Sentencia CL-14-17 — Registro 7761
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de reajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales según la cláusula 59 del Contrato Colectivo Vigente, costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."El cargo que antecede resulta inadmisible, ya que la Recurrente señala la cláusula 59 del X Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre HONDUTEL Y SITRATELH 2006-2007como norma nacional de carácter sustancial supuestamente infringida, pero la misma no ostenta esa condición, dado que es del tipo convencional o contractual, por lo que es inviolable para los efectos del recurso de casación. Conviene recordar que norma sustantiva es aquel precepto legal de orden nacional que impone deberes o confiere derechos correlativos o los extingue, en los términos previstos en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., ocho de mayo de dos mil dieciocho. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, por la Abogada PAMELA MERARY DELGADO PACHECO, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), como recurrente; además es parte recurrida, la señora MIRIAN MARICEL MEZA CUELLAR, representada en juicio por el Abogado DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de reajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales según la cláusula 59 del Contrato Colectivo Vigente, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha treinta y uno de mayo de dos mil trece, por la señora MIRIAN MARICEL MEZA CUELLAR, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su Presidente de la Junta Interventora, señor JESUS CASTELLANOS, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, misma que: “FALLA: I.- DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado DARIO JOSUE VILLALTA.- II.- REFORMAR la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán de fecha trece de octubre dos mil catorce visible a folios 130 al 135 frente y vuelto de la primera pieza de autos.- en consecuencia a) REVOCA el numeral I de la sentencia apelada; b) Declara CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora MIRIAN MARICEL MEZA CUELLAR contra LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través del Presidente de la Comisión Interventora señor JESUS CASTELLANOS; para el pago de reajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales según la Clausula 59 del Contrato Colectivo vigente.- III.- CONDENA a LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) a través del Presidente de la Comisión Interventora señor JESUS CASTELLANOS, al pago de reajuste de las prestaciones e indemnizaciones laborales según la Clausula 59 del Contrato Colectivo vigente a la señora MIRIAN MARICEL MEZA CUELLAR.- IV.- CONFIRMA el numeral II de la sentencia apelada.- V.- SIN COSTAS en esta segunda instancia”. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la demandada desde el 01 de junio de 1977 hasta el 01 de septiembre de 2012, sirviendo para dicha empresa por 35 años y 3 meses. Que mediante oficio GH-900-2012 la demandada le comunicó a la demandante de dar por terminada la relación laboral y contrato de trabajo, manifestándole en la misma que debía abocarse al departamento de relaciones laborales para el trámite de las prestaciones laborales y demás derechos que le correspondían a la demandante conforme al Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente, el cual establece en su cláusula 59, que se pagará a todo trabajador una indemnización de un mes por año trabajado, además se le pagará el preaviso, vacaciones, aguinaldo y decimocuarto mes que corresponda y demás bonificaciones a que tuviere derecho, dicha cláusula en su tercer párrafo establece que Hondutel pagará las prestaciones laborales en un 100% y de una sola vez. Resulta que de forma inmediata la demandante se avocó al Departamento de Relaciones Laborales para tramitar las prestaciones, pero fue hasta en fecha 27 de diciembre de 2012, que se le hizo el pago a la demandante por parte de Hondutel la cantidad de L.1,288,582.36. En dicha liquidación en concepto de cesantía se le entregó a la demandante la cantidad de L.1,139,424.00, el valor mencionado al dividirlo en el salario promedio mensual que es de L.47,476.00, da un resultado de 24 años pagados nada más, lo sorprendente es que tal y como se expone anteriormente, la demandante laboró para la institución del Estado durante 35 años y 3 meses, por lo que en base a la cláusula 59 la empresa le quedó debiendo 11 años y 3 meses de trabajo, lo cual asciende a la cantidad de L.534,105.00, demostrando así un irrespeto a los derechos laborales de la demandante, agotándose el trámite administrativo correspondiente, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio con la demandada. 2. La parte demandada, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contestó dicha demanda señalando que la demandante ingresó a laborar a partir del 01 de junio del año 1977, desempeñando últimamente en el puesto de Operador de Telecomunicaciones V, en la Sección de Centro de Información en Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán, devengando un salario mensual al momento de su cancelación en fecha 01 de septiembre del año 2012 de L.33,251.68, a quién se le pagaron sus prestaciones laborales y demás derechos mediante cheque número 107044, emitido en fecha 31 de agosto del 2011, por valor neto de L.1,288,582.36, ya efectuadas las deducciones correspondientes y cobrado el 27 de septiembre del 2012. Que el Departamento de Relaciones y Servicios a Empleados de la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (Hondutel), efectuó el cálculo de las prestaciones laborales de la demandante, en base a un salario mensual de L. 33,251.68, un salario ordinario mensual de L.40,456.21 y un salario promedio mensual de L.47,476.00, que resultó de la información verdadera con que cuenta la empresa en sus archivos, correspondiéndole la cantidad bruta de un millón doscientos noventa y dos mil setecientos veinte y siete lempiras con 98/100 (L.1,292,727.98) a esta cantidad se le hicieron las deducciones de ley, efectuándose de la siguiente forma: preaviso 2 meses de salarios L.94,952.00, auxilio de cesantía: 24 meses de indemnización de salarios L.1,139,424.00, vacaciones proporcionales L.11,799.72, bonificación de vacaciones proporcionales L.10,529.61, décimo tercer mes proporcional L.28,818.12, décimo cuarto mes proporcional L.7,204.53, con un sub total de L.1,292,727.98, menos las deducciones como ser: asueto a cuenta de vacaciones L.4,045.62, tarjetas pre pago L.100.00, siendo un total de deducciones de L.4,145.62, resultando un valor neto a pagar de L.1,288,582.36 pagado de conformidad a la Cláusula número 59 del X Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre Hondutel y Sitratelh 2006-2007, en vista que de acuerdo a las resoluciones emitidas por la Junta Directiva de Hondutel, no se aprobó a partir del XI Contrato Colectivo suscrito entre Hondutel y Sitratelh del periodo 2008-2009, la aplicación de la cláusula 59, sino que se sigue implementando dicha cláusula del X Contrato Colectivo por no haber sido aprobada por la Junta Directiva como autoridad superior de Hondutel, de donde se desprende que la Cláusula antes relacionada en el XI y XII Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo que se suscribió, no llenaban los requisitos para su validez de conformidad al artículo 1552 numeral 1) en relación al 1553 ambos del Código Civil. La Junta Directiva de HONDUTEL, es la máxima autoridad de la institución y por ende sus decisiones son de obligatorio cumplimiento y principalmente de aquellos casos en que afecte los intereses económicos de la misma, por lo que en fecha 13 de mayo de 2008 la Junta Directiva de Hondutel emitió la resolución del punto de acta No. 8) de la Sesión Ordinaria No.545-08 en donde se resolvió ratificar la aprobación del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo de Hondutel para los años 2008-2009 a excepción de la CLAUSULA No. 59 PRESTACIONES LABORALES porque se contrapone a los artículos números 38 del Equilibrio Presupuestario de la Ley Orgánica del Presupuesto y 160 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente para el 2008, que son de orden público y faculta al Gerente General para que proceda a contratar una firma consultora, a efecto de que realice un estudio actuarial que mida el impacto financiero de la misma. 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de octubre de dos mil catorce, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de reajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales según cláusula 59 del contrato colectivo vigente, promovida por la señora Mirian Maricel Meza Cuellar, contra la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL); absolviendo a la demandada de pagar a la demandante dicho concepto, sin costas; bajo el criterio que el representante procesal de la parte demandada aportó a la presente demanda prueba documental con la que acredita, que a la demandante se le pagaron las prestaciones e indemnizaciones laborales de acuerdo a lo que establece la cláusula 59 del X Contrato Colectivo que reconoce una cesantía de un mes por cada año de servicio hasta un máximo de 24 años, cuando el despido no es causado, como sucedió en el caso de mérito al no existir motivo justo para que la institución diera por terminado el Contrato de Trabajo y sí no se aplicó la cláusula 59 del XII Contrato Colectivo Vigente, fue por motivo de encontrarse en suspenso dicha disposición. Que por las razones antes expuestas y las pruebas aportadas al juicio, se llega al firme convencimiento de que la demandante no ha probado de manera fehaciente tener derecho al pago del complemento de sus prestaciones e indemnizaciones laborales; en cambio la parte demandada acreditó haber pagado conforme a derecho las prestaciones e indemnizaciones laborales que le correspondía a la demandante, razón por la cual es del criterio que procede declarar sin lugar la demanda de que se ha hecho mérito. 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha siete de noviembre de dos mil dieciséis, dictó sentencia reformando la proferida en primera instancia, de la manera siguiente: a) revocando el numeral I de la sentencia apelada; b) declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la señora Mirian Maricel Meza Cuellar, contra la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), para el pago de reajuste de prestaciones e indemnizaciones laborales según la Cláusula 59 del Contrato Colectivo vigente; condenando a la demandada al pago de reajuste de las prestaciones e indemnizaciones laborales según la Cláusula 59 del Contrato Colectivo vigente a la demandante; confirmando el numeral II de la sentencia apelada, sin costas; bajo el criterio que si la demandada reconoce los derechos que por la prestación de los servicios le correspondían a la trabajadora, deben de ser otorgados en base al contrato colectivo vigente, pues el principio protectorio del trabajador debe imperar en una relación de trabajo donde además del antes enunciado, la demandada no puede de forma unilateral, en una sesión ordinaria declarar en suspenso la aprobación de una de las cláusulas del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, por lo que es procedente declarar con lugar la pretensión, pues la misma es una cuestión derivada del derecho de permanencia; entenderlo de otra forma, es colegir que se pueda discriminar a un trabajador(a) sino reclama ese reconocimiento, cuando el mismo se sustenta en la consecuencia de los elementos que se indican en la normativa laboral para considerar esa vinculación o contrato de trabajo y consecuentemente el goce de todos los derechos que corresponde a los trabajadores, en su regla de aplicación de la norma favorable al trabajador, como los de irrenunciabilidad y orden público, por lo que no cabe aplicar criterios restrictivos, ni limitar esos derechos que el patrono debe conceder, por lo tanto es procedente la declaratoria de reformatoria de la sentencia apelada, para restituir los derechos negados. 5. Mediante auto de fecha diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada PAMELA MERARY DELGADO PACHECO, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal la Abogada PAMELA MERARY DELGADO PACHECO, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación e interponiendo tres nulidades subsidiarias, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintisiete de abril de dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado DARIO JOSUE GARCIA VILLALTA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que el Recurso de Casación configura un medio de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del Derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura es dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose infracción de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la norma legal sustancial; por ello, el Litigante que hace uso de esta vía procesal extraordinaria está obligado a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del juicio laboral con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales. II.- Que la Abogada PAMELA MERARY DELGADO PACHECO, en su primer y único motivo de casación alega lo siguiente: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: La sentencia impugnada es violatoria de la Ley Sustantiva y de Orden Nacional por infracción directa al dejar de aplicar la cláusula 59 del X Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre HONDUTEL Y SITRATELH 2006-2007. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: Por no darle aplicación a la X Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre HONDUTEL Y SITRATELH 2006-2007, y vedarle así el ejercicio de la facultad privativa del patrono que la citada norma legal sustantiva le otorga, la sentencia impugnada solamente adujo como argumento el que contiene su considerando 5, en el cual, realiza el análisis formulado por la Sala de Laboral; eludiendo detenerse a considerar que cantidad pagada por concepto de prestaciones e indemnizaciones fue calculada conforme a la cláusula 59 del X Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre HONDUTEL Y SITRATELH 2006-2007 que es la reconoce hasta un límite de 22 o 24 meses de salario por los años de servicios, en vista que de acuerdo a las resoluciones emitidas por la Junta Directiva de HONDUTEL, no aprobó la cláusula 59 del XI Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre HONDUTEL Y SITRATELH 2008-2009; por tanto, ratificó la aprobación del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo para los años 2008-2009 a EXCEPCIÓN DE LA CLÁUSULA NÚMERO 59 PRESTACIONES LABORALES, porque se contraponía a los artículos 38 del Equilibrio Presupuestario de la Ley Orgánica del Presupuesto y 160 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente para el 2008, que son de orden público. Es importante destacar, que de acuerdo como lo establecido el Libro “El Recurso Extraordinario de Casación Laboral”, primera edición 1993, del autor Luis Lagos Pantoja en su página 21 que establece “En materia laboral, es aquella que consagra derechos y obligaciones correlativos para empleadores y trabajadores ligados por una relación de trabajo y regida por un contrato de la misma naturaleza. Pueden considerarse como tales: la Constitución Nacional, el Código Sustantivo de Trabajo, leyes especiales de carácter laboral, la convención colectiva de trabajo, el pacto colectivo y el fallo arbitral firme. Asimismo, debe tenerse en cuenta las normas procedimentales, cuando ellas consagran los mismos derechos y obligaciones.” (SIC), por tanto, ha quedado evidenciado la infracción directa a los preceptos legales.”. III.- El cargo que antecede resulta inadmisible, ya que la Recurrente señala la cláusula 59 del X Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre HONDUTEL Y SITRATELH 2006-2007como norma nacional de carácter sustancial supuestamente infringida, pero la misma no ostenta esa condición, dado que es del tipo convencional o contractual, por lo que es inviolable para los efectos del recurso de casación. Conviene recordar que norma sustantiva es aquel precepto legal de orden nacional que impone deberes o confiere derechos correlativos o los extingue, en los términos previstos en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo. IV.- Que la Impetrante también pide: “SE PRESENTA NULIDADES SUBSIDIARIAS. PRIMERA: Que la sentencia emitida por el tribunal ad quem busca le certeza de los hechos jurídicos, por cuanto deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, y así no quede la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, con la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales y así respetar el Estado de Derecho. En base a lo anterior es que la Corte de Apelaciones al emitir el fallo o la sentencia recurrida, no fundamenta la presente de forma concreta, lo que causa una carencia de motivación de la sentencia, pues su consideraciones omite el análisis probatorio de las resoluciones de la Junta Directiva de HONDUTEL, contenidas en el punto de acta número ocho (8) de la sesión ordinaria nro. 545-08, celebrada el 13 de mayo de 2008, cuya certificación se acompañó como medio de prueba documental al presente juicio (ver folio 111) y que formo parte de los hechos controvertidos en el presente juicio, las resoluciones tomadas en Sesiones Ordinarias respecto a la aceptación o no de obligaciones contractuales previo a ser suscrita, es la manera en que las personas jurídicas expresan el consentimiento de aceptar o no un contrato, siendo el consentimiento uno de los requisito para la aceptación de los contratos de acuerdo al numeral 1 del artículo 1552 del Código Civil, requisito que no concurre en el caso de marras de acuerdo a lo prescrito en el artículo 1553 del Código Civil, ya que como se observa la sesión ordinaria nro. 545-08, celebrada el 13 de Mayo de 2008, es de fecha anterior a la entrada en vigencia del XII contrato colectivo, por lo que al no considerarse que existió consentimiento en aceptar dicha cláusula en sus nuevas condiciones. En consecuencia, no se puede considerar que haya estado vigente de acuerdo a lo anteriormente expuesto, la A-QUEM al omitir esa motivación produce indefensión a las partes e incongruencia en la sentencia, pues existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad y en el presente caso el tribunal Ad quem ha emitido una sentencia en la que no ha existido motivación y fundamentación de todos los hechos controvertidos lo que surgen de los hechos en que el demandante fundamenta su acción y de los hechos en que el demandado fundamenta su resistencia a la pretensión incoada en su contra y sobre los que recaen las pruebas del juicio. SEGUNDA: Que las sentencias emitidas por el tribunal ad quem, buscan la certeza de los hechos jurídicos, por cuanto deben ser claras, precisas y congruentes con los hechos controvertidos del litigio y la práctica de la prueba. Por ende, en la sentencia se debe hacer una relación exhaustiva en cuanto a ellos, estableciéndose una congruencia entre la petición de las partes, lo hechos controvertidos, los hechos probados y lo que se otorga siendo que al omitirse esa motivación se produce indefensión a las partes e incongruencia en la sentencia, pues existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad y en el presente caso el tribunal ad quem ha emitido una sentencia en la que no ha existido pronunciamiento sobre todos los hechos controvertidos, creados a partir de las pretensiones de las partes y de los hechos y las pruebas presentadas que estas utilizan como fundamentos para acreditar su pertinencia ya que como se puede observar en la sentencia recurrida la corte de apelaciones no establece cual es el contenido de la cláusula 59 vigente al no hacer una referencia clara si la sentencia se dicta en aplicación a la cláusula 59 del XII Contrato Colectivo o a la cláusula 59 del X Contrato Colectivo, solo refiriéndose a que se dicta conforme a la cláusula vigente y siendo que este es un hecho controvertido medular de la demanda el Tribunal ad quen debió indicar con precisión cual era la cláusula vigente y debió hacer un análisis exhaustivo respecto a los motivos que le llevaron a dicho conclusión, particularmente en el caso de la sentencia recurrida haber hecho un exhaustivo análisis entre el medio de prueba documental consistente en la certificación del punto de acta número ocho (8) de la sesión ordinaria n0. 545-08, celebrada el 13 de Mayo de 2008, la vigencia de la cláusula 59 del X contrato colectivo y por qué la Corte de Apelaciones del Trabajo desconoció las razones que mantienen dicha cláusula vigente, siendo que la vigencia de la cláusula 59 del X contrato colectivo es una hecho debidamente acreditado y aun así no ha habido un pronunciamiento espurio por parte de la Corte de Apelaciones del Trabajo, provocando así que la sentencia sea incongruente entre los hechos controvertidos y lo condenado y además de indefensión a mi representada, es por ello que solicito la nulidad de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo sin perjuicio de que la misma sea casada. TERCERA: En el caso de marras, ya existe un antecedente en el que vos Honorable Sala de lo Laboral- Contencioso Administrativo declarasteis la nulidad absoluta de la sentencia definitiva de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones en fecha 27 de noviembre del 2014 ordenándole reponer lo actuado, pronunciarse y resolver sobre los extremos omitidos, ya que en la sentencia de fecha ocho de Noviembre del dos mil dieciséis (sentencia cuya impugnación se busca por medio del presente acto) también contiene omisiones en cuanto a los hechos y al análisis de los medios de prueba, por lo que es pertinente declarar nuevamente la nulidad absoluta de actuaciones conforme al principio de UBI EADEM RATIO, IDEM JUS”.”. V.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ha ocasionado un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, así como que el fallo cumple las exigencias necesarias para su eficacia, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria. VI.- Por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierra el primer y único motivo de casación y declarar sin lugar la nulidad subsidiaria solicitada. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en su primer y único motivo. 2) SIN LUGAR las nulidades subsidiarias de la sentencia solicitada. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta días de mes de mayo del dos mil dieciocho; certificación de la resolución de fecha ocho de mayo del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 14-17. Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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