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Sentencia CL-140-16 — Registro 7260

Resumen

En primera instancia se declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo por despido directo e injustificado, pago de salarios dejados de percibir y las costas del juicio y confirmada en segunda instancia.

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

… “VI.- Que el Recurrente solicita se declare la nulidad del fallo impugnado, basado en lo siguiente: “NULIDAD SUBSIDIARIA. Las reglas que determinan el contenido de las sentencias se encuentran reguladas en los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil. La sentencia que se pretende impugnar contiene pasajes obscuros, que limitan el ejercicio del derecho al defensa y que no exponen con claridad los objetos de debate en juicio. Es indispensable para la fijación de la doctrina laboral de Honduras, que las sentencias sean claras, precisas, congruentes, motivadas y exhaustivas, a fin de generar un espacio jurídico en la que las partes puedan entender la razón del fallo y a la vez mejorar los argumentos de defensa. Sin embargo, cuando el Ad-Quem no se pronuncia sobre medios de prueba propuestos por mi representado genera una confusión e incongruencia en el fallo; en primer lugar porque no se encuentra un argumento lógico que conduzca al punto en el que el Ad-Quem prefirió la prueba ofrecida por la parte demandada sobre la prueba propuesta por mi representado y en segundo lugar no aparecen descritos los hechos que lo motivaron a no pronunciarse sobre la prueba ofrecida por mi representado. No se desconoce la libertad que tiene el juez del trabajo para resolver el conflicto laboral mediante la libre apreciación de la prueba, sujeta siempre a las reglas de la sana critica, lo que se exige es que el Ad-Quem motive su fallo de tal manera que establezca los motivos de porque determinada prueba prevalece frente a la otra, o porque motivos no la considero valida, o la considero nula, o cualquier otro razonamiento lógico que desprenda de la capacidad de razonar del juzgador, eso es lo que ordena el Código Procesal Civil, y es precisamente lo que se ha omitido en el presente caso. Lo anterior es suficiente para decretar la nulidad de la sentencia que se pretende impugnar, y se exija al Ad-Quem emitir un fallo que cumpla con los requisitos legales exigidos.”.- VII. Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, la cual por mayoría de votos, confirma la de primera instancia y por ello se declara sin lugar la demanda de mérito, es violatoria al debido proceso ya que la misma no revisa con suficiente exhaustividad lo relacionado con la cuestión derivada de los años de servicio del actor con la demandada, con el señalamiento de no haber sido objeto de sanciones anteriores; además, en el tema de la prescripción de la acción del despido, hace suyo el argumento utilizado por el a quo para desestimar el mismo, de que es a partir de la fecha de la audiencia de descargo que se computa el término de un mes que tiene el patrono para sancionar al trabajador/a, olvidando que a ese momento ya se ha señalado la existencia de un cargo o falta, que lógicamente es anterior a su celebración, siendo que la norma contenida en el artículo 863 del Código del Trabajo determina que dicho termino comienza desde que se cometió la falta o que se tuvo conocimiento de la misma.- VIII.- En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos.- IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X.- Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente.- XI.- Por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el ad-quem proceda de conformidad a derecho.”

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., diecisiete de enero del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, por el recurrente, Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del señor CARLOS EMILIO PINTO GUERRA; además es parte recurrida, el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), representado en juicio por el Abogado FRANCISCO ANTONIO MONTOYA MARTINEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo por despido directo e injustificado, pago de salarios dejados de percibir y las costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de agosto de dos mil catorce, por el señor CARLOS EMILIO PINTO GUERRA, mayor de edad, casado, Médico General, hondureño y de este domicilio, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), por medio de su representante legal, señor RICHARD ZABLAH ASFURA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dos de febrero de dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha seis de noviembre de dos mil quince, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que declaró SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor CARLOS EMILIO PINTO GUERRA, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS); ABSOLVIÓ al demandado de toda responsabilidad en el presente juicio, sin perjuicio de los derechos adquiridos que le pudieran corresponder y que se los ha reconocido el empleador en la misma nota de despido, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), en fecha 05 de marzo de 1990, desempeñando el puesto de Médico General de consulta externa, devengando un salario mensual de L.62,000.00. Resulta que mediante Memorando No. 3878-DEI-IHSS de fecha 13 de mayo de 2014, el cual le fue entregado al demandante hasta el 30 de junio de 2014, donde se le notificó la terminación del vinculo laboral que lo unía con el demandado, invocándole causales inexistentes, pues siempre el demandante ha sido una persona responsable en el ejercicio de su profesión, teniendo casi 25 años de laborar para el demandado, aduciendo incumplimiento y violación de sus obligaciones y responsabilidades derivadas de su cargo, con la única intensión de evadir responsabilidades laborales con el demandante, violentando con ello los derechos laborales y humanos. Que con la simple lectura al despido aludido en su Ordinal Cuarto, el patrono manifiesta que tuvo conocimiento de los supuestos hechos desde el mes de enero de 2014, por lo que, como podrá observarse al momento del despido antes relacionado ya estaba prescrita la acción, según lo preceptuado en el artículo 863 del Código del Trabajo, sin dejar de mencionar que los argumentos aludidos en el mismo son infundados, en virtud de lo anterior se considera por ende que el despido es injusto e ilegal, violatorio de los artículos 129 de la Constitución de la República; 112 y 117 del Código del Trabajo, agotándose el trámite administrativo correspondiente, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio con la institución demandada.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), contestó dicha demanda señalando que en fecha 15 de enero del año 2014 y mediante Decreto PCM-01-2014, el Presidente de la República ordenó intervenir al demandado nombrando una Comisión Interventora con amplias facultades conforme lo establece el artículo 100 de la Ley para Optimalizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno. En cumplimiento a ese Decreto se nombró un Equipo Técnico encargado de hacer investigaciones relacionadas con hechos que presenten anomalías, por lo que se procedió en vista de las denuncias de los patronos a hacer investigaciones sobre la extensión de certificados de incapacidad extendidos a derechohabientes, para luego turnarlo a la Dirección Ejecutiva para que procediera de acuerdo a la Cláusula 11 del Contrato Colectivo y Estatuto del Médico Empleado; que el demandante en su condición de Médico atendió en el IHSS a la señora Breysi Ondina Reyes Hernández y que le extendió incapacidad laboral a la referida por dos ocasiones mediante Certificados No. 217783 extendida el 6 de enero del 2014, y Certificado No. 625423 extendida en fecha 14 de enero del 2014, cuando la paciente no se encontraba en el país. Igualmente el demandante estuvo incapacitado del 23 de mayo al 30 de junio del año 2014, razón por la cual no se le pudo hacer entrega del Memorando que contiene la cancelación de su Contrato de Trabajo, asimismo que se levantaron actas firmadas por el Inspector del Trabajo en la que se le visitó al demandante en varias ocasiones para hacerle entrega del documento de cancelación pero nunca se encontraba; que dando cumplimiento a lo que establece la Cláusula 11 del Contrato Colectivo se llevó a cabo audiencia de cargos y descargos en la que el demandante aceptó haber extendido los Certificados de Incapacidad a la señora Breysi Ondina Reyes Hernández al manifestar que las firmas puestas en el certificado de incapacidad extendidas a dicha señora eran del demandante, así como también el sello profesional que usa para extender dicho documento, lo que expresó a las preguntas números 13 ,14 y 15 en sus respuestas se deja claro que si extendió dichas incapacidades e igualmente aceptó haber extendido otra incapacidad del 14 al 17 de enero del año 2014, tal como lo expresó en la respuesta a la pregunta número 16, con lo que se acredita que efectivamente el demandante cometió la falta imputada y por lo tanto no le asiste el derecho que reclama.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha seis de noviembre de dos mil quince, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor Carlos Emilio Pinto Guerra, contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS); absolviendo al demandado de toda responsabilidad en el presente juicio, sin perjuicio de los derechos adquiridos que le pudieran corresponder y que se los ha reconocido el empleador en la misma nota de despido, sin costas; bajo el criterio que el demandante acusa prescripción de la acción del empleador para imponer a sanción de despido, por lo que conforme a lo constatado de autos después de la investigación del equipo técnico, se procedió a realizar la audiencia de descargos para dar cumplimiento a lo establecido en el contrato colectivo, procedimiento que está instaurado para respetar el derecho a la defensa del trabajador, antes de que se lleve a cabo la decisión de terminar o no el contrato de trabajo, entonces el empleador debe de darle al trabajador la oportunidad de defenderse de las imputaciones que se hacen o se han hecho en su contra; de tal manera que con los descargos que haga el trabajador y las pruebas que éste presente a su favor el empleador podrá decidir con mayor claridad y certeza cuál es la sanción que debe de aplicar al trabajador conforme a la ley, reglamento, pacto o contrato colectivo. En ese orden de ideas, es a partir de la fecha de la audiencia de descargo, que se podría decir, que el empleador conoce de manera pormenorizada y con más profundidad los hechos que sucedieron en torno a la o las supuestas faltas cometidas por el trabajador y que causan o causaran una sanción disciplinaria; en el caso que se ocupa la audiencia de descargo se celebró en fecha 2 de mayo del 2014, contando el empleador hasta el 2 de junio del 2014 para imponer una sanción disciplinaria al trabajador dentro de los plazos legales que establece el Código del Trabajo, pero es hasta el 30 de junio del 2014, en que se materializó efectivamente el despido, sin embargo alega el demandado que interrumpe el plazo de la prescripción de la imposición de la sanción disciplinaria las incapacidades medicas temporales del demandante Doctor Carlos Emilio Pinto Guerra, la primera del 22 de mayo al 4 de junio del 2014 y la segunda del 5 al 27 de junio del 2014, periodo que conforme a lo establecido en el artículo 100 numeral 7) del Código del Trabajo se encuentra suspendida la relación laboral y causa la inutilización de todos esos días, por lo que con una simple operación aritmética se deduce que la sanción de despido está notificada dentro del plazo legal. Argumentó el demandante que la causa de despido es inexistente, sin que lo probara de esa forma en juicio, sin embargo el empleador sí plenamente ha acreditado que el doctor demandante extendió dos certificados de incapacidad médica a una persona que no se encontraba dentro del país; no obstante las deficiencias en el sistema de seguridad social, que es de conocimiento público, el trabajador está en la obligación de realizar su trabajo con la mayor eficiencia, cuidado y esmero, observando los preceptos de reglamentos e instrucciones que de modo particular le imparta el patrono, y con mayor responsabilidad al momento de extender un certificado médico de incapacidad temporal, por lo que con el análisis del juicio de merito, de la prueba individual y en su conjunto es procedente declarar sin lugar la demanda ordinaria laboral que se conoce.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha dos de febrero de dos mil dieciséis, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que en el caso sub judice, ha quedado acreditado en el proceso, que el demandante reconoció haber extendido las incapacidades médicas que obran a folios 68 y 69, a favor de la señora Breisy Ondina Reyes Hernández, en fechas 6 al 8 de enero y 14 al 17 de enero, del año 2014, reconocimiento que hace según acta de investigación que obra a folio 58 de la primera pieza de autos. Que a folio 111 corre agregado el movimiento migratorio de la señora Breisy Ondina Reyes Hernández, mismo que registra una salida del país el 11 de octubre de 2013 con destino a los Estados Unidos de Norteamérica, ingresando al país el 19 de enero de 2014, por lo que se aprecia claramente que a la fecha en que el demandante extendió las referidas incapacidades, lo hizo en fechas en las cuales la derecho habiente no se encontraba en el país, por lo que las mismas a todas luces carecen de veracidad. Que a criterio del ad quem, la falta cometida por el demandante es calificada como grave, y la misma va en detrimento de las arcas del IHSS y consecuentemente de la población del Estado de Honduras que aporta su cuota al IHSS, quien es el mayor perjudicado.- 5. Mediante auto de fecha trece de abril de dos mil dieciséis, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, en su condición de representante procesal del señor CARLOS EMILIO PINTO GUERRA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha diecinueve de mayo de dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, en su condición de representante procesal del señor CARLOS EMILIO PINTO GUERRA, formalizando su demanda, exponiendo siete motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha trece de junio de dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado FRANCISCO ANTONIO MONTOYA MARTINEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que el Recurrente solicita se declare la nulidad del fallo impugnado, basado en lo siguiente: “NULIDAD SUBSIDIARIA. Las reglas que determinan el contenido de las sentencias se encuentran reguladas en los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil. La sentencia que se pretende impugnar contiene pasajes obscuros, que limitan el ejercicio del derecho al defensa y que no exponen con claridad los objetos de debate en juicio. Es indispensable para la fijación de la doctrina laboral de Honduras, que las sentencias sean claras, precisas, congruentes, motivadas y exhaustivas, a fin de generar un espacio jurídico en la que las partes puedan entender la razón del fallo y a la vez mejorar los argumentos de defensa. Sin embargo, cuando el Ad-Quem no se pronuncia sobre medios de prueba propuestos por mi representado genera una confusión e incongruencia en el fallo; en primer lugar porque no se encuentra un argumento lógico que conduzca al punto en el que el Ad-Quem prefirió la prueba ofrecida por la parte demandada sobre la prueba propuesta por mi representado y en segundo lugar no aparecen descritos los hechos que lo motivaron a no pronunciarse sobre la prueba ofrecida por mi representado. No se desconoce la libertad que tiene el juez del trabajo para resolver el conflicto laboral mediante la libre apreciación de la prueba, sujeta siempre a las reglas de la sana critica, lo que se exige es que el Ad-Quem motive su fallo de tal manera que establezca los motivos de porque determinada prueba prevalece frente a la otra, o porque motivos no la considero valida, o la considero nula, o cualquier otro razonamiento lógico que desprenda de la capacidad de razonar del juzgador, eso es lo que ordena el Código Procesal Civil, y es precisamente lo que se ha omitido en el presente caso. Lo anterior es suficiente para decretar la nulidad de la sentencia que se pretende impugnar, y se exija al Ad-Quem emitir un fallo que cumpla con los requisitos legales exigidos.”.- VII. Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, la cual por mayoría de votos, confirma la de primera instancia y por ello se declara sin lugar la demanda de mérito, es violatoria al debido proceso ya que la misma no revisa con suficiente exhaustividad lo relacionado con la cuestión derivada de los años de servicio del actor con la demandada, con el señalamiento de no haber sido objeto de sanciones anteriores; además, en el tema de la prescripción de la acción del despido, hace suyo el argumento utilizado por el a quo para desestimar el mismo, de que es a partir de la fecha de la audiencia de descargo que se computa el término de un mes que tiene el patrono para sancionar al trabajador/a, olvidando que a ese momento ya se ha señalado la existencia de un cargo o falta, que lógicamente es anterior a su celebración, siendo que la norma contenida en el artículo 863 del Código del Trabajo determina que dicho termino comienza desde que se cometió la falta o que se tuvo conocimiento de la misma.- VIII.- En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos.- IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X.- Que es deber ineludible de la Corte Suprema de Justicia no solo observar la técnica rigurosa y formalista del recurso de casación, sino que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa a las partes, particularmente que las resoluciones deben ser dictadas con la suficiente explicación de los puntos en litigio y los temas debatidos, como que sean congruentes y los resuelvan debidamente.- XI.- Por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el ad-quem proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 9 y 11 del Código Civil; 22, 200, 206, 207, 208, 211, 212 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 2 de febrero de 2016, visible a folios del 8 al 11 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los nueve días de mes de febrero del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha diecisiete de enero de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 140-16.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO

SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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