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Sentencia CL-123-17 — Registro 7783

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para la justificación de un despido caso contrario se ordene el reintegro a nuestros puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, todos los beneficios que otorgan los contratos colectivos a los trabajadores durante la secuela del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la violación directa de la ley, en este caso señalada bajo la modalidad de aplicación indebida, se produce con prescindencia del material probatorio y en este caso la cuestión relacionada con la legalidad y justificación de la terminación de la relación laboral, fue objeto del debate y por ende de la prueba, por lo que no es apropiado el ataque al fallo impugnado por esa vía; b) el artículo 113 del Código del Trabajo señalado como infringido, contiene varios párrafos y literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, por lo que era necesario precisar a cuál de ellos dirige su ataque; c) en el desarrollo del cargo hace referencia a normativa no indicada en la formulación del motivo, tal es el caso de los artículos 62, 80, 129 de la Constitución de la República, 97, 98, 111 numeral 8) del Código del Trabajo; y, d) formula alegatos propios de instancia"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., treinta y uno de julio de dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 08 de mayo del 2017, por la Abogada PAMELA MERARY DELGADO PACHECO, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACONES (HONDUTEL), como recurrente; además, es parte recurrida, ORLIN IVAN CASTILLO MARADIAGA y PAULA MARIBEL VILLATORO OSEGUERA, representados en juicio por el Abogado JUAN MANUEL SIBAJA SALINAS. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de emplazamiento para la justificación de un despido caso contrario se ordene el reintegro a nuestros puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, todos los beneficios que otorgan los contratos colectivos a los trabajadores durante la secuela del juicio, costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 23 de abril del 2015 por los señores ORLIN IVAN CASTILLO MARADIAGA y PAULA MARIBEL VILLATORO OSEGUERA, ambos mayores de edad, solteros, hondureños, el primero de este domicilio y la segunda con domicilio en San Lorenzo, Departamento de Valle, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACONES (HONDUTEL), por medio de su Gerente General, el señor JESUS ARTURO MEJIA ARITA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 17 de enero del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 24 de octubre del 2016, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I.- Declarar CON LUGAR La demanda ordinaria laboral, promovida por ORLIN IVÁN CASTILLO MARADIAGA y PAULA MARTBEL VILLATORO OSEGUERA, de generales conocidas; contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su Gerente General JESUS ARTURO MEJIA ARITA, también de generales expresadas; en consecuencia. II.- CONDENA a la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), por medio de su Gerente General JESUS ARTURO MEJIA ARITA, a Reintegrar a los señores ORLIN IVÁN CASTILLO MARADIAGA y PAULA MARIBEL VILLATORO, al puesto de trabajo, reconociendo el pago de a ambos demandantes de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de la cancelación hasta que sean reintegrados en su puesto de trabajo, incluyendo los derechos otorgados a otros trabajadores durante la secuela del juicio de acuerdo a la contratación colectiva. III. SIN COSTAS “.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes expresaron en el escrito de su acción que iniciaron su relación laboral así: el señor Orlin Ivan Castillo Maradiaga, el 12 de junio del 2006, desempeñando el cargo de Administrativo III, devengando un salario ordinario mensual de L.15,600.52 y la señora Paula Maribel Villatoro Oseguera, el 09 de noviembre del 2009, desempeñando el cargo de Conserje II, devengando un salario mensual de L.10,600.00; que la demandada les notificó la terminación del contrato individual de trabajo, a partir del 05 de febrero del 2015, por las causales siguientes: suspensión de los contratos de trabajo por más de 120 días consecutivos, con efectividad del 08 de octubre del 2014, hasta el 04 de febrero del 2015, misma que se basó en lo establecido en el artículo 100 numerales 4, 5 y 15 del Código del Trabajo, debido a la crisis económica en que Hondutel estaban atravesando, además por las condiciones y causas que dieron origen a la suspensión de los contratos de trabajo, no era posible que reanudaran labores y por consiguiente reincorporarlos a su puesto de trabajo, por ello tomaron la determinación de dar por terminado el contrato individual de trabajo; argumentaron que se rescindió de forma unilateral los contratos de trabajo, reconociéndoles el pago de las prestaciones, con efectividad a partir del 05 de febrero del 2015 y que las causales que invocó la demandada se encuentran comprendidas en los artículos 111 numeral 8) y segundo párrafo del Código del Trabajo, pero que para aplicar las mismas deben de cumplirse estrictamente ciertos requisitos y que la empresa demandada no cumplió, por lo que el despido es ilegal e injustificado; además manifestaron que el 05 de febrero del 2015 se presentaron a sus labores, recibiendo un oficio en el cual les dijeron que se daba por terminado el contrato individual de trabajo siendo un despido ilegal e injustificado, ya que la demandada no acudió a la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, dentro de los 3 días posteriores que ocurrió el hecho y tampoco la solicitó en los 30 días antes que ocurrieran los hechos, por otro lado, si la empresa demandada estuviera en situación económica difícil no hubiera hecho contrataciones de empleados en forma temporal y permanente en los últimos meses, que a la fecha del 05 de febrero del 2015 fecha de terminación del contrato la Secretaría del Trabajo no había emitido la correspondiente resolución, violentando los artículos 101 y 102 del Código del Trabajo, 129 de la Constitución de la República, el Convenio Internacional de la Organización Internacional del Trabajo (O.I.T), número 111 ratificado por la República de Honduras; habiendo agotado el tramite administrativo en fecha 11 de marzo del 2015.- 2. La parte demandada, la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL), contestó dicha demanda rechazando las pretensiones de los demandantes y alegando en su defensa que con el propósito de rescatar a HONDUTEL, el 07 de octubre del 2014 procedió a notificarles en legal y debida forma la suspensión parcial de los contratos individuales de trabajo a 660 trabajadores, con efectividad a partir del día hábil siguiente (8 de octubre del 2014), por el término de 120 días, es decir hasta el día 04 de febrero de 2015; debiéndose presentar a sus labores el personal suspendido el día 05 de febrero de 2015, argumentó también que es de público conocimiento la precaria situación económica de Hondutel, empresa que ha venido operando con pérdidas netas desde el año 2009 hasta la fecha; dichas pérdidas se incrementaron durante los últimos 2 períodos fiscales 2012 y 2013, al extremo de que hoy en día, a pesar de las medidas para el saneamiento financiero administrativo tomadas por la actual administración, sigue siendo imposible que esta opere con mínimo razonable de utilidades; como consecuencia de ello resultó ineludible que la empresa recurriera a una serie de medidas para lograr disminuir las referidas perdidas. En vista de que la empresa no puede ser explotada siquiera con un mínimo razonable de utilidad, actuación provocada fundamentalmente por su nula rentabilidad operativa, esto derivó en el hecho de que tampoco logre conseguir los fondos suficientes para la prosecución normal de los trabajos, lo anterior a pesar de contar con un presupuesto como cualquier otra entidad de derecho público, con la única diferencia que HONDUTEL solamente tiene una vía de financiamiento para recaudar los fondos proyectados en ese presupuesto: su propio flujo de caja derivado de su facturación, el cual ha venido disminuyendo año tras año en virtud de la feroz competencia que existe en el sector de telecomunicaciones, que la patronal tomo la determinación de dar por terminado el contrato de trabajo en causas o motivos justificados como lo es lo instituido en el artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo, razón por la cual se le garantiza el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales ya que el reintegro es imposible debido a la situación precaria de la empresa, y la terminación de los contratos se basó en dos motivos justificados: 1) Lo instituido en el artículo 111 numeral 8) del Código del Trabajo y 2) la imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 24 de octubre del 2016, dictó sentencia declarando CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por los señores ORLIN IVAN CASTILLO MARADIAGA y PAULA MARIBEL VILLATORO OSEGUERA, contra la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACONES (HONDUTEL), condenó a la parte demandada a reintegrar a los demandantes al puesto de trabajo, reconociéndoles el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha efectiva de la cancelación hasta que sean reintegrados, incluyendo los derechos otorgados a otros trabajadores durante la secuela del juicio de acuerdo a la contratación colectiva, sin costas; bajo el criterio que consta en autos que a los demandante el día 07 de octubre del 2014 se les notificó la suspensión de su contrato de trabajo por 120 días, que como consecuencia de la suspensión y amparándose la parte demandada en la causales contenidas en el artículo 100 numerales 4), 5) y 15) así como también el artículo 111 numeral 8) del Código del Trabajo, fueron cancelados de sus puestos de trabajo mediante oficios Números GGH-369-2015 y GGH-248-2015 de fecha 05 de febrero del 2015, después de hacer la revisión del caso se ha constatado que se ha violentado el procedimiento, infringiendo desde todo de punto vista las normas laborales, ya que el día que se reincorporarían a sus labores ese mismo día fueron cancelados; lo cual ese vínculo que estaba interrumpido por la suspensión al ser notificados los demandantes de la terminación de la relación laboral nunca se restauró; que sumado a ello, HONDUTEL ofrece en el mismo oficio que contiene la notificación de la terminación de la relación laboral el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, situación ésta que es contraria, ya que por una parte aduce tener causas justas para despedir a la demandante sin responsabilidad, pero por otro lado hace ofrecimiento expreso del pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, que producto de la suspensión conlleva la terminación de la relación de trabajo aduciendo que las causas persisten, es oportuno acotar que mediante Informe de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social manifiesta que no existe Resolución, lo cual se puede apreciar que dicha terminación operó antes que la entidad precitada se pronunciara declarando con o sin lugar de dichas suspensiones, conllevando esto a una franca violación al ordenamiento jurídico y específicamente a lo establecido en el artículo 102 del Código del Trabajo; que siendo que los demandantes han probado de manera incuestionable el despido ilegal e injusto de que fueron objeto por su empleador, conllevando al reintegro al puesto de trabajo de los demandantes, acarreando con ello la responsabilidad de indemnizar a titulo de daños los salarios dejados de percibir desde que opero la terminación hasta que sean reintegrados a su puesto de trabajo, así como los beneficios que se otorgaron a otros empleados por la contratación colectiva.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 17 de enero del 2017, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que quedó demostrado que existió una relación laboral de los demandante con la empresa demandada, que previo a la cancelación existió una suspensión del contrato de trabajo por el plazo de 120 días, extremo que fue aceptado por la parte demandada y que se debió a la supuesta causa grave de iliquidez que presentaba la empresa Hondutel, quedó acreditado que hicieron aumentos selectivos de salarios para otros trabajadores, lo que hace contradictoria la justificación de la suspensión y posterior cancelación de los demandantes, por lo cual procede la demanda.- 5.- Mediante auto de fecha 20 de marzo del 2017, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada PAMELA MERARY DELGADO PACHECO, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACONES (HONDUTEL), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 08 de mayo del 2017, compareció ante éste Tribunal la Abogada PAMELA MERARY DELGADO PACHECO, en su condición de representante procesal de la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACONES (HONDUTEL), formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y solicitando nulidad subsidiaria de la sentencia, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 22 de mayo de 2017, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JUAN MANUEL SIBAJA SALINAS, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que, no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada PAMELA MERARY DELGADO PACHECO, en su primer motivo de casación alega: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCION: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional de índole laboral, por violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA del artículo 113 en relación 112 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La corte sentenciadora incurrió en violación directa por APLICACIÓN INDEBIDA DE LA NORMA SUSTANTIVA de índole laboral contenida en el artículo 113 del Código del Trabajo, por las siguientes razones: la Corte de Apelaciones estima que HONDUTEL incurrió en ilegalidad al cancelar el contrato de trabajo de los demandante por el plazo de 120 días, sin contar con la autorización mediante resolución de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, razón por la que la demandante emplazó al patrono ante los Tribunales competentes para el reintegro requerido en la demanda planteada. De lo anterior, se infiere que la Corte de Apelaciones del Trabajo aplicó el artículo 113 en relación con 112 del Código de Trabajo, preceptos legales que fueron aplicados de forma indebida porque HONDUTEL en ningún momento canceló o despidió a la demandante con fundamento en una de las causales establecidas en los incisos de artículo 112, sino que más bien se dio por terminado el contrato de trabajo de forma unilateral amparado en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo. En ese sentido, es necesario hacer una diferenciación entre el despido y la terminación de los contratos de trabajo. Esta diferenciación atiende a los siguientes aspectos: A) la terminación del contrato de trabajo de la parte actora se basó en el artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo, el que instaura que la suspensión de actividades por más de 120 días es una causa de terminación de contratos de trabajo. Aunado a lo anterior, el abogado laboralista OLVIN E. RODRÍGUEZ, en su obra Derecho Individual de Trabajo, específicamente en su pág. 264, manifiesta que, además de las causas justas establecidas en la ley, para dar por terminado un contrato de trabajo (en este caso las instauradas en el artículo 111, 112 y 114 del Código de Trabajo), también existen los MOTIVOS JUSTIFICADOS para proceder, tal como queda implícito en el artículo 117 del Código de Trabajo, el cual taxativamente reconoce que la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo deberá expresar la CAUSA O MOTIVO que la mueve a tomar tal decisión. En este caso, la decisión patronal de dar por terminado el contrato de trabajo se basa en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor, razón por la cual se le garantiza el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, ya que el reintegro no es posible.; B) En cuanto al reintegro a sus puestos de trabajo y el pago de salarios dejados de percibir y demás derechos solicitados por la parte actora, el mismo es IMPROCEDENTE, ya que se debe diferenciar entre causas justas que facultan al patrono para dar por terminado los contratos de trabajo sin responsabilidad (art. 112 del Código de Trabajo), causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo sin su responsabilidad (art. 114 del Código de Trabajo), causas de terminación del contrato de trabajo (art. 111 del Código de Trabajo) y causas o motivos para la terminación unilateral de un contrato de trabajo (artículo 117 del Código de Trabajo). En el caso de marras, la decisión patronal de dar por terminado el contrato de trabajo se basó en dos motivos justificados: 1. Lo instituido en el artículo 111 numeral 8 del Código de Trabajo y 2. La imposibilidad de la empresa para evitar que se pierda el puesto de trabajo del actor, razón por la cual se les garantizó el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, ya que el reintegro es imposible debido a la situación precaria en la que se encuentra la empresa. En relación con lo anterior, el Abg. Olvin E. Rodríguez, en su obra El Derecho Individual del Trabajo, específicamente en su pág. 258, establece que: “El patrono puede dar por terminado el contrato de trabajo pagando las prestaciones en derecho correspondan por causas no imputables al trabajador, lo mismo que al patrono; por ejemplo, por razones internas; POR NECESIDAD DE REESTRUCTURAR LA EMPRESA, POR RAZONES DE ECONOMÍA, y otros semejantes; en estos casos el trabajador no tiene el derecho justificadamente de emplazar a su patrono para que le pruebe esa causa, y optar por el reintegro, porque en la nota de terminación no se le dio ninguna de las causales del artículo 112, en relación con el 97 y el 98 del Código del Trabajo, ya que el artículo 113 del Código del Trabajo es el único que permite el ejercicio de la acción del reintegro, se funda y debe ser necesariamente en el art. 112 del Código del Trabajo. Así lo tienen establecido los Tribunales del Trabajo en varias sentencias entre otras: las dictadas por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección Judicial resolviendo el recurso de apelación interpuesto en la demanda promovida por LICIA CONCEPCIÓN GUZMÁN, OSCAR ARMANDO MONCADA Y MARÍA CELINA ANDINO contra la empresa “Camiones y Motores, S.A. (CAMOSA)”, sentencia dictada el lunes 25 de noviembre de 1973 con un considerando que dice: “Que de los argumentos jurídicos antes transcritos, se colige 1. Que el derecho del trabajador a ser reintegrado a su trabajo es solamente a causales enumeradas en los art. 97, 98 y 112 del C.T...”. Posteriormente, el Abg. Olvin E. Rodríguez continúa manifestando que: “...En el presente caso (aludiendo a la sentencia citada en el párrafo anterior), no hay una terminación de trabajo por despido y es que en el despido el trabajador pierde el derecho a prestaciones...”. Aunando a lo anterior, en fecha 8 de febrero del 2007, la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sala Laboral-Contencioso Administrativa, emitió una sentencia en el expediente CL. 105-2006, en una famosa demanda incoada contra la empresa LAFARGE, en cuyos considerandos se instituye que “El Código de Trabajo establece de forma concreta y diferenciada las causas de terminación del contrato de trabajo y las causas o motivos de despido. Acciones que tienen origen y efectos distintos”. Según la Sala Laboral, el efecto de la terminación del contrato de trabajo, que es lo que se dio en este caso, es únicamente que el patrono debe pagarle al trabajador las prestaciones e indemnizaciones que le correspondan sin que este tenga derecho al reintegro ni al pago de salarios dejados de percibir como indemnización. De la doctrina y jurisprudencia aludida se colige lo siguiente: Si bien es cierto que el art. 129 de la Constitución de la República establece que, en caso de despido injustificado, queda al arbitrio del trabajador solicitar el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales o el reintegro, este último (el reintegro) solamente procede cuando en la nota de terminación del contrato de trabajo se alegan las causales establecidas en el art. 112, en relación con los artículos 97 y 98 del Código de Trabajo. Sin embargo, si el juzgador lee la nota de terminación del contrato de trabajo que se le entregó a la parte actora podrá comprobar que mi representada procesal en ningún momento fundamentó su decisión en el artículo 112, en relación con los art. 97 y 98 del Código de Trabajo, sino en los art. 62, 80 y 129 de la Constitución de la República; 100 numerales 4, 5 y 15; 111 numeral 8) y segundo párrafo y 126 del Código de Trabajo; 97 numeral 13, 132 y 143 del Reglamento Interno de Trabajo; cláusula 59 del XII Contrato Colectivo de Hondutel y en la certificación de resolución de punto de acta número 8 de la sesión ordinaria nro. 545-2008, celebrada el 13 de mayo del 2008. Por ende, queda probado indubitadamente que los trabajadores, en este caso, solamente tiene derecho al pago de prestaciones e indemnizaciones laborales (derecho que se le reconoce incluso en la nota de terminación de contrato que se le entregó personalmente) y no al reintegro, sumado a que el reintegro solicitado es IMPOSIBLE, ya que se ha cancelado el puesto de trabajo de los demandantes debido a la precaria situación económica de la empresa, y a la nueva estructura orgánica, ya que una vez que surgió la suspensión, se eliminó completamente la dualidad de funciones y actividades por parte de los empleados, de las unidades y departamentos, por lo que su señoría debe tener en cuenta el PRINCIPIO DE LA REALIDAD, el cual instaura que “...Para la interpretación de las relaciones entre empleadores y trabajadores, se debe tomar en cuenta lo que verdaderamente sucede en la realidad y no solamente lo que las partes han contratado formalmente” (http:/ /es.wikipedia..org /wiki/Principio de primac%C3%ADa de la realidad), por lo tanto, según este principio no importa la autonomía de la voluntad de las partes, sino la demostración de la realidad que reina sobre la relación entre trabajador y empleador, siendo evidente que en este caso la realidad nos dicta que es imposible el reintegro por las razones ya aludidas. Finalmente, honorable Corte Suprema de Justicia, ha quedado demostrado con argumentos jurídicos densos, que la sentencia proferida por la Honorable Corte de Apelaciones violenté de forma directa LA NORMA SUSTANTIVA invocada al aplicar al caso concreto indebidamente el articulo 112, con relación al 113 del Código de Trabajo, TENIENDO QUE HABER APLICADO EL ARTICULO 111 NUMERAL 8) DEL CÓDIGO DE TRABAJO y no lo hizo, favoreciendo con ello al trabajador y perjudicando aun más las finanzas de la empresa al condenarla al reintegro y al pago de salarios dejados de percibir. ”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la violación directa de la ley, en este caso señalada bajo la modalidad de aplicación indebida, se produce con prescindencia del material probatorio y en este caso la cuestión relacionada con la legalidad y justificación de la terminación de la relación laboral, fue objeto del debate y por ende de la prueba, por lo que no es apropiado el ataque al fallo impugnado por esa vía; b) el artículo 113 del Código del Trabajo señalado como infringido, contiene varios párrafos y literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas, por lo que era necesario precisar a cuál de ellos dirige su ataque; c) en el desarrollo del cargo hace referencia a normativa no indicada en la formulación del motivo, tal es el caso de los artículos 62, 80, 129 de la Constitución de la República, 97, 98, 111 numeral 8) del Código del Trabajo; y, d) formula alegatos propios de instancia.- IV. Que la Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “PRECEPTO LEGAL SUSTANTIVO DE ORDEN NACIONAL QUE SE ESTIMA VIOLADO Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN: Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional y de índole laboral, por violación indirecta del artículo 111 numeral 8 del Código del Trabajo por FALTA DE APRECIACIÓN POR ERROR DE HECHO EN LOS MEDIOS DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: A) LOS OFICIO DE FECHA 5 DE FEBRERO DEL 2015 QUE CORRE AGREGADO A FOLIOS 41, 42, 46 Y 47; B) ESTADOS FINANCIEROS DE HONDUTEL QUE CORRE AGREGADO A FOLIOS 50-57, TODOS DE LA PRIMERA PIEZA DE AUTOS. NORMAS LEGALES PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA LABORAL: Artículo 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO Y DESCRIPCIÓN DEL MEDIOS DE PRUEBA INTERPRETADO ERRÓNEAMENTE: DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: a) En los oficios de fecha 5 de febrero del 2015 que corre agregado a folios 41, 42, 46 Y 47; b) estados financieros de HONDUTEL que corre agregado a folios 50-57, todos de la primera pieza de autos. Explicación: 1) La sentencia recurrida no tuvo como hecho probado que la empresa se encontraba imposibilitada de explotar la empresa con un mínimo razonable; y la falta de fondos y la imposibilidad de obtenerlos para la prosecución normal de los trabajos lo cual fue demostrado mediante la presentación del medio de prueba documental público consistente en los estados financieros y de resultados de HONDUTEL de los años 2007 al 2014 con los que se justifica incuestionablemente la grave situación financiera de la empresa que derivó en la terminación de los contratos de trabajo por medio de la figura de la suspensión. Al respecto, el artículo 100 del Código de Trabajo establece que la suspensión de contratos de trabajo surte efectos desde la conclusión del día en que ocurrió el hecho que le dio origen, siempre que la comprobación de la causa en que se funde se inicie ante la Secretaría de Trabajo dentro de los tres días posteriores al ya mencionado, o treinta días antes de la suspensión. De lo anterior se colige que la suspensión de contratos de trabajo surtió efecto desde el día en que fue notificada a la trabajadora, ya que el artículo referido instaura claramente que la autorización de la Secretaría de Trabajo se emite, mediante resolución, después de realizada la suspensión y no antes. Lo cual es un hecho probado y el juez no lo tomó en cuenta al momento de emitir su fallo. 2) Asimismo, el Código Procesal Civil que se aplica de manera supletoria a este proceso laboral, establece que, en la valoración de la prueba, ésta excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana critica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico. Dicha valoración debe deducirse de manera clara y terminante en los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia. 3) El medio probatorio DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: el el oficio de fecha 5 de febrero del 2015 que corre agregado a folios 41, 42, 46 Y 47; fue propuesto para demostrar contundentemente que lo que hubo fue una terminación de contrato de trabajo subsumida en el artículo 111 numeral 8 del código del trabajo, pero tanto el juzgado de primera instancia como el tribunal de segunda instancia omitieron el análisis de dicho medio probatorio en relación a los hechos del litigio. 4) El medio probatorio DOCUMENTAL PÚBLICO CONSISTENTE EN: Estados Financieros de HONDUTEL que corre agregado a folios 50-57, de la primera pieza de autos, fueron propuestos para demostrar contundentemente que la razón por la que se procedió a realizar las suspensiones del contrato fue que la EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES (HONDUTEL) estaba operando con pérdidas financieras elevadísimas, situación que derivó en los hechos que originan el presente litigio y que no debió omitirse su consideración para la resolución del mismo como lo hizo el ad quem. Al respecto, nuevamente cito el libro El Recurso Extraordinario de Casación Laboral, del autor Luis Lagos Pantoja, en su página 41, que desarrolla de una forma más concreta el concepto de error de hecho que: “consiste en no dar por probado un hecho, estándolo o tenerlo por establecido, sin que sea así, todo lo cual ocurre por la mala apreciación o la falta de apreciación de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas que la reglamentan, lo cual debe conducir a la relación de la ley sustancial; pero el error deber ser manifiesto, evidente, ostensible, etc.. Esta causal de casación resulta entonces, de un proceso subjetivo del juzgador consistente en un equivocado racionamiento apreciativo de las pruebas que conduce a dar por establecido un hecho sin estarlo o, al contrario”.”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) invoca dos modalidades distintas del error de hecho, como ser la falta de apreciación y la interpretación errónea (apreciación errónea), de determinada prueba, las que debió señalar de forma separada por la independencia de los cargos; en adición, una prueba no puede ser dejada de apreciar y ser apreciada erróneamente a un mismo tiempo, todo lo cual provoca la falta de claridad y precisión en este motivo; y, b) formula alegatos de instancia, no demostrando el error evidente del Juzgador de grado que sostiene incurrió.- VI.- Que la impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “SE PRESENTA PRIMERA NULIDAD SUBSIDIARIA: Que la sentencia emitida por el tribunal ad quem busca le certeza de los hechos jurídicos, por cuanto deben ser claras, precisas, congruentes y motivadas, y así no quede la menor duda del criterio utilizado por el tribunal al momento de emitir los fallos, buscando una conciliación de lo pedido y otorgado a las partes, con la Constitución de la República, las leyes, convenios y principios legales y así respetar el Estado de Derecho. Con base en lo anterior, la corte de apelaciones al emitir el fallo o la sentencia recurrida, no la fundamenta de forma concreta. Esto causa una carencia de motivación de la sentencia, pues sus consideraciones omiten el análisis probatorio de los oficios de fecha 5 de febrero del 2015 que corren agregado a folios 41, 42, 46 y 47, con los que no sólo se ha acreditado la terminación del contrato de trabajo conforme al artículo 111 numeral 8) del Código del Trabajo, sino que también se desvirtúa la existencia de la figura de despido injustificado en relación al artículo 112 del mismo código. En ese sentido, de haberse analizado dicho medio probatorio en relación a los hechos del litigio, el ad quem no hubiese encontrado asidero jurídico para emitir el fallo condenado a mi representada a reintegrar a los demandantes a su puesto de trabajo junto con el pago de los demás conceptos condenados en la misma sentencia dictada en segunda instancia. El AD QUEM, al omitir esa motivación, produce indefensión a mi representada e incongruencia en la sentencia, pues existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad, y en el presente caso el tribunal AD QUEM, ha emitido una sentencia en la que no ha existido motivación y fundamentación de todos los hechos controvertidos que surgen de los hechos en que el demandante fundamenta su acción y de los hechos en que el demandado fundamenta su resistencia a la pretensión incoada en su contra y sobre los que recaen las pruebas del juicio. SE PRESENTA SEGUNDA NULIDAD SUBSIDIARIA: Que las sentencias emitidas por el tribunal AD QUEM, buscan la certeza de los hechos jurídicos, por cuanto deben ser claras, precisas y congruentes con los hechos controvertidos del litigio y la práctica de la prueba, por ende en la sentencia se debe hacer una relación exhaustiva en cuanto a ellos, estableciéndose una congruencia entre la petición de las partes, lo hechos controvertidos, los hechos probados y lo que se otorga siendo que al omitirse esa motivación se produce indefensión a las partes e incongruencia en la sentencia, pues existe violación a las normas procesales que acarrean nulidad y en el presente caso el tribunal ad quem, ha emitido una sentencia en la que no ha existido pronunciamiento sobre todos los hechos controvertidos, creados a partir de las pretensiones de las partes y de los hechos y las pruebas presentadas que éstas utilizan como fundamentos para acreditar su pertinencia, pues como se puede observar en la sentencia recurrida, la Corte de Apelaciones no establece los criterios utilizados en el análisis jurídico para pronunciarse sobre la incongruencia aducida en el acápite TERCERO del CONSIDERANDO CUATRO (4) en relación al acápite SEGUNDO del CONSIDERANDO CUATRO (4), debido a que si el AD QUEM consideró como fundamento de su decisión que haber otorgado aumentos selectivos al personal que se mantuvo en HONDUTEL en el que se distribuyeron las funciones de los 660 trabajadores suspendidos era contradictorio con la medida de las suspensiones para alcanzar la estabilidad financiera, la corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, debió haber sido mucho más explicativa en su análisis pues sólo hace una consideración espuria de dos renglones donde descarta la tesis de que dichos aumentos selectivos no han influido en la progresiva recuperación financiera que ha venido proyectando HONDUTEL, después de haber tomado la medida de las suspensiones. El pronunciamiento espurio de la Corte de Apelaciones del Trabajo ha provocado que la sentencia sea incongruente entre los hechos controvertidos y lo condenado, aparte de la indefensión de mi representada, es por ello que solicito la nulidad de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo sin perjuicio de que la misma sea casada. PROCEDENCIA DE LAS NULIDAD SUBSIDIARIAS: el artículo 206 del Código Procesal Civil, el que se aplica de manera supletoria al procedimiento laboral, ya nos establece que las sentencias en su contenido deben ser claras, precisas y exhaustivas, en su contenido en relación a los hechos argumentados por las partes y las pruebas aportadas, preceptos que no se cumplen en la sentencia de marras por las razones anteriormente expuestas. Asimismo, el artículo 207 del Código Procesal Civil exige que las sentencias sean motivadas en relación a los argumentos fácticos y jurídicos expuestos por las partes, lo que tampoco ocurre en el caso de marras como ya se expuso con anterioridad. Ya el Código Procesal Civil en el artículo 211 establece que el incumplimiento en los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a su nulidad o a su anulabilidad. De igual manera, el artículo 212 numeral 3 del Código Procesal Civil establece que es nulo el acto procesal que se dicta prescindiendo de las normas esenciales del procedimiento, siempre que, por esa causa, se haya producido indefensión, tal como ocurre en el caso de marras, por lo que para salvaguardar los derechos de las partes en litigio y la idoneidad de los actos procesales es necesario que se declare la nulidad de la sentencia emitida por la Corte de Apelaciones del Trabajo sin perjuicio de que la misma sea casada.”.- VII. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; estudiado el caso en examen, los alegatos invocados debieron formularse mediante los motivos de casación cumpliendo las exigencias para éste extraordinario recurso; además, éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, al contener la resolución los requisitos intrínsecos y a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VIII. Que, por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos y sin lugar la nulidad solicitada de forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 129, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los seis días de mes de septiembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de julio del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 123-17.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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