencia definitiva dictada por el juzgado de primera instancia, no obstante, el ad quem omitió pronunciarse sobre cómo ha resuelto el recurso, declarando con lugar o sin lugar, el recurso. PROCEDENCIA DE LAS NULIDAD SUBSIDIARIAS: el artículo 206 del Código Procesal Civil, el que se aplica de manera supletoria al procedimiento laboral, ya nos establece que las sentencias en su contenido deben ser claras, precisas y exhaustivas, en su contenido en relación a los hechos argumentados por las partes y las pruebas aportadas, preceptos que no se cumplen en la sentencia de marras por las razones anteriormente expuestas. Asimismo, el artículo 207 del Código Procesal Civil, exige que las sentencias sean motivadas en relación a los argumentos facticos y jurídicos expuestos por las partes, lo que tampoco ocurre en el caso sub judice como ya se expuso con anterioridad. Ya el Código Procesal Civil en su artículo 211, establece que el incumplimiento en los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad. De igual manera, el articulo 212 numeral 3 del Código Procesal Civil establece que es nulo el acto procesal que se dicta prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa casusa, se haya producido indefensión, tal como ocurre en el caso sub examine, por lo que para salvaguardar los derechos de las partes en litigio y la idoneidad de los actos procesales es necesario que se declare la nulidad de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo sin perjuicio de que la misma sea casada.”. 9. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa y debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- 10. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos de casación y sin lugar la nulidad solicitada de forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN LUGAR LA NULIDAD solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLES. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cinco días del mes de febrero del dos mil diecinueve; certificación de la resolución de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 154-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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