Sentencia CL-148-17 — Registro 7792
Resumen
Demanda ordinaria laboral para que se pague el ajuste o complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales por incumplimiento de contrato, por la no aplicación de las cláusulas 49 de reajuste salarial y 59 de prestaciones laborales establecidos en el XII Contrato Colectivo de Trabajo y demás derechos laborales que corresponden por la no aplicación de los reajustes salariales, pago de indemnización por daños y perjuicios por mora al no cancelar en su totalidad las prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de costos por la ilegal suspensión laboral del puesto de trabajo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"El cargo anterior resulta inadmisible, en virtud que el concepto de infracción directa de la Ley, señalado en la formulación tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia del material probatorio y, es el caso que en la explicación se incita a la valoración de la prueba, lo cual no es conforme a la técnica propio de este recurso extraordinario (Ver sentencias expediente números CL.09-11, CL-02-11, CL20-11).- "
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."El cargo anterior resulta inadmisible por lo siguiente: a) que alegándose aplicación indebida, deviene obligado a citar la norma sustitutiva, es decir cuál era a criterio del Recurrente la que debió aplicarse; y, b) que la violación directa que invoca el recurrente se realiza con prescindencia del material probatorio.- "
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razón siguiente: a) la infracción directa es un modo de violar la ley, que tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio; es decir, que no se discute los hechos, sino que acepta como correctos el análisis y la apreciación de la prueba por parte del tribunal y lo que discute es el derecho; y, b) señala como violado el artículo 101 párrafo primero del Código de Trabajo, el cual no es una norma de carácter sustantivo.-"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razón siguiente: a) la infracción directa es un modo de violar la ley, que tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio; es decir, que no se discute los hechos, sino que acepta como correctos el análisis y la apreciación de la prueba por parte del tribunal y lo que discute es el derecho; y, b) señala como violado el artículo 101 párrafo primero del Código de Trabajo, el cual no es una norma de carácter sustantivo."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central; a los treinta y un días del mes de julio del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia los Recursos de Casación Laboral formalizados ante este Tribunal de Justicia, en fecha veintitrés y veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, por los Abogados JOSE AMILCAR MATA GONZALES y BRENDA JAQUELINE MORENO BARDALES, como representantes procesales del señor JOSE ARMANDO BORJAS MERCADO y la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), respectivamente, como recurrentes-recurridos. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que se pague el ajuste o complemento de prestaciones e indemnizaciones laborales por incumplimiento de contrato, por la no aplicación de las cláusulas 49 de reajuste salarial y 59 de prestaciones laborales establecidos en el XII Contrato Colectivo de Trabajo y demás derechos laborales que corresponden por la no aplicación de los reajustes salariales, pago de indemnización por daños y perjuicios por mora al no cancelar en su totalidad las prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de costos por la ilegal suspensión laboral del puesto de trabajo, más las costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha diecisiete de agosto de dos mil quince, por el señor JOSE ARMANDO BORJAS MERCADO, mayor de edad, casado, Ingeniero Industrial, hondureño y del domicilio de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su Gerente General, señor JESUS ARTURO MEJIA ARITA, mayor de edad, casado, Ingeniero, hondureño y de este domicilio. Los recursos de casación se interpusieron contra la sentencia de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO PARCIALMENTE HA LUGAR EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el representante judicial de la parte actora, en consecuencia se REFORMA en su parte resolutiva la sentencia de fecha uno (1) de diciembre del año 2016 dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta ciudad, Departamento de Cortés, en la demanda promovida por el señor JOSE ARMANDO BORJAS MERCADO contra la entidad estatal EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través de su representante legal, todo de generales conocidas en autos, reforma que se contrae a: DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA PARA EL AJUSTE SALARIAL de conformidad a la cláusula 49 de la X y XII contratación colectiva, consecuentemente se condena la entidad estatal EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) través de su representante legal, al pago de la suma de CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON SESENAT Y DOS CENTAVOS (L 199,735.62), conformado por ajuste a los salarios y vacaciones reclamados: ajuste a salarios: L 114,212.02, ajuste a vacaciones: L 27,113.30 y ajuste a décimo tercer y décimo cuarto mes de salario: L 58,410.30.- SEGUNDO: CONFIRMANDO en su parte resolutiva, la sentencia apelada y anteriormente relacionada en todos sus demás extremos, es decir, en cuanto declara sin lugar la excepción perentoria de prescripción y la demanda para el pago de ajuste de prestaciones, indemnización por daños y perjuicios por mora al no cancelar en su totalidad las prestaciones e indemnizaciones laborales y los costos por ilegal suspensión laboral de su puesto de trabajo, la estimación de la excepción de pago respecto de las prestaciones laborales y la exoneración de costas del juicio.- SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con HONDUTEL el 01 de diciembre de 1982, terminando su contrato de trabajo el 31 de diciembre de 2014, que su último nombramiento fue de Jefe de Sección Teléfonos Públicos, siendo su salario mensual de L.60,614.83; que las publicaciones desde los años 2013 hasta el 2014 mediante circulares vía correo electrónico interno, HONDUTEL ofreció en reiteradas ocasiones un plan de retiro voluntario a todos los empleados en general, enviando en una de estas circulares un formato de renuncia voluntaria o retiro voluntario, ofreciendo que les pagarían las prestaciones laborales que legalmente les corresponden en un 100%, conforme al contrato colectivo vigente dentro de los 30 días siguientes a la fecha de haber sido aprobada la correspondiente cancelación de la relación laboral, promesa que no cumplió la demandada tanto en el tiempo pactado como en la aplicación de las cláusulas vigentes del XII contrato colectivo; el demandante en fecha 13 de octubre de 2014, interpuso ante el Gerente General de la demandada el retiro voluntario tomando en cuenta las promesas ofrecidas en las circulares enviadas o autorizadas por la alta gerencia y que cumpliría las condiciones de pago prometidas por el patrono y establecidas en el XII contrato colectivo de trabajo vigente; que antes de interponer el demandante la nota de renuncia voluntaria, en fecha 08 de octubre de 2014, fue suspendido ilegalmente de su puesto de trabajo, acción que también sufrieron un fuerte grupo de compañeros a nivel nacional, el cual se le reintegró al demandante el 13 de noviembre de 2014, con el compromiso de que interpusiera la renuncia voluntaria, acto que se vio obligado a realizar, solicitando dejar el puesto de trabajo el 31 de diciembre de 2014, para minimizar pérdidas y problemas económicos según sus cálculos y asuntos familiares, el tiempo que estuvo fuera de la empresa el demandante fue desde el 08 de octubre al 12 de noviembre del 2014, siendo 35 días en total, HONDUTEL lo indemnizó con 30 días de salario, perdiendo 5 días de salario; además como su fecha de ingreso del demandante fue el 01 de diciembre de 1982, a finales de noviembre de cada año se le pagaba la bonificación por vacaciones y al estar 35 días suspendido de sus labores, influyó en el pago disminuyendo un 9% aproximadamente el pago del bono de vacaciones; la suspensión es ilegal porque hasta la fecha de la demanda no hay un dictamen de la Secretaría de Trabajo al respecto; el 10 de diciembre de 2014, el demandante recibió de la Gerencia General de HONDUTEL el Oficio GGH-1507-2014, de aceptación de retiro voluntario y el 11 de marzo de 2015, a 2 meses 11 días del retiro voluntario del puesto de trabajo, firmaron las partes un plan que propuso la demandada de pago en cuotas de las prestaciones laborales, calculadas por la empresa; a principios de abril recibió el demandante el primer pago y el resto de las cuotas se le pagó en fecha 04 de mayo de 2015, firmando “voucher” o codo del cheque que revisaría se las cifras pagadas estaban correctas conforme al contrato colectivo vigente, ya que se considera que no era la pactada conforme al XII contrato colectivo vigente, tomándolo como un pago parcial de sus prestaciones e indemnizaciones laborales; al no cancelar en su totalidad las prestaciones e indemnizaciones laborales HONDUTEL perjudicó al demandante, resultando una mora de pago en daños y perjuicios al no tener en tiempo y forma el pago correcto, acumulando y dejando de pagar deudas y realizar algún negocio para poder sostener de forma responsable a la familia, además tener que pagar del dinero que legalmente le corresponde a un abogado, ya que se recurrió a un representante legal para que sea reconocido todos sus derechos laborales que la demandada no cumplió, ya que el departamento encargado de elaborar y calcular las prestaciones laborales en HONDUTEL no lo hizo conforme al XII contrato colectivo vigente.- 2. La parte demandada, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contestó dicha demanda señalando que es de público conocimiento la precaria situación económica de HONDUTEL, empresa que ha venido operando con pérdidas netas desde el año 2009 hasta la fecha, dichas pérdidas se incrementaron durante los dos (2) últimos períodos fiscales (años 2012 y 2013), al extremo que hoy en día a pesar de las medidas adoptadas para el saneamiento financiero administrativo tomadas por la actual administración, sigue siendo imposible que HONDUTEL opere con un mínimo razonable de utilidades, situación provocada fundamentalmente por su nula rentabilidad operativa, esto derivó en el hecho de que tampoco logre conseguir los fondos suficientes para la prosecución normal de los trabajos, lo anterior a pesar de contar con un presupuesto como cualquier otra entidad de derecho público, con la única diferencia que HONDUTEL solamente tiene una vía de financiamiento para recaudar los fondos proyectados en ese presupuesto: su propio flujo de caja derivado de su facturación, el cual ha venido disminuyendo año tras año en virtud de la feroz competencia que existe en el sector de telecomunicaciones y de otros factores. En cuanto al ajuste y complemento de pago de prestaciones e indemnizaciones laborales y demás derechos solicitados por la parte actora, los mismos son improcedentes, ya que en la respectiva nota de terminación de contrato de trabajo se le garantizaba al empleado demandante el pago de prestaciones e indemnizaciones que en derecho le correspondían, por lo tanto, el demandante no tiene motivos suficientes para interponer acciones como ésta. En el caso de marras, la decisión patronal de dar por terminado el contrato de trabajo se basó en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el artículo 111 numeral 8) del Código de Trabajo y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor, razón por la cual se le garantizaba el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales. Finalmente, HONDUTEL durante el período de suspensión pagó al demandante la indemnización equivalente a treinta (30) días de su salario, por no haberle dado el aviso de suspensión de su contrato individual de trabajo por tiempo indefinido, con treinta (30) días de anticipación, acorde con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 102 del Código de Trabajo, de lo que se deriva, que el demandante aceptó y validó de forma tácita la medida de suspensión al haber recibido el referido pago sin ninguna objeción, tal y como lo han hecho los demás trabajadores suspendidos, por lo que, desde ese momento, queda nula de pleno derecho la petición de oposición interpuesta por el demandante ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, así como el escrito de manifestación presentado ante dicho ente, donde el demandante solicitaba que se abstuviera de conocer de la petición de suspensión de labores presentada por HONDUTEL, escrito que será acreditado en la secuela del juicio.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha uno de diciembre dos mil dieciséis, dictó sentencia definitiva declarando sin lugar la excepción de prescripción de la acción para presentar la demanda y la excepción de prescripción de la acción para reclamar ajustes salariales; declarando con lugar la excepción perentoria de pago opuesta por la demandada; declaró sin lugar la demanda para el pago de ajustes salariales de los años 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, ajustes por prestaciones e indemnizaciones laborales, costos por la ilegal suspensión laboral de su puesto de trabajo y pago de indemnización por daños y perjuicios que fuera presentada por el señor José Armando Borjas Mercado, contra la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL); absolviendo a la demandada de dichos pagos, sin costas; bajo el criterio que en cuanto a la excepción de prescripción de la acción para solicitar los ajustes salariales, se considera no atendible por los argumentos que sustentan la misma, por cuanto, si bien, de acuerdo a los artículos 39 y 43 de la Ley del Salario Mínimo, el reclamo salarial prescribe en el término de dos años; la accionada mediante oficio DP-1224-2012 de fecha 06 de diciembre de 2012, reconoció el pago de los mismos, más se estima que tal pretensión debe ser desestimada, por cuanto al momento de producirse el cese laboral, el actor no hizo reserva ni reclamo de éstos ante su patrono, sino que aceptó las cantidades de dinero ofrecidas por tal desvinculación; de otra parte es visto que para dicha fecha, el Sindicato de Trabajadores de Telecomunicaciones de Honduras (SITRATELH) ya había accionado en beneficio de éste ante el reclamo que planteó en el Juzgado de Letras de Francisco Morazán, para el pago de reajustes salariales y aunque la excepción de litis pendencia que promoviera la demandada fue desestimada, se considera que el demandante a la finalización del nexo jurídico laboral aceptó los valores ofrecidos por la terminación laboral sin reserva alguna; lo anterior en concordancia con el principio de buena fe, que debe prevalecer entre las partes contratantes y que resulta vinculante en el presente caso de conformidad al artículo 18 del Código del Trabajo. En relación a la excepción de prescripción de la acción para presentar la demanda se estima que la misma debe declararse sin lugar, ya que si bien, el demandante acudió ante la autoridad administrativa y judicial varios meses después de la fecha en que se produjo la desvinculación laboral, la demandada a la terminación del contrato de trabajo, reconoció el pago de las prestaciones laborales, situándose por ello, en el contexto del inciso b) del artículo 868 del Código del Trabajo, de ahí que la citada excepción debe declararse sin lugar, más los ajustes impetrados por la finalización del vínculo jurídico laboral no resultan atendibles, pues el demandante tuvo conocimiento de los montos que iba a percibir por la terminación de la relación de trabajo y aceptó los mismos sin hacer reserva u objeción de las cantidades a recibir, por el contrario, firmó el documento visible a folio 193 de los autos y obtuvo las sumas ofrecidas, siendo hasta el 25 de abril de 2015, que estipuló en el documento visible a folio 196 que revisaría si el monto pagado es correcto de acuerdo al cálculo de prestaciones; manifestación que se estima tardía para tales efectos, pues el accionante conoció el 11 de marzo de 201,5 las cantidades de dinero que percibiría por el cese laboral; en razón de ello, la excepción de pago debe declararse con lugar y por ende la demanda para el pago de ajuste de prestaciones e indemnización por daños y perjuicios así como el reclamo de valores por la suspensión de labores debe declararse sin lugar, pues se considera válida la transacción en los asuntos del trabajo, salvo cuando verse sobre derechos ciertos e indiscutibles y en el sub judice, el acuerdo no desconoció los derechos irrenunciables del trabajador, según se concluye de los montos percibidos.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, dictó sentencia reformando la proferida en primera instancia, la que se contrae a: Declarar con lugar la demanda para el ajuste salarial de conformidad a la cláusula 49 de la X y XII contratación colectiva; condenando a la entidad estatal Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), al pago de la suma de L.199,735.62, conformado por ajuste a los salarios y vacaciones reclamados: ajuste a salarios: L.114,212.02, ajuste a vacaciones: L.27,113.30 y ajuste a décimo tercer y décimo cuarto mes de salario: L.58,410.30; confirmando en su parte resolutiva, la sentencia apelada y anteriormente relacionada en todos sus demás extremos, es decir, en cuanto declara sin lugar la excepción perentoria de prescripción y la demanda para el pago de ajuste de prestaciones, indemnización por daños y perjuicios por mora al no cancelar en su totalidad las prestaciones e indemnizaciones laborales y los costos por ilegal suspensión laboral de su puesto de trabajo, la estimación de la excepción de pago respecto de las prestaciones laborales y la exoneración de costas del juicio, sin costas; bajo el criterio que el artículo 60 del Código del Trabajo establece en su párrafo primero que los contratos colectivos obligan a sus firmantes, así como a las personas en cuyo nombre o representación se celebren, en el presente asunto, el contrato colectivo suscrito entre la demandada y el Sindicato de Trabajadores de ésta, obliga al patrono, a la organización sindical como entidad jurídica y a cada uno de sus miembros; de ahí que, siendo que la demandada no hizo efectivo el pago del ajuste salarial de conformidad con lo pactado y establecido en la cláusula 49, tanto del X como del XII, contrato colectivo de condiciones de trabajo, indistintamente de su situación financiera, incurrió en incumplimiento de contrato, habilitándose así al actor para acudir a la instancia judicial en procura de sus derechos, sin que pueda considerarse la prescripción alegada por la entidad demandada, pues tanto SITRATELH como el propio demandante realizó las gestiones administrativas pertinentes, tal y como se ha dejado establecido en los hechos probados; lo anterior, en el entendido que en materia de salarios, la prescripción se concreta una vez que han transcurrido dos años, al tenor de lo que dispone el artículo 43 de la Ley de Salario Mínimo, aplicado como norma supletoria al Código de la materia, sin dejar desapercibido que la demandada al respecto no formuló ningún planeamiento de defensa, ni aportó elemento probatorio alguno a ese respecto, salvo la crítica situación financiera de la empresa, sin que ello sea atendible, ya que el trabajador nunca asume riesgos o pérdidas, ello de conformidad con el artículo 23 del Código del Trabajo y el principio de ajenidad de riesgos, consecuentemente el ajuste salarial reclamado es procedente. En situaciones jurídicas como la terminación del contrato de trabajo por mutuo disenso o acuerdo, el pago de derechos económicos laborales por los conceptos de preaviso, cesantía, salarios caídos u otros, quedan sujetos a lo que la legislación del trabajo, el contrato de trabajo, ya sea individual o colectivo y/o la normativa interna dispongan, como ser, lo dispuesto en el artículo 120 literal g) del Código del Trabajo y la Cláusula 59 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre la demandada y el sindicato de ésta. Sin lugar a dudas, el actor y la demandada voluntariamente llegaron a la finalización del nexo jurídico laboral a partir del 31 de diciembre de 2014, acordando el pago del 100% de las prestaciones laborales en la suma de L.2,159,279.56, sujeto a la disponibilidad de la empresa, acordando dicha suma de dinero se haría efectiva 6 cuotas por la cantidad de L.359,879.93 pagaderas mensualmente; sin embargo, el pago de dichos derechos económicos se hizo efectivo dos partes, ello mediante los cheques números 124698 y 80570806, en fechas 24 de marzo de 2015: L.359,879.92 (CK 124698) y, el 25 de abril de ese mismo año: L.1,799,399.60, siendo hasta en ésta última fecha que el actor anotara el baucher, que revisaría si el monto pagado es correcto de acuerdo al cálculo de prestaciones, momento para el cual dicha observación o protesta es extemporánea, pues ya se había concretado un acuerdo de pago por suma de dinero determinada, sin que se hiciera reserva o protesta alguna; de ahí que el reclamo de ajuste de prestaciones con sustento en el ajuste de salarios y las cláusulas 49 y 59 del Contrato Colectivo de Trabajo es improcedente, sin que ello pueda entenderse como una limitación y disminución de los derechos laborales, pues la demandada cumplió con el pago de los mismos en los términos acordados. El actor reclama el pago de costos por la ilegal suspensión laboral de su puesto de trabajo, más de las probanzas resulta probado que la demandada hizo efectiva al actor, la suma de L.60,614.83 en concepto de indemnización por la suspensión del contrato de trabajo, circunstancia que de conformidad con el artículo 102 párrafo segundo del Código del Trabajo, exime a la demandada de dicho reclamo económico.- 5. Que mediante auto de fecha veinte de marzo de dos mil diecisiete, este Tribunal de Justicia resolvió admitir los Recursos de Casación interpuestos por los Abogados JOSE AMILCAR MATA GONZALES y BRENDA JAQUELINE MORENO BARDALES, como representantes procesales del señor JOSE ARMANDO BORJAS MERCADO y la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), respectivamente, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, omitiéndose el traslado y ordenando que la Secretaría del Despacho retuviera los mismos para que los recurrentes comparecieran en el plazo de veinte días para que formularan por escrito las demandas de casación.- 6. Que en fecha veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, compareció ante este Tribunal, el Abogado JOSE AMILCAR MATA GONZALES, en su condición de representante procesal del señor JOSE ARMANDO BORJAS MERCADO, formalizando su demanda y exponiendo seis motivos de casación, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de igual fecha, tener por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado en forma común a las partes por el término de diez días para que procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha diecinueve de junio de dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada BRENDA JAQUELINE MORENO BARDALES, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que en fecha veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, compareció ante este Tribunal la Abogada BRENDA JAQUELINE MORENO BARDALES, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), formalizando su demanda y exponiendo un único motivo de casación, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de igual fecha, tener por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado en forma común a las partes por el término de diez días para que procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha nueve de junio de dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JOSE AMILCAR MATA GONZALES, en su condición de representante procesal del señor JOSE ARMANDO BORJAS MERCADO, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 8. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada María Fernanda Castro Mendoza, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación tiene el fin principal de unificar la jurisprudencia nacional de Trabajo, bajo causales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. Este es un recurso extraordinario o especial, examinando el enfrentamiento entre el fallo impugnado y las normas sustanciales que se estiman violadas, y en algunos casos aspectos fácticos y haz probatorio, previo una revisión a los requisitos y técnica del recurso.- II. Que el Abogado JOSE AMILCAR MATA GONZALES, en su primer motivo de casación expresa lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del artículo 60 párrafo primero del Código del Trabajo, en relación de la cláusula 59 (prestaciones laborales) del XII contrato colectivo vigente; Precepto Autorizante: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765, numeral uno párrafo primero del Código del Trabajo.- EXPLICACION DEL MOTIVO.- Se ha de entender que la violación directa de ley ocurre cuando a un hecho debidamente probado el sentenciador por ignorancia de la norma o por rebeldía contra ella, no la aplica al asunto o caso sometido a su consideración.- En autos son hechos aceptados y probados la vigencia del XII contrato colectivo de Trabajo SITRATELH y HONDUTEL, cláusula 59 que es donde está la forma del pasivo laboral en sustitución del Código del Trabajo, la que manda en su párrafo primero “… en caso de terminación del contrato de trabajo por mutuo consentimiento de las partes o a petición del trabajador, HONDUTEL pagara a todo trabajador una indemnización de un mes por año trabajado, además se le pagara el preaviso, vacaciones, aguinaldo y decimocuarto mes que corresponda y demás bonificaciones a que tuviere derecho...”, siendo la contratación colectiva vigente la que rige la relación obrero patronal entre los trabajadores del Sindicato de Telecomunicaciones de Honduras SITRATELH y la empresa Hondureña de Telecomunicaciones HONDUTEL, y vigente en la fecha de la renuncia del demandante y manifestado el reconocimiento de la cláusula 59 del XII Contrato colectivo en HECHOS PROBADOS numeral 1 de la sentencia recurrida, siendo obvio tal reconocimiento, se viola la ley al no aplicar la ley sustantiva de orden nacional artículo 60 del código de trabajo, la Corte sentenciadora deja de aplicar la cláusula 59 del contrato colectivo de condiciones de trabajo, en abierta pugna con la ley misma que la reconoce, y disminuyendo y violando los derechos que por ley le corresponden, distinguidos magistrados el reconocimiento a lo que establece las convenciones o contrataciones colectivas ustedes lo han plasmado en cantidades de sentencias, es ley, el artículo 60 del código del Trabajo, manda, que los contratos obligan a los firmantes, así como a las personas en cuyo nombre se celebran, por tanto es imperativa su aplicación, rige la relación obrero patronal, en ese sentido, hay una inobservancia de la aplicación de la ley en ambas sentencias, 1a emitida por el a quo y la recurrida, lo hicieron en abierta ilegalidad, en consecuencia de tal ilegalidad se dictamina en ambas sentencias CON LUGAR la excepción perentoria de pago y SIN LUGAR el ajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales, por lo expuesto procede se case la sentencia recurrida.”.- III. El cargo anterior resulta inadmisible, en virtud que el concepto de infracción directa de la Ley, señalado en la formulación tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia del material probatorio y, es el caso que en la explicación se incita a la valoración de la prueba, lo cual no es conforme a la técnica propio de este recurso extraordinario (Ver sentencias expediente números CL.09-11, CL-02-11, CL20-11).- IV. Que el Abogado JOSE AMILCAR MATA GONZALES, en un segundo motivo de casación manifiesta lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del artículo 60 del Código del Trabajo párrafo primero, en relación del artículo 379, 738 y 739 del código del Trabajo y 59 del XII contrato colectivo de trabajo, acta de aceptación pagos de prestaciones folio 22 y 193 de la primera pieza de la demanda.; Precepto Autorizante: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765, numeral uno párrafo primero del Código del Trabajo.- EXPLICACION DEL MOTIVO.- En autos es un hecho aceptado y probado por las partes que el señor José Armando Borjas el demandante firmo un acuerdo de pago de prestaciones laborales en cuotas el 11 de marzo del 2015 corre en folio 22 y 193 de la primera pieza de la demanda, ambas partes presentamos la prueba; y es en esta prueba documental siendo imperativo que la demandada debió, conforme lo establece y manda el artículo 379 del Código del Trabajo siendo una liquidación de prestaciones e indemnizaciones laborales o finiquito, para su validez, presentar el acuerdo o convenio firmado con el trabajador hecho ante la autoridad correspondiente del Trabajo, siendo requisito esencial según el finiquito o de solemnidad SINE QUA NON para que tenga validez como manda el artículo 379 en mención y los requisitos esenciales del finiquito, documento de aval que no acredito la demandada y hubo una inobservancia de este requisito esencial en las dos sentencias del a quo y ad quem, también y así lo manda y exige a los juzgadores la solemnidad ad sustantiam actus de la prueba, fundamentado en el artículo 739, habiendo inobservancia de tal mandamiento, en franca violación y pugna con la ley, no pueden prescindir de examinar los sentenciadores aquellas pruebas conducentes a tomar la correcta decisión en base a ley y evitar que el demandante quede privado, disminuido, sin reconocimiento, aplicación y tutela de sus derechos que reclama, y evitar una sentencia incongruente con los derechos del demandante, violentando la norma sustantiva del artículo 60 párrafo primero del Código del Trabajo; ya que la clausulas 59 de la XII convención o contracción colectiva de trabajo, la sentencia recurrida la reconoce en HECHOS PROBADOS INCISO 1; por lo expuesto procede se case la sentencia recurrida.”.- V. El cargo anterior resulta inadmisible, ya que al igual que el primer motivo de casación, el concepto de infracción directa de la Ley, señalado en la formulación tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia del material probatorio y, es el caso que en la explicación se incita a la valoración de la prueba, lo cual no es conforme a la técnica propia de este recurso extraordinario.- VI. Que el Abogado JOSE AMILCAR MATA GONZALES, en el tercer motivo de casación alude lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional del artículo 60 párrafo primero del Código del Trabajo, por aplicación indebida, en relación del artículo 18, 379, 738 y 739 del código del Trabajo y clausulas 59 XII contrato colectivo de trabajo, acta de aceptación pagos de prestaciones folio 22 y 193 de la primera pieza de la demanda; Precepto Autorizante: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765, numeral uno párrafo primero del Código del Trabajo.- EXPLICACION DEL MOTIVO.- Se ha de entender o presenta la aplicación indebida cuando el sentenciador aplica una disposición diferente de la que regula el hecho y en autos es un hecho aceptado y probado por las partes que el señor José Armando Borjas el demandante firmo un acuerdo de pago de prestaciones laborales en cuotas folios 22 y 193 de la primera pieza de la demanda, la sentencia recurrida de la Corte Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, en ratificación de la sentencia del juez de primera instancia, aplica el principio de buena fe en función de la aplicación del artículo 18 del Código del Trabajo, según el análisis y convencimiento de los sentenciadores, entrando en franca violación de la ley, por la solemnidad que requiere la prueba de folios 22 y 193, solemnidad que la demandada no acredito para la validez y que se refiere que tuvo el acuerdo ser realizado ante la autoridad de trabajo correspondiente, articulo 379 del código del trabajo, y no puede fundamentarse ninguna sentencia en un hecho carente de la solemnidad que la ley exige y manda, es imperativo el cumplimiento de la ley, también, exigida esta la solemnidad ad sustantiam actus en la artículo 739, en la que se fundamentan las sentencias del aquo y la recurrida, lo cual entra en pugna o violenta la ley, por consiguiente el artículo que se debe aplicar es el 379 del Código del Trabajo, y en congruencia al reconocimiento que hace la sentencia recurrida de la cláusulas 59 del XII contrato colectivo en HECHOS PROBADOS numeral uno, para que de forma directa se cumpla la ley sustantiva nacional de orden nacional, articulo 60, que indica que los contratos colectivos obligan a los firmantes, así como a las personas en cuyo nombre o representación se celebra y evitar que el demandante quede privado, disminuido, sin reconocimiento, aplicación y tutela de sus derechos que reclama, y evitar una sentencia incongruente con los derechos del demandante, sucediendo lo contrario en la sentencias del a quo y la recurrida, ya que se permitió disminuir, y no tutelar los derechos que reclama el demandante; por lo expuesto procede se case parcialmente la sentencia recurrida por este motivo.”.- VII. El cargo anterior resulta inadmisible por lo siguiente: a) que alegándose aplicación indebida, deviene obligado a citar la norma sustitutiva, es decir cuál era a criterio del Recurrente la que debió aplicarse; y, b) que la violación directa que invoca el recurrente se realiza con prescindencia del material probatorio.- VIII. Que el Abogado JOSE AMILCAR MATA GONZALES, en el cuarto motivo de casación apunta lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional artículo 60 párrafo primero del Código del Trabajo, por error de hecho, proveniente de apreciación errónea del medio probatorio que corre a folios 22 y 193 acta de montos a pagar en calidad de prestaciones, REGLAS PROCESALES VIOLADAS 738 y 739 del código del Trabajo, en relación a los artículos 18, 379 del Código del Trabajo; clausula 59 XII contrato colectivo de trabajo, articulo 1422 del Código Civil.- PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765, numeral uno, párrafo segundo del Código del Trabajo.- EXPLICACION DEL MOTIVO.- 1.) Se produce el error de hecho en la apreciación errónea de la prueba, cuando la sentencia enjuicia al medio probatorio y lo valora, siendo que los sentenciadores el a quo y el ad quem, apreciaron erróneamente el documento de prueba documental que corre en folios 22 y 193 de la primera pieza de autos, ya que era imperativo acreditar la empresa demandada la solemnidad y validez que rige y manda el artículo 379 del Código del Trabajo, sobre la autoridad correspondiente que avalo la prueba presentada, y los sentenciadores a cumplir lo que obliga la ley en que se acredite la solemnidad sustantiam actus en el artículo 739 fundamento de la sentencia, siendo imperativo, es un requisito sine qua non, por tanto al no apreciar la falta de solemnidad, el análisis del juzgador lo lleva a un convencimiento erróneo, por la apreciación errónea, siendo este convencimiento que conlleva a aplicar en las sentencias la norma procesal del artículo 18 del Código del Trabajo, basada en los principios del derecho, violentando de forma enérgica lo que establece la norma sustantiva de orden nacional artículo 60 párrafo primero del Código del Trabajo, que conlleva a negar la aplicación de la cláusula 59 del XII contrato colectivo; alegamos: 2.) Que el artículo 18 es aplicado basado en el principio de buena fe, según doctrina del derecho la autonomía de la voluntad en el derecho laboral es limitada, por el derecho laboral mismo, la prueba de folios 22 y 193, tiene una franca violación de los derechos del demandante ya que los disminuye, comprobado y aceptado en la sentencia recurrida HECHOS PROBADOS numeral 1, la vigencia de la cláusula 59 (prestaciones laborales) del XII contrato colectivo y lo que establece el artículo 1422 del Código Civil que se tiene por pagada una obligación cuando completamente se hubiese pagado la obligación, el monto pagado no fue en base a la cláusula 59 del XII contrato inscrita en la Secretaria del Trabajo, acto que es prohibido aplicar porque viola lo que manda de forma inobjetable la norma sustantiva de orden nacional artículo 60 párrafo primero del Código del Trabajo, y evitar que el demandante quede privado, disminuido, sin reconocimiento, aplicación y tutela de sus derechos, por lo expuesto procede se case parcialmente la sentencia recurrida por este motivo.”.- IX. El cargo anterior resulta inadmisible, ya que el recurrente deviene obligado al momento de la explicación del motivo, enumerar los medios de prueba sobre los cuales alega que fueron apreciados erróneamente por error de hecho.- X. Que el Abogado JOSE AMILCAR MATA GONZALES, en el quinto motivo de casación puntea lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por Infracción Indirecta artículo 60 párrafo primero del Código del Trabajo proveniente de error de derecho por apreciación errónea del medio probatorio, siendo la mala apreciación del medio de prueba documental que obra a folio 22 y 193, acta de aceptación de pagos prestaciones laborales, de la primera pieza de autos, admitida como medio de prueba, en el juzgado de primera instancia. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA. La norma sustantiva de orden nacional está contenida en el artículo 60 párrafo primero del Código del Trabajo, REGLAS PROCESALES VIOLADAS artículos 738 y 739 del código del Trabajo, en relación 379 del Código del Trabajo y cláusula 59 prestaciones laborales del XII contrato colectivo; HECHO CON MEDIO PROBATORIO NO AUTORIZADO POR LEY. Establece el artículo 765 párrafo segundo: Solo habrá lugar a error de derecho en la casación laboral, cuando se haya establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley, por exigir esta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765, numeral uno, párrafo segundo del Código del Trabajo.- EXPLICACION DEL MOTIVO.- La ley se presume conocida por todos, esta regla clásica que tiene su origen en el derecho romano (error juris nocet), nadie puede alegar su desconocimiento, porque entonces perdería su carácter obligatorio, la aplicación de la ley no depende de la voluntad, no es decisión variable, su método de aplicación ya está establecido y como reza el artículo 765 párrafo segundo, si se establece un hecho con un medio probatorio, y este a la vez exige una solemnidad, debe de cumplirse, la doctrina del derecho explica como la autonomía de la voluntad en el derecho laboral está limitada, el hecho de firmar el demandante del acta de pago de prestaciones laborales por medio de cuotas folios 22 y 193 de la primera pieza de autos, tiene vicios de la voluntad por cuanto en derecho laboral hay una preeminencia del patrono con su fortaleza económica, sobre la situación económica del trabajador, exigiendo a este hecho la ley, la solemnidad que manifiesta el articulo 379 y 739 del código del trabajo, los cuales es imperativo su observancia, y solo bajo solemnidades es que se puede aceptar la disminución de sus derechos, siendo esta solemnidad de firma o aceptación ante el funcionario correspondiente de la Secretaria del Trabajo, que vuelve inaplicable la prueba presentada, ya que la empresa demandada no la cumple o acredita, tal como lo establece el artículo 379 y el artículo 739 que sirve de fundamento en las sentencia del aquo y en la sentencia recurrida, cuyas mandamientos son de rigurosa aplicación, es obligatoria la ley, dando a lugar esta inobservancia de la ley a la violación de la norma sustantiva de orden nacional del artículo 60 párrafo primero del Código del Trabajo, ya que consta en la sentencia recurrida HECHOS PROBADOS numeral 1, la existencia y vigencia de la cláusula 59 prestaciones laborales del XII contrato colectivo, por lo expuesto procede se case la sentencia recurrida por este motivo.”.- XI. El cargo anterior resulta inadmisible, ya que el recurrente al alegar infracción indirecta, por apreciación errónea en error de derecho, deviene obligado a señalar que ley y articulado en específico no autoriza el medio de prueba, así como las solemnidades que incumplió el juzgador.- XII. Que el Abogado JOSE AMILCAR MATA GONZALES, en el un sexto motivo de casación alega lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional del artículo 101 párrafo primero del Código del Trabajo por falta de aplicación en relación con los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo y cláusula 51 del XII Contrato Colectivo vigente; Precepto Autorizante: Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765, numeral uno párrafo primero del Código del Trabajo.- EXPLICACION DEL MOTIVO.- Alegamos que la suspensión del puesto de trabajo a que fue sometido el demandante es ilegal, conforme establece el artículo 101 en el párrafo primero del Código del Trabajo, que manda “....siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaria del Trabajo y Seguridad Social....”, la empresa demanda realizo la suspensión y si bien es cierto pago la indemnización por suspensión, también es cierto que en ningún momento procesal oportuno de la secuela del juicio presento las causas en que fundo la suspensión, como manda el párrafo segundo del artículo 101, ante el órgano correspondiente la Secretaria del Trabajo, comprometiéndose a acreditarlas según el hecho tercero del acápite HECHOS Y RAZONES EN QUE SE APOYA LA DEFENSA, por lo tanto la solemnidad o requisito para que se considere la suspensión si es causa justa con la comprobación o formal autorización de la Secretaria del Trabajo, no se acredito en ningún momento de las secuelas de este juicio, de ahí la invalidez de la acción y las sentencias del a quo y la recurrida alegan al artículo 739 como base de sus fundamentos de derecho, y este artículo exige la solemnidad ad - sustantiam actus, por tanto el reclamo del demandante procede en cuanto a se le conceda el 9% del bono de vacaciones, valor en que disminuyo por estar 35 días suspendido de mis labores, el cálculo del 9% es en base a la cláusula 51 folio 27 y 28, primera pieza expediente, párrafo introductorio e inciso h, en función del tiempo de laborar del demandante, del XII contrato colectivo vigente cuya existencia y vigencia esta en HECHOS PROBADOS numeral uno de la sentencia recurrida, por lo expuesto procede se case la sentencia recurrida.”.- XIII.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por las razón siguiente: a) la infracción directa es un modo de violar la ley, que tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio; es decir, que no se discute los hechos, sino que acepta como correctos el análisis y la apreciación de la prueba por parte del tribunal y lo que discute es el derecho; y, b) señala como violado el artículo 101 párrafo primero del Código de Trabajo, el cual no es una norma de carácter sustantivo.- XIV. Que la Abogada BRENDA JAQUELINE MORENO BARDALES, en su primer y único motivo de casación manifiesta lo siguiente: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: La sentencia impugnada es violatoria de la Ley Sustantiva y de Orden Nacional por infracción directa por aplicar la cláusula 49 Reajuste Salarial del XII Contrato Colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre HONDUTEL y SITRATELH 2010-2012, dejo de apreciarse que se aprobó dicho contrato sin haberse hecho el respectivo procedimiento financiero en la Secretaria de Finanzas, tal como lo establece el artículo 364 de la Constitución de las República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Por darle aplicación a la cláusula 49 del XII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre HONDUTEL y SITRATELH 2010-2012 careciendo de validez debido a que no se siguió el procedimiento establecido en la Secretaria de Finanzas previo a la aplicabilidad y vedarle así el ejercicio de la facultad privativa del patrono que la citada norma legal sustantiva le otorga lo cual está dispuesto en el artículo 364 de la constitución de la República. Con una aseveración de esta índole, la Corte de Apelaciones eludió parcialmente detenerse a considerar qué no procede el pago de reajustes salariales al demandante conforme a la cláusula 49 del X y XII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre HONDUTEL Y SITRATELH, de acuerdo a las resoluciones emitidas por la Junta Directiva de HONDUTEL no aprobó la cláusula 59 del XII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre HONDUTEL Y SITRATELH 2010-2012 pero ratificó la aprobación del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo para los años 2010-2012 a EXCEPCIÓN DE LA CLÁUSULA NÚMERO 59 PRESTACIONES LABORALES, porque se contraponía a los artículos 38 del Equilibrio Presupuestario de la Ley Orgánica del Presupuesto y 160 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente para el 2008, que son de orden público. Es importante destacar, que de acuerdo con lo establecido en el libro El Recurso Extraordinario de Casación Laboral, primera edición 1993, del autor Luis Lagos Pantoja en su página 21 que establece: Ley sustantiva es todo ordenamiento jurídico del orden nacional que consagra derechos y obligaciones correlativas, sin importar el código o la ley en donde se encuentre estipulada. En materia laboral, es aquella que consagra derechos y obligaciones correlativos para empleadores y trabajadores ligados por una relación de trabajo y regida por un contrato de la misma naturaleza. Pueden considerarse como tales: la Constitución Nacional, el Código Sustantivo de Trabajo, leyes especiales de carácter laboral, la convención colectiva de trabajo, el pacto colectivo y el fallo arbitral firme. Asimismo, debe tenerse en cuenta las normas procedimentales, cuando ellas consagran los mismos derechos y obligaciones.”[SIC). En ese sentido, y atendiendo al hecho que mi representada estaba en la obligación ineludible de dar cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y a las Disposiciones Generales del Presupuesto del año 2008 para determinar la aplicabilidad de un contrato colectivo a la empresa, se ratificó el contrato colectivo para los años 2010-2012 a excepción de la cláusula 59, en virtud de los argumentos ya expuestos que de igual manera la cláusula 49 y todas las cláusulas de dicho contrato tampoco tiene validez debido a que no se siguió el procedimiento establecido en la Secretaria de Finanzas previo a la aplicabilidad del XII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre HONDUTEL Y SITRATELH 2010-2012.”.- XV.- El cargo que antecede resulta inadmisible, ya que la Recurrente señala la cláusula 49 del XII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre HONDUTEL Y SITRATELH 2010-2012 como ley sustantiva y de orden nacional infringida, pero la misma no ostenta esa condición, dado que es del tipo convencional o contractual, por lo que es inviolable para los efectos del recurso de casación. Conviene recordar que norma sustantiva es aquel precepto legal de orden nacional que impone deberes o confiere derechos correlativos o los extingue, en los términos previstos en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo.- XVI. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión de en todos sus motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 134, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2 h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código de Trabajo; 22, 197, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de la parte demandante, que se ha hecho mérito en sus seis motivos. 2) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de la parte demandada, que se ha hecho mérito en su único motivo. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cinco días de mes de septiembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de julio del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 148-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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