Sentencia CL-130-17 — Registro 7712
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo, ilegal e injusto, costas del juicio
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Se ha repetido con insistencia por parte de este Tribunal que los cargos para que sean una proposición jurídica completa deberán de cumplir todos los requisitos exigidos por el artículo 769 del Código del Trabajo para que puedan prosperar. Se hace el anterior comentario en virtud de que uno de los requisitos más elementales es la cita concreta de la norma sustancial que se considera infringida. Sin embargo, en el caso que nos ocupa se señala como infringido el artículo 738 del Código del Trabajo siendo la norma de índole procesal y no sustantivo como se requiere. En razón de lo anterior es procedente desquiciar el cargo en la forma expuesta."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Al igual que el anterior cargo la técnica de casación exige que se indique la norma sustancial que se considera violada y en este caso no se ha guardado ese cuidado, ya que las normas señaladas son de carácter general y conceptual, y no sustantiva que es aquella que confiere derechos y obligaciones de forma recíproca entre patrono y trabajador. Por lo cual procede su rechazo en cuanto a la pretensión deseada"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., treinta y uno de julio de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha dos de mayo de dos mil diecisiete, por la Abogada CHANTAL SALINAS MARTINEZ, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además es parte recurrida, la señora CORDELIA ESPERANZA ZEPEDA ARNODO, representada en juicio por el Abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por despido directo, ilegal e injusto, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha nueve de abril de dos mil quince, por la señora CORDELIA ESPERANZA ZEPEDA ARNODO, mayor de edad, casada, Licenciada en Mercadotecnia y con domicilio en Juticalpa, Departamento de Olancho, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE EDUCACIÓN, por medio del Procurador General de la República, señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha ocho de febrero de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1) Declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por CORNELIA ESPERANZA ZEPEDA ARNODO, contra EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA, en cuanto al pago por los siguientes conceptos: preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, décimo cuarto mes proporcional, más los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación de trabajo hasta que este firme el presente fallo en consecuencia; 2) CONDENA al demandado EL ESTADO DE HONDURAS, a través del Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVAREGA URBINA a pagar a la señora CORDELIA ESPERANZA ZEPEDA ARNODO la cantidad de TRESCIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOS (L.319,374.64) por los siguientes conceptos: preaviso L.81,666.60, auxilio de cesantía L.163,333.32, auxilio de cesantía proporcional L.30,624.97; vacaciones proporcionales L.26,249.85, décimo cuarto mes proporcional L.17,449.90; más los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación de trabajo hasta que este firme el presente fallo; 3) SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con el Estado de Honduras, en fecha 08 de febrero de 2010, siendo contratada por la Secretaría de Estado en los Despachos de Educación, en forma continua y permanente inicialmente como Asistente de Coordinación General, a la fecha de la notificación de su cancelación se desempeñaba como Administradora en el Programa Hondureño de Educación Comunitaria (PROHECO), devengando un salario mensual de L.35,0000.00, pese a que las labores son permanentes en PROHECO se le contrataba bajo la modalidad de contratos de servicios profesionales, lo cual es una simulación ya que ha laborado más de 200 días en forma continua y permanente conforme el artículo 347 del Código del Trabajo, siendo las labores permanentes, teniendo un horario de trabajo, cuyas labores eran asignadas bajo la continua subordinación y dependencia de la institución, configurándose los requisitos del Contrato del Trabajo conforme el artículo 20 del Código del Trabajo. En fecha 01 de diciembre de 2014, se emitió el oficio No.1529-RH-2014 mediante el cual la Abogada Jeny Eunice Maldonado, le notificó a la demandante que se le cancelaba del cargo y que sería efectivo hasta el 31 de diciembre de 2014, ya que el contrato no le seria renovado, causal que no está estipulada en el artículo 112 del Código del Trabajo, agotándose el trámite administrativo correspondiente, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio con la institución demandada.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que entre la demandante y el Estado de Honduras, a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Educación lo que existió fue una relación contractual de prestación de servicios profesionales a término dentro del marco de Contratos Administrativos de Servicios Profesionales, en los cuales claramente se establece en su cláusula décimo cuarta: “Solución del conflicto: Ambas partes convienen en solucionar mediante arreglo directo cualquier controversia que surja en la interpretación y ejecución del presente contrato, caso contrario se someten a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco Morazán, previo haber agotado la vía administrativa”. En concordancia a lo preceptuado en el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y de conformidad con lo pactado en la cláusula séptima del Contrato de Servicios Profesionales No.463-2014, la demandada rescindió del contrato por la pérdida de confianza en la señora Cordelia Esperanza Zepeda Arnodo, en la prestación de sus servicios profesionales, sin obligación ulterior para las mismas, más que las provenidas del mismo contrato.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la señora Cornelia Esperanza Zepeda Arnodo, contra el Estado de Honduras; condenando al demandado a pagar a favor de la demandante la cantidad de L.319,374.64 por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, décimo cuarto mes proporcional, más los salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que de la revisión de los contratos se ha demostrado que la relación de trabajo dentro de la institución era eminentemente laboral en virtud que los contratos reúnen los 3 elementos del contrato de trabajo al tenor de lo que establece el artículo 20 del Código del Trabajo; que sumado a ello queda plenamente demostrado que la demandante laboró para la demandada realizando una actividad permanente dentro de la misma ( ver folio 50) lo cual se cumple con lo establecido en el artículo 47 del Código del Trabajo, por lo que se está entonces frente a una verdadera relación de trabajo por tiempo indefinido y al no justificar el empleador el despido en virtud que consta la nota de terminación de la relación de trabajo sin invocar justa causa que haya dado origen al despido; asimismo no se ha demostrado el procedimiento que se siguió para demostrar la pérdida de confianza alegada únicamente en la contestación de la demanda, siendo procedente declarar con lugar la demanda que se ha hecho mérito.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha ocho de febrero de dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que existe abundante prueba documental con la que se acredita que la trabajadora suscribió varios contratos de prestación de servicios profesionales, el cual fueron renovados sucesivamente, desempeñando la demandante funciones propias de los trabajadores permanentes (folios 17 al 43). Que las funciones por las cuales fue contratada la demandante siempre fueron las mismas durante la suscripción de dichos contratos; existiendo además los otros elementos para considerar la relación laboral como permanente, tal como lo señala el artículo 20 del Código del Trabajo como ser: subordinación y dependencia del patrono, horario de trabajo y el derecho a una remuneración.- Además, el artículo 47 del Código del Trabajo señala que: “Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas.”, por lo que no cabe duda que la relación existente entre las partes en contienda era por tiempo indeterminado.- 5. Mediante auto de fecha veinte de marzo de dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada CHANTAL SALINAS MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha dos de mayo de dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal la Abogada CHANTAL SALINAS MARTINEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintidós de mayo de dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El Recurso de Casación configura un medio de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura es dirigida contra un fallo dictado por un tribunal de apelación, alegándose infracción de la ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la norma legal sustancial; por ello, el litigante que hace uso de esta vía procesal extraordinaria está obligado a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del juicio laboral con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II .Que la recurrente Abogada Chantal Salinas Martinez formula su primer motivo de casación de la siguiente manera: “Acuso la sentencia de ser violatoria de la Ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del artículo 738 del Código del Trabajo, al no tomar en cuenta el Tribunal Ad Quem: el medio de prueba documental público consistente en el Oficio de Notificación Número 1529-RH-2014, de fecha 1 de diciembre del año 2014, emitido por la Secretaría General de la Secretaria de Educación. (Folio4). PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el numeral uno, párrafo segundo del artículo 765 Código de Trabajo. EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÍ: El Tribunal Ad Quem, no tomó en cuenta el medio de prueba documental consistente en el oficio de notificación número 1529-RH-2014, de fecha 1 de diciembre del año 2014, emitido por la Secretaría General de la Secretaría de Educación, en la que se establece que la relación laboral de la demandante Cordelia Esperanza Zepeda Arnodo, se termina el día 31 de diciembre del año 2014, fecha indicada en el Contrato de Servicios Profesionales celebrado entre la demandante y la Secretaría de Educación, así como lo establece el artículo 46 inciso b) el que literalmente dice: “Contrato por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación...” por lo que nunca hubo despido como lo quiere hacer valer la demandante, lo que hubo fue terminación de su relación laboral”.- III. Se ha repetido con insistencia por parte de este Tribunal que los cargos para que sean una proposición jurídica completa deberán de cumplir todos los requisitos exigidos por el artículo 769 del Código del Trabajo para que puedan prosperar. Se hace el anterior comentario en virtud de que uno de los requisitos más elementales es la cita concreta de la norma sustancial que se considera infringida. Sin embargo, en el caso que nos ocupa se señala como infringido el artículo 738 del Código del Trabajo siendo la norma de índole procesal y no sustantivo como se requiere. En razón de lo anterior es procedente desquiciar el cargo en la forma expuesta.- IV. La recurrente arguye en su segundo motivo de casación lo siguiente: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de la Ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta de los artículos 19, 21, 26 y 46 inciso b del Código de Trabajo, ya que la Corte de Apelaciones del Trabajo violentó la ley por falta de apreciación de lo expuesto en el medio de prueba documental público correspondientes a los Contratos de Servicios Profesionales que se encuentran en los Folios 17 al 43, donde consta que la relación laboral es por tiempo determinado, pues en cada uno de los contratos se establece la fecha de inicio y la fecha de finalización.- Tampoco Honorables Magistrados, el Tribunal Ad Quem no hizo una valoración jurídica del Artículo 19 del Código de Trabajo en cual establece “Contrato individual de trabajo es aquel por el cual una persona natural se obliga a ejecutar una obra o a prestar sus servicios personales a otra persona natural o jurídica, bajo la continua dependencia o subordinación de esta y mediante una remuneración” que dicha definición está subordinada a lo establecido en el artículo 21 en que establece “se presume que toda relación de todo trabajo personal está regida por un contrato” el cual es violentado por el Tribunal Ad-Quen en virtud de darle una connotación diferente al concederle pago de prestaciones e indemnizaciones laborales a la demandante que ha sido contratada a término ya que el mismo se entrelaza con lo establecido en el artículo 26 el que establece “Que el contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado…”, artículo 46 inciso b) el que literalmente dice: “Contrato por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación...” PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1° del Código del Trabajo: el cual textualmente dice: son causales de casación: 1°. Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. Si la violación de la ley proviene de apreciación errónea o falta de apreciación de determinada prueba, es necesario que se alegue por el recurrente sobre este punto, demostrando haberse incurrido por el sentenciador en error de hecho o de derecho que aparezca de manifiesto en los autos. Solo habrá lugar a error de derecho en la casación de trabajo cuando se haya dado por establecido un hecho con un medio probatorio no autorizado por la ley. Por exigir esta al efecto una determinada solemnidad para la validez del acto, pues en este caso no se debe admitir su prueba por otro medio y también cuando deja de apreciarse una prueba de esta naturaleza, siendo el caso de hacerlo, porque así mismo no se concibe como juzgar a mi representada por contratar bajo una de las modalidades contempladas en la Ley nacional vigente. EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN LO EXPLICO ASÍ: El objeto de pedir concurre en lo que reclama, el reclamo lo constituye el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, por lo cual existe la identidad del objeto de pedir y la causa de pedir corresponde al hecho jurídico o material que sirve de fundamento al derecho reclamado y que en segunda instancia el acto jurídico y material que motiva el reclamo lo constituye la terminación contractual laboral con mi representada y siendo que en dichas relaciones contractuales mi representada no tiene obligación alguna de hacer erogación de pagos de prestaciones e indemnizaciones laborales por la siguiente razón: primero porque el pago solo le corresponde al personal que ha sido despedido injustificadamente y en el caso que nos ocupa no hay tal despido sino una notificación de no renovación de contrato, en tal sentido el tribunal de segunda instancia no consideró que el Código de Trabajo señala los contratos a término como una de sus modalidades y establece que los mismos obliga a lo expresamente pactado. La violación de la ley por la Corte de Apelaciones del Trabajo, proviene de la falta de apreciación de las pruebas antes mencionadas (Artículos 765 numeral 1º del Código del Trabajo)”.- V. Al igual que el anterior cargo la técnica de casación exige que se indique la norma sustancial que se considera violada y en este caso no se ha guardado ese cuidado, ya que las normas señaladas son de carácter general y conceptual, y no sustantiva que es aquella que confiere derechos y obligaciones de forma recíproca entre patrono y trabajador. Por lo cual procede su rechazo en cuanto a la pretensión deseada.- VI. Que en la formalización del recurso de casación debe aparecer debidamente concretada la voluntad del impugnador; si no aparece o se presenta en forma defectuosa, tal como acontece en el caso sub lite, el Tribunal de Casación se ve imposibilitado para realizar el respectivo examen y, consecuentemente, los recursos se vuelven inestimables. POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral – Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22 y 200 del Código procesal Civil, 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARA NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia, para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los cuatro días de mes de septiembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de julio del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 130-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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