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Sentencia CL-143-17 — Registro 7261

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro a su puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir, beneficios que otorga el contrato colectivo más costas del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) si bien es cierto la norma citada como infringida forma parte del cuerpo legal sustantivo laboral (artículo 113 del Código del Trabajo), no especifica el párrafo y/o literal de los que contiene dicho precepto, al que dirige su ataque, lo cual es indispensable, ya que cada uno de ellos hace referencia a distintas situaciones jurídicas; b) el concepto de violación directa de la ley es ajeno al material probatorio y en el presente caso se hace referencia al mismo; y, c) realiza alegatos propios de instancia y enuncia otras disposiciones no señaladas como infringidas o relacionadas, tal es el caso de los artículos 97, 98, 100 numerales 4), 5) y 15), 111 numeral 8), 117, 126 del Código del Trabajo, 62, 80 y 129 de la Constitución de la República.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) enuncia que el error de hecho es por falta de apreciación de la prueba que singulariza, pero a su vez señala que es por interpretación errónea, lo cual constituyen dos modalidades diferentes del error de hecho, cuando se ha dejado establecido por este Tribunal, que una misma prueba no puede ser apreciada erróneamente o dejada de apreciar por el juzgador; y, b) en el desarrollo del cargo formula alegatos de instancia"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

.."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de que si bien es cierto la norma citada como infringida forma parte del cuerpo legal sustantivo laboral (artículo 113 del Código del Trabajo), no especifica el párrafo y/o literal de los que contiene dicho precepto, al que dirige su ataque, lo cual es indispensable, ya que cada uno de ellos hace referencia a distintas situaciones jurídicas."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinte de febrero del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha once de mayo de dos mil diecisiete, por la Abogada ANGELA GABRIELA MEDINA HENRIQUEZ, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACINES (HONDUTEL) como recurrente; además, es parte recurrida, las señoras GUADALUPE YAMILETH MARTINEZ OCHOA, VELDA NINOSKA BARAHONA PERDOMO Y OTRAS, representados en juicio por el Abogado JUAN MANUEL SIBAJA SALINAS. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el reintegro a su puesto de trabajo, pago de salarios dejados de percibir, beneficios que otorga el contrato colectivo más costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha dieciséis de marzo de dos mil quince, por las señoras GUADALUPE YAMILETH MARTINEZ OCHOA, VELDA NINOSKA BARAHONA PERDOMO Y OTRAS, mayores de edad, hondureñas y de este domicilio, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACINES (HONDUTEL), por medio de su Gerente General, señor JESUS ARTURO MEJIA ARITA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintisiete de enero de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha cuatro de noviembre de dos mil quince, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I. Declarar CON LUGAR La demanda ordinaria laboral, promovida por GUADALUPE YAMILETH MARTINEZ OCHOA, VELDA NINOSKA BARAHONA PERDOMA, LILI JEANNETTE RAMOS SALGADO, GRISSEL SUYAPA VILLATORA ORTIZ, MARIA EUFEMIA NUÑEZ AVILA, de generales conocidas; contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACINES (HONDUTEL), por medio de su gerente General JESUS ARTURO MEJIA ARITA, también de generales expresadas; en consecuencia. II.- CONDENA a la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACINES (HONDUTEL), por medio de su gerente General JESUS ARTURO MEJIA ARITA, a Reintegrar a los señores GUADALUPE YAMILETH MARTINEZ OCHOA, VELDA NINOSKA BARAHONA PERDOMA, LILI JEANNETTE RAMOS SALGADO, GRISSEL SUYAPA VILLATORA ORTIZ, MARIA EUFEMIA NUÑEZ AVILA, al puesto de trabajo, reconociendo el pago a las demandantes de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de la cancelación hasta que sean reintegrados en su puesto de trabajo, incluyendo los derechos otorgados a otros trabajadores durante la secuela del juicio, sin costas…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que iniciaron su relación laboral de la siguiente manera: GUADALUPE YAMILETH MARTINEZ OCHOA, el trece de enero de dos mil tres, en el cargo de Operadora de Telecomunicaciones IV, VELDA NINOSKA BARAHONA PERDOMO, el uno de junio de mil novecientos noventa y ocho, en el cargo de Secretaria Ejecutiva I, LILI JEANNETTE RAMOS SALGADO, veintitrés de enero de dos mil dos, en el cargo de Contador I, GRISSEL SUYAPA VILLATORA ORTIZ, el nueve de septiembre de mil novecientos noventa, en el cargo de Analista de Sistemas, MARIA EUFEMIA NUÑEZ AVILA, el veinticuatro de abril de mil novecientos noventa y cinco, en el cargo de Secretaria IV, mediante oficios de fecha cinco de febrero de dos mil quince la empresa les notifico la terminación de la relación laboral invocando las siguientes causales a) suspensión de los contratos de trabajo por más de 120 días consecutivos que se basó en el artículo 100 numerales 4), 5) y 15) del Código del Trabajo, b) debido a la supuesta grave crisis económica en que se encuentra la empresa y c) dada la persistencia de las condiciones y causales que dieron lugar a la suspensión de los contratos de trabajo, no es posible reanudar las labores que se había previsto, violentándole así los derechos a las trabajadoras, ya que la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, no había emitido resolución para la suspensión del contrato de trabajo, acudiendo a la misma para llegar a un arreglo conciliatorio el cual no se llevó a cabo y se continuo el trámite de ley.- 2. La parte demandada, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACINES (HONDUTEL),contestó dicha demanda señalandoque es de conocimiento público la situación económica de la empresa ya que ha estado operando desde el 2009 con pérdidas, al extremo de tomar medidas para el saneamiento financiero sigue siendo imposible obtener un mínimo razonable de utilidades, por lo cual no se tienen fondos suficientes para la prosecución normal de los trabajos, por lo cual en fecha diez de octubre de dos mil catorce, siguiendo el procedimiento que por ley corresponde, se presentó ante la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, solicitud de autorización de suspensión parcial de contratos individuales de trabajo por 120 días a 660 empleados, la cual se encuentra pendiente de la resolución respectiva, en vista de múltiples oposiciones presentadas por los trabajadores suspendidos, siguiendo el procedimiento de ley por lo cual no se les violentaron los derechos a las trabajadoras.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha cuatro de noviembre de dos mil dieciseis, dictó sentencia declarando con lugar la demanda de mérito; condenando a la empresa a reintegrar a las trabajadoras, reconociendo el pago de os salarios dejados de percibir más los derechos que por ley le corresponden, sin costas, bajo el criterio que se probó la violación al ordenamiento jurídico, según lo estipulado en el artículo 102 del Código del Trabajo en virtud que la suspensión de los contratos de trabajo no existía resolución alguna si se aprobaba o no, de igual manera de constato que hubo contratación de personal nuevo y aumentos selectivos siendo contradictorio a la grave situación económica de la empresa.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veintisiete de enero de dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando lo proferido por el a quo, sin costas; bajo el criterio que al no estar acreditado un acuerdo de suspensión de trabajo emitido por la la Secretaria de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, se realizó un despido ilegal e injustificado debiendo de dar la indemnización alegada.- 5. Mediante auto de fecha veinte de marzo de dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ANGELA GABRIELA MEDINA HENRIQUEZ, actuando en su condición de representante legal dela EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACINES (HONDUTEL),contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha once de mayo de dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal la Abogada ANGELA GABRIELA MEDINA HENRIQUEZ, actuando en su condición de representante legal dela EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACINES (HONDUTEL), formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación y solicitando nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de la misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintidós de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado JUAN MANUEL SIBAJA SALINAS, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada ANGELA GABRIELA MEDINA HENRIQUEZ, en el primer motivo de casación alega: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del artículo 113 en relación 112 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el artículo 113 del Código del Trabajo, por las siguientes razones: la Corte de Apelaciones estima que HONDUTEL incurrió en ilegalidad al cancelar el contrato de trabajo de los demandante por el plazo de 120 días, sin contar con la autorización mediante resolución de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, razón por la que la demandante emplazó al patrono ante los Tribunales competentes para el reintegro requerido en la demanda planteada. De lo anterior, se infiere que la Corte de Apelaciones del Trabajo aplicó el artículo 113 en relación con 112 del Código de Trabajo, preceptos legales que fueron aplicados de forma indebida porque HONDUTEL en ningún momento canceló o despidió a la demandante con fundamento en una de las causales establecidas en los incisos de artículo 112, sino que más bien se dio por terminado el contrato de trabajo de forma unilateral amparado en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo. En ese sentido, es necesario hacer una diferenciación entre el despido y la terminación de los contratos de trabajo. Esta diferenciación atiende a los siguientes aspectos: A)la terminación del contrato de trabajo de la parte actora se basó en el artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo, el que instaura que la suspensión de actividades por más de 120 días es una causa de terminación de contratos de trabajo. Aunado a lo anterior, el abogado laboralista OLVIN E. RODRÍGUEZ, en su obra Derecho Individual de Trabajo, específicamente en su pág. 264, manifiesta que, además de las causas justas establecidas en la ley, para dar por terminado un contrato de trabajo (en este caso las instauradas en el artículo 111, 112 y 114 del Código de Trabajo), también existen los MOTIVOS JUSTIFICADOS para proceder, tal como queda implícito en el artículo 117 del Código de Trabajo, el cual taxativamente reconoce que la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo deberá expresar la CAUSA O MOTIVO que la mueve a tomar tal decisión. En este caso, la decisión patronal de dar por terminado el contrato de trabajo se basa en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor, razón por la cual se le garantiza el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, ya que el reintegro no es posible.; B) En cuanto al reintegro a sus puestos de trabajo y el pago de salarios dejados de percibir y demás derechos solicitados por la parte actora, el mismo es IMPROCEDENTE, ya que se debe diferenciar entre causas justas que facultan al patrono para dar por terminado los contratos de trabajo sin responsabilidad (art. 112 del Código de Trabajo), causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo sin su responsabilidad (art. 114 del Código de Trabajo), causas de terminación del contrato de trabajo (art. 111 del Código de Trabajo) y causas o motivos para la terminación unilateral de un contrato de trabajo (artículo 117 del Código de Trabajo). En el caso de marras, la decisión patronal de dar por terminado el contrato de trabajo se basó en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor, razón por la cual se les garantizó el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, ya que el reintegro es imposible debido a la situación precaria en la que se encuentra la empresa. En relación con lo anterior, el Abg. Olvin E. Rodríguez, en su obra El Derecho Individual del Trabajo, específicamente en su pág. 258, establece que: “El patrono puede dar por terminado el contrato de trabajo pagando las prestaciones que en derecho correspondan por causas no imputables al trabajador, lo mismo que al patrono; por ejemplo, por razones internas; POR NECESIDAD DE REESTRUCTURAR LA EMPRESA, POR RAZONES DE ECONOMÍA, y otros semejantes; en estos casos el trabajador no tiene el derecho justificadamente de emplazar a su patrono para que le pruebe esa causa, y optar por el reintegro, porque en la nota de terminación no se le dio ninguna de las causales del artículo 112, en relación con el 97 y el 98 del Código del Trabajo, ya que el artículo 113 del Código del Trabajo es el único que permite el ejercicio de la acción del reintegro, se funda y debe ser necesariamente en el art. 112 del Código del Trabajo. Así lo tienen establecido los Tribunales del Trabajo en varias sentencias entre otras: las dictadas por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección Judicial resolviendo el recurso de apelación interpuesto en la demanda promovida por LICIA CONCEPCIÓN GUZMÁN, OSCAR ARMANDO MONCADA Y MARÍA CELINA ANDINO contra la empresa “Camiones y Motores, S.A. (CAMOSA)”, sentencia dictada el lunes 25 de noviembre de 1973 con un considerando que dice: “Que de los argumentos jurídicos antes transcritos, se colige 1. Que el derecho del trabajador a ser reintegrado a su trabajo es solamente a causales enumeradas en los art. 97, 98 y 112 del C.T…”. Posteriormente, el Abg. Olvin E. Rodríguez continúa manifestando que: “…En el presente caso (aludiendo a la sentencia citada en el párrafo anterior), no hay una terminación de trabajo por despido y es que en el despido el trabajador pierde el derecho a prestaciones…”. Aunando a lo anterior, en fecha 8 de febrero del 2007, la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativa, emitió una sentencia en el expediente CL. 105-2006, en una famosa demanda incoada contra la empresa LAFARGE, en cuyos considerandos se instituye que “El Código de Trabajo establece de forma concreta y diferenciada las causas de terminación del contrato de trabajo y las causas o motivos de despido. Acciones que tienen origen y efectos distintos”. Según la Sala Laboral, el efecto de la terminación del contrato de trabajo, que es lo que se dio en este caso, es únicamente que el patrono debe pagarle al trabajador las prestaciones e indemnizaciones que le correspondan sin que este tenga derecho al reintegro ni al pago de salarios dejados de percibir como indemnización. De la doctrina y jurisprudencia aludida se colige lo siguiente: Si bien es cierto que el art. 129 de la Constitución de la República establece que, en caso de despido injustificado, queda al arbitrio del trabajador solicitar el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales o el reintegro, este último (el reintegro) solamente procede cuando en la nota de terminación del contrato de trabajo se alegan las causales establecidas en el art. 112, en relación con los artículos 97 y 98 del Código de Trabajo. Sin embargo, si el juzgador lee la nota de terminación del contrato de trabajo que se le entregó a la parte actora podrá comprobar que mi representada procesal en ningún momento fundamentó su decisión en el artículo 112, en relación con los art. 97 y 98 del Código de Trabajo, sino en los art. 62, 80 y 129 de la Constitución de la República; 100 numerales 4, 5 y 15; 111 numeral 8) y segundo párrafo y 126 del Código de Trabajo; 97 numeral 13, 132 y 143 del Reglamento Interno de Trabajo; cláusula 59 del XII Contrato Colectivo de HONDUTEL y en la certificación de resolución de punto de acta número 8 de la sesión ordinaria nro. 545-2008, celebrada el 13 de mayo del 2008. Por ende, queda probado indubitadamente que los trabajadores, en este caso, solamente tiene derecho al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales (derecho que se le reconoce incluso en la nota de terminación de contrato que se le entregó personalmente) y no al reintegro, sumado a que el reintegro solicitado es IMPOSIBLE, ya que se ha cancelado el puesto de trabajo de los demandantes debido a la precaria situación económica de la empresa, y a la nueva estructura orgánica, ya que una vez que surgió la suspensión, se eliminó completamente la dualidad de funciones y actividades por parte de los empleados, de las unidades y departamentos, por lo que su señoría debe tener en cuenta el PRINCIPIO DE LA REALIDAD, el cual instaura que “…Para la interpretación de las relaciones entre empleadores y trabajadores, se debe tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que las partes han contratado formalmente”. Por lo tanto, según este principio no importa la autonomía de la voluntad de las partes, sino la demostración de la realidad que reina sobre la relación entre trabajador y empleador, siendo evidente que en este caso la realidad nos dicta que es imposible el reintegro por las razones ya aludidas. Finalmente, honorable Corte Suprema de Justicia, ha quedado demostrado con argumentos jurídicos densos, que la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones violentó de forma directa LA NORMA SUSTANTIVA invocada al aplicar al caso concreto indebidamente el articulo 112, con relación al 113 del Código de Trabajo, TENIENDO QUE HABER APLICADO EL ARTICULO 111 NUMERAL 8) DEL CÓDIGO DE TRABAJO y no lo hizo, favoreciendo con ello al trabajador y perjudicando aún más las finanzas de la empresa al condenarla al reintegro del trabajador y al pago de salarios dejados de percibir.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) si bien es cierto la norma citada como infringida forma parte del cuerpo legal sustantivo laboral (artículo 113 del Código del Trabajo), no especifica el párrafo y/o literal de los que contiene dicho precepto, al que dirige su ataque, lo cual es indispensable, ya que cada uno de ellos hace referencia a distintas situaciones jurídicas; b) el concepto de violación directa de la ley es ajeno al material probatorio y en el presente caso se hace referencia al mismo; y, c) realiza alegatos propios de instancia y enuncia otras disposiciones no señaladas como infringidas o relacionadas, tal es el caso de los artículos 97, 98, 100 numerales 4), 5) y 15), 111 numeral 8), 117, 126 del Código del Trabajo, 62, 80 y 129 de la Constitución de la República.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN LOS MEDIOS DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: A) LOS OFICIO DE FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2015, QUE CORREN AGREGADOS A LOS FOLIOS 90, 91, 93, 94, 97, 98, 101, 102, 104 y 105; Y B) ESTADOS FINANCIEROS DE HONDUTEL, QUE CORRE AGREGADO A LOS FOLIOS 58 al 65, TODOS DE LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS. NORMAS LEGALES PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA LABORAL: Artículo 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: a) En los oficios de fecha 5 de febrero del 2015 que corre agregado a folios 90, 91, 93, 94, 97, 98, 101, 102, 104 y 105; y b) Estados Financieros de HONDUTEL que corre agregado a folios 58 al 65, todos de la primera pieza de autos. Explicación: La sentencia recurrida no tuvo como hecho probado que la empresa se encontraba imposibilitada de explotar la empresa con un mínimo razonable, la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos lo cual fue demostrado mediante la presentación del medio de prueba documental público consistente en losestados financieros y de resultados de HONDUTEL de los años 2007 al 2014 con los que se justifica incuestionablemente la grave situación financiera de la empresa que derivó en la terminación de los contratos de trabajo por medio de la figura de la suspensión. Al respecto, el artículo 100 del Código de Trabajo establece que la suspensión de contratos de trabajo surte efectos desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo dentro de los tres días posteriores al ya mencionado, o treinta días antes de la suspensión. De lo anterior se colige que la suspensión de contratos de trabajo surtió efecto desde el día en que fue notificada a la trabajadora, ya que el artículo referido instaura claramente que la autorización de la Secretaría de Trabajo se emite, mediante resolución, después de realizada la suspensión y no antes. Lo cual es un hecho probado y el juez no lo tomó en cuenta al momento de emitir su fallo. Asimismo, el Código Procesal Civil que se aplica de manera supletoria a este proceso laboral, establece que, en la valoración de la prueba, ésta excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico. Dicha valoración debe deducirse de manera clara y terminante en los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia. El medio probatorio DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: el oficio de fecha 5 de febrero del 2015 que corre agregado a folios 90, 91, 93, 94, 97, 98, 101, 102, 104 y 105; fue propuesto para demostrar contundentemente que lo que hubo fue una terminación de contrato de trabajo subsumida en el artículo 111 numeral 8 del código del trabajo, pero tanto el juzgado de primera instancia como el tribunal de segunda instancia omitieron el análisis de dicho medio probatorio en relación a los hechos del litigio.El medio probatorio DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: Estados Financieros de HONDUTEL, que corre agregado a folios 58 al 65, de la primera pieza de autos, fueron propuestos para demostrar contundentemente que la razón por la que se procedió a realizar las suspensiones del contrato fue que la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) estaba operando con pérdidas financieras elevadísimas, situación que derivó en los hechos que originan el presente litigio y que no debió omitirse su consideración para la resolución del mismo como lo hizo el ad quem. Al respecto, nuevamente cito el libro El Recurso Extraordinario de Casación Laboral, del autor Luis Lagos Pantoja, en su página 41, que desarrolla de una forma más concreta el concepto de error de hecho que: “consiste en no dar por probado un hecho, estándolo o tenerlo por establecido, sin que sea así, todo lo cual ocurre por la mala apreciación o la falta de apreciación de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas que la reglamentan, lo cual debe conducir a la relación de la ley sustancial; pero el error debe ser manifiesto, evidente, ostensible, etc. Esta causal de casación resulta entonces, de un proceso subjetivo del juzgador consistente en un equivocado racionamiento apreciativo de las pruebas que conduce a dar por establecido un hecho sin estarlo o, al contrario.”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) enuncia que el error de hecho es por falta de apreciación de la prueba que singulariza, pero a su vez señala que es por interpretación errónea, lo cual constituyen dos modalidades diferentes del error de hecho, cuando se ha dejado establecido por este Tribunal, que una misma prueba no puede ser apreciada erróneamente o dejada de apreciar por el juzgador; y, b) en el desarrollo del cargo formula alegatos de instancia.- VI.- Que la Impetrante en el tercer motivo de casación alega: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA del artículo 113 en relación 112 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el artículo 113 del Código del Trabajo, por las siguientes razones: el ad quem en la sentencia al confirmar el fallo de primera instancia, confirma entre otros el extremo de pagar a los trabajadores los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que sean reintegrados a su puesto de trabajo, dando así un mayor alcance en su interpretación a lo dispuesto en el artículo el primer párrafo el artículo 113 del Código de Trabajo el que al respecto establece que los salarios dejados de percibir se pagaran desde la fecha en que ocurrió el despido, hasta que con sujeción a las normas procesales quede firme la sentencia, tratándose así de dos momentos procesales distintos, en el caso de la sentencia recurrida por el motivo sub examine, un momento posterior que extiende y amplia las obligaciones que mediante sentencia se imponen y que conforme a ley tiene un alcance menor, siendo así que mediante la interpretación confirmada por el ad quem, se configura una ULTRA PETITA IN PEIUS CONTRA PATRONUS, por la inobservancia en las reglas de interpretación de la leyes en las que no se le debe dar un sentido distinto al que literalmente establecen, violación directa que el ad quem hace, ya se revela en contra del mandato de la norma dándole a la norma acusada un entendimiento diferente alejado de su significado natural.”.- VII. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de que si bien es cierto la norma citada como infringida forma parte del cuerpo legal sustantivo laboral (artículo 113 del Código del Trabajo), no especifica el párrafo y/o literal de los que contiene dicho precepto, al que dirige su ataque, lo cual es indispensable, ya que cada uno de ellos hace referencia a distintas situaciones jurídicas.- VIII. Que la Censora alega nulidad subsidiaria: “SE PRESENTA PRIMERA NULIDAD SUBSIDIARIA: Que la sentencia emitida por el tribunal ad quem busca le certeza de los hechos jurídicos, por cuanto deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, y así no quede la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, con la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales y así respetar el Estado de Derecho. Con base en lo anterior, la Corte de Apelaciones al emitir el fallo o la sentencia recurrida, no la fundamenta de forma concreta. Esto causa una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones omiten el análisis probatorio de los oficios de fecha 5 de febrero del 2015 que corren agregado a folios 90, 91, 93, 94, 97, 98, 101, 102, 104 y 105, con los que no sólo se ha acreditado la terminación del contrato de trabajo conforme al artículo 111 numeral 8) del Código del Trabajo, sino que también se desvirtúa la existencia de la figura de despido injustificado en relación al artículo 112 del mismo código. En ese sentido, de haberse analizado dicho medio probatorio en relación a los hechos del litigio, el ad quem no hubiese encontrado asidero jurídico para emitir el fallo condenado a mi representada a reintegrar a los demandantes a su puesto de trabajo junto con el pago de los demás conceptos condenados en la misma sentencia dictada en segunda instancia. El ad quem, al omitir esa motivación, produce indefensión a mi representada e incongruencia en la sentencia, pues existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad, y en el presente caso el tribunal ad quem, ha emitido una sentencia en la que no ha existido motivación y fundamentación de todos los hechos controvertidos que surgen de los hechos en que el demandante fundamenta su acción y de los hechos en que el demandado fundamenta su resistencia a la pretensión incoada en su contra y sobre los que recaen las pruebas del juicio” SE PRESENTA SEGUNDA NULIDAD SUBSIDIARIA:Que la sentencia emitida por el tribunal ad quem busca le certeza de los hechos jurídicos, por cuanto deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, y así no quede la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, conforme en los establecido en la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales y así respetar el Estado de Derecho. Con base en lo anterior, es que la Corte de Apelaciones al emitir el fallo o la sentencia recurrida, no fundamenta la presente de forma concreta, lo que causa una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones omiten el análisis probatorio de los Estados Financieros de HONDUTEL que corren agregados a folios 341-348, de la primera pieza de autos, con los que se acredita de manera fehaciente la falta de fondos de la empresa y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, extremo demostrado mediante la presentación del medio de prueba de marras, con el que se justifica incuestionablemente la terminación de los contratos de trabajo por medio de la figura de la suspensión. Omitir esa motivación produce indefensión a mi representada e incongruencia en la sentencia, pues existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad y en el presente caso el tribunal ad quem ha emitido una sentencia en la que no ha existido motivación y fundamentación de todos los hechos controvertidos lo que surgen de los hechos en que el demandante fundamenta su acción y de los hechos en que el demandado fundamenta su resistencia a la pretensión incoada en su contra y sobre los que recaen las pruebas del juicio. PROCEDENCIA DE LAS NULIDAD SUBSIDIARIAS: el artículo 206 del Código Procesal Civil, el que se aplica de manera supletoria al procedimiento laboral, ya nos establece que las sentencias en su contenido deben ser claras, precisas y exhaustivas, en su contenido en relación a los hechos argumentados por las partes y las pruebas aportadas, preceptos que no se cumplen en la sentencia de marras por las razones anteriormente expuestas. Asimismo, el artículo 207 del Código Procesal Civil exige que las sentencias sean motivadas en relación a los argumentos fácticos y jurídicos expuestos por las partes, lo que tampoco ocurre en el caso de marras como ya se expuso con anterioridad. Ya el Código Procesal Civil en el artículo 211 establece que el incumplimiento en los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad. De igual manera, el articulo 212 numeral 3 del Código Procesal Civil establece que es nulo el acto procesal que se dicta prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión, tal como ocurre en el caso de marras, por lo que para salvaguardar los derechos de las partes en litigio y la idoneidad de los actos procesales es necesario que se declare la nulidad de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo sin perjuicio de que la misma sea casada.”.- IX. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto, examinada que fue la sentencia impugnada se estima que la misma se encuentra dictada conforme a derecho, como también que se ha analizado la prueba aportada por las partes para tomar la decisión de fondo del juicio. A razón de lo antes expuesto estima este Tribunal, que no se ha violado el derecho de defensa y debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- X. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos de casación y sin lugar la nulidad alegada de forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada subsidiariamente. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 143-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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