Sentencia CL-135-17 — Registro 7787
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para la justificación de una terminación sin causa de la relación laboral con acoso (MOBBING), caso contrario se ordene el reintegro a sus puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones, con el pago de: a) Salarios dejados de percibir a titulo de indemnización por daños y perjuicios; b) pago de bono de utilidades y estudiantil; c) Reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos; d) pago de beneficios otorgados a otros trabajadores que se deriven del contrato colectivo o de la privatización de la empresa e) el pago de cantidades adeudadas por cualquier concepto; f) goce de vacaciones adeudadas; g) indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y otros préstamos en la banca privada, costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) el artículo 113 del Código del Trabajo, señalado como infringido, contiene párrafos y literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, siendo necesario precisar a cuál de ellos dirige su ataque; b) el concepto de aplicación indebida, alegado en la formulación, es un modo de violar la ley, que se invoca al margen del material probatorio, ya que lo que se discute es el derecho no los hechos y en la en la explicación se insta a esa valoración, por ende no es viable el ataque al fallo por esa vía; c) en el desarrollo se alude a los artículos 62, 80, 129 de la Constitución de la República, 97, 98, 100 numerales 4), 5), 15), 111 numeral 8), segundo párrafo, 114, 117 y 126 del Código de Trabajo, disposiciones que no fueron señalados como infringidas o relacionadas en la formulación; y, d) se formulan alegatos propios de instancia."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que el cargo que antecede resulta inestimable a razón de lo siguiente: a) carece de claridad y precisión, ya que por un lado se alega el error de hecho por falta de apreciación, por otro se esboza a que los medios de prueba singularizados fueron “..INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE…” y es el caso que una misma prueba no puede ser dejada de apreciar y a su vez ser apreciada erróneamente, lo cual resulta en un contra sentido; b) en la explicación se alude al artículo 100 del Código del Trabajo, disposición que no ha sido señalada como infringida o relacionada en la formulación; y, c) en el desarrollo se realizan inapropiados alegatos de instancia.-"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia y del auto de rectificación de sentencia que literalmente dicen: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., tres de abril del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 08 de mayo del 2017, por la Abogada ANGELA GABRIELA MEDINA HENRIQUEZ, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), como recurrente; además, es parte recurrida, los señores ALEJANDRO JOSE FLORES ESPINAL, JOSE ALBERTO GERALDO FLORES, MARLON ENRIQUE GODOY TORRES, DAVID ELVIDIO GUIFARRO INESTROZA, JUAN ALBERTO GARCIA MOLINA, GRISELDA MARGARITA HENRIQUEZ, CRISTIAM WILFREDO LEMUS ANDINO, ISIS MARE LOPEZ HERRERA, representados en juicio por la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de emplazamiento para la justificación de una terminación sin causa de la relación laboral con acoso (MOBBING), caso contrario se ordene el reintegro a sus puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones, con el pago de: a) Salarios dejados de percibir a titulo de indemnización por daños y perjuicios; b) pago de bono de utilidades y estudiantil; c) Reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos; d) pago de beneficios otorgados a otros trabajadores que se deriven del contrato colectivo o de la privatización de la empresa e) el pago de cantidades adeudadas por cualquier concepto; f) goce de vacaciones adeudadas; g) indemnización por daños en la relación de aseguración con INJUPEMP y otros préstamos en la banca privada, costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 20 de mayo de 2015, por los señores ALEJANDRO JOSE FLORES ESPINAL, soltero, Pasante de la Carrera de Ingeniería en Informática, JOSE ALBERTO GERALDO FLORES, soltero, Foto Mecánico, MARLON ENRIQUE GODOY TORRES, casado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, DAVID ELVIDIO GUIFARRO INESTROZA, soltero, Ingeniero Electricista, JUAN ALBERTO GARCIA MOLINA, casado, Mecánico, GRISELDA MARGARITA HENRIQUEZ, soltera, Secretaria, CRISTIAM WILFREDO LEMUS ANDINO, soltero, Licenciado en Administración de Empresas, ISIS MARE LOPEZ HERRERA, soltera, Bachiller en Ciencias y Letras; todos mayores de edad, hondureños y de este domicilio a excepción de la señora Griselda Margarita Henríquez que tiene su domicilio en el Zamorano, Aldea San Antonio de Oriente, Departamento de Francisco Morazán, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su representante legal y Gerente General señor JESÚS ARTURO MEJIA ARITA, mayor de edad, casado, Ingeniero, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 25 de enero del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 30 de septiembre de 2016, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1).- Declarar CON LUGAR DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL REINTEGRO AL PUESTO DE TRABAJO PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS EN LA RELACIÓN DE ASEGURACIÓN CON INJUPEMP instaurada por la abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA en su condición de apoderada legal de los señores; 1) ALEJANDRO JOSE FLORES ESPINAL, 2) JOSE ALBERTO GERALDO FLORES, 3) MARLON ENRIQUE GODOY TORRES, 4) DAVID ELVIDIO GIJIFARRO INESTROZA, 5) JUAN ALBERTO GARCIA MARTINEZ, 6) JAVIER ALFREDO GARCIA MOLINA, 7) GRISELDA MARGARITA HENRIQUEZ, 8) CRISTIAM WILFREDO LEMUS ANDINO, 9) ISIS MARE LOPEZ HERRERA contra LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) por intermedio de su Gerente General JESUS MEJÍA ARITA; II.-CONDENA: A LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) por medio de su Presidente el Señor JESUS MEJIA; A) A reintegrar a su puesto de Trabajo por lo menos en las mismas condiciones antes de operarse el despido a los señores: 1) ALEJANDRO JOSE FLORES ESPINAL, 2) JOSE ALBERTO GERALDO FLORES, 3) MARLON ENRIQUE GODOY TORRES, 4) DAVID ELVIDIO GUIFARRO INESTROZA, 5) JUAN ALBERTO GARCIA MARTINEZ, 6) JAVIER ALFREDO GARCIA MOLINA, 7) GRISELDA MARGARITA HENRIQUEZ, 8) CRISTIAM WILFREDO LEMUS ANDINO, 9) ISIS MARE LOPEZ HERRERA; B) A pagarle los salarios dejados de percibir y demás derechos que por ley o contratación colectiva se hayan generado desde la fecha del despido hasta el Reintegro a su puesto de Trabajo mismo que serán objeto de liquidación; C) A pagar a favor de los demandantes la cuota por de aseguración con INJUPEMP desde el despido hasta que se opere el reintegro mismo que se encuentra sujeta a la liquidación que por salarios dejados de percibir corresponda en su momento procesal oportuno; III.- Declarar CON LUGAR PARCIALMENTE LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA PAGO DE BENEFICIOS OTORGADOS A OTROS TRABAJADORES QUE SE DERIVEN DEL CONTRATO COLEC1VO Y PAGO DE CANTIDADES ADEUDADAS POR CUALQUIER CONCEPTO; únicamente en relación a los señores JOSE ALBERTO GERALDO FLORES, ALEJANDRO JOSE FLORES ESPINAL, GRISELDA MARGARITA HENRIQUEZ, MARLON ENRIQUE GODOY TORRES; DAVID ELVIDIO GUIFARRO INESTROZA, JUAN ALBERTO GARCIA MARTINEZ, JAVIER ALFREDO GARCIA MOLINA contra LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) por intermedio de su Gerente General JESUS MEJÍA ARITA; IV).-CONDENA: A LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) por medio de su Presidente el Señor JESUS MEJIA a; a) pagar el valor de L.9,632.O1 al señor JOSE ALBERTO GERALDO FLORES en concepto de 28% de recargo pendiente correspondiente al periodo Iniciado desde febrero a julio de 2014; b) a pagar al señor DAVID ELVIDIO GUIFARRO INESTROZA la bonificación de vacaciones periodo 2013-2014 misma que será liquidada junto con los salarios dejados de percibir que en su momento procesal, oportuno corresponda; c) a Reconocer el goce de vacaciones adeudadas a los demandantes de la siguiente manera al señor ALEJANDRO JOSE FLORES ESPINAL 26 días de vacaciones correspondientes al periodo 2013 al 2014; a la señora GRISELDA MARGARITA HENRIQUEZ, 20 días periodo 2013 al 2014; al señor MARLON ENRIQUE GODOY TORRES; 20 días periodo 2013-2014; al señor DAVID ELVIDIO GUIFARRO INESTROZA 10 días de vacaciones periodo 2012-2013 y 20 días 2013-2014; al señor JUAN ALBERTO GARCIA MARTINEZ 29 días correspondientes al periodo 20142015; al señor JAVIER ALFREDO GARCIA MOLINA 10 días correspondientes al periodo 2012-2013 y 26 días periodo 2013-2014; V.- Declarar SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE BONO DE UTILIDADES ESTUDIANTIL; REEMBOLSO DE EVENTUALES GASTOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS E INDEMNIZACIÓN POR PRESTAMOS EN LA BANCA PRIVADA; instaurada por la abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA en su condición de apoderado legal de los señores; 1) ALEJANDRO JOSE FLORES ESPINAL, 2) JOSE ALBERTO GERALDO FLORES, 3) MARLON ENRIQUE GODOY TORRES, 4) DAVID ELVIDIO GUIFARRO INESTROZA, 5) JUAN ALBERTO GARCIA MARTINEZ, 6) JAVIER ALFREDO GARCIA MOLINA, 7) GRISELDA MARGARITA HENRIQUEZ, 8) CRISTIAM WILFREDO LEMUS ANDINO, 9) ISIS MARE LOPEZ HERRERA; contra LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) por intermedio de su Gerente General JESUS MEJÍA ARITA; VI.- ABSUELVE: A LA EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) por medio de su Presidente el señor JESUS MEJÍA del pago de las pretensiones arriba señaladas a los demandantes.- VII.- SIN COSTAS”.- I. ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las partes demandantes expresaron en el escrito de su acción que comenzaron a laborar para la demandada de la manera siguiente: Alejandro José Flores Espinal, el 23 de abril de 2007, en el puesto de Operado en Telecomunicaciones II, dependiente del departamento de Telefonía Internacional y al momento de ser despedido se desempeñaba en el puesto de Técnico en Telecomunicaciones II, dependiente del Departamento de Soporte Técnico, devengando un salario ordinario mensual de L.15,700.00; José Alberto Geraldo Flores, el 10 de noviembre de 2009, en el puesto de Administrativo III, dependiente del Departamento de Relaciones Externas y al momento de ser despedido se desempeñaba en el puesto de Inspector de Seguridad Interna, dependiente de la Sección de Seguridad Interna, devengando un salario ordinario mensual de L.11,700.00, Marlon Enrique Godoy Torre, el 03 de noviembre de 2009, nombrado en el puesto de Asesor Legal I, dependiente de la Dirección de Negocios Internacionales; puesto en el que se desempeñaba al momento en que se operó el despido, devengando un salario ordinario mensual de L.21,000.00; David Elvidio Guifarro Inestroza: el 02 de noviembre de 1992, nombrado en el puesto de Auxiliar de Ingeniería I, dependiente del Departamento de Informática y al momento de ser despedido se desempeñaba como Jefe de Sección de Redes, dependiente del Departamento de Redes de Datos y Servidores, devengando un salario ordinario mensual de L.54,646.57; Juan Alberto García Martínez: el 05 de Enero de 1995, nombrado en el puesto de Motorista II, dependiente del Departamento de Transporte, y al momento de ser despedido nombrado en el puesto de Conductor de Automóviles II, dependiente de la Sección de Transporte, aunque funcionalmente se desempeñaba en el puesto de Mecánico en la misma Sección, devengando un salario ordinario mensual de L.13,907.83; Javier Alfredo García Molina, el 01 de junio de 2006, nombrado en el puesto Analista de Sistemas, dependiente del Departamento de Aplicaciones, y al momento en que se operó el despido se desempeñaba en el mismo puesto, devengando un salario ordinario mensual de L.29,47596; Griselda Margarita Henríquez, el 15 de Octubre 1998, nombrada en el puesto de Secretaria III, dependiente del departamento de DOMSAT y al momento de ser despedida se desempeñaba como Secretaria Ejecutiva II, dependiente del Departamento de Facturación, devengando un salario ordinario mensual de L.27,554.98; Cristiam Wilfredo Lemus Andino, el 13 de Mayo de 1998, nombrado en el puesto de Operador de Telecomunicaciones V, dependiente del Departamento de Operaciones, conservando el mismo nombramiento quien pasó a depender del Departamento de PREPAGO, y al momento en que se operó el despido funcionalmente se desempeñaba como Administrador de los Centros Regionales, efectuando funciones de Programador de Bancos, Supermercados y Farmacias y ventas de las tarjetas Telecard, devengando un salario ordinario mensual L.21,25L93; y, Isis Mare López Herrera, el 19 de mayo de 2003, nombrada en el puesto de Operador de Telecomunicaciones V, dependiente del Departamento de Telefonía Internacional y al momento de ser despedida se desempeñaba en el puesto de Gestor de Atención al Cliente II, dependiente del Departamento MOVIL, devengando un salario ordinario mensual de L.14,033.39; alegó además que el acoso laboral comenzó cuando se les notificó una suspensión de los contratos de trabajo del 08 de octubre de 2014 al 04 de febrero del 2015, ó sea por 119 días debiéndose presentar el 05 de Febrero de 2015; que mediante oficios GGH-469-2015, GGH-258-2015, GGH-385-2015, GGH-206- 2015, GGH-5162015, GGH-464-2015, GGH-137-2015, GGH-131-2015 y GGH-550-2015, todos del 05 de Febrero de 2015 se les notificó, respectivamente, la terminación de la relación laboral invocándoseles tres supuestas causales “...a) Que como es de su conocimiento, previo a esta determinación, a usted le fue notificada la suspensión de su contrato individual de trabajo por un término de 120 días consecutivos, con efectividad del 08 de octubre de 2014 al 04 de febrero del 2015, suspensión que se basó en las causales establecidas en el Artículo 100 numerales 4), 5) y 15) del Código del Trabajo, el cual consigna lo siguiente: “Artículo 100: son causas de suspensión de los contratos de trabajo sin responsabilidad para las partes: ... 4) la imposibilidad de explotar la empresa con un mínimo razonable de utilidad; 5) la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos, si se comprueba plenamente por el patrono;... y 15) Cualquier otra causa justificada no prevista en los ordinales anteriores, a juicio de la Secretaría do Trabajo y Seguridad Social”; sirviendo también de fundamento los artículos números 101, 102 y demás del aplicables del Código del Trabajo”; b) Que la medida enunciada en el literal anterior, entre otras razones, fue implementada debido a la grave crisis económica en la que HONDUTEL se encuentra sumergida y a las serias dificultades presupuestarias y financieras que la empresa ha venido atravesando, lo que hace necesario adoptar medidas tendientes a la generación de ahorro y reducción de pérdidas, con el objeto de sanear el déficit presupuestario y eliminar el desfase existente entre los ingresos presupuestados y la recaudación vía facturación; no obstante una vez transcurrido el término de la referida suspensión, aún persisten las circunstancias que dieron lugar a la misma, encontrándonos ante escenarios de mayor complejidad dada la reducción presupuestaria que ha sufrido la empresa para el presente periodo fiscal y a les escasas posibilidades de revertir la deficitaria recaudación de ingresos por la vía de la facturación, lo que a su vez genera la grave iliquidez con que HONDUTEL ha venido operando; y, c) Que de conformidad con lo descrito en los incisos anteriores, dada la persistencia de las condiciones y causales que dieron lugar a la suspensión de su contrato de individual de trabajo, no es posible reanudar las labores en la forma en que se había previsto y por consiguiente reincorporarle a su puesto de trabajo, en consecuencia, nos vemos en la obligación de tomar la determinación de dar por terminado su contrato individual de trabajo, por lo que, a pesar de la existencia de tales circunstancias HONDUTEL se compromete al pago de la totalidad de sus prestaciones e indemnizaciones laborales...”. argumentaron también que dichas causales las rechazan porque la suspensión de los contratos es una institución jurídica y como tal el legislador la regulo y restringió de tal manera que para que se tipifique y pueda ser invocada como causa justa de despido, deberá ser autorizada previamente por la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social; tan es así, que el numeral 15) del Artículo 100 del Código del Trabajo invocado por el patrono habla de cualquier otra causa no prevista en los ordinales anteriores “a juicio de la Secretaría del Trabajo”. En este caso, sin que dicha Secretaría de Estado otorgara la autorización, por sí y ante sí HONDUTEL se erige en autoridad del trabajo y la asume como causal, formal y materialmente la causal invocada es inexistente, porque no llegó a tipificarse, por cuanto según el Artículo 111 numeral 8) del Código del Trabajo establece que para que opere la institución de la suspensión como causal de terminación de la relación laboral la misma deberá ser por más de 120 días y la suspensión operó únicamente por ciento 119 días, a pesar que HONDUTEL solicitó una ampliación de la suspensión pero no le fue autorizada por la autoridad del trabajo; además de conformidad con el Artículo 23 del Código del Trabajo, el trabajador puede participar de las utilidades, pero nunca de las pérdidas del patrono y, existe la teoría de la responsabilidad extracontractual del patrono según la cual los riesgos del trabajo los asume la empresa, nunca el trabajador, lo que hoy enfrenta la empresa demandada no pueden hacer caer la responsabilidad de estas acciones en los trabajadores, asimismo manifestaron que antes de la finalización de la suspensión, en los términos del Artículo 103 del Código del Trabajo, HONDUTEL estaba obligado a notificar a la Secretaria de Trabajo y Seguridad Social la reanudación de los trabajos para el solo efecto de poder dar por terminados sin responsabilidad para las partes, los contratos de los trabajadores que no comparecieren dentro de los 30 días siguientes a aquel en que la Secretaria de Estado hubiese recibido el respectivo aviso escrito por parte del patrono, a pesar que HONDUTEL no hizo los llamamiento a que la Ley le obligaba, transcurrido el término de la suspensión, el 05de Febrero de 2015 los demandantes se presentaron al lugar de trabajo a la hora acostumbrada, habiéndoseles impedido el ingreso, por lo que no hubo reanudación de las labores, y si no hay reanudación, la suspensión no ha finalizado, pero en este caso encontrándose aun suspendidos los trabajadores, la empresa demandada decidió dar por terminados sus contratos de trabajo, el patrono no los restituyó una vez transcurridos los 120 días de la suspensión, sino que procedió a despedirlos, como si se tratara de una continuación de la suspensión; alegaron que la terminación sin causa de las relaciones laborales se producen en franca violación al Artículo 129 de la Constitución de la República y de la Cláusula 82 del Contrato Colectivo vigente entre HONDUTEL y SITRATELH y a los Artículos 1 y 2 del Convenio 111 de la OIT, que garantiza la estabilidad laboral de los trabajadores en sus cargos y que las causas invocadas no existieron, la demandada a realizado un acoso constante a sus trabajadores, despidiéndolos en reiteradas ocasiones, violentando el derecho al trabajo y a la dignidad como seres humanos; que intentaron llegar a un arreglo conciliatorio siendo imposible el mismo dando por agotado el trámite administrativo.- 2.- La parte demandada, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contestó la demanda rechazando las pretensiones de la parte demandante, alegando en su defensa que con el propósito de rescatar la empresa demandada el 07 de octubre de 2014, procedió a notificar en legal y debida forma la medida de suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo a 660 trabajadores, con efectividad a partir del día siguiente hábil o sea del 08 de octubre de 2014 por el término de 120 días, hasta el 04 de febrero de 2015, debiéndose presentar a las labores el personal suspendido el 05 de febrero de 2015, y que dentro de los trabajadores suspendidos se encontraban los demandantes, que es de público conocimiento la precaria situación económica de la empresa demandada y que no puede ser explotada siquiera con un mínimo razonable de utilidad, situación provocada fundamentalmente por su nula rentabilidad operativa, por lo que el 10 de octubre de 2014 siguiendo el procedimiento legal correspondiente presentó ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, solicitud de autorización de suspensión parcial de contratos individuales de trabajo por 120 días a 660 empleados de la empresa demandada, solicitud que se encontraba pendiente de emisión de la respectiva resolución, en vista de las oposiciones presentadas por los trabajadores, además argumentó que el 03 de febrero del 2015, que la demandada siguiendo del procedimiento legal presentó ante la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, formal notificación de que las causas invocadas para la suspensión parcial de los contratos de trabajo ejecutadas en Hondutel aún persisten, lo cual imposibilita reanudar las labores y reinstalar a los trabajadores que legalmente fueron suspendidos, garantizándoles el pago d las prestaciones e indemnizaciones laborales; razón por la cual la demandada no ha incurrido en violación de los derechos de los demandantes, argumentó que durante el periodo de la suspensión se pagó la indemnización de 30 días de salario, por lo que es nulo de pleno derecho la petición de oposición ante la Secretaría del Trabajo.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 30 de septiembre del 2016, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral, a reintegrar a su puesto de trabajo a los demandantes; a pagarle los salarios dejados de percibir y demás derechos que por ley o contratación colectiva se hayan generado desde la fecha del despido hasta el reintegro a su puesto de trabajo; a pagar la cuota por de aseguración con INJUPEMP desde el despido hasta que se opere el reintegro; declaró con lugar parcialmente la demanda únicamente en relación a pagar L.9,632.01 al señor José Alberto Geraldo Flores en concepto de 28% de recargo pendiente correspondiente al periodo iniciado desde febrero a julio de 2014, a pagar al señor David Elvidio Guifarro Inestroza la bonificación de vacaciones periodo 2013-2014; a reconocer el goce de vacaciones adeudadas a los demandantes de la siguiente manera al señor Alejandro José Flores Espinal 26 días de vacaciones correspondientes al periodo 2013 al 2014; a la señora Griselda Margarita Henríquez, 20 días periodo 2013 al 2014; al señor Marlon Enrique Godoy Torres; 20 días periodo 2013-2014; al señor David Elvidio Guifarro Inestroza 10 días de vacaciones periodo 2012-2013 y 20 días 2013-2014; al señor Juan Alberto García Martínez 29 días correspondientes al periodo 2014-2015; al señor Javier Alfredo García Molina 10 días correspondientes al periodo 2012-2013 y 26 días periodo 2013-2014; Asimismo declaró sin lugar la demanda laboral para el pago de bono de utilidades estudiantil; reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos e indemnización por prestamos en la banca privada, sin costas; promovida por los señores ALEJANDRO JOSE FLORES ESPINAL, JOSE ALBERTO GERALDO FLORES, MARLON ENRIQUE GODOY TORRES, DAVID ELVIDIO GUIFARRO INESTROZA, JUAN ALBERTO GARCIA MOLINA, GRISELDA MARGARITA HENRIQUEZ, CRISTIAM WILFREDO LEMUS ANDINO, ISIS MARE LOPEZ HERRERA, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su representante legal y Gerente General señor JESÚS ARTURO MEJIA ARITA; bajo el criterio que la suspensión de los contratos de los demandantes se autorizó por parte de la demandada a partir del 08 de octubre de 2014 con efectividad hasta el 05 de febrero de 2015, que una vez concluido dicho plazo, la parte demandada procedió a dar por terminada la relación laboral sostenida con los trabajadores demandantes; ese mismo día 05 de febrero de 2015, encontrándose en suspenso la relación laboral puesto que no consta en autos que la parte demandada, previo a la notificación del despido haya procedido a reintegrar a los demandantes que fueron suspendidos; que el despido se efectúa de manera arbitraria, 8 meses anteriores a que la Secretaria de Estado en los despachos de Trabajo de Seguridad Social, hubiese emitido resolución que autorizara la suspensión de los mismos, en contravención a lo que establece el Artículo 103 del Código de Trabajo.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 25 de enero del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por él a quo, sin costas; bajo el criterio que con los medios de prueba allegados al juicio quedó probado de autos la relación laboral que existió entre el empleador y trabajadores demandantes, que todos los demandantes fueron despedidos en la misma fecha el 05 de febrero del 2015 inmediatamente el día siguiente que se había vencido la suspensión del contrato de trabajo por 120 días, promovido por el empleador utilizando como causal la continua imposibilidad de continuar la explotación de la empresa en virtud de los problemas y crisis financiera por lo que atraviesa, encontrándose los demandantes en suspenso la relación laboral, ya que previo a la notificación del despido, estos no habías sido reintegrados a sus puestos de trabajo, violando con ello la ley e incurriendo el empleador en despidos unilaterales ilegales e injustificados; que la empresa demandada al cumplirse el termino de los 120 días de suspensión del contrato individual de trabajo de los demandantes, procedió a notificarle su terminación de la relación laboral sin tener autorización de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, tanto para la suspensión del contrato de trabajo como la prórroga del mismo por lo que violento los artículos 101, 102 y 103 del Código del Trabajo Vigente; asimismo quedó probado que la parte empresa demandada infringió Garantías Constitucionales y Normas contempladas en el Código del Trabajo con respecto a la estabilidad laboral; por lo que el despido resulta ser ilegal e injustificado.- 5.- Mediante auto de fecha 20 de marzo del 2017, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la abogada ANGELA GABRIELA MEDINA HENRIQUEZ, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 08 de mayo del 2017, compareció ante éste Tribunal la abogada ANGELA GABRIELA MEDINA HENRIQUEZ, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 23 de mayo del 2017, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente al magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- II. FUNDAMENTOS DE DERECHO: 1.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casación para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- 2.- Que la abogada ANGELA GABRIELA MEDINA HENRIQUEZ, en su primer motivo de casación alega: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del artículo 113 en relación 112 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el artículo 113 del Código del Trabajo, por las siguientes razones: la Corte de Apelaciones estima que HONDUTEL incurrió en ilegalidad al cancelar el contrato de trabajo de los demandantes por el plazo de 120 días, sin contar con la autorización mediante resolución de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, razón por la que la demandante emplazó al patrono ante los Tribunales competentes para el reintegro requerido en la demanda planteada. De lo anterior, se infiere que la Corte de Apelaciones del Trabajo aplicó el artículo 113 en relación con 112 del Código de Trabajo. Preceptos legales que fueron aplicados de forma indebida porque HONDUTEL en ningún momento cancelé o despidió a los demandantes con fundamento en una de las causales establecidas en los incisos de artículo 112, sino que más bien se dio por terminado el contrato de trabajo de forma unilateral amparado en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo. En ese sentido, es necesario hacer una diferenciación entre el despido y la terminación de los contratos de trabajo. Esta diferenciación atiende a los siguientes aspectos: A) la terminación del contrato de trabajo de la parte actora se basó en el artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo, el que instaura que la suspensión de actividades por más de 120 días es una causa de terminación de contratos de trabajo. Aunado a lo anterior, el abogado laboralista OLVIN E. RODRÍGUEZ, en su obra Derecho Individual de Trabajo, específicamente en su pág. 264, manifiesta que, además de las causas justas establecidas en la ley, para dar por terminado un contrato de trabajo (en este caso las instauradas en el artículo 111, 112 y 114 del Código de Trabajo), también existen los MOTIVOS JUSTIFICADOS para proceder, tal como queda implícito en el artículo 117 del Código de Trabajo, el cual taxativamente reconoce que la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo deberá expresar la CAUSA O MOTIVO que la mueve a tomar tal decisión. En este caso, la decisión patronal de dar por terminado el contrato de trabajo se basa en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor, razón por la cual se le garantiza el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, ya que el reintegro no es posible.; B) En cuanto al reintegro a su puesto de trabajo y el pago de salarios dejados de percibir y demás derechos solicitados por la parte actora, el mismo es IMPROCEDENTE, ya que se debe diferenciar entre causas justas que facultan al patrono para dar por terminado los contratos de trabajo sin responsabilidad (art. 112 del Código de Trabajo), causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo sin su responsabilidad (art. 114 del Código de Trabajo), causas de terminación del contrato de trabajo (art. 111 del Código de Trabajo) y causas o motivos para la terminación unilateral de un contrato de trabajo (artículo 117 del Código de Trabajo). En el caso de marras, la decisión patronal de dar por terminado el contrato de trabajo se basé en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor, razón por la cual se le garantiza el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, ya que el reintegro es imposible debido a la situación precaria en la que se encuentra la empresa. En relación con lo anterior, el Abg. Olvin E. Rodríguez, en su obra El Derecho Individual del Trabajo, específicamente en su pág. 258, establece que: “El patrono puede dar por terminado el contrato de trabajo pagando las prestaciones que en derecho correspondan por causas no imputables al trabajador, lo mismo que al patrono; por ejemplo, por razones internas; POR NECESIDAD DE REESTRUCTURAR LA EMPRESA, POR RAZONES DE ECONOMÍA, y otros semejantes; en estos casos el trabajador no tiene el derecho justificadamente de emplazar a su patrono para que le pruebe esa causa, y optar por el reintegro, porque en la nota de terminación no se le dio ninguna de las causales del artículo 112, en relación con el 97 y el 98 del Código del Trabajo, ya que el artículo 113 del Código del Trabajo es el único que permite el ejercicio de la acción del reintegro, se funda y debe ser necesariamente en el art. 112 del Código del Trabajo. Así lo tienen establecido los Tribunales del Trabajo en varias sentencias entre otras: las dictadas por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección Judicial resolviendo el recurso de apelación interpuesto en la demanda promovida por LICIA CONCEPCIÓN GUZMÁN, OSCAR ARMANDO MONCADA Y MARÍA CELINA ANDINO contra la empresa “Camiones y Motores, SA. (CAMOSA)”, sentencia dictada el lunes 25 de noviembre de 1973 con un considerando que dice: “Que de los argumentos jurídicos antes transcritos, se colige 1. Que el derecho del trabajador a ser reintegrado a su trabajo es solamente a causales enumeradas en los art. 97, 98 y 112 del C.T...”. Posteriormente, el Abg. Olvin E. Rodríguez continúa manifestando que: “...En el presente caso (aludiendo a la sentencia citada en el párrafo anterior), no hay una terminación de trabajo por despido y es que en el despido el trabajador pierde el derecho a prestaciones...”. Aunando a lo anterior, en fecha 8 de febrero del 2007, la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativa, emitió una sentencia en el expediente CL. 105-2006, en una famosa demanda incoada contra la empresa LAFARGE, en cuyos considerandos se instituye que “El Código de Trabajo establece de forma concreta y diferenciada las causas de terminación del contrato de trabajo y las causas o motivos de despido. Acciones que tienen origen y efectos distintos”. Según la Sala Laboral, el efecto de la terminación del contrato de trabajo, que es lo que se dio en este caso, es únicamente que el patrono debe pagarle al trabajador las prestaciones e indemnizaciones que le correspondan sin que este tenga derecho al reintegro ni al pago de salarios dejados de percibir como indemnización. De la doctrina y jurisprudencia aludida se colige lo siguiente: Si bien es cierto que el art. 129 de la Constitución de la República establece que, en caso de despido injustificado, queda al arbitrio del trabajador solicitar el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales o el reintegro, este último (el reintegro) solamente procede cuando en la nota de terminación del contrato de trabajo se alegan las causales establecidas en el art. 112, en relación con los artículos 97 y 98 del Código de Trabajo. Sin embargo, si el juzgador lee la nota de terminación del contrato de trabajo que se le entregó a la parte actora podrá comprobar que mi representada procesal en ningún momento fundamentó su decisión en el artículo 112, en relación con los art. 97 y 98 del Código de Trabajo, sino en los art. 62, 80 y 129 de la Constitución de la República; 100 numerales 4, 5 y 15; 111 numeral 8) y segundo párrafo y 126 del Código de Trabajo; 97 numeral 13, 132 y 143 del Reglamento Interno de Trabajo; cláusula 59 del XII Contrato Colectivo de Hondutel y en la certificación de resolución de punto de acta número 8 de la sesión ordinaria nro. 545-2008, celebrada el 13 de mayo del 2008. Por ende, queda probado indubitadamente que la trabajadora, en este caso, solamente tiene derecho al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales (derecho que se le reconoce incluso en la nota de terminación de contrato que se le entregó personalmente) y no al reintegro, sumado a que el reintegro solicitado es IMPOSIBLE, ya que se ha cancelado el puesto de trabajo de la demandante debido a la precaria situación económica de la empresa, y a la nueva estructura orgánica, ya que una vez que surgió la suspensión, se eliminó completamente la dualidad de funciones y actividades por parte de los empleados, de las unidades y departamentos, por lo que su señoría debe tener en cuenta el PRINCIPIO DE LA REALIDAD, el cual instaura que “..Para la interpretación de las relaciones entre empleadores y trabajadores, se debe tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que las partes han contratado formalmente” (http: //es.wikipedia.org/wiki/ Principio de primac%C3%ADa de la realidad), por lo tanto, según este principio no importa la autonomía de la voluntad de las partes, sino la demostración de la realidad que reina sobre la relación entre trabajador y empleador, siendo evidente que en este caso la realidad nos dicta que es imposible el reintegro por las razones ya aludidas. Finalmente, honorable Corte Suprema de Justicia, ha quedado demostrado con argumentos jurídicos densos, que la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones violentó de forma directa LA NORMA SUSTANTIVA invocada al aplicar al caso concreto indebidamente el artículo 112, con relación al 113 del Código de Trabajo, TENIENDO QUE HABER APLICADO EL ARTICULO 111 NUMERAL 8) DEL CÓDIGO DE TRABAJO y no lo hizo, favoreciendo con ello al trabajador y perjudicando aún más las finanzas de la empresa al condenarla al reintegro del trabajador y al pago de salarios dejados de percibir. ”.- 3.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) el artículo 113 del Código del Trabajo, señalado como infringido, contiene párrafos y literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, siendo necesario precisar a cuál de ellos dirige su ataque; b) el concepto de aplicación indebida, alegado en la formulación, es un modo de violar la ley, que se invoca al margen del material probatorio, ya que lo que se discute es el derecho no los hechos y en la en la explicación se insta a esa valoración, por ende no es viable el ataque al fallo por esa vía; c) en el desarrollo se alude a los artículos 62, 80, 129 de la Constitución de la República, 97, 98, 100 numerales 4), 5), 15), 111 numeral 8), segundo párrafo, 114, 117 y 126 del Código de Trabajo, disposiciones que no fueron señalados como infringidas o relacionadas en la formulación; y, d) se formulan alegatos propios de instancia.- 4.- Que en un segundo motivo se aduce: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN LOS MEDIOS DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: A) LOS OFICIOS DE FECHA 5 DE FEBRERO DEL 201.5 QUE CORRE AGREGADOS A FOLIOS 246, 247, 252, 253, 258, 259265, 266, 271, 272, 277, 278, 283, 284; B) ESTADOS FINANCIEROS DE HONDUTEL QUE CORRE AGREGADO A FOLIOS 287-294, TODOS DE LA SEGUNDA PIEZA DE AUTOS. NORMAS LEGALES PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA LABORAL; Artículo 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: a) los oficios de fecha 5 de febrero del 2015 que corre agregados a folios 246, 247, 252, 253, 258, 259265, 266, 271., 272, 277, 278, 283, 284; b) estados financieros de hondutel que corre agregado a folios 287-294, todos de la segunda pieza de autos. Explicación: 1) La sentencia recurrida no tuvo como hecho probado que la empresa se encontraba imposibilitada de explotar la empresa con un mínimo razonable; y la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos lo cual fue demostrado mediante la presentación del medio de prueba documental público consistente en los estados financieros y de resultados de HONDUTEL de los años 2007 al 2014 con los que se justifica incuestionablemente la grave situación financiera de la empresa que derivó en la terminación de los contratos de trabajo por medio de la figura de la suspensión. Al respecto, el artículo 100 del Código de Trabajo estable que la suspensión de contratos de trabajo surte efectos desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo dentro de los tres días posteriores al ya mencionado, o treinta días antes de la suspensión. De lo anterior se colige que la suspensión de contratos de trabajo surtió efecto desde el día en que fueron notificados los trabajadores, ya que el artículo referido instaura claramente que la autorización de la Secretaría de Trabajo se emite, mediante resolución, después de realizada la suspensión y no antes. Lo cual es un hecho probado y el juez no lo tomó en cuenta al momento de emitir su fallo. 2) Asimismo, el Código Procesal Civil que se aplica de manera supletoria a este proceso laboral, establece que, en la valoración de la prueba, ésta excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico. Dicha valoración debe deducirse de manera clara y terminante en los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia. 3) El medio probatorio DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: los oficios de fecha 5 de febrero del 2015 que corren agregados a folios 246, 247, 252, 253, 258, 259265, 266, 271, 272, 277, 278, 283, 284; fue propuesto para demostrar contundentemente que lo que hubo fue una terminación de contrato de trabajo subsumida en el artículo 111 numeral 8 del código del trabajo, pero tanto el juzgado de primera instancia como el tribunal de segunda instancia omitieron el análisis de dicho medio probatorio en relación a los hechos del litigio. 4) El medio probatorio DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: Estados Financieros de HONDUTEL que corre agregado a folios 287-294, de la segunda pieza de autos, fueron propuestos para demostrar contundentemente que la razón por la que se procedió a realizar las suspensiones del contrato fue que la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) estaba operando con pérdidas financieras elevadísimas, situación que derivó en los hechos que originan el presente litigio y que no debió omitirse su consideración para la resolución del mismo como lo hizo el ad quem. Al respecto, nuevamente cito el libro El Recurso Extraordinario de Casación Laboral, del autor Luis Lagos Pantoja, en su página 41, que desarrolla de una forma más concreta el concepto de error de hecho que: “consiste en no dar por probado un hecho, estando o tenerlo por establecido, sin que sea así, todo lo cual ocurre por la mala apreciación o la falta de apreciación de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas que la reglamentan, lo cual debe conducir a la relación de la ley sustancial; pero el error debe ser manifiesto, evidente, ostensible, etc. Esta causal de casación resulta entonces, de un proceso subjetivo del juzgador consistente en un equivocado racionamiento apreciativo de las pruebas que conduce a dar por establecido un hecho sin estarlo o, al contrario.”.- 5.- Que el cargo que antecede resulta inestimable a razón de lo siguiente: a) carece de claridad y precisión, ya que por un lado se alega el error de hecho por falta de apreciación, por otro se esboza a que los medios de prueba singularizados fueron “..INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE…” y es el caso que una misma prueba no puede ser dejada de apreciar y a su vez ser apreciada erróneamente, lo cual resulta en un contra sentido; b) en la explicación se alude al artículo 100 del Código del Trabajo, disposición que no ha sido señalada como infringida o relacionada en la formulación; y, c) en el desarrollo se realizan inapropiados alegatos de instancia.- 6.- Que el impetrante alega nulidad subsidiaria en la forma siguiente: “Que la sentencia emitida por el tribunal ad quem busca le certeza de los hechos jurídicos, por cuanto deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, y así no quede la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, con la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales y así respetar el Estado de Derecho, con base en lo anterior es que la Corte de Apelaciones, al emitir el fallo o la sentencia recurrida, no fundamenta la presente de forma concreta, lo que causa una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones omiten el análisis probatorio del oficio de fecha 5 de febrero del 201.5, que corre agregado a folios 234 y 235, con el que no solo se ha acreditado la terminación del contrato de trabajo conforme al artículo 111 numeral 8) del Código del Trabajo, sino que con el mismo se desvirtúa la existencia de la figura de despido injustificado en relación al artículo 112 del mismo código, por lo que de haberse analizado dicho medio probatorio en relación con los hechos del litigio, el ad quem no hubiese encontrado asidero jurídico para emitir el fallo condenado a mi representada a reintegrar a los trabajadores 1) ALEJANDRO JOSÉ FLORES ESPINAL; 2) JOSÉ ALBERTO GERALDO FLORES; 3) MARLON ENRIQUE GODOY TORRES; 4) DAVID ELVIDIO GUIFARRO INESTROZA; 5) JUAN ALBERTO GARCÍA MARTÍNEZ; 6) JAVIER ALFREDO GARCÍA MOLINA; 7) GRISELDA MARGARITA HENRÍQUEZ; 8) CRISTIAM WILFREDO LEMUS ANDINO y 9) ISIS MARÉ LÓPEZ HERRERA a sus puestos de trabajo junto con el pago de los demás conceptos condenados en la misma sentencia dictada en segunda instancia en fecha veinticinco (25) de enero del dos mil diecisiete (2017), el AD QUEM al omitir esa motivación produce indefensión a mi representada e incongruencia en la sentencia, pues existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad y en el presente caso el tribunal AD QUEM ha emitido una sentencia en la que no ha existido motivación y fundamentación de todos los hechos controvertidos, lo que surgen de los hechos en que el demandante fundamenta su acción y de los hechos en que el demandado fundamenta su resistencia a la pretensión incoada en su contra y sobre los que recaen las pruebas del juicio. PROCEDENCIA DE LAS NULIDAD SUBSIDIARIAS: El artículo 206 del Código Procesal Civil, el que se aplica de manera supletoria al procedimiento laboral, nos establece que las sentencias, en su contenido, deben ser claras, precisas y exhaustivas, en relación con los hechos argumentados por las partes y las pruebas aportadas, preceptos que no se cumplen en la sentencia de marras por las razones anteriormente expuestas. Asimismo, el artículo 207 del Código Procesal Civil exige que las sentencias sean motivadas con relación a los argumentos fácticos y jurídicos expuestos por las partes, lo que tampoco ocurre en el caso de marras como ya se expuso con anterioridad. Ya el Código Procesal Civil en el artículo 211 establece que el incumplimiento en los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad. De igual manera, el articulo 212 numeral 3 del Código Procesal Civil establece que es nulo el acto procesal que se dicta prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión, tal como ocurre en el caso de marras, por lo que para salvaguardar los derechos de las partes en litigio y la idoneidad de los actos procesales es necesario que se declare la nulidad de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo sin perjuicio de que la misma sea casada.”.- 7.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; estudiado el caso en examen, los alegatos invocados debieron formularse mediante los motivos de casación cumpliendo las exigencias para éste extraordinario recurso, además, éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, resultando improcedente la nulidad alegada de forma subsidiaria.- 8.- Por lo anteriormente expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación y sin lugar la nulidad de forma subsidiraria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. En la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los tres días del mes de mayo de dos mil dieciocho, la Sala de lo Laboral-Contencioso Administrativo, integrada por los Magistrados MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA como Coordinadora y EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS y MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, dictan la siguiente RESOLUCIÓN: ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Que en fecha 03 de abril del 2018, este Tribunal dictó sentencia definitiva mediante la cual se declara no ha lugar al recurso de casación interpuesto contra la sentencia proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 25 de enero de 2017, que fallo confirmando la sentencia de fecha 30 de septiembre del 2016, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, declarando con lugar la demanda ordinaria laboral y condenando a la parte demandada al reintegro a su puesto de trabajo a los demandantes.- 2.- En fecha 23 de abril del 2018, la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA, en su condición de representante procesal de la parte demandante presentó solicitud de rectificación de la sentencia definitiva de fecha 03 de abril del 2018, dictada por este Tribunal, aduciendo que la misma contiene errores materiales.- 3.- En la solicitud de mérito se esgrime que este Tribunal, en la sentencia emitida, interpola en el preámbulo el nombre de JUAN ALBERTO GARCIA MOLINA, siendo el nombre correcto del demandante JUAN ALBERTO GARCIA MARTINEZ, asimismo agregar en el preámbulo de la sentencia como parte del grupo de demandantes al señor JAVIER ALFREDO GARCIA MOLINA, ya que el mismo es parte activa del proceso, además ambas rectificaciones deberán efectuarse igualmente en el numeral 3 del acápite ANTECEDENTES DE HECHO.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que revisada la sentencia definitiva de fecha 03 de abril del 2018, emitida por este Tribunal, se concluye, que en la misma se ha incurrido en un error material al haberse consignado en el preámbulo el nombre de JUAN ALBERTO GARCIA MOLINA, siendo el nombre correcto del demandante JUAN ALBERTO GARCIA MARTINEZ, consecuentemente se ha incurrido en un error al omitir en el preámbulo de la sentencia como parte del grupo de demandantes al señor JAVIER ALFREDO GARCIA MOLINA, además ambas rectificaciones deberán efectuarse igualmente en el numeral 3 del acápite ANTECEDENTES DE HECHO, los cuales se deben tener por corregidos.- II.-. Que de conformidad con el artículo 858 del Código del Trabajo, procede la aplicación supletoria del artículo 204 del Código Procesal Civil, que regula la aclaración y corrección de las resoluciones judiciales cuando entre otros casos, existieren errores materiales manifiestos y los aritméticos.- III.- Que la solicitud de aclaración y corrección de la sentencia definitiva de fecha 03 de abril del 2018, fue presentada en tiempo y forma, existiendo el error señalado por un lapsus calami, por ende, es procedente lo pedido y la corrección del fallo en esos apartados.- PARTE DISPOSITIVA.- La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y, en aplicación de los artículos 304, y 316 reformados de la Constitución de la República; 664 y 858 del Código del Trabajo; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 22, 193 numeral 2 literal b), 204 numeral 1) y 205 numeral 1) del Código Procesal Civil; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia; FALLA: PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR la solicitud de corrección de la sentencia definitiva dictada por este Tribunal en fecha 03 de abril del 2018. SEGUNDO: Se tiene por corregido el preámbulo que se leerá: VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 08 de mayo del 2017, por la Abogada ANGELA GABRIELA MEDINA HENRIQUEZ, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), como recurrente; además, es parte recurrida, los señores ALEJANDRO JOSE FLORES ESPINAL, JOSE ALBERTO GERALDO FLORES, MARLON ENRIQUE GODOY TORRES, DAVID ELVIDIO GUIFARRO INESTROZA, JUAN ALBERTO GARCIA MARTINEZ, JAVIER ALFREDO GARCIA MOLINA, GRISELDA MARGARITA HENRIQUEZ, CRISTIAM WILFREDO LEMUS ANDINO, ISIS MARE LOPEZ HERRERA, representados en juicio por la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA… promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 20 de mayo de 2015, por los señores ALEJANDRO JOSE FLORES ESPINAL, soltero, Pasante de la Carrera de Ingeniería en Informática, JOSE ALBERTO GERALDO FLORES, soltero, Foto Mecánico, MARLON ENRIQUE GODOY TORRES, casado, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, DAVID ELVIDIO GUIFARRO INESTROZA, soltero, Ingeniero Electricista, JUAN ALBERTO GARCIA MARTINEZ, casado, Mecánico, JAVIER ALFREDO GARCIA MOLINA, casado, Programador de Computadoras, GRISELDA MARGARITA HENRIQUEZ, soltera, Secretaria, CRISTIAM WILFREDO LEMUS ANDINO, soltero, Licenciado en Administración de Empresas, ISIS MARE LOPEZ HERRERA, soltera, Bachiller en Ciencias y Letras; todos mayores de edad, hondureños y de este domicilio a excepción de la señora Griselda Margarita Henríquez que tiene su domicilio en el Zamorano, Aldea San Antonio de Oriente, Departamento de Francisco Morazán, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su representante legal y Gerente General señor JESÚS ARTURO MEJIA ARITA, mayor de edad, casado, Ingeniero, hondureño y de este domicilio.; por ende se corrige el numeral 3 del acápite antecedentes de hecho, quedando su redacción así: 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 30 de septiembre del 2016, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral, a reintegrar a su puesto de trabajo a los demandantes; a pagarle los salarios dejados de percibir y demás derechos que por ley o contratación colectiva se hayan generado desde la fecha del despido hasta el reintegro a su puesto de trabajo; a pagar la cuota por de aseguración con INJUPEMP desde el despido hasta que se opere el reintegro; declaró con lugar parcialmente la demanda únicamente en relación a pagar L.9,632.01 al señor José Alberto Geraldo Flores en concepto de 28% de recargo pendiente correspondiente al periodo iniciado desde febrero a julio de 2014, a pagar al señor David Elvidio Guifarro Inestroza la bonificación de vacaciones periodo 2013-2014; a reconocer el goce de vacaciones adeudadas a los demandantes de la siguiente manera al señor Alejandro José Flores Espinal 26 días de vacaciones correspondientes al periodo 2013 al 2014; a la señora Griselda Margarita Henríquez, 20 días periodo 2013 al 2014; al señor Marlon Enrique Godoy Torres; 20 días periodo 2013-2014; al señor David Elvidio Guifarro Inestroza 10 días de vacaciones periodo 2012-2013 y 20 días 2013-2014; al señor Juan Alberto García Martínez 29 días correspondientes al periodo 2014-2015; al señor Javier Alfredo García Molina 10 días correspondientes al periodo 2012-2013 y 26 días periodo 2013-2014; Asimismo declaró sin lugar la demanda laboral para el pago de bono de utilidades estudiantil; reembolso de eventuales gastos médicos y quirúrgicos e indemnización por prestamos en la banca privada, sin costas; promovida por los señores ALEJANDRO JOSE FLORES ESPINAL, JOSE ALBERTO GERALDO FLORES, MARLON ENRIQUE GODOY TORRES, DAVID ELVIDIO GUIFARRO INESTROZA, JUAN ALBERTO GARCIA MARTINEZ, JAVIER ALFREDO GARCIA MOLINA, GRISELDA MARGARITA HENRIQUEZ, CRISTIAM WILFREDO LEMUS ANDINO, ISIS MARE LOPEZ HERRERA, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su representante legal y Gerente General señor JESÚS ARTURO MEJIA ARITA; bajo el criterio que la suspensión de los contratos de los demandantes se autorizó por parte de la demandada a partir del 08 de octubre de 2014 con efectividad hasta el 05 de febrero de 2015, que una vez concluido dicho plazo, la parte demandada procedió a dar por terminada la relación laboral sostenida con los trabajadores demandantes; ese mismo día 05 de febrero de 2015, encontrándose en suspenso la relación laboral puesto que no consta en autos que la parte demandada, previo a la notificación del despido haya procedido a reintegrar a los demandantes que fueron suspendidos; que el despido se efectúa de manera arbitraria, 8 meses anteriores a que la Secretaria de Estado en los despachos de Trabajo de Seguridad Social, hubiese emitido resolución que autorizara la suspensión de los mismos, en contravención a lo que establece el Artículo 103 del Código de Trabajo.- NOTIFIQUESE. FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciocho días del mes de mayo del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha tres de abril de dos mil dieciocho y del auto de rectificación de sentencia de fecha tres de mayo de dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 135-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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