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Sentencia CL-134-17 — Registro 7786

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que el patrono sea obligado mediante sentencia definitiva al pago de Prestaciones Laborales, Derechos Adquiridos, Salarios dejados de Percibir hasta que la Sentencia adquiera el carácter de firme y con sujeción a las normas procesales del Código del Trabajo quede firme la sentencia que al efecto se dicte, más las costas del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) alega dos formas distintas de violar la Ley, por una parte aduce a la aplicación indebida y por otra, la interpretación errónea, causales que debió formular de forma separada por la independencia de los cargos; b) el artículo 2 del Código del Trabajo no ostenta el carácter de norma sustantiva requerido en este extraordinario recurso; c) el precepto autorizante ha sido formulado de forma incompleta al omitir el párrafo del numeral primero del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo, ya que los mismos hacen referencia a distintos sub modos, por la vía directa e indirecta, lo cual devenía obligado el Recurrente a precisar con suficiente claridad y precisión.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los treinta y un días del mes de julio del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante este Tribunal de Justicia, en fecha nueve de mayo del año dos mil diecisiete, por el Abogado JOSE ISRAEL GARCIA MADRID, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; además, es parte recurrida la señora GLORIA JHESSENIA BATRES RIVERA, representado en juicio por el Abogado HERMES BAYARDO ESPINOZA ROSA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que el patrono sea obligado mediante sentencia definitiva al pago de Prestaciones Laborales, Derechos Adquiridos, Salarios dejados de Percibir hasta que la Sentencia adquiera el carácter de firme y con sujeción a las normas procesales del Código del Trabajo quede firme la sentencia que al efecto se dicte, más las costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras de Gracias, Departamento de Lempira y del Trabajo por Ministerio de la Ley, en fecha veinticinco de abril del año dos mil dieciséis, por la señora GLORIA JHESSENIA BATRES RIVERA, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones realizadas en la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD por intermedio del señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, quien es hondureño, mayor de edad y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintidós de febrero del dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copan, Departamento de Copan, que falló confirmando la sentencia de fecha quince de noviembre del año dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras de Gracias, Departamento de Lempira y del Trabajo por Ministerio de la Ley, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO CON LUGAR La Demanda Laboral de primera Instancia al pago de prestaciones Laborales, Derechos Adquiridos, consistente en la cantidad de VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS (Lps. 25,549.34) más el Ajuste Salarial correspondiente a la cantidad de VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (Lps. 25,779.61) haciendo un total de CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (Lps.51,328.95) más el pago de salarios dejados de percibir desde la terminación de la relación de trabajo hasta que con sujeción a las normas procesales del código del trabajo quede firme la sentencia que al efecto se dicte, promovida por la señora GLORIA JHESSENIA BATRES RIVERA de generales conocidas en el preámbulo de esta sentencia, contra el ESTADO DE HONDURAS por medio de su representante Legal el Procurador de la República ABRAHAM ALVARENGA URBINA.- SEGUNDO: SE CONDENA A la SECRETARIA DE SALUD representada por la PROCURADURIA GENERAL DE LA REPUBLICA a cumplir lo siguientes: 1) al pago de la cantidad de CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON NOVENTA Y CINCO CENTAVOS (Lps.51,328.95) en concepto de prestaciones laborales, Ajuste Salarial. 2) Los Salarios dejados de percibir desde la terminación de la relación de trabajo hasta que con sujeción a las normas procesales del código del trabajo quede firma la sentencia que al efecto se dicte.- TERCERO: SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inicio su relación de trabajo para la demandada mediante la suscripción de varios contratos de servicios profesionales y Técnicos por tiempo determinado, laboraba como Digitador, en la Región Departamental de Lempira Número 13; como antes se mencionó la actora suscribió varios contratos de trabajo, el último con fecha de vencimiento el 31 de diciembre del año 2015. Esta cuando se presentó a trabajar el día 07 de diciembre del año 2015 y se le entregó el oficio No. 116/JDPL No.13/2015 girado por el jefe de personal en la región de salud No. 13 de Gracias, Departamento de Lempira, en el cual se le notificaba que su contrato vencía el 31 de diciembre del año 2015.- 2. La parte demandada, El Estado de Honduras, contestó dicha demanda señalando que los contratos eran contratos de Prestación de Servicios Profesionales y Técnicos con una duración Limitada y con Plazo determinado, por lo que tenían que llegar a su fin ya que no había una relación laboral permanente con el hoy demandante; además no se acordó en dichos contratos un supuesto ofrecimiento de estabilidad laboral (permanencia) y lo pactado entre partes es ley.- 3. El Juzgado de Letras de Gracias, Departamento de Lempira y del Trabajo por Ministerio de la Ley, en fecha quince de noviembre del año dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar, sin costas; la demanda ordinaria laboral promovida por la señora GLORIA JHESSENIA BATRES RIVERA contra EL ESTADO DE HONDURAS, bajo el criterio que se puede apreciar que la demandante ha laborado mediante contrato de trabajo el cual se le ha ido renovando de forma continua, lo cual según lo estipula el artículo 47 párrafo primero del Código del Trabajo debe considerársele un empleado de carácter permanente en la institución y siendo que no cabe duda, que nos encontramos ante una relación laboral, pues en el contrato que regía a la demandada, acontecen los tres elementos del contrato de trabajo, esta fungía como DIGITADOR con sede en la Región Departamental de Lempira Número 13, tampoco cabe duda que en el presente caso, hubo una infracción al ordenamiento jurídico, ya que la demandante, con el supuesto aviso de que no se le iba a renovar su contrato, fue cancelada de su puesto de trabajo y dicha cancelación se materializó sin alegar casusa válida legal y fáctica y sin observar las normas y procedimientos establecidos en el Código del Trabajo, ya que en el artículo 111 del Código de Trabajo tácitamente se enumera las causas por las cuales se puede dar por terminado los contratos de trabajo, lo cual está íntimamente relacionado con lo establecido en el artículo 112 del mismo cuerpo de leyes en la que están estipuladas las causas justas que facultan al patrono para dar por terminado un contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte.- 4. La Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copan, Departamento de Copan, en fecha veintidós de febrero del dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que claramente estamos ante la presencia de un contrato de trabajo (artículo 20 del Código del Trabajo), ya que se dan los elementos esenciales del mismo, que son: a) Actividad personal del trabajador (Coordinador Regional de Trabajo); b) Continua subordinación y dependencia (en este caso, de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social); c) Salario como retribución (recibía una pago mensual por dicho Contrato de L.6,136.00); ingresando a la modalidad de contrato escrito de conformidad a lo dispuesto en los artículos 36 y 37 del Código del Trabajo, independientemente de la denominación que le hayan dado; y a esto le sumamos, que la misma legislación administrativa, por la naturaleza del contrato suscrito entre la demandante y la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, lo excluye de la jurisdicción de lo Contencioso- Administrativo. Por otra parte, la demandada supone que el órgano jurisdiccional que conoce el asunto es incompetente en razón de la sumisión expresa de la demandante a la jurisdicción de los Contencioso-Administrativo, según consta en la cláusula octava del Contrato de Trabajo; a lo que la parte recurrida se opone manifestando que las disposiciones del Código del Trabajo son de orden público y no están sujetas a la disposición de las partes, en consecuencia, cualquier asunto conflictivo que se derive del contrato firmado entre las partes y que dio origen a tal relación laboral, debe dilucidarse necesariamente dentro del ámbito de la jurisdicción laboral. Por otra parte, el artículo 90 de la Constitución de la República; el segundo dice: “Son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la constitución, el presente Código, sus reglamentos o demás leyes de trabajo otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera”. En atención a ello, tal sometimiento expreso es considerado nulo ipso jure, o sea de mero derecho.- 5. Mediante auto de fecha veinte de marzo del año dos mil diecisiete, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JOSE ISRAEL GARCIA MADRID, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha nueve de mayo del año dos mil diecisiete, compareció ante este Tribunal el Abogado JOSE ISRAEL GARCIA MADRID, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha nueve de mayo del año dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha cinco de junio del año dos mil diecisiete, se tuvo por contestado en tiempo el recurso de casación por parte del Abogado HERMES BAYARDO ESPINOZA ROSA, en su condición de representante procesal de GLORIA JHESSENIA BATRES RIVERA, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado JOSE ISRAEL GARCIA MADRID, en su primer y único motivo de casación alega: “Acuso la Sentencia de fecha Veintidós de Febrero del año Dos Mil Diecisiete, emitida por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, de ser violatoria la Ley Sustantiva de orden Nacional por aplicación indebida e interpretación errónea de los artículos, 2 numeral 2 del Código de Trabajo vigente.- En relación con los artículos 1 y 2 de la Ley de Servicio Civil y artículos 1,2 116, 117, 118, 119 de la Ley General de la Administración Publica. NORMA SUSTANTIVA VIOLADAS: La norma sustantiva de orden nacional violada es al artículo 2 numeral 2, del Código del Trabajo Vigente. En relación a los artículos 1 y 2 de la Ley de Servicio Civil y artículos 1,2, 116,117 y 118 y 119 de la Ley de la General de la Administración Publica. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral 1, del Código del Trabajo. LA VIOLACION DE LA LEY SUSTANTIVA DE ORDEN NACIONAL POR APLICACIÓN INDEBIDA E INTERPRETACION ERRONEA LA EXPLICO DE LA SIGUIENTE MANERA. El artículo 2, numeral 2 del Código del Trabajo nos dice claramente, quienes son los empleados públicos nacionales departamentales y municipales, entendiéndose según este artículo por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la constitución, la ley, decreto ejecutivo o acuerdo municipal, igualmente nos manifiesta que: Que las relaciones entre el Estado, el Departamento y el municipio se regirán por la Ley de Servicio Civil, que se expidan. igualmente tenemos que la Ley de Servicio Civil, en su artículo número 1, manifiesta que, La presente Ley tiene por finalidad establecer un sistema racional de administración de personal en el Servicio Público regulando las relaciones entre los servidores públicos y el estado; importante mencionar que los contratos suscritos por la demandante y la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud, son Contratos de Servicios Profesionales y Técnicos; consecuentemente el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, que es la que regula la naturaleza de estos asuntos, como ya se dijo, los contratos son de prestación de servicios profesionales que son válidos por el consentimiento de las partes y porque no se ha decretado su invalidez, nulidad, resolución mediante un fallo judicial, precepto legal que establece que la Jurisdicción de lo Contencioso- Administrativo conocerá también: a) Las cuestiones referentes al cumplimiento, interpretación, resolución, rescisión y efectos de los contratos regulados por la Ley de Contratación del Estado, por las Municipalidades y por las Instituciones Autónomas, y todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado. b)...” Se hace mención de lo anterior porque existe un equivocado criterio de que dichos contratos son laborales y no de servicios profesionales y técnicos, por consiguiente el fuero donde debió promover su acción la demandante, es el Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo, ya que la competencia es la facultad que tiene cada Juez y Tribunal para conocer de los negocios que las leyes han colocado dentro de la esfera de sus atribuciones y en el caso particular el JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL DE LA CIUDAD DE GRACIAS, LEMPIRA, NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DICHO ASUNTO; pues tal como se puede verificar en las cláusulas octava novena y décima de los referidos contratos, la ahora demandante se somete a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, las leyes aplicables y aceptación de condiciones, respectivamente.-”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) alega dos formas distintas de violar la Ley, por una parte aduce a la aplicación indebida y por otra, la interpretación errónea, causales que debió formular de forma separada por la independencia de los cargos; b) el artículo 2 del Código del Trabajo no ostenta el carácter de norma sustantiva requerido en este extraordinario recurso; c) el precepto autorizante ha sido formulado de forma incompleta al omitir el párrafo del numeral primero del artículo 765 del Código del Trabajo en que encuentra comprendido el cargo, ya que los mismos hacen referencia a distintos sub modos, por la vía directa e indirecta, lo cual devenía obligado el Recurrente a precisar con suficiente claridad y precisión.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los seis días de mes de septiembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de julio del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 134-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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