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Sentencia CL-149-16 — Registro 16159

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el ajuste del salario ordinario mediante la aplicación de la ley del estatuto medico del empleado y de los decretos legislativos 220-2003 contentivo de la ley de reordenamiento del sistema retributivo del gobierno central y 76-2008 que ordena el incentivo al medico empleado, pago del ajuste correspondiente y del salario sucesivo conforme a dichas disposiciones a partir del mes de enero del año 2014, con el respectivo ajuste del pago de vacaciones, decimotercer, decimocuarto mes y bonificaciones más costas del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no se precisa el concepto de la infracción, ya que indica por un lado la infracción directa de la ley y por otro el error de hecho por falta de apreciación de determinada prueba, las cuales debió haber formulado en forma separada, por la independencia de los cargos en casación; y, b) formula alegatos propios de instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., tres de abril del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 20 de mayo de 2016, por el Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, mayor de edad, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del señor JUAN CARLOS LOPEZ ARIAS, como recurrente; además, es parte recurrida, el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), representado en juicio por la Abogada INGRID JOHANA MARTÍNEZ MALDONADO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el ajuste del salario ordinario mediante la aplicación de la ley del estatuto medico del empleado y de los decretos legislativos 220-2003 contentivo de la ley de reordenamiento del sistema retributivo del gobierno central y 76-2008 que ordena el incentivo al medico empleado, pago del ajuste correspondiente y del salario sucesivo conforme a dichas disposiciones a partir del mes de enero del año 2014, con el respectivo ajuste del pago de vacaciones, decimotercer, decimocuarto mes y bonificaciones más costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 28 de agosto del 2014, por el señor JUAN CARLOS LOPEZ ARIAS, mayor de edad, hondureño, Medico y Cirujano y de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), por medio de su representante legal y Director ejecutivo en ese entonces el señor JUAN DIEGO ZELAYA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 19 de enero del 2016, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 03 de noviembre del 2015, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: Declarando: 1) SIN LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL promovida por JUAN CARLOS LÓPEZ ARIAS, en contra del INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), representado por el Director Ejecutivo el señor JUAN DIEGO ZELAYA. 2) ABSUELVE al INFOP de toda responsabilidad proveniente de la presente demanda, SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que iinició su relación laboral con el INFOP, el 01 de abril del año 1998, en el cargo de Médico, devengando al momento de interponer la demanda, un salario mensual de L.55,648.48, que desempeñandose como médico empleado, se encuentra protegido por La Ley del Estatuto del Médico Empleado y su Reglamento, y demás Leyes relacionadas y para la presente acción, son aplicables los Artículos: 2, 10 y 11 de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central, contenida en el Decreto Legislativo 220-2003; Artículo 1, del Decreto legislativo 76-2008, que otorga incentivo a los médicos empleados, esto en relación con los dictámenes emitidos por la Asesoría Legal del INFOP, y con el hecho de que, el ajuste salarial basado en los decretos señalados, ya le ha sido otorgado y pagado en períodos anteriores, dado que su aplicación es bianual, y corresponde hacerla a partir de enero del año 2014, según lo indican las disposiciones legales citadas, según los Decretos Legislativos 220-2003, contentivo de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central, y 76-200 8, su salario ha experimentado ajustes bianuales, y debe haber experimentado un incremento del 8.5% a partir del mes de enero de 2014; pero el INFOP no ha acatado la disposición contenida en los Decretos citados, tal como se indica en los mismos, pues, solamente ha aplicado un ajuste del seis por 6% al salario, con la novedad que ni siquiera lo hace a partir de enero del 2014, sino, a partir de junio de ese año, aclarando, que esta inobservancia del INFOP, en cuanto la aplicación correcta del ajuste legalmente decretado, es aun en contra de los dictámenes de Asesoría Legal de la misma institución, en los cuales se ha dejado bien claro que el ajuste que se demanda, le corresponde al demandante por haber ya gozado de ese derecho, que por consiguiente se ha convertido en derecho adquirido, argumentando que al no incrementara en un 8.5% el salario genera una diferencia salarial en perjuicio del trabajador de L.26,249.36, hasta el mes de agosto del año 2014.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), contestó dicha demanda señalando que el demandante fue contratado por el demandado el 01 de abril de 1998, en el cargo de médico durante el año 2013 y 2014, su salario fue L.55,648.58, en cuanto a los demás hechos planteados por la parte demandante manifestó que los rechaza por estar acomodado a las pretensiones del demandante, argumentó que el alegato presentado es inaplicable por no hallarse el mismo dentro de la normativa legal correspondiente a las instituciones descentralizadas, como lo es en este caso el carácter legal que posee el INFOP y que los artículos 2, 10, 11 y demás aplicables de la Ley de reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central, no es aplicable al caso, manifestó a demás que la demandada cuenta con dictamen emitido por la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social según Oficio 134-DSL-05 del 05 de julio del 2005 que dice: “QUE NO ES APLICABLE EL DECRETO N°220-2003 DE LA LEY DE REORDENAMIENTO DEL ESTATUTO DEL MEDICO EMPLEADO Y ANTE DICHA SITUACION, EL INFOP REALIZO LOS CALCULOS MATEMATICOS DE LOS 12 SALARIOS MINIMOS, ENCONTRANDO QUE EL MEDICO JUAN CARLOS LOPEZ DEVENGA SUELDOS SUPERIORES A LA BASE DE DICHO ESTATUTO”; que el 18 de agosto de 2005 en acta celebrada por la Jefatura de la División de Recursos Humanos del INFOP, el demandante acepto que el aumento del 6.9% que correspondía de enero a junio del 2005 lo reclamaría ante los tribunales en base a la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del gobierno Central, aduce también que el demandante fue contratado por la institución demandada y su salario, estipulado libre y voluntariamente esta por muy arriba de lo que la ley del salario mínimo señala, y que el contrato de trabajo tiene sus propias características y notas definitorias.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 03 de noviembre del 2015, dictó sentencia declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral, absolvió a la parte demandada de toda responsabilidad proveniente de la presente demanda, sin costas; promovida por señor JUAN CARLOS LOPEZ ARIAS, contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), por medio de su representante legal y Director ejecutivo en ese entonces el señor JUAN DIEGO ZELAYA; bajo el criterio que el Decreto 220-2003 que contiene la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno fue emitida con el objeto de reordenar de manera equitativa los distintos regímenes salariales de los servidores público empleados en el Gobierno Central y las Instituciones Desconcentradas y que el Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) es una institución Autónoma, con personalidad jurídica y patrimonio propio y ha venido aplicando las disposiciones contenidas en la mencionada Ley objeto de la controversia y el citado Decreto no es aplicable en el caso de autos, en vista que el INFOP no es una institución desconcentrada sino descentralizada, por lo tanto de pleno derecho se encuentra fuera de la egida del Decreto.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha19 de enero del 2016, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que quedó probado la relación laboral que existió entre el empleador demandado y trabajador demandante, que la parte demandante hace su reclamo de ajuste salarial como médico protegido por la Ley del estatuto del médico empleado, en los articulo 2, 10 y 11 de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central contenido en el Decreto Legislativo 220-2003 y artículo 1 del Decreto Legislativo 76-2008, que las relaciones laborales, salarios de los médicos empleados por las Instituciones Autónomas o Descentralizadas están reguladas por el Estatuto del Medico Empleado, las garantías consignadas en la Constitución de la República disposiciones del Código del Trabajo y la Contratación Colectiva, en tal razón el demandante al invocar la protección de sus derechos reclamados, en los Decretos Legislativos 220-2003 y 76-2008 há escogido el camino equivocado por no serle aplicable por estar laborando en una institución autónoma, pues el Decreto 220-2003 establece en su artículo 1 que solamente regula las Dependencia Gubernamentales del Gobierno Central y las Instituciones Desconcentradas y el INFOP, es una institución autónoma regida por su propia Ley y con patrimonio propio.- 5.- Mediante auto de fecha 18 de abril del 2016, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, en su condición de representante procesal del señor JUAN CARLOS LOPEZ ARIAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 20 de mayo del 2016, compareció ante éste Tribunal el Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, en su condición de representante procesal del señor JUAN CARLOS LOPEZ ARIAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 16 de junio del 2016, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada INGRID JOHANA MARTÍNEZ MALDONADO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado JESUS ANTONIO FERRERA MATUTE, en su único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por infracción directa proveniente de la FALTA DE APRECIACIÓN DE DETERMINADA PRUEBA consistente en los documentos que obran a folios 62 al 67 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el numeral primero, párrafo segundo del Artículo 765 del Código del Trabajo. PRECEPTO LEGAL SUBSTANTIVO VIOLADO: El precepto legal substantivo de orden nacional que se estima violado, es el Artículo 128 numerales 4) y 5) de la Constitución de la República. CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: La infracción se produce a consecuencia de error de hecho por falta de apreciación de determinada prueba consistente en los documentos que obran a folios 62 al 67 de la primera pieza de autos.- La prueba se singulariza así: 1).- A folio 62 es el documento que corresponde a la Acción de Personal numero 2008-1230, de fecha 30 de mayo de 2008, mediante la cual, el INFOP, ajusta el salario de mi representado con la aplicación del Decreto Legislativo 220-2003.2).- A folio 63 es el documento que corresponde a la Acción de Personal número 140-2009, de fecha 20 de mayo de 2009, mediante la cual, el INFOP, ajusta el salario de mi representado con la aplicación del Decreto Legislativo 220-2003. 3).- A folio 64 es el documento que corresponde a la Acción de Personal número 20 10-144, de fecha 23 de jumo de 2010, mediante la cual, el INFOP, ajusta el salario de mi representado con la aplicación del Decreto Legislativo 220-2003.4).- A folio 65 es el documento que corresponde a la Acción de Personal número 102-2011, de fecha 23 de junio de 2011, mediante la cual, el INFOP, ajusta el salario de mi representado con la aplicación del Decreto Legislativo 220-2003. 5).- A folio 66 es el documento que corresponde a la Acción de Personal número 100-20 13, de fecha 28 de mayo de 2013, mediante la cual, el INFOP, ajusta el salario de mi representado con la aplicación del Decreto Legislativo 220-2003. 6).- A folio 67 es el documento que corresponde a la Acción de Personal número 102-2011, de fecha 23 de jumo de 2011, mediante. la cual, el 1NFOP, ajusta el salario de mi representado con la aplicación del Decreto Legislativo 220-2003. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La violación del Artículo 128 numerales 4) y 5) de la Constitución de la República, se produce por la falta de apreciación que la Corte de Apelaciones del Trabajo, hace de la prueba consistente en los documentos que obran a folios 62 al 67 de la primera pieza de autos, con lo cual queda evidente en el CONSIDERANDO (6), que el sentenciador ha incurrido en error de hecho, por lo siguiente: Expresa la Corte sentenciadora: “CONSIDERANDO (6): Que del estudio de los hechos y derechos así como los medios de prueba acreditados en juicio, este Tribunal de Alzada ha llegado al convencimiento que las sentencias definitivas dictada por la Juez A-quo, y que se revisa en apelación esta apegada a derecho y procede su confirmatoria.- Este convencimiento se valora con los hechos siguientes: 1) Que esta probado de autos la relación laboral que existió entre el empleador demandado y trabajador demandante, la cual fue iniciada el 01 de abril del año 1998, en el puesto de trabajo de médico dependiendo de la Jefatura de la División de Recursos Humanos, devengando actualmente el salario de Lps. 55,648.58 mensuales. - 2) Que la parte demandante hace su reclamo de ajuste salarial como médico protegido por la Ley del estatuto médico empleado, en los articulo 2, 10 y 11 de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno central contenido en el Decreto Legislativo 220-2003 y articulo 1 del Decreto Legislativo 76-2008. - 3) Que el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL (INFOP), es una institución autónoma regida por su propia Ley y con patrimonio propio.- 4) Que las relaciones laborales, salarios de los médicos empleados por las Instituciones Autónomas o Descentralizadas están reguladas por el Estatuto del Médico Empleado, las garantías consignadas en la Constitución de la República disposiciones del Código del Trabajo y la Contratación Colectiva, en tal razón el demandante al invocar la protección de sus derechos reclamados, en los Decretos Legislativos 220-2003 y 76-2008 ha escogido el camino equivocado por no serle aplicable por estar laborando en una institución autónoma, pues el Decreto 220-2003 establece en su artículo 1 que solamente regula las Dependencia Gubernamentales del Gobierno Central y las Instituciones Desconcentradas.- En consecuencia la sentencian dictada por la Juez A-quo esta apegada a Ley”. No cabe duda, que esa expresión vertida por el tribunal de segunda instancia, es en virtud deja falta de apreciación de la prueba singularizada anteriormente, ya que, como falta de la apreciación de dicha prueba, el tribunal no apreció que quedaron probados los siguientes extremos: a) Que el mismo 1NFOP, le ha efectuado ajustes salariales al demandante desde el año 2008, mediante la aplicación del Decreto Legislativo 220-2003; b) Que a la luz de lo dispuesto en el Artículo 128 numeral 4) de la Constitución de la República, el hecho de que el patrono le haya aplicado al demandante, dicho aumento salarial, implica que por la aplicación de dicho Decreto, éste pasó a formar parte del patrimonio del demandante, y laboralmente hablando, de conformidad con la Ley, el mismo patrono lo convirtió en derecho adquirido a favor del demandante; c) Que la aplicación del Decreto Legislativo 220-2003 supera el beneficio que resulta de la aplicación del contrato de trabajo y del colectivo, y por consiguiente, desde el punto de vista universal, que los derechos del trabajador se consideran privilegiados, no puede concebirse un estancamiento o disminución de los mismos,. sino una mejora o aumento; d) Que mediante la aplicación de la Ley del Estatuto del Médico Empleado, el Estado interviene para fijar el salario mínimo de los trabajadores de dicho gremio, y mediante la aplicación del Decreto Legislativo 220-2003, lo que hace el mismo Estado, es ampliar la condición salarial de los trabajadores médicos; por tanto, no existe razón válida para que la Corte de Apelaciones haya desconocido que dicho decreto es parte integrante del patrimonio laboral del demandante, cuando desde el año 2008, la misma parte demandada incluyó en el patrimonio del trabajador, los beneficios derivados de la aplicación del Decreto Legislativo 220-2008; por tanto, con respeto estimo que es procedente casar totalmente, la sentencia impugnada, sin perjuicio, que como repito, la Corte de Apelaciones ha confirmado una supuesta sentencia emitida en fecha 3 de octubre de 2015, cuando la proferida por el Juzgado de primera instancia, es de fecha 3 de noviembre de 2015.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no se precisa el concepto de la infracción, ya que indica por un lado la infracción directa de la ley y por otro el error de hecho por falta de apreciación de determinada prueba, las cuales debió haber formulado en forma separada, por la independencia de los cargos en casación; y, b) formula alegatos propios de instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los once días del mes de mayo del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha tres de abril de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 149-16.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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