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Sentencia CL-142-18 — Registro 9082

Resumen

En primera instancia se declaro parcialmente con lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para la justificación de una terminación sin causa de la relación laboral, caso contrario se ordene el reintegro en igual o mejores condiciones, con el pago de los salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios, bono de utilidades y estudiantil, beneficios otorgados a otros trabajadores que se deriven del contrato colectivo de condiciones de trabajo, cantidades adeudadas por cualquier otro concepto, reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, goce de vacaciones adeudadas y costas del juicio. Confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “3.- Que el cargo que antecede resulta inestimable por contener los defectos técnicos siguientes: a) en el desarrollo se insta a la revisión de los hechos, por ende a la valoración del material probatorio lo cual es incompatible con el concepto de violación invocado; b) se alude al artículo 111 numeral 8) del Código de Trabajo, el cual no fue indicado como infringido o relacionado en la formulación; y, c) lo expuesto resulta ser un alegato de instancia inoportuno en este recurso extraordinario de conformidad a lo dispuesto en el artículo 770 del Código del Trabajo. Conviene recordar, que en la violación directa a la ley sustantiva en cualquiera de sus modalidades (infracción directa, aplicación indebida e interpretación errónea) lo que se discute es el derecho no los hechos ya que estos último se tienen por aceptados, sin embargo en el sub-judice ha sido objeto del debate el despido del demandante, situación rechazada por la parte demandada por ello objeto de la controversia y de la valoración del material probatorio, por ello no es viable el ataque al fallo impugnado por el concepto de violación antes señalado.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

… “5.- Que el cargo que antecede resulta inestimable a razón de lo siguiente: a) el párrafo primero del artículo 101 del Código del Trabajo, señalado como norma sustantiva infringida carece de sustantividad; y, b) en el desarrollo se insta a la revisión de los hechos, por ende a la valoración del material probatorio lo cual es incompatible con el concepto de violación invocado.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

… “7.- Que el cargo que antecede resulta inestimable a razón de lo siguiente: a) el párrafo segundo del artículo 101 del Código del Trabajo, señalado como norma sustantiva infringida carece de sustantividad; y, b) en el desarrollo se insta a la revisión de los hechos, por ende a la valoración del material probatorio lo cual es incompatible con el concepto de violación invocado.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

… “9.- Que el cargo que antecede resulta inestimable a razón de lo siguiente: a) el artículo 100 del Código del Trabajo, señalado como norma sustantiva infringida no ha sido aplicado en la sentencia impugnada, por ello no puede haber sido interpretado erróneamente. Además los numerales 4, 5 y 15 de la citada disposición igualmente señalados como infringido contienen distintas situaciones jurídicas, que en todo caso, se deben precisar y explicar en forma separada e independiente; y, b) en el desarrollo se insta a la revisión de los hechos y por ende a la valoración de la prueba lo cual es incompatible con el concepto de violación invocado.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 779, Numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

… “11.- Que el cargo que antecede resulta inestimable por la razones siguientes: a) carece de claridad y precisión en la formulación, ya que por un lado se alega el concepto de error de hecho por falta de apreciación y por otro, en el acápite denominado explicación del motivo se indica que el medio de prueba descrito fue “…INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE…” lo cual es contrasentido, ya que si la prueba singularizada no fue apreciada no pudo haber sido interpretada (valorada) erróneamente, ya que una misma prueba no puede al mismo tiempo ser dejada de apreciar y apreciadamente erróneamente ni aun de manera equivocada; y b) en el desarrollo no se demuestra el error evidente y manifiesto en que haya incurrido el juzgador de instancia. Además, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando en la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En el sub-judice, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los fundamentos del a-quo, observándose que se realizó el análisis y valoración del material probatorio aportado al proceso resolviendo conforme a la libre formación de su convencimiento lo que corresponde.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

… “13.- Que el cargo que antecede resulta inestimable por las razones siguiente: a) carece de claridad y precisión en la formulación, ya que por un lado se alega el concepto de error de hecho por falta de apreciación y por otro, en el acápite denominado explicación del motivo se indica que el medio de prueba descrito fue “…INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE…” lo cual es contrasentido, ya que si la prueba singularizada no fue apreciada no pudo haber sido interpretada (valorada) erróneamente, ya que una misma prueba no puede al mismo tiempo ser dejada de apreciar y apreciadamente erróneamente ni aun de manera equivocada; b) en la explicación se alude al artículo 100 del Código de Trabajo, que no fue relacionado en la formulación lo que le resta claridad y precisión al cargo; y b) no se demuestra el error evidente y manifiesto. Además, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando en la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En el sub-judice, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos sus fundamentos, observándose que se realizó el análisis y valoración del material probatorio aportado al proceso resolviendo conforme a la libre formación de su convencimiento lo que corresponde.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, Numeral 5 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

… “15.- Que el cargo que antecede resulta inestimable por las razones siguiente: a) carece de claridad y precisión en la formulación, ya que por un lado se alega el concepto de error de hecho por falta de apreciación y por otro, en el acápite denominado explicación del motivo se indica que el medio de prueba descrito fue “…INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE…” lo cual es contrasentido, ya que si la prueba singularizada no fue apreciada no pudo haber sido interpretada (valorada) erróneamente, ya que una misma prueba no puede al mismo tiempo ser dejada de apreciar y apreciadamente erróneamente ni aun de manera equivocada; b) en la explicación se alude a los artículos 100 y 101, párrafo segundo del Código de Trabajo, que no fueron relacionados en la formulación y el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, el cual no corresponde al orden laboral lo que le resta claridad y precisión al motivo; y, b) no se demuestra el error evidente y manifiesto. Además, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando en la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En el sub-judice, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos sus fundamentos, observándose que se realizó el análisis y valoración del material probatorio aportado al proceso resolviendo conforme a la libre formación de su convencimiento lo que corresponde.”

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintitrés de julio del dos mil diecinueve.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 01 de junio del 2018, por la Abogada ÁNGELA GABRIELA MEDINA HENRÍQUEZ, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), como recurrente; además, es parte recurrida, los señores: HÉCTOR DAVID GARCÍA GARCÍA; DEMETRIO ALONZO PÉREZ; FAVI TOMASA RAMOS RIVERA; YEIMY WALESKA RIVERA MEJÍA; FLOR IVETH VALLADARES VALLE; SANTOS REGINO RODAS; WILMER YOVANY SUAZO NÚÑEZ; DILCIA BELÉN ZUNIGA BONILLA; y SANDY SADYCXA DURON, representados en juicio por el Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de emplazamiento para la justificación de una terminación sin causa de la relación laboral, caso contrario se ordene el reintegro en igual o mejores condiciones, con el pago de los salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios, bono de utilidades y estudiantil, beneficios otorgados a otros trabajadores que se deriven del contrato colectivo de condiciones de trabajo, cantidades adeudadas por cualquier otro concepto, reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos, goce de vacaciones adeudadas y costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 15 de abril del 2015, por el Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, en su condición de representante procesal de los señores: HÉCTOR DAVID GARCÍA GARCÍA, casado, Albañil; DEMETRIO ALONZO PÉREZ, casado, Maestro Constructor; FAVI TOMASA RAMOS RIVERA, soltera, Ingeniero Mecánico Industrial; YEIMY WALESKA RIVERA MEJÍA, soltera, Ingeniera de Negocios; FLOR IVETH VALLADARES VALLE, soltera, estudiante; SANTOS REGINO RODAS, soltero; WILMER YOVANY SUAZO NÚÑEZ, soltero; DILCIA BELÉN ZUNIGA BONILLA, soltera, Perito Mercantil y contador Público, y SANDY SADYCXA DURON, soltera, Perito Mercantil y Contador Público, todos mayores de edad, hondureños y de este domicilio, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por intermedio de su representante legal y Gerente General el señor JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA, mayor de edad, casado, Ingeniero, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 14 de febrero del 2018, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 24 de noviembre del 2017, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO Declarando PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por los señores HÉCTOR DAVID GARCÍA GARCÍA, DEMETRIO ALONZO PÉREZ, FAVI TOMASA RAMOS RIVERA, YEMY WALESKA RIVERA MEJÍA, FLOR IVETH VALLADARES VALLE, SANTOS REGINO RODAS, WILMER YOVANY SUAZO NÚÑEZ, DILCIA BELÉN ZUNIGA BONILLA y SANDY SADYCXA DURON, contra la empresa HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a través de su Gerente General señor JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA. SEGUNDO: CONDENAR a la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), a través de su Gerente General JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA, a REINTEGRAR a su puesto de trabajo en mejores e iguales condiciones a los demandantes señores HÉCTOR DAVID GARCÍA GARCÍA, DEMETRIO ALONZO PÉREZ, FAVI TOMASA RAMOS RIVERA, YEMY WALESKA RIVERA MEJÍA, FLOR IVETH VALLADARES VALLE, SANTOS REGINO RODAS, WILMER YOVANY SUAZO NÚÑEZ, DILCIA BELÉN ZUNIGA BONILLA y SANDY SADYCXA DURON, con todos los beneficios obtenidos en la contratación colectiva durante su ausencia, más los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal despido hasta que sean debidamente reinstalados, los cuales se liquidaran en la etapa de ejecución del presente resolución.- TERCERO: SE CONDENA a la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través de su Gerente General JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA, al pago de los salarios dejados de percibir de los demandantes HÉCTOR DAVID GARCÍA GARCÍA, DEMETRIO ALONZO PÉREZ, FAVI TOMASA RAMOS RIVERA, YEMY WALESKA RIVERA MEJÍA, FLOR IVETH VALLADARES VALLE, SANTOS REGINO RODAS, WILMER YOVANY SUAZO NÚÑEZ, DILCIA BELÉN ZUNIGA BONILLA y SANDY SADYCXA DURON durante el periodo en el cual se encontraban suspendidos sus contratos individuales de trabajo desde el 8 de octubre del año 2014 hasta el 4 de febrero del 2015.- CUARTO: Se CONDENA a la empresa demandada EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través de su Gerente General JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA, al pago de decimo tercer o de salario proporcional de los demandantes HÉCTOR DAVID GARCÍA GARCÍA, DEMETRIO ALONZO PÉREZ, FAVI TOMASA RAMOS RIVERA, YEMY WALESKA RIVERA MEJÍA, FLOR IVETH VALLADARES VALLE, SANTOS REGINO RODAS, WILMER YOVANY SUAZO NÚÑEZ, DILCIA BELÉN ZUNIGA BONILLA y SANDY SADYCXA DURON y vacaciones del periodo 2014-2015 únicamente a los demandantes HÉCTOR DAVID GARCÍA GARCÍA y DILCIA BELÉN ZUNIGA BONILLA, las cantidades de los conceptos descritos serán liquidadas en la ejecución de la sentencia; QUINTO: Se ABSUELVE a la empresa demandada EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través de su Gerente General JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA al pago de la indemnización de 30 días de salario por la no notificación de la suspensión de que fueron objeto los contratos de trabajo de los demandantes HÉCTOR DAVID GARCÍA GARCÍA, DEMETRIO ALONZO PÉREZ, FAVI TOMASA RAMOS RIVERA, YEIMY WALESKA RIVERA MEJÍA, FLOR IVETH VALLADARES VALLE, SANTOS REGINO RODAS, WILMER YOVANY SUAZO NÚÑEZ, DILCIA BELÉN ZUNIGA BONILLA y SANDY SADYCXA DURON. SEXTO: Se ABSUELVE a la empresa demandada EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través de su Gerente General JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA al pago a los demandantes DEMETRIO ALONZO PÉREZ, PAVI TOMASA RAMOS RIVERA, YEIMY WALESKA RIVERA MEJÍA, FLOR IVETH VALLADARES VALLE, SANTOS REGINO RODAS, WILMER YOBANY SUAZO NÚÑEZ y SANDY SADYCXA DURON de las vacaciones del periodo 2014-2015.- SÉPTIMO: Se ABSUELVE a la empresa demandada EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través de su Gerente General JESUS ARTURO MEJIA ARITA al pago de reembolsos eventuales de gastos médicos y quirúrgicos de los demandantes HÉCTOR DAVID GARCÍA GARCÍA, DEMETRIO ALONZO PÉREZ, PAVI TOMASA RAMOS RIVERA, YEMY WALESKA RIVERA MEJÍA, FLOR IVETH VALLADARES VALLE, SANTOS REGINO RODAS, WILMER YOVANY SUAZO NÚÑEZ, DILCIA BELÉN ZUNIGA BONILLA y SANDY SADYCXA DURON y al pago del bono estudiantil.- OCTAVO: SIN COSTAS ”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que iniciaron a laborar para la demandada así: Héctor David García García, el 01 de octubre del 2009, como Albañil en la Sección de Obras Civiles; Demetrio Alonzo Pérez, el 15 de octubre del 2009; Favi Tomasa Ramos Rivera, el 17 de diciembre del 2001, como Ingeniero I; Yeimy Waleska Rivera Mejía, el 01 de julio del 2011, como Administrativo II; Flor Iveth Valladares Valle, como el 10 de julio del 2006, como Conserje II, Sección Electromecánica; Santos Regino Rodas, el 01 de enero del 2005, como Conductor de Automóviles II Sección de Transporte; Wilmer Yovany Suazo Núñez, el 20 de septiembre del 2007, en el cargo de Conductor de Automóviles II, Sección de Transporte; Dilcia Belén Zuniga Bonilla, el 01 de julio del 2007, en el cargo de Operador Telecomunicaciones IV, departamento de Cobranzas Nacionales; y Sandy Sadicxa Duron, el 01 de junio de 1999, como de Operador de Telecomunicaciones IV; que se les notificó una suspensión de sus contratos de trabajo del 08 de octubre del 2014 al 04 de febrero del 2015, o sea por 119 días pues debían presentarse el 05 de febrero del 2015; alegaron que mediante los oficios GGHH-242-2015, GGHH-384-2015, GGHH-524-2015, GGHH-140-2015, GGHH-310-2015, GGHH-549-2015, GGHH-337-2015, GGH-315-2015, GGHH-139-2015, todos de fecha 05 de febrero del 2015 respectivamente; les notificaron la terminación de la relación laboral indicándoles tres supuestas causales: “a) Que como es de conocimiento, previo a esta determinación a usted le fue notificada la suspensión de su contrato individual de trabajo por un término de 120 días consecutivos, con efectividad del 08 de octubre de 2014 al 04 de febrero del 2015, suspensión que se baso en las causales establecidas en el artículo 100 numerales 4), 5) y 15) del Código del Trabajo, sirviendo también de fundamento a los artículos 101, 102 y demás aplicables del Código del Trabajo, b) Que la medida enunciada en el literal anterior entre otras razones, fue implementada debido a la grave crisis económica en la que HONDUTEL se encuentra sumergida y a las serias dificultades presupuestarias y financieras que la empresa ha venido atravesando, lo que hace necesario adoptar medidas tendientes a la generación de ahorro y reducción de pérdidas, con el objeto de sanear el déficit presupuestario y eliminar el desfase existente entre los ingresos presupuestados y a la recaudación vía facturación, no obstante una vez transcurrido el termino de la referida suspensión, aun persisten las circunstancias que dieron lugar a las mismas, detalla la notificación que encontrándose la empresa ante escenarios de mayor complejidad dada la reducción presupuestaria que ha sufrido la empresa para el presente periodo fiscal y a las escasas posibilidades de revertir la deficitaria recaudación de ingresos por la vía de la facturación, lo que a su vez genera la grave iliquidez con que HONDUTEL ha venido operando, c) Que de conformidad con lo descrito en los incisos anteriores, dada la persistencia de las condiciones y causales que dieron lugar a la suspensión de su contrato individual de trabajo, no es posible reanudar las labores en la forma en que se había previsto y por consiguiente reincorporarle a su puesto de trabajo, en consecuencia nos vemos en la obligación de tomar la determinación de dar por terminado su contrato individual de trabajo, por lo que, a pesar de la existencia de tales circunstancias HONDUTEL se compromete al pago de la totalidad de sus prestaciones e indemnizaciones laborales”; que rechazaron tales causales manifestando que la suspensión de los contratos es una institución jurídica que para ser invocada como causal justa de despido deberá ser autorizada por la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, y que deberá ser por 120 días y que la suspensión operó únicamente por 119 días, a pesar de que Hondutel solicitó una ampliación de la suspensión pero no le fue concedida por la autoridad del trabajo; además el trabajador puede participar de las utilidades, pero nunca de las perdidas del patrono, los riesgos de trabajo los asume la empresa nunca el trabajador, esas pérdidas no facultan al patrono para dar por terminados los contratos de trabajo sin responsabilidad de su parte; que HONDUTEL no hizo los llamamientos ordenados y obligados por la ley, transcurrido el termino de la suspensión, es decir el 05 de febrero del 2015, los demandantes se presentaron al lugar de trabajo, habiéndoseles impedido el ingreso, por lo que no hubo reanudación de las labores manteniéndose con ello la suspensión y encontrándose dentro de la misma, la empresa demandada decidió dar por terminados los contratos de trabajo, violentándose el artículo 129 de la Constitución de la República, clausula 82 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo y los artículos 1 y 2 del Convenio 111 de la OIT; y con el ánimo de llegar a un arreglo conciliatorio acudieron a la Secretaría del Estado, siendo imposible el mismo, se dio por agotado el trámite administrativo, el 26 de marzo del 2015.- 2.- La parte demandada, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contestó dicha demanda rechazando hechos de la misma y apoya la defensa en que con el propósito de rescatar a Hondutel, el 7 de octubre del año 2014, invocando lo instituido en los artículos 100 numerales 4), 5), y 15); 101, 102 y demás aplicables del Código del Trabajo, procedió a notificar en legal y debida forma la medida de suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo a 660 trabajadores, con efectividad a partir del día siguiente hábil, es decir a partir del 08 de octubre del 2014 al 04 de febrero del 2015, por 120 días, debiéndose presentar a las labores el personal suspendido el 05 de febrero del 2015 y que dentro del personal suspendido se encontraban los señores demandantes; y que es de público conocimiento la precaria situación económica de Hondutel, empresa que ha venido operando con pérdidas netas desde el año 2009 hasta la fecha, dichas pérdidas se incrementaron durante los dos (2) últimos períodos fiscales (años 2012 y 2013), al extremo que hoy en día a pesar de las medidas adoptadas para el saneamiento financiero administrativo tomadas por la actual administración, sigue siendo imposible que Hondutel opere con un mínimo razonable de utilidades; como consecuencia de ello, resultó ineludible que la empresa recurriera a una serie de medidas para lograr disminuir las referidas pérdidas, siendo éstas: a) Recuperación e incremento de ingresos por tráfico internacional de llamadas a través de una ágil administración de tasas de terminación; b) Incremento en las ventas de servicios corporativos, principalmente a clientes gubernamentales; c) Ampliaciones de sistemas para atender la demanda de los servicios de datos; y d) Reducción del gasto corriente en el renglón de servicios personales; sin embargo, lastimosamente la situación de la empresa no puede ser revertida a corto plazo sin tener que tomar otras decisiones de mayor envergadura, pero igualmente necesarias, siendo una de ellas la suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo de 660 de sus empleados; y siendo que Hondutel solo tiene una vía de financiamiento para recaudar fondos proyectados en ese presupuesto: su propio flujo de caja derivado de su facturación, el cual ha disminuido ala tras año, en vista de la feroz competencia en el sector comunicaciones y de otros sectores conocidos; que el 10 de octubre de 2014, presentó ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, solicitud de que se tengan por comprobadas las causas de suspensión parcial de contratos individuales de trabajo por 120 días consecutivos a 660 empleados de la empresa demandada, solicitud que estaba aún en trámite, por la gran carga de trabajo que impera en dicha Secretaría; asimismo alegó que el 03 de febrero del 2015 Hondutel presentó ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, formal notificación de que las causas invocadas para la suspensión parcial de los contratos de trabajo, debido a que las causas alegadas en la solicitud de suspensión aun persistían, por lo que la empresa se vio obligada a dar por terminados los contratos de trabajo de los empleados cuyos contratos fueron suspendidos, garantizándoles el pago de prestaciones e indemnizaciones labores basado en los artículos 62, 80 y 129 de la Constitución de la República, 100 numerales 4), 5) y 15), 111 numeral 8) y segundo párrafo y 126 del Código del Trabajo, 97 numeral 13, 132, 143 del Reglamento Interno de Trabajo, clausula 59 del XII Contrato Colectivo de HONDUTEL y certificación de la resolución punto de acta numero 8 de la Sesión Ordinaria No. 545-2008 celebrada el 13 de mayo del año 2008; asimismo manifestó que en la terminación de contrato individual de trabajo lo que aconteció fue basado en dos motivos justificados, lo instituido en el artículo 111 numeral 8) del Código del Trabajo y la imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto del actor, razón por la cual se le garantiza el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales ya que el reintegro no es posible, de igual forma indica la parte demandada que se les pago a los demandantes la indemnización equivalente a treinta días de su salario, por no habérseles notificado la suspensión del contrato individual de trabajo por tiempo indefinido y que los demandantes aceptaron tácitamente la medida de la suspensión al haber recibido el referido pago sin ninguna objeción, por lo que queda nula de pleno derecho la petición de oposición presentada por el demandante ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, de igual forma manifiesta el demandado que de acuerdo al Decreto Legislativo 266-2013 que contiene la Ley Para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno, el Estado y sus entidades están exentos del pago de costas.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 24 de noviembre del 2017, dictó sentencia declarando parcialmente con lugar la demanda ordinaria laboral; promovida por los señores: HÉCTOR DAVID GARCÍA GARCÍA; DEMETRIO ALONZO PÉREZ; FAVI TOMASA RAMOS RIVERA; YEIMY WALESKA RIVERA MEJÍA; FLOR IVETH VALLADARES VALLE; SANTOS REGINO RODAS; WILMER YOVANY SUAZO NÚÑEZ; DILCIA BELÉN ZUNIGA BONILLA; y SANDY SADYCXA DURON, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por intermedio de su representante legal y Gerente General el señor JESÚS ARTURO MEJÍA ARITA; condenó a la empresa demandada a: 1) reintegrar a su puesto de trabajo en mejores e iguales condiciones a los demandantes, con todos los beneficios obtenidos en la contratación colectiva durante su ausencia, más los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal despido hasta que sean debidamente reinstalados, los cuales se liquidaran en la etapa de ejecución del presente resolución; 2) al pago de los salarios dejados de percibir de los demandantes durante el periodo en el cual se encontraban suspendidos sus contratos individuales de trabajo desde el 08 de octubre del 2014 hasta el 04 de febrero del 2015; 3) al pago de decimo tercer o de salario proporcional de los demandantes y vacaciones del periodo 2014-2015 únicamente a los demandantes Héctor David García García Y Dilcia Belén Zuniga Bonilla, las cantidades de los conceptos descritos serán liquidadas en la ejecución de la sentencia; absolvió a la empresa demandada de: 1) pago de la indemnización de 30 días de salario por la no notificación de la suspensión de que fueron objeto los contratos de trabajo de los demandantes; 2) del pago a los demandantes Demetrio Alonzo Pérez, Favi Tomasa Ramos Rivera, Yeimy Waleska Rivera Mejía, Flor Iveth Valladares Valle, Santos Regino Rodas, Wilmer Yobany Suazo Núñez Y Sandy Sadycxa Duron de las vacaciones del periodo 2014-2015; 3) del pago de reembolsos eventuales de gastos médicos y quirúrgicos de los demandantes y 4) del pago del bono estudiantil, sin costas; bajo el criterio que la empresa demandada no ha comprobado la justificación del despido de que han sido objeto los señores demandantes, que la parte demandada ha sostenido en el proceso que no se les ha negado a los demandantes referidos el pago de sus prestaciones laborales, de igual manera si bien es cierto, en el periodo durante se encontraban suspendidos ninguna de las partes podía exponer reclamos tal como ha quedado establecido, no es menos cierto que el artículo 110 el Código del Trabajo es claro al señalar que cuando el despido injustificado surta efectos, el trabajador tiene derecho a la remuneración debida durante la suspensión de trabajo, y al reintegro al trabajo como lo han elegido los demandantes en este caso, y a los salarios dejados de percibir desde la fecha del ilegal del despido hasta que sean debidamente reinstalados, así mismo al pago proporcional del decimo tercer mes en los meses que estuvieron suspendidos los contratos de trabajo de los demandantes remuneración debida en dicho periodo, en virtud de haberse pagado proporcional a los demandantes, justificando el pago proporcional de este derecho la empresa demandada, por el tiempo laborado por los demandantes ya que se encontraban suspendidos; así como también es del criterio de esta juzgadora, conceder el derecho al pago de vacaciones del periodo 2014-2015, únicamente a los señores Hector David Garcia Garcia y Dilcia Belen Zuniga Bonilla, en virtud de que HONDUTEL ha reconocido que se le adeuda dicho concepto mediante el medio de prueba documental por oficio, y haberse constatado mediante el mismo medio de prueba que se canceló las vacaciones del periodo 2014-2015 a las señores Demetrio Alonzo Perez, Favi Tomasa Ramos Rivera, Yeimy Waleska Rivera Mejia, Flor Iveth Valladares Valle, Santos Regino Rodas, Wilmer Yobany Suazo Nuñez Y Sandy Sadycxa Duron; asimismo se otorgan a los demandantes Hector David Garcia Garcia, Demetrio Alonzo Perez, Favi Tomasa Ramos Rivera, Yemy Waleska Rivera Mejia, Flor Iveth Valladares Valle, Santos Regino Rodas, Wilmer Yovany Suazo Nuñez, Dilcia Belen Zuniga Bonilla Y Sandy Sadycxa Duron los derechos adquiridos de la contratación colectiva durante su ausencia, ya que a pesar de que no se acompaña a la demanda como medio de prueba por ninguna de las partes como medio de prueba el Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre HONDUTEL y SITRATELH, la parte demandada en su escrito de demanda acepta la existencia del mismo en la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), en consecuencia todos los conceptos otorgados se liquida en la etapa de ejecución de sentencia, estos derechos concedidos en razón del despido ilegal y de igual manera injusto notificado a los demandantes; que de la lectura del escrito de demanda una de las pretensiones de la parte actora es el pago de reembolsos eventuales de gastos médicos y quirúrgicos de los demandantes, esta juzgadora se ve imposibilitada de pronunciarse en cuanto a estos extremos, en vista de que no son relacionados en los hechos del escrito de demanda y la parte demandante no aporta prueba alguna para sustentar su petición, además de no cuantificar las indemnizaciones solicitadas.- Con respecto al bono de utilidades y estudiantil solicitado, es del criterio de la que juzga denegar dicha pretensión, en vista de que la que juzga no ha tenido a la vista el contrato colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre HONDUTEL y SITRATELH, a efecto de analizar si se es procedente aplicar la contratación colectiva a los demandantes con respecto al bono de utilidades y estudiantil, además HONDUTEL mediante el medio de prueba documental por oficio únicamente señala que no se pago este beneficio a los señores Hector David Garcia, Demetrio Alonzo Perez, Flor Iveth Valladares Valle, Santos Regino Rodas, Wilmer Yovany Suazo Nuñez Y Sandy Sadicxas Duron Sagastume; sin embargo, no se aprecia con la prueba aportada si estos demandante aludidos, tienen el derecho de optar por el beneficio estudiantil como pretenden, ya que las decisiones judiciales nos pueden descansar nunca sobre hechos alegados, sino que deben de sustentarse sobre los medios de prueba legales, ya que estos son los instrumentos legales y necesarios de que se valen las partes intervinientes en un proceso para demostrar al juzgador la verdad o la existencia real de los hechos generadores del derecho, es por tal razón que es imprescindible que la prueba se produzca para que el órgano jurisdiccional pueda calificarla; Se ha señalado en el escrito de demanda como pretensión el pago de cantidades adeudadas por cualquier concepto, esta solicitud la parte actora la realiza de manera abierta, por lo que la juzga aplicando el libre convencimiento y siendo que se ven involucrados los preceptos 100, 101 y 102 del Código del Trabajo, se ha acreditado por la parte demandada el pago en concepto de indemnización a los demandantes, por no haber notificado la empresa demandada la suspensión de que fueron objeto sus contratos individuales de trabajo y es en razón de lo expuesto es de la convicción de que no procede el pago de la indemnización aludida a los demandantes consistente a 30 días de salario por cada uno de ellos.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 14 de febrero del 2018, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por él a quo, sin costas; bajo el criterio que este Tribunal de Alzada ha llegado al convencimiento que la sentencia definitiva dictada por la Juez A-quo y que se revisa en apelación esta apegada a derecho y procede su confirmatoria; convencimiento que fundamentó en los hechos de que con los antecedentes conocidos vía apelación encontramos o consta de autos que con los medios de prueba allegados por las partes quedó probado la relación laboral que existió entre el empleador y trabajadores demandantes, la que se inició con cada demandante así: RECTOR DAVID GARCIA GARCIA, desde el 01 de octubre del 2009 hasta el 05 de febrero del 2015 devengando un salario de Lps.10,700.52; DEMETRIO ALONZO PEREZ, el 06 de octubre del 2009 hasta el 05 de febrero del 2015, con un salario de Lps.13,700.52; FAVI TOMASA RAMOS RIVERA, el 17 de diciembre del 2001 hasta el 05 de febrero del 2015 con un salario de Lps.36,433.60; YEIMY WALESKA RIVERA MEJÍA, el 01 de julio del 2011 hasta el 05 de febrero del 2015 con un salario de Lps. 14,000.00; FLOR IVETH VALLADARES VALLE, el 01 de julio del 2007 hasta el 05 de febrero del 2015 con un salario de Lps.9,848.99; SANTOS REGINO RODAS, el 01 de enero del 2005 hasta el 05 de febrero del 2015 con un salario de Lps. 12,169.99; WILMER YOVANY SUAZO NÚÑEZ, el 20 de septiembre del 2007 hasta el 05 de febrero del 2015 con un salario de Lps.14,798.99; DILCIA BELÉN ZUNIGA BONILLA el 01 de julio del 2007 hasta el 05 de febrero del 2015, con ( un salario de Lps.10,948.99 y SANDY SADYCXA DURON, el 01 de junio de 1999 hasta el 05 de febrero del 2016 con un sueldo de Lps. 18,372.27; que la terminación de la relación laboral fue de forma unilateral e ilegal la que se evidencia con la notificación al ofrecer la parte demandada el pago de prestaciones laborales a los demandantes, con la que hace un reconocimiento expreso de la no existencia de causas que justifiquen el despido; que con la nota de fecha 05 de febrero del 2015 mediante la cual se notifica a los demandantes la terminación de su relación laboral invocando las mismas causas que utilizó el demandado para la suspensión del contrato colectivo y al no contar con la autorización legal respectiva de la Secretaría del Trabajo, el empleador incurrió en otra violación de los derechos del trabajador, constituyendo al despido unilateral ilegal e injustificado; que el empleador demandado con sus medios de prueba no justificó los motivos que lo llevaron para dar por terminada la relación laboral en el presente juicio, violentando los artículos 112 y 117 del Código del Código del Trabajo vigente, por lo que procede el reintegro y demás derechos reclamados por el demandante; que en el presente caso los trabajadores no pueden ser despedidos por una liberalidad del empleador, sino por causa justa expresamente establecida por la Ley.- 5.- Mediante auto de fecha 16 de abril del 2018, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ÁNGELA GABRIELA MEDINA HENRÍQUEZ, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 01 de junio del 2018, compareció ante éste tribunal la Abogada ÁNGELA GABRIELA MEDINA HENRÍQUEZ, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), formalizando su demanda, exponiendo siete motivos de casación y dos nulidades subsidiarias, por lo que mediante providencia de fecha 05 de junio del 2018, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 20 de junio del 2018, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado PEDRO ANTONIO ORTEGA ANDINO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- 1.- Que el recurso de casación, como acción de impugnación extraordinaria, está sometida a un rigorismo formal debido a las limitaciones que circunscriben la potestad del Tribunal de Casación, ya que no se impugna el proceso sino el fallo de segundo grado y no dentro de una instancia, por lo que no pueden hacerse valer toda clase de argumentos de estimación probatoria, lo que obliga al recurrente a formular los cargos con claridad y precisión, con el objeto de que la Corte tenga un seguro derrotero para desatar el recurso, sin necesidad de que tenga que acudir a indagaciones mediante el uso del expediente, lo que desvirtúa el carácter extraordinario del recurso y lo convierte en otra instancia.- 2.- Que la Abogada ANGELA GABRIELA MEDINA HENRIQUEZ, en el primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del primer párrafo del artículo 113 del Código del Trabajo, que indica: “La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva”; en relación con el 112 del Código del Trabajo, que establece las causas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato sin responsabilidad de su parte. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: El primer párrafo del artículo 113 instaura que: “La terminación del contrato conforme a una de las causas enumeradas en el artículo anterior, surte efectos desde que el patrono la comunique al trabajador, pero éste goza del derecho de emplazarlo ante los Tribunales del Trabajo, antes de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto de que le pruebe la justa causa en que se fundó el despido. Si el patrono no prueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este Código le puedan corresponder y, a título de daños y perjuicios, los salarios que éste habría percibido desde la terminación del contrato hasta la fecha en que con sujeción a las normas procesales del presente Código debe quedar firme la sentencia condenatoria respectiva”. La corte sentenciadora incurrió en violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el precitado artículo por las siguientes razones: la Corte de Apelaciones estimó que HONDUTEL incurrió en ilegalidad al cancelar el contrato de trabajo del demandante por el plazo de 120 días, sin contar con la autorización mediante resolución de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, razón por la que la demandante emplazó al patrono ante los tribunales competentes para el reintegro requerido en la demanda planteada. De lo anterior, se infiere que la Corte de Apelaciones del Trabajo aplicó el primer párrafo artículo 113 en relación con 112 del Código de Trabajo, preceptos legales que fueron aplicados de forma indebida porque HONDUTEL en ningún momento canceló o despidió al demandante con fundamento en una de las causales establecidas en los incisos de artículo 112, sino que más bien se dio por terminado el contrato de trabajo de forma unilateral amparado en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo. Finalmente, honorable Corte Suprema de Justicia, ha quedado demostrado con argumentos jurídicos densos, que la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones violentó de forma directa LA NORMA SUSTANTIVA, invocada al aplicar al caso concreto indebidamente el artículo 112, TENIENDO QUE HABER APLICADO EL ARTICULO 111 NUMERAL 8) DEL CÓDIGO DE TRABAJO.”.- 3.- Que el cargo que antecede resulta inestimable por contener los defectos técnicos siguientes: a) en el desarrollo se insta a la revisión de los hechos, por ende a la valoración del material probatorio lo cual es incompatible con el concepto de violación invocado; b) se alude al artículo 111 numeral 8) del Código de Trabajo, el cual no fue indicado como infringido o relacionado en la formulación; y, c) lo expuesto resulta ser un alegato de instancia inoportuno en este recurso extraordinario de conformidad a lo dispuesto en el artículo 770 del Código del Trabajo. Conviene recordar, que en la violación directa a la ley sustantiva en cualquiera de sus modalidades (infracción directa, aplicación indebida e interpretación errónea) lo que se discute es el derecho no los hechos ya que estos último se tienen por aceptados, sin embargo en el sub-judice ha sido objeto del debate el despido del demandante, situación rechazada por la parte demandada por ello objeto de la controversia y de la valoración del material probatorio, por ello no es viable el ataque al fallo impugnado por el concepto de violación antes señalado.- 4.- Que en un segundo motivo se aduce: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del primer párrafo del artículo 101 del Código del Trabajo, que indica: “La suspensión de los contratos de trabajo surtirá efecto desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaria de Trabajo y Previsión Social o ante los representantes de la misma debidamente autorizados, dentro de los tres (3) días posteriores al ya mencionado, o treinta (30) días antes de la suspensión, cuando el hecho que la origine sea previsible. Si la Secretaria de Trabajo y Previsión Social no autorizare la suspensión por no existir la causa alegada o por ser esta injusta, la declarara sin lugar, y los trabajadores podrán ejercitar sus derechos emanados del contrato de trabajo, de las leyes y reglamentos laborales y demás disposiciones aplicables, por la responsabilidad que competa al patrono.” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el primer párrafo del artículo 101 del Código del Trabajo, por las siguientes razones: Al respecto, establece que la suspensión de contratos de trabajo surte efectos desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo dentro de los tres días posteriores al ya mencionado, o treinta días antes de la suspensión. De lo anterior se colige que la suspensión de contratos de trabajo surtió efecto desde el día en que fueron notificados los trabajadores, ya que el artículo referido instaura claramente que la autorización de la Secretaría de Trabajo se emite, mediante resolución, después de realizada la suspensión y no antes. Circunstancia que fue un hecho probado y el juez aplicó de manera indebida al momento de emitir su fallo.”.- 5.- Que el cargo que antecede resulta inestimable a razón de lo siguiente: a) el párrafo primero del artículo 101 del Código del Trabajo, señalado como norma sustantiva infringida carece de sustantividad; y, b) en el desarrollo se insta a la revisión de los hechos, por ende a la valoración del material probatorio lo cual es incompatible con el concepto de violación invocado.- 6.- Que en un tercer motivo se esgrime: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA del segundo párrafo del artículo 101 del Código del Trabajo, que indica: “Si la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social no autorizare la suspensión por no existir la causa alegada o por ser ésta injusta, la declarará sin lugar, y los trabajadores podrán ejercitar sus derechos emanados del contrato de trabajo, de las leyes y reglamentos laborales y demás disposiciones aplicables, por la responsabilidad que competa al patrono.” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el segundo párrafo del artículo 101 del Código del Trabajo, por las siguientes razones: El artículo 101 nos ofrece el procedimiento a seguir una vez iniciado el proceso de suspensión ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social. De igual manera, el consabido artículo también informa cuál es la consecuencia de que dicho proceso de suspensión no sea autorizado por la Secretaría del Trabajo como autoridad competente. El segundo párrafo del artículo 101 manda que, en caso de que la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, luego del análisis y valoraciones que como autoridad realicen, estime que el proceso de suspensión iniciado por la empresa y sometido a su aprobación resultare injusto o no existiera la causa alegada, declarará sin lugar el proceso. ¿Qué efectos tiene entonces que la secretaría declarase sin lugar el proceso de suspensión? El efecto sería la prerrogativa del trabajador para ejercitar sus derechos del contrato de trabajo y de toda la normativa laboral. Como puede apreciarse, este segundo párrafo es bastante claro y sirve como una medida de protección de los derechos del trabajador ante un posible error del patrono. Sin embargo, y al trasladarnos al caso de marras, notamos que el procedimiento iniciado ante la Secretaría de Trabajo por HONDUTEL fue declarado CON LUGAR, considerando automáticamente válidas y existentes las causales de suspensión incoadas. ¿Qué deriva de esto? Pues de un simple análisis lógico se puede arribar a la conclusión de que al tener HONDUTEL una resolución favorable, los trabajadores no tienen derecho a exigir sus derechos por la vía laboral, pues dicha resolución favorable otorgó a la empresa la razón de haber iniciado un proceso de suspensión, librándola de toda responsabilidad. Como se puede apreciar, la corte sentenciadora interpretó de manera errónea este precepto legal al confirmar la sentencia de primera instancia, pasando de largo sus efectos y las consecuencias que nacen de una resolución favorable por parte de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social.”.- 7.- Que el cargo que antecede resulta inestimable a razón de lo siguiente: a) el párrafo segundo del artículo 101 del Código del Trabajo, señalado como norma sustantiva infringida carece de sustantividad; y, b) en el desarrollo se insta a la revisión de los hechos, por ende a la valoración del material probatorio lo cual es incompatible con el concepto de violación invocado.- 8.- Que un cuarto motivo se alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA del artículo 100 numerales 4, 5 y 15, que indica: “Son causas de suspensión de los contratos de trabajo sin responsabilidad para las partes: 4. La imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, si se comprueba plenamente por el patrono; y 15. Cualquiera otra causa justificada no prevista en los ordinales anteriores, a juicio del Ministerio de Trabajo y Previsión Social”; relacionado con el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, que establece: “Son causas de terminación de los contratos de trabajo: 8. La suspensión de actividades por más de ciento veinte (120) días en los casos 1, 30, 40 50 Y 60 del artículo 100.” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por INTERPRETACIÓN ERRÓNEA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el artículo 100 numerales 4, 5 y 15, con relación con el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, dado que, como quedó probado en las secuelas del juicio, el contrato de trabajo fue suspendió por la situación financiera de la empresa y debido que las causas persistieron al pasar los 120 días de la suspensión, se dio por terminado el contrato de trabajo conforme con lo establecido en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo. Este extremo no fue apreciado por el juzgador, pues confundió la figura del despido con la terminación de los contratos de trabajo. Las terminaciones de los contratos de trabajo ya están expresamente instauradas en el artículo 111 del Código de Trabajo. En el caso que nos ocupa, se invocó el numeral 8 del mismo, el que instaura que la suspensión de actividades por más de 120 días es una causa de terminación de contratos de trabajo.”.- 9.- Que el cargo que antecede resulta inestimable a razón de lo siguiente: a) el artículo 100 del Código del Trabajo, señalado como norma sustantiva infringida no ha sido aplicado en la sentencia impugnada, por ello no puede haber sido interpretado erróneamente. Además los numerales 4, 5 y 15 de la citada disposición igualmente señalados como infringido contienen distintas situaciones jurídicas, que en todo caso, se deben precisar y explicar en forma separada e independiente; y, b) en el desarrollo se insta a la revisión de los hechos y por ende a la valoración de la prueba lo cual es incompatible con el concepto de violación invocado.- 10.- Que en un quinto motivo se aduce: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN EL MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN EL OFICIOS DE 5 DE FEBRERO DEL 2015 QUE CORRE AGREGADOS EN LA PRIMERA PIEZA DE LOS AUTOS. NORMAS LEGALES PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA LABORAL: Artículo 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO consistente en el oficio de 5 de febrero del 2015 que corre agregado en la primera pieza de autos, fue propuesto para demostrar contundentemente que lo que hubo fue una terminación de contrato de trabajo subsumida en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo, pero tanto el juzgado de primera instancia como el tribunal de segunda instancia omitieron el análisis de dicho medio probatorio en relación a los hechos del litigio”.- 11.- Que el cargo que antecede resulta inestimable por la razones siguientes: a) carece de claridad y precisión en la formulación, ya que por un lado se alega el concepto de error de hecho por falta de apreciación y por otro, en el acápite denominado explicación del motivo se indica que el medio de prueba descrito fue “…INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE…” lo cual es contrasentido, ya que si la prueba singularizada no fue apreciada no pudo haber sido interpretada (valorada) erróneamente, ya que una misma prueba no puede al mismo tiempo ser dejada de apreciar y apreciadamente erróneamente ni aun de manera equivocada; y b) en el desarrollo no se demuestra el error evidente y manifiesto en que haya incurrido el juzgador de instancia. Además, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando en la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En el sub-judice, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos los fundamentos del a-quo, observándose que se realizó el análisis y valoración del material probatorio aportado al proceso resolviendo conforme a la libre formación de su convencimiento lo que corresponde.- 12.- Que en un sexto motivo se esgrime: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN EL MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE HONDUTEL QUE CORREN AGREGADOS A FOLIOS 138 al 145, DE LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS. NORMAS LEGALES PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA LABORAL: Artículo 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO consistente en los Estados Financieros De HONDUTEL que corren agregados a folios 138 al 145 de la primera pieza de autos. La sentencia recurrida no tuvo como hechos probados que la empresa se encontraba imposibilitada de explotar la empresa con un mínimo razonable, la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, hecho que fue demostrado mediante la presentación del medio de prueba documental público consistente en los estados financieros y de resultados de HONDUTEL de los años 2007 al 2014, con los que se justificó incuestionablemente la grave situación financiera de la empresa que derivó en la terminación de los contratos de trabajo por medio de la figura de la suspensión. Al respecto, el artículo 100 del Código de Trabajo establece que la suspensión de contratos de trabajo surte efectos desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo dentro de los tres días posteriores al ya mencionado, o treinta días antes de la suspensión. De lo anterior se colige que la suspensión de contratos de trabajo surtió efecto desde el día en que fueron notificados los trabajadores, ya que el artículo referido instaura claramente que la autorización de la Secretaría de Trabajo se emite, mediante resolución, después de realizada la suspensión y no antes. Circunstancia que fue un hecho probado y el juez no lo tomó en cuenta al momento de emitir su fallo. Asimismo, El medio los Estados Financieros de HONDUTEL que corren agregados a folios 42 al 49 de la primera pieza de autos, fueron propuestos para demostrar contundentemente que la razón por la que se procedió a realizar las suspensiones del contrato fue que la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) estaba operando con pérdidas financieras elevadísimas, situación que derivó en los hechos que originan el presente litigio y que no debió omitirse su consideración para la resolución del mismo como lo hizo el ad quem.”.- 13.- Que el cargo que antecede resulta inestimable por las razones siguiente: a) carece de claridad y precisión en la formulación, ya que por un lado se alega el concepto de error de hecho por falta de apreciación y por otro, en el acápite denominado explicación del motivo se indica que el medio de prueba descrito fue “…INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE…” lo cual es contrasentido, ya que si la prueba singularizada no fue apreciada no pudo haber sido interpretada (valorada) erróneamente, ya que una misma prueba no puede al mismo tiempo ser dejada de apreciar y apreciadamente erróneamente ni aun de manera equivocada; b) en la explicación se alude al artículo 100 del Código de Trabajo, que no fue relacionado en la formulación lo que le resta claridad y precisión al cargo; y b) no se demuestra el error evidente y manifiesto. Además, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando en la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En el sub-judice, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos sus fundamentos, observándose que se realizó el análisis y valoración del material probatorio aportado al proceso resolviendo conforme a la libre formación de su convencimiento lo que corresponde.- 14.- Que en un séptimo motivo se alega: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN EL MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN LA RESOLUCIÓN NÚMERO 132-2015, EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, QUE CORRE AGREGADA A LOS FOLIOS 196 al 198, DE LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO consistente en la Resolución número 132-2015, emitida por la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, que corre agregada a los folios 196 al 198, de la primera pieza de autos, que declaró CON LUGAR la suspensión de contratos de trabajo, en virtud de comprobarse la configuración de las causales invocadas del artículo 100, que tiene relación directa el artículo 101, párrafo segundo del Código de Trabajo, establece que, si la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social no autorizara la suspensión por no existir la causa alegada o por ser ésta injusta, la declarará sin lugar, y los trabajadores podrían ejercitar sus derechos laborales por la responsabilidad que competa al patrono. No obstante, la secretaría al declarar CON LUGAR el proceso de suspensión de contratos de trabajo de mi representada, automáticamente validó el proceso y, en consecuencia, los trabajadores suspendidos no están facultados para interponer acción alguna, pues fueron separados de la empresa de manera legal y debidamente respaldada por autoridad competente. Por tanto, con la resolución 132-2015 emitida por la Secretaría de Trabajo, se demuestra que proceso de suspensión de contratos de trabajo fue convalidado de conformidad a lo instaurado en el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo por la Secretaría de Trabajo al declararlo con lugar y autorizarlo, convalidación que surtió efecto desde el día de dicha resolución, es decir, desde el 27 de octubre del 2015, o sea, antes de que se emitiera la sentencia el a quo, sumado a que dicha resolución declaró sin lugar expresamente las oposiciones a la misma presentadas por los demandantes. En consecuencia, quedó probado que los argumentos de mi contraparte han sido falsos. Al respecto, nuevamente cito el libro El Recurso Extraordinario de Casación Laboral, del autor Luis Lagos Pantoja, en su página 41, que desarrolla de una forma más concreta el concepto de error de hecho que: “consiste en no dar por probado un hecho, estándolo o tenerlo por establecido, sin que sea así, todo lo cual ocurre por la mala apreciación o la falta de apreciación de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas que la reglamentan, lo cual debe conducir a la relación de la ley sustancial; pero el error debe ser manifiesto, evidente, ostensible, etc. Esta causal de casación resulta entonces, de un proceso subjetivo del juzgador consistente en un equivocado racionamiento apreciativo de las pruebas que conduce a dar por establecido un hecho sin estarlo o, al contrario”.- 15.- Que el cargo que antecede resulta inestimable por las razones siguiente: a) carece de claridad y precisión en la formulación, ya que por un lado se alega el concepto de error de hecho por falta de apreciación y por otro, en el acápite denominado explicación del motivo se indica que el medio de prueba descrito fue “…INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE…” lo cual es contrasentido, ya que si la prueba singularizada no fue apreciada no pudo haber sido interpretada (valorada) erróneamente, ya que una misma prueba no puede al mismo tiempo ser dejada de apreciar y apreciadamente erróneamente ni aun de manera equivocada; b) en la explicación se alude a los artículos 100 y 101, párrafo segundo del Código de Trabajo, que no fueron relacionados en la formulación y el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo, el cual no corresponde al orden laboral lo que le resta claridad y precisión al motivo; y, b) no se demuestra el error evidente y manifiesto. Además, el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando en la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En el sub-judice, al revisarse la situación jurídica planteada, se advierte que el tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia hizo suyos sus fundamentos, observándose que se realizó el análisis y valoración del material probatorio aportado al proceso resolviendo conforme a la libre formación de su convencimiento lo que corresponde.- 16.- Que se solicita la nulidad subsidiaria en la forma siguiente: “Que la sentencia emitida por el tribunal ad quem buscan le certeza de los hechos jurídicos, por cuanto deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, y así no quede la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, con la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales y así respetar el Estado de Derecho. Con base en lo anterior, la Corte de Apelaciones, al emitir el fallo al igual que la sentencia recurrida, no fundamenta la presente de forma concreta, causando una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones omiten el análisis probatorio del oficio de fecha 5 de febrero del 2015, que corre agregado, con el que no solo se ha acreditado la terminación del contrato de trabajo conforme al artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo, sino que con el mismo se desvirtúa la existencia de la figura de despido injustificado en relación al artículo 112 del mismo código, por lo que de haberse analizado dicho medio probatorio con relación en los hechos del litigio, el ad quem no hubiese encontrado asidero jurídico para emitir el fallo condenado a mi representada a reintegrar a su puesto de trabajo a los demandantes junto con el pago de los demás conceptos condenados en la misma sentencia dictada en segunda instancia. El ad quem al omitir esa motivación produce indefensión a mi representada e incongruencia en la sentencia, pues existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad y, en el presente caso, el tribunal ad quem ha emitido una sentencia en la que no motivó ni fundamentó todos los hechos controvertidos, mismos que surgen de los hechos en que las demandantes se basaron su acción y en los hechos en que las demandadas fundamentan su resistencia a la pretensión incoada en su contra y sobre los que recaen las pruebas del juicio. SE PRESENTA SEGUNDA NULIDAD SUBSIDIARIA: Que la sentencia emitida por el tribunal ad quem buscan le certeza de los hechos jurídicos, y por ende, deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, sin dejar la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, conforme a la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales, respetando el Estado de Derecho; sin embargo, la Corte de Apelaciones, al emitir el fallo o la sentencia recurrida, no la fundamentó de forma concreta, causando una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones no hacen un análisis exhaustivo del porqué utilizó como fundamento jurídico de su decisión el artículo 113 del Código de Trabajo, cuando durante el juicio mi representada señaló las razones por las que dicho artículo no podía ser empleado para la solución del caso sub judice, debiendo el ad quem, de acurdo a los establecido en el artículo 200 numeral 2, literal b, del Código Procesal Civil, haberse pronunciado de manera exhaustiva respecto a este hecho controvertido producido por las diferencia en los argumentos de las partes, de manera que el caso sub examine, ha dejado duda del criterio utilizado en la emisión de la sentencia recurrida, dadas sus vacuas consideraciones. PROCEDENCIA DE LAS NULIDADES SUBSIDIARIAS: El artículo 206 del Código Procesal Civil, el que se aplica de manera supletoria al procedimiento laboral, nos establece que las sentencias, en su contenido, deben ser claras, precisas y exhaustivas, en relación con los hechos argumentados por las partes y las pruebas aportadas, preceptos que no se cumplen en la sentencia de marras por las razones anteriormente expuestas. Asimismo, el artículo 207 del Código Procesal Civil exige que las sentencias sean motivadas con relación a los argumentos fácticos y jurídicos expuestos por las partes, lo que tampoco ocurre en el caso de marras como ya se expuso con anterioridad. Ya el Código Procesal Civil en el artículo 211 se establece que el incumplimiento en los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad. De igual manera, el articulo 212 numeral 3 del Código Procesal Civil establece que es nulo el acto procesal que se dicta prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión, tal como ocurre en el caso de marras, por lo que para salvaguardar los derechos de las partes en litigio y la idoneidad de los actos procesales es necesario que se declare la nulidad de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo sin perjuicio de que la misma sea casada.”.- 15.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos facticos que demuestren el vicio de tal manera, que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto este Tribunal estima que no se ha violado el debido proceso o el derecho de defensa de las partes, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- 16.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus siete motivos de casación, y sin lugar la nulidad alegada de forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus siete motivos. 2) DECLARAR SIN LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintisiete días del mes de agosto del dos mil diecinueve; certificación de la sentencia de fecha veintitrés de julio del dos mil diecinueve, recaída en el Recurso de Casación número 142-18.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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