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Sentencia CL-146-16 — Registro 7791

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que se declare la nulidad de una simulación de contratación por tiempo determinado, en virtud de haber gozado de los derechos y obligaciones de un trabajador permanente, sin causa justa de despido, reintegro al puesto de trabajo y pago de salarios dejados de percibir como indemnización de daños y perjuicios

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) se indican la aplicación indebida y el error de hecho por falta de apreciación de la prueba modalidades de violación a la ley distintas, que debieron ser formuladas en forma separada e independiente; b) en el desarrollo se alude a los artículos 118 y 112 del Código del Trabajo, disposiciones que no fueron señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación; y, b) en la explicación del motivo realiza alegatos propios de instancia."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., ocho de mayo del dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal, en fecha veintitrés de mayo del año dos mil dieciséis, la abogada MARILUZ MARTINEZ MEJIA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, el señor ARTURO CELEDON MORALES OYUELA, representado en juicio por la abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que se declare la nulidad de una simulación de contratación por tiempo determinado, en virtud de haber gozado de los derechos y obligaciones de un trabajador permanente, sin causa justa de despido, reintegro al puesto de trabajo y pago de salarios dejados de percibir como indemnización de daños y perjuicios, que se declare trabajador permanente, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha tres de marzo del año dos mil catorce, por el señor ARTURO CELEDON MORALES OYUELA, mayor de edad, soltero, Arquitecto, hondureño y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, TRANSPORTE Y VIVIENDA (SOPTRAVI), ahora SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP), por medio del Procurador General de la República. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dos de febrero del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló confirmando la sentencia de fecha seis de noviembre de dos mil quince, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: PRIMERO Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor ARTURO CELEDON MORALES OYUELA contra el Estado de Honduras representado por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República.- SEGUNDO: CONDENA LA NULIDAD DE LOS CONTATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES que ha suscrito y suscribió el señor ARTURO CELEDON MORALES OYUELA directamente con la Secretaria de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), en consecuencia: Reconocer y declarar una relación de trabajo por tiempo indefinido y de carácter permanente la que sostiene el señor ARTURO CELEDON MORALES OYUELA con el Estado de Honduras representado por el Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA en su condición de Procurador General de la República, directamente con la Secretaria de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), ahora INSEPT, por lo que conforme a lo dispuesto en el articulo 47 párrafo segundo del Código del Trabajo, se le reconoce un antigüedad laboral a partir del 1 de septiembre del año 2010, asimismo se le reconoce al demandante todos los derechos que ostentan los empleados de carácter permanente; por despido ilegal e injusto REINTEGRAR a su puesto de trabajo tan siquiera en igualdad de condiciones al demandante, mas el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que el demandante sea debidamente reinstalado.-TERCERO: SIN LUGAR la excepción de prescripción.- CUARTO: SIN COSTAS...”. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral el 01 de septiembre del 2010, en SOPTRAVI en el cargo de Asistente del departamento de arquitectura de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, posteriormente en el Departamento Técnico, devengando un salario mensual de L.23,000.00, asignado por más de tres años consecutivos y en base al derecho que le asiste conforme al artículo 52 del Código del Trabajo, que si antes que transcurra un año se celebra nuevo contrato entre las mismas partes y para la misma clase de trabajo deberá entenderse este por tiempo indefinido sin que tenga lugar en este caso el periodo de prueba; posteriormente la parte demandada le manifestó verbalmente al demandante que si no aparecía su tarjeta de asistencia es porque estaba cancelado su contrato y que por lo tanto no volviera a presentarse a trabajar, luego el 24 de enero de 2014, el Inspector del Trabajo se hizo presente en las oficina de Recursos Humanos de SOPTRAVI con el propósito de constatar el despido verbal, siendo atendido por el Asesor Legal de Recursos Humanos, quién le manifestó que el demandante no era empleado de SOPTRAVI y que lo único que era un Contratista bajo la modalidad de contrato servicios profesionales, el cual dicho contrato expiró el 30 de diciembre del 2013, pretendiendo desnaturalizar la relación laboral celebrada entre las partes, por lo que causa indignación después de haber laborado el demandante en forma consecutiva ininterrumpida por más de 3 años con la demandada. 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que el demandante sostuvo una relación contractual de prestación de servicio con la demandada no es menos cierto que la misma se concertó por las partes mediante contrato por tiempo determinado y no de forma permanente como lo pretende hacer creer el actor en la causa de mérito; que dicha contratación el demandante aceptó y consintió sin objeción alguna la modalidad mediante el cual estaba siendo regida la prestación de sus servicios a término, finalizando tal relación contractual según lo deja entrever el contrato No.0283 de fecha 31 de diciembre del 2013. Razón por la cual el argumento expuesto por el demandante es improcedente al caso que se ocupa al negarse aceptar que la relación con la demandada era eminentemente contractual a término y no laboral, donde no estaba regido por la Ley de Servicio Civil, ni mucho menos por el Código del Trabajo para ser un empleado permanente. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de noviembre del año dos mil quince, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Arturo Celedon Morales Oyuela, contra el Estado de Honduras; condenó la nulidad de los contratos de servicios profesionales que ha suscrito y suscribió el demandante directamente con la Secretaría de Obras Públicas, Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), en consecuencia: reconoció y declaró una relación de trabajo por tiempo indefinido y de carácter permanente la que sostenía el demandante con el Estado de Honduras; asimismo se le reconoce al demandante todos los derechos que ostentan los empleados de carácter permanente; por despido ilegal e injusto reintegrar a su puesto de trabajo tan siquiera en igualdad de condiciones al demandante, más el pago de salarios dejados de percibir; sin lugar la excepción de prescripción, sin costas; bajo el criterio que se ha demostrado que el demandante ha suscrito varios contratos con el mismo empleador y en el mismo cargo, renovándose estos contratos de manera ininterrumpida, uno en pos de otro, dejando entrever que aún subsiste la causa que le dio origen al contrato de trabajo suscrito inicialmente y que sigue subsistiendo la causa de contratación. Que el despido ilegal e injusto del demandante, tomando en cuenta que no se trata de un contrato de servicios profesionales, sino de un claro y simple contrato de trabajo, quedando invalidas las clausulas pactadas por debajo de lo establecido en la Constitución de la República y el Código del Trabajo, específicamente cuando se le ha dado una denominación incorrecta a un verdadero contrato de trabajo por concurrir los tres elementos que legitiman a éste. En cuanto a la excepción de prescripción se alega que la acción del trabajador ha prescrito por ser la suscripción de los contratos de servicios profesionales un hecho consentido y no haber reclamado dentro de los dos meses que establece el Código del Trabajo, pero olvida la excepcionista que el demandante reclama un derecho que es imprescriptible mientras se está laborando como sucedió en el caso de autos, y así continuo hasta en diciembre del año 2013, por lo que la excepción de prescripción debe ser declarada sin lugar. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dos de febrero del año dos mil dieciséis, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que está probado de autos que existió la relación laboral entre el empleador demandado y el trabajador demandante, lo cual se inició el 01 de septiembre del 2010 en el puesto como Asistente del Departamento de Arquitectura de la Dirección General de Vivienda y Urbanismo, con un salario mensual de Lps.23,000.00; la relación laboral terminó el 02 de enero del 2014 por decisión unilateral del empleador; y de conformidad de los medios de prueba quedó probado de autos, es que la actividad que realizaba el trabajador, la antigüedad laboral, hace que el contrato reúna las características de un contrato de trabajo en aplicación del artículo 20 del Código de Trabajo. 5. Mediante auto de fecha dieciocho de abril del año dos mil dieciséis, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MARILUZ MARTINEZ MEJIA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación. 6. En fecha veintitrés de mayo del año dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal la Abogada MARILUZ MARTINEZ MEJIA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha uno de junio del año dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada DELMY ARACELY MARQUEZ GALDAMEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente. 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho. FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda de casación para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible. II.- Que la abogada MARILUZ MARTINEZ MEJIA, en el primer y único motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por aplicación indebida proveniente de la falta de apreciación del medio de prueba denominado 1 DOCUMENTAL: Consistente en el último Contrato de Servicios Profesionales que obra en el expediente de primera instancia, en relación con las demás pruebas en su conjunto, que hizo al Juzgador incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en autos y que lo llevó a la violación del artículo 113 párrafo primero, tercero y literal b) del Código del Trabajo, en relación con el artículo 117 del mismo cuerpo legal, y los artículos 46 literal c), 47 párrafo final del Código del Trabajo, en relación con los artículos con los artículos 256 y 364 de la Constitución de la República, artículos 1 y 94 de la Ley de Contratación del Estado, artículo 200 párrafo primero y 201 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, artículos 3, 5, 13 numeral 2 y 3 y 479 numeral 2 y 3 del Código Procesal Civil. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON PARA LA VIOLACIÓN. Las normas procesales que llevaron a la violación de las normas sustantivas señaladas, son los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 765 ordinal primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. La Corte Sentenciadora, al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de Letras del trabajo, incurrió en error de hecho, al dejar de apreciar el Medio Probatorio denominado DOCUMENTAL, consistente en el último Contrato de Servicios Profesionales suscrito con el demandante que obra a folios del 107 al 115, del expediente de primera instancia. Limitándose únicamente a describir la proposición del referido medio probatorio y a indicar su número de folio. Sin hacer referencia alguna a que éste en su “CLÁUSULA TERCERA. DURACIÓN DE VIGENCIA DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA “ presará sus servicios profesionales por un periodo de NUEVE MESES, contados a partir del 01 de abril al 31 de diciembre del 2013.- Este contrato tendrá validez una vez suscrito por las partes contratantes y ser aprobado mediante el acuerdo correspondiente “Encontrándonos ante un contrato por tiempo determinado, al cual no les es aplicable, lo establecido en el artículo 117 del Código del Trabajo, mismo que si opera para relaciones por tiempo indeterminado; pero que de igual manera de conformidad a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 118 del mismo cuerpo legal, lo que procede es una sanción pecuniaria y no de reintegro y mucho menos de Salarios Dejados de Percibir. Entendiéndose de lo anteriormente expuesto que el referido contrato, posee el carácter excepcional de los contratos de tiempo limitado o fijo plasmado en el artículo 46 literal c) y 47 párrafo final del Código del Trabajo. Aunándose a ello que tales contratos, se rigen por la Ley de Contratación del Estado, ya que el CAPITULO VII de ésta, específicamente en su artículo 94, los describe como Contratos de Consultoría. De igual manera el Reglamento de la Ley de Servicio Civil en su CAPITULO XX CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS, en su artículo 200 párrafo primero establece que “Las secretarías de Estado y los organismos desconcentrados podrán suscribir contratos de servicios profesionales y técnicos con personas naturales cuando las labores asignadas no puedan ser realizadas por los empleados regulares o de carrera, ya fuere por la especialidad de las labores o por otra razón calificada...”. Y en su artículo 201 dicho Reglamento ordena: “Para la validez de estos contratos deberán observarse las normas presupuestarias, no podrá suscribirse contrato alguno si no hubiera disponibilidad suficiente en la correspondiente asignación para gastos del ejercicio fiscal que corresponda. La contravención a lo acá dispuesto hará incurrir en responsabilidad”. En el presente caso esta recurrente acreditó fehacientemente con el Medio de Prueba denominado DOCUMENTAL de que lo que existió fue la terminación de la relación contractual por mutuo consentimiento de las partes por haber acecido la fecha para su finalización según lo convenido, NO EXISTIENDO DESPIDO, sin embargo se, hace la observación Honorable Corte, que en contraposición a lo antes expresado, en el CONSIDERANDO (7) del fallo impugnado, el tribunal Sentenciador hace nuevamente una valoración errónea del Medio de PRUEBA DOCUMENTAL, expresando “Que terminada la relación laboral o contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo 112 del Código del Trabajo, surte efectos desde que el patrono lo comunique al trabajador, pero este goza del derecho de emplazarlo ante los tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el termino de prescripción, si el patrono no prueba la justa causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones laborales que puedan corresponderle; y a titulo de daños y perjuicios es decir los salarios que este habría percibido desde la terminación del contrato de trabajo de la sentencia y al reintegro a su puesto de trabajo. Concluyéndose de lo anterior que la normativa jurídica que la Corte Acusada HA APLICADO al presente caso, lo han sido de manera INDEBIDA. A este respecto la doctrina refiere que la Violación se produce cuando existiendo un hecho que no se discuta o que esté debidamente comprobado, deja de aplicar la norma que lo regula o cuando al contrario, se aplica una norma a un hecho inexistente. Por lo anteriormente expuesto, procede Honorable Corte casar la sentencia en el presente motivo.”. III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) se indican la aplicación indebida y el error de hecho por falta de apreciación de la prueba modalidades de violación a la ley distintas, que debieron ser formuladas en forma separada e independiente; b) en el desarrollo se alude a los artículos 118 y 112 del Código del Trabajo, disposiciones que no fueron señaladas como infringidas o relacionadas en la formulación; y, b) en la explicación del motivo realiza alegatos propios de instancia. IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los un días del mes de junio del dos mil dieciocho; certificación de la resolución de fecha ocho de mayo del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 146-16. Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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