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Sentencia CL-142-17 — Registro 7789

Resumen

Segunda instancia declaró con lugar el recurso de apelación reformando con demanda ordinaria laboral para el pago del reajuste al salario mínimo, reajuste del décimo tercer y décimo cuarto mes de salario correspondiente, más los daños y perjuicios en una suma igual a los reajustes del salario mínimo demandado

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

...."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) alega tres formas distintas de violar la Ley, por una parte aduce la infracción directa, por otra, la aplicación indebida, y por último estructura su recurso por error de hecho, siendo esta una infracción indirecta, las cuales debió formular de forma separada por la independencia de los cargos; b) en su formulación invoca como infringido el artículo 858 del Código del Trabajo, el cual no es una norma sustantiva; y, c) realiza alegatos propios de instancia.- IV. Que la impetrante alega nulidad subsidiaria en la cual aduce: “En el caso los decretos PCM-01 1-2014, PCM-025-2014, PCM-049-2014 de la primera pieza de autos, que el juzgado de letras del trabajo ni la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes, se niega y no toma en consideración el déficit financiero que está atravesando actualmente el seguro, pero la Honorable Corte en mención al ratificar la sentencia de primera instancia conocida en apelación, tácitamente ORDENA NUEVAMENTE EL PAGO por los daños y perjuicios, lo cual no es justo ni procedente en derecho y dicha sentencia tampoco es congruente con la demanda y las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito como lo ordena el artículo 208, numeral 1 del Código de Procesal Civil, Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito, causando un evidente perjuicio a la parte demandada, lo que acarrea la nulidad absoluta de actuaciones a partir de la sentencia de fecha Veintidós de Febrero del año dos mil Diecisiete (2017), proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes.”"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central; a los treinta y un días del mes de julio del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha diez de mayo del año dos mil diecisiete, por la Abogada KAREN SUSSETTE VALENCIA GUEVARA en su condición de representante procesal del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), además, son parte recurrida los señores RONALD ISAAC ERAZO CARTAGENA, BERTHA LIDIA VALLECILLO AMAYA, IRIS ANEY HERNANDEZ CARBALLO, YOLANY VANNESA EUCEDA PAZ, CARLOS CESAR CASTRO GUIFARRO, HERNAN NUÑEZ UMAÑA, WALTER ISMAEL MARTEL TROCHEZ, CARLOS FERNANDO ALMENDARES ANTUNEZ, ALBA PORTILLO CABALLERO, SARA BELINDA RAMIREZ BENITEZ, ERASMINIA RAMOS RIVERA, JUANA CORRALES, MAYDYN ELENA REDONDO MEJIA, ELVIN ESAU MENDEZ CADER, DIANA CECILIA RODAS SAEZ, KENIA LISBETH BARRIENTOS VALLECILLO, SUYAPA LORENA ANDINO CASTILLO, DUNIA ELIZABETH HERNANDEZ FUNEZ, YOSIRA LIZBETH OLIVA ERAZO y JULIO CESAR GOMEZ CASCO, representado en juicio por el Abogado DANIEL EDUARDO CALLEJAS ZELAYA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago del reajuste al salario mínimo, reajuste del décimo tercer y décimo cuarto mes de salario correspondiente, más los daños y perjuicios en una suma igual a los reajustes del salario mínimo demandado y las costas procesales, promovida en fecha veinticuatro de agosto del año dos mil dieciséis ante Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, por el Abogado DANIEL EDUARDO CALLEJAS ZELAYA, en su condición de representante procesal de los señores: RONALD ISAAC ERAZO CARTAGENA, casado, Bachiller en Computación; BERTHA LIDIA VALLECILLO AMAYA, soltera, Bachiller en Promoción Social; IRIS ANEY HERNANDEZ CARBALLO, soltera, Bachiller en Ciencias y Letras; YOLANY VANNESA EUCEDA PAZ, soltera, Bachiller en Administración de Empresas; CARLOS CESAR CASTRO GUIFARRO, casado, Bachiller en Administración de Empresas; HERNAN NUÑEZ UMAÑA, soltero, Técnico Universitario en Laboratorio Clínico; WALTER ISMAEL MARTEL TROCHEZ, casado, Técnico Universitario en Laboratorio Clínico; CARLOS FERNANDO ALMENDARES ANTUNEZ, casado, Técnico Universitario en Laboratorio Clínico; ALBA PORTILLO CABALLERO, soltera, Enfermera; SARA BELINDA RAMIREZ BENITEZ, soltera, Enfermera; ERASMINIA RAMOS RIVERA, soltera, Enfermera; JUANA CORRALES, soltera, Enfermera; MAYDYN ELENA REDONDO MEJIA, soltera, Enfermera; ELVIN ESAU MENDEZ CADER, soltero, enfermero; DIANA CECILIA RODAS SAEZ, casada, Enfermera; KENIA LISBETH BARRIENTOS VALLECILLO, casada, Bachiller en Ciencias y Letras; SUYAPA LORENA ANDINO CASTILLO, soltero, Bachiller en Ciencias y Letras; DUNIA ELIZABETH HERNANDEZ FUNEZ, soltera, Bachiller en Administración de Empresas; YOSIRA LIZBETH OLIVA ERAZO, casada, Bachiller en Ciencias y Letras; JULIO CESAR GOMEZ CASCO, casado, Técnico en refrigeración y aire acondicionado; todos mayores de edad, hondureños y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés; contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) a través de su representante legal el señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, quien es hondureño, mayor de edad, casado, Doctor en Medicina. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintidós de febrero del dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, que falló confirmando la sentencia de fecha dieciocho de noviembre del año dos mil dieciséis dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, en el siguiente sentido: “FALLA: PRIMERO: NO HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la entidad demandada. SEGUNDO: Declarando HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado Daniel Eduardo Callejas Zelaya, en representación procesal de la parte actora, contra la sentencia definitiva proferida el dieciocho de noviembre del dos mil dieciséis (18/1,1/16) por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta misma sección judicial, en la demanda de la referencia; consecuentemente, se REFORMA la misma, la que consiste en: 1.) Fijar como ajuste al salario mínimo correspondiente al año 2014 y los meses de enero a septiembre del año 2015, la suma de Lps. 13,268.51 a favor de cada uno de los demandantes. II.) Fijar como cuantía total 109 de condena la suma de QUINIENTOS TREINTA MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (Lps. 530 740.20) integrada por los conceptos de ajustes de salarios en la cantidad de Lps. 265,370.20, más una suma igual en concepto de daños y perjuicios. TERCERO: Se CONFIRMA en sus demás extremos la sentencia de mérito. CUARTO: SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que detallando las fechas de ingreso, el cargo desempeñado, el salario devengado, los valores y conceptos que pretenden soportan el reajuste, argumentando que la demandada no les pagaba el salario mínimo establecido por el Estado de Honduras vigente para el año 2015, señalando además que se les adeuda a los demandantes el ajuste del salario mínimo por décimo tercer mes del año 2014 y 2015, en la suma de L. 328.68 y L. 711.40; asimismo, señala el décimo cuarto mes correspondiente al 2015, la suma de L.918.05 y del 2016, el valor de Lps. 558.70, sumatoria que individualmente en cada concepto asciende al valor de Lps. 2,516.84, lo que hace un valor de total de Lps. 50,336.80; indicando que el gran total en los conceptos indicados equivale a la cantidad de Lps. 289,592.80, al que se debe sumar una cantidad igual en concepto de daños y perjuicios, de lo que resulta un valor global de Lps.579,185.60, que es la base de la cuantía de la demanda, fundamentando el reclamo en el artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), contestó la demanda señalando que no les asiste el derecho, ya que la causa invocada no se justifica, tesis que sustenta en el artículo 100. 2 y 5 del Código del Trabajo que señala la falta de fondos la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, asimismo hace acopio de la Resolución CI IHSS N08/24-01 2014 del 17 de enero del 2014, mediante la cual el Presidente de la República ordenó la intervención del IHSS, ello con sustento en el artículo 100 de la Ley General de la Administración Pública, que faculta a la Comisión Interventora a suspender o remover al personal que se estime innecesario en los casos previsibles y a dictar medidas de emergencia sin lesionar los intereses patronales para obtener el alivio de la situación económica de los trabajadores. Finalmente expuso que el daño sufrido por el IHSS es de grandes dimensiones y se encuentra sumido en una crisis financiera, por lo que pide al tribunal condone el reajuste del salario mínimo correspondiente de enero a diciembre del 2014 y de enero a septiembre del 2015; el reajuste al salario mínimo respecto del décimo tercer mes y décimo cuarto mes y lo que corresponda en daños y perjuicios.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha dieciocho de noviembre del año dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar, sin costas, promovida por los señores RONALD ISAAC ERAZO CARTAGENA, BERTHA LIDIA VALLECILLO AMAYA, IRIS ANEY HERNANDEZ CARBALLO, YOLANY VANNESA EUCEDA PAZ, CARLOS CESAR CASTRO GUIFARRO, HERNAN NUÑEZ UMAÑA, WALTER ISMAEL MARTEL TROCHEZ, CARLOS FERNANDO ALMENDARES ANTUNEZ, ALBA PORTILLO CABALLERO, SARA BELINDA RAMIREZ BENITEZ, ERASMINIA RAMOS RIVERA, JUANA CORRALES, MAYDYN ELENA REDONDO MEJIA, ELVIN ESAU MENDEZ CADER, DIANA CECILIA RODAS SAEZ, KENIA LISBETH BARRIENTOS VALLECILLO, SUYAPA LORENA ANDINO CASTILLO, DUNIA ELIZABETH HERNANDEZ FUNEZ, YOSIRA LIZBETH OLIVA ERAZO y JULIO CESAR GOMEZ CASCO contra INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), bajo el criterio que los demandantes desde el mes de enero del año 2014 al mes de setiembre del año 2015, devengaban un salario mensual de L. 7,312.04 y según el acuerdo No. STSS-599-2013, publicado en el Diario La Gaceta, el salario mínimo vigente según la actividad que desempeñaban, la cual está comprendida en las actividades de hospital en el año 2014 era de L. 7,620.45 para el año 2015 es de L. 8,230.09, por lo tanto es procedente condenar el reajuste de salario mínimo y décimo tercer y cuarto mes de los años 2014 y 2015, así mismo en vista de que el demandante solicita el pago de daños y perjuicios por no pagar el salario mínimo legal establecido y siendo que los derechos que solicita son irrenunciables y el artículo 39 que los trabajadores que devenguen salarios inferiores al mínimo podrá cobrar además de lo que se adeuda una suma igual, por lo tanto es procedente condenar los daños y perjuicios solicitados.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veintidós de febrero del dos mil diecisiete, dictó sentencia declarando HA LUGAR la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que el A-Quo con criterio acertado indica con claridad los hechos y circunstancias que lo condujeron a estimar procedente el reclamo de los trabajadores respecto del reajuste del salario mensual devengado, hecho que implícitamente conlleva los reajustes de pago tanto del décimo tercer como del décimo cuarto mes, pero incurre en error aritmético al calcular los mismos, pues incorrectamente limitó la aplicación del artículo 39 de la Ley del Salario Mínimo, a un mes de salario en concepto de indemnización de daños y perjuicios, cuando de conformidad a la ley corresponde una suma igual a lo adeudado, en cuyo caso el Tribunal advierte la errónea aplicación de la citada norma, pues la misma manda que el trabajador podrá cobrar en concepto de daños y perjuicios, además de lo que se le adeudó una suma igual, razones por las cuales resultan atendibles los argumentos en que la parte actora sostiene el planteamiento del recurso que nos ocupa, de ahí que es procedente hacer las operaciones aritméticas que correspondan para establecer los valores que por ley asisten a cada uno de los demandantes, con ello enmendar el yerro en la aplicación de la ley impetrado por el recurrente.- 5. Mediante auto de fecha veinte de marzo del año dos mil diecisiete, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado SALVADROR ANTONIO MENDOZA, en su condición de representante procesal de los señores RONALD ISAAC ERAZO CARTAGENA, BERTHA LIDIA VALLECILLO AMAYA, IRIS ANEY HERNANDEZ CARBALLO, YOLANY VANNESA EUCEDA PAZ, CARLOS CESAR CASTRO GUIFARRO, HERNAN NUÑEZ UMAÑA, WALTER ISMAEL MARTEL TROCHEZ, CARLOS FERNANDO ALMENDARES ANTUNEZ, ALBA PORTILLO CABALLERO, SARA BELINDA RAMIREZ BENITEZ, ERASMINIA RAMOS RIVERA, JUANA CORRALES, MAYDYN ELENA REDONDO MEJIA, ELVIN ESAU MENDEZ CADER, DIANA CECILIA RODAS SAEZ, KENIA LISBETH BARRIENTOS VALLECILLO, SUYAPA LORENA ANDINO CASTILLO, DUNIA ELIZABETH HERNANDEZ FUNEZ, YOSIRA LIZBETH OLIVA ERAZO y JULIO CESAR GOMEZ CASCO, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a el recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha diecisiete de abril del año dos mil diecisiete, compareció ante este Tribunal la Abogada KAREN SUSSETTE VALENCIA GUEVARA en su condición de representante procesal del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), formalizando su demanda, exponiendo un motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha diez de mayo del año dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado conferido a el Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha cinco de junio del año dos mil diecisiete, se tuvo por contestado en tiempo y forma el recurso de casación por parte del Abogado DANIEL EDUARDO CALLEJAS, en su condición de representante procesal de señores RONALD ISAAC ERAZO CARTAGENA, BERTHA LIDIA VALLECILLO AMAYA, IRIS ANEY HERNANDEZ CARBALLO, YOLANY VANNESA EUCEDA PAZ, CARLOS CESAR CASTRO GUIFARRO, HERNAN NUÑEZ UMAÑA, WALTER ISMAEL MARTEL TROCHEZ, CARLOS FERNANDO ALMENDARES ANTUNEZ, ALBA PORTILLO CABALLERO, SARA BELINDA RAMIREZ BENITEZ, ERASMINIA RAMOS RIVERA, JUANA CORRALES, MAYDYN ELENA REDONDO MEJIA, ELVIN ESAU MENDEZ CADER, DIANA CECILIA RODAS SAEZ, KENIA LISBETH BARRIENTOS VALLECILLO, SUYAPA LORENA ANDINO CASTILLO, DUNIA ELIZABETH HERNANDEZ FUNEZ, YOSIRA LIZBETH OLIVA ERAZO y JULIO CESAR GOMEZ CASCO, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente a la Magistrada María Fernanda Castro Mendoza, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación tiene el fin principal de unificar la jurisprudencia nacional de Trabajo, bajo causales establecidas en el ordenamiento jurídico nacional. Éste es un recurso extraordinario o especial, examinando el enfrentamiento entre el fallo impugnado y las normas sustanciales que se estiman violadas, y en algunos casos aspectos fácticos y haz probatorio, previo una revisión a los requisitos y técnica del recurso.- II. Que la Abogada KAREN SUSSETTE VALENCIA GUEVARA, en su único motivo de casación manifiesta lo siguiente: “Acuso La Sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley Sustantiva de Orden Nacional, en Infracción directa; proveniente de error de hecho, Infracción que se pone de manifiesto en el equivocado razonamiento del juzgador, ese error de hecho por lo tanto requiere ser ostensible y manifiesto, lo que en palabras del autor Rene Parra significa que “sea evidente, patente, claro, sin que para apreciarlo se tengan que efectuar elucubraciones o raciocinios complejos” pues este es el presupuesto de la aplicación indebida que se enrostra a la decisión y lo que permite a la corte establecer la magnitud del desatino, que debe de ser ostensible y trascendente, so pena de no lograr el objetivo de desquiciar la presunción de acierto y legalidad que ampara toda sentencia objeto de este recurso extraordinario y con cuya falta de apreciación la sentencia bajo ataque viola el Artículo 858 del Código de Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS. Las normas adjetiva que sirven como medio para acreditar que se infringió las NORMAS sustantivas señaladas, están contenidas en los Art. 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA DEJADA DE APRECIAR. Acto seguido procedo a describir la prueba que se dejo de apreciar: Prueba Documental. - Documento Público, identificados como decretos ejecutivos PCM-01 1-2014, PCM-025-201 4, PCM-049-201 4, en donde quedo plenamente acreditado que actualmente el Instituto Hondureño de seguridad social se encuentra intervenido, y atraviesa por un colapso financiero el cual sufrió desde el año 2013, el Seguro Social evito que los trabajadores se vieran afectados evitando despidos masivos por la crisis que atraviesa, aun y cuando mi representado debió acatar en base a las leyes jurídicas, del mismo código de trabajo articulo 100 numeral 2 y 5 donde cita: . . .la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, si se comprueba plenamente por el patrón..., por lo que la Honorable corte de apelaciones del trabajo de san Pedro sula, no debió ratificar la sentencia y mucho menos condenar a daños y perjuicios en virtud del momento crítico y calamitoso que atraviesa actualmente del Instituto Hondureño de Seguridad Social, en donde se pone de manifiesto que de la simple comparación de lo que se expresa en la sentencia y lo que contiene la prueba, en el erro en que incurre la corte de Apelaciones, ya que si esta prueba se hubiera apreciado, la alzada no hubiese ratificado la sentencia hoy impugnada y hubiese disminuido la condena. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 765 ordinal 1°. Párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DE MOTIVO QUE SE HACE ASI: En el hecho PRIMERO de los fundamentos de Derecho de la Sentencia impugnada dictada por la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, Cortes, se manifiesta lo siguiente: Que para este tribunal de segunda instancia, el marco fundamental de competencia lo constituyen las referencias conceptuales y argumentativas que se aducen y esgrimen en contra de la decisión adoptada en primera instancia, siendo de esa forma que el recurrente fija los puntos que lo distancian de la determinación del juez, al igual que las razones en que sustenta la pretensión de enmienda.... De ahí que por disposiciones de las partes del tribunal de segunda instancia tiene competencia para conocer y decidir sobre los agravios planteados, confrontados con el material factico, probatorio y legal en obra en el proceso... las partes pondrán de manifiesto al juez, quien determinara si el hecho es admisible, circunstancia que no ocurre en el presente caso, puesto que en este caso para efectos de valoración es hasta en esta instancia en la que se incorpora dicha circunstancia como hecho de nuevo conocimiento al aseverar haberlo hecho efectivo antes de la emisión del fallo, de ahí que tal alegato no puede ser atendible por esta alzada... En este caso la Corte de Apelaciones de San Pedro Sula, al CONFIRMAR la Sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia, incurrió en error de hecho, puesto que al no darle prioridad a la prueba presentada en tiempo y forma, no llega a esa conclusión y tal desprecio de dicho medio probatorio es INJUSTO y CONTRARIO A DERECHO; Este medio probatorio documental en donde se acredita el déficit financiero por el que está pasando actualmente el seguro social, asimismo nunca que les ha dejado de pagar a sus empleados, se les hizo efectivo el ajuste al salario mínimo legal en el mes de Octubre del año 2015, y asimismo se condena al duplo por el no pago de este salario mínimo vigente. este hecho (déficit financiero) es contundente para acreditar no condenar los daños y perjuicios en este caso la demandada se encuentra en desventaja por no tener liquidez para afrontar compromisos que con mucho esfuerzo los cumple aunque se a largo plazo, en cuanto a la cuantía, pero esta no lo admite alejándose de lo preceptuado en el artículo en referencia y causando perjuicios a mi representada, pues ya acreditado el déficit financiero durante la audiencia primera de trámites y alegación en la cortes de apelaciones no es justo ni procedente en derecho mantener incólume la sentencia de primera instancia en ese sentido, ya que con la misma se está CONDENANDO A PAGAR DAÑOS Y PERJUICIOS cuando mi representada no posee capacidad económica debido al déficit financiero; incurre en error la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes, al no valorar uno prueba tales como los decretos presentados durante el proceso del juicio Por ende se sobreentiende que la Corte de Apelaciones en su Sentencia CONFIRMANDO la Sentencia del A-quo, incurre en la FALTA de Valoración de las pruebas, vulnerando el artículo 858 del Código de Trabajo.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) alega tres formas distintas de violar la Ley, por una parte aduce la infracción directa, por otra, la aplicación indebida, y por último estructura su recurso por error de hecho, siendo esta una infracción indirecta, las cuales debió formular de forma separada por la independencia de los cargos; b) en su formulación invoca como infringido el artículo 858 del Código del Trabajo, el cual no es una norma sustantiva; y, c) realiza alegatos propios de instancia.- IV. Que la impetrante alega nulidad subsidiaria en la cual aduce: “En el caso los decretos PCM-01 1-2014, PCM-025-2014, PCM-049-2014 de la primera pieza de autos, que el juzgado de letras del trabajo ni la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes, se niega y no toma en consideración el déficit financiero que está atravesando actualmente el seguro, pero la Honorable Corte en mención al ratificar la sentencia de primera instancia conocida en apelación, tácitamente ORDENA NUEVAMENTE EL PAGO por los daños y perjuicios, lo cual no es justo ni procedente en derecho y dicha sentencia tampoco es congruente con la demanda y las pretensiones deducidas oportunamente en el pleito como lo ordena el artículo 208, numeral 1 del Código de Procesal Civil, Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito, causando un evidente perjuicio a la parte demandada, lo que acarrea la nulidad absoluta de actuaciones a partir de la sentencia de fecha Veintidós de Febrero del año dos mil Diecisiete (2017), proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortes.”.- V. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio, de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal que este Tribunal deba enmendar; en el presente caso, la sentencia impugnada contiene los requisitos necesarios para su validez, y basada en la petición del actor, siendo los argumentos de la nulidad inapropiados alegatos, pues los jueces y magistrados son garantes de la aplicación de justicia y no sus actuaciones no deben supeditarse los déficit financieros de los patronos, actuación que no los exime del cumplimiento de la ley.- VI. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión en su único motivo de casación y sin lugar nulidad solicitada en forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 134, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2 h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 3, 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código de Trabajo; 22, 197, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diez días de mes de septiembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de julio del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 142-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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