Sentencia CL-112-17 — Registro 7780
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la justa causa y legalidad del despido caso contrario, sea condenado al reintegro al trabajo, en igual o mejores condiciones, con el reconocimiento de salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios desde la fecha del despido hasta la restitución en el puesto de trabajo, condena del demandado en costas del juicio por principio de vencimiento
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) invoca la infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea, causales que debió invocar de manera separada por la independencia de los cargos; b) no indica la norma sustantiva violada; y, c) realiza alegatos propios de instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación.- "
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., treinta y uno de julio del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en seis de abril del año dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal el Abogado FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, en su condición de representante procesal del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; además, son parte recurrida la abogada NORMA ELIZABETH LOPEZ actuando en su condición de Representante Procesal del señor JOSE MARIO CUBAS MURILLO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la justa causa y legalidad del despido caso contrario, sea condenado al reintegro al trabajo, en igual o mejores condiciones, con el reconocimiento de salarios dejados de percibir a titulo de daños y perjuicios desde la fecha del despido hasta la restitución en el puesto de trabajo, condena del demandado en costas del juicio por principio de vencimiento, Costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha veintiocho de marzo del año dos mil catorce por JOSE MARIO CUBAS MURILLO, mayor de edad, casado, abogado, hondureño, con residencia en la Ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes; contra EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP), Representada por el señor HUGO EDUARDO VASQUEZ VELASQUEZ. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha treinta y uno de enero del dos mil diecisiete dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento De Cortés, que falló confirmando la sentencia de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento De Cortés, misma que en su parte conducente dice: “Declara SIN LUGAR la EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION que fuera opuesta por la apoderada legal de la parte demandada; 2) declarando CON LUGAR la demanda laboral promovida por JOSE MARIO CUBAS MURILLO, de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia, contra el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, a través de su Representante Legal HUGO EDUARDO VASQUEZ VELASQUEZ, también de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; en consecuencia: CONDENA: al INSTITUTO DE LA PROPIEDAD a través de su representante legal HUGO EDUARDO VASQUEZ VELASQUEZ, ha REINTEGRAR al trabajador demandante JOSE MARIO CUBAS MURILLO, en su puesto de trabajo que venia desempeñando al momento de producirse la terminación de la relación de trabajo; Mas a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por la demandante desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que se cumpla con la reinstalación de su cargo.- 4) SI COSTAS ”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción manifestó que fue contratado el 23 de agosto de 2010 bajo la moda.1idd de contratos, en el cargo de auxiliar jurídico bajo la dependencia de Coordinación Regional de Registros en San Pedro Sula; al momento de la contratación el salario inicial fue de L. 19,050.00 mensuales; desde la fecha de contratación laboró de forma interrumpida con contratos denominados contratos de servicios profesionales, sin embargo la relación que mantenían las partes contuvo los tres elementos esenciales para la existencia de un contrato de trabajo; la naturaleza del trabajo en todo tiempo fue permanente y subsiste a la fecha. Su patrono elaboró varios contratos continuos, por periodos de seis meses, para amparar la relación laboral, como contratos de servicios profesionales por tiempo determinado, transcurrido el plazo, eran renovados, sin embargo la demandada aprovechando la posición ventajosa, preparó el despido y mandó un último contrato por el plazo de un mes. El 27 de enero de 2014, recibió una nota con fecha 09 de ese mismo mes y año, en la que le manifiestan la terminación laboral relacionando disposiciones en materia laboral que según el demandante lesionan el principio de estabilidad laboral.- 2. La parte demandada, EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contestó dicha demanda señalando que nunca existió una relación laboral con el actor, por encontrase la prestación de su servicio bajo la modalidad de “contrato administrativo de servicios profesionales por un periodo determinado”, con fecha de inicio y finalización de conocimiento del demandante, consintiéndolo y aprobándolo sin objeción alguna, dejando prescribir su derecho para el reclamo, acordando además, la instancia mediante la cual se resolvería cualquier conflicto existente durante la ejecución del contrato, según lo dispone el artículo 3 de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo; el demandante debió acudir dentro de los 15 días que le faculta la ley en referencia al Juzgado de lo Contencioso Administrativo para interponer su demanda y no ante el Juzgado del Trabajo que es incompetente para conocer y resolver el reclamo; por otra parte, aunque éste al dejar de usar término de dos meses para intentar anular en ese entonces el contrato, dejó prelucir el termino para instar el reclamo en cuestión. Así mismo es preciso recalcar que no existió relación de trabajo ni ningún tipo de simulación de contrato, siendo lo acaecido es fue la llegada de finalización de la obligación contractual contraída por las partes, la que disolvió el nexo sin responsabilidad patronal; los derechos que el actor reclama solamente corresponden a las personas con status de carácter permanente según lo establecen los artículo 38 de la Ley del Servicio Civil, 6 numeral 28) de su Reglamento y 31 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo de Decreto Ejecutivo No. PCM-008-97.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, en fecha treinta y uno de octubre del año dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar, sin costas; la demanda ordinaria laboral promovida por JOSE MARIO CUBAS MURILLO contra EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, bajo el criterio que de la revisión de los contratos se ha demostrado que la relación de trabajo era eminentemente laboral en virtud que los contratos reúnen los 3 elementos del contrato de trabajo, sumado a ello queda plenamente demostrado que la demandante laboró para la demandada realizando una actividad permanente dentro de la misma lo cual se cumple con lo establecido en el artículo 47 y 52 del Código del Trabajo; estando entonces frente a una verdadera relación de trabajo por tiempo indefinido, y al no justificar el empleador al renovarle su ultimo contrato, siendo este un trabajador permanente, de acuerdo a lo antes relacionado, nos encontramos ante un despido ilegal e injusto.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento De Cortés, en fecha treinta y uno de enero del dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio el demandante fue contratado en las mismas labores durante más de tres años en el mismo puesto de trabajo y para las mismas funciones inicialmente contratadas; constando del expediente personal además, e1disfrute de derechos laborales de forma reiterada, y en contrataciones como la que es objeto de estudio en el caso de autos se ha dejado establecido en diversas ejecutorias que “A no dudar, el contrato de trabajo obliga a lo expresamente pactado y a las consecuencias que de el derivan de acuerdo a la Ley, de esta forma lo dispone el artículo 26 del Código del Trabajo, pero en cuanto a las condiciones que en ellos se pacten, es la ley la que determina el límite y no la voluntad de las partes”, en ese sentido se ha considerado que “si el objeto del contrato de trabajo es la prestación de un servicio personal subordinado, por imponérsele las condiciones del mismo, carece el trabajador de libertad para establecer hechos o circunstancias relacionadas con la forma de contratación, su ejecución o terminación, en su auxilio, es la Ley quien se encarga de establecer esos derechos, y limita su voluntad al negarle eficacia a pacto o cláusulas que establezcan condiciones de trabajo que restrinjan o tergiversen esos derechos, según dispone el artículo 3 del Código del Trabajo” ; criterio que se reitera en el sub judice pues en el que se acusa la aceptación expresa de las cláusulas pactadas al momento de suscribirse el contrato en relación con la fecha de terminación del mismo, como razón que valida su no renovación y de la que se señala sumó valoración en el fallo recurrido, sin embargo si fue considerada y desarrollada. En relación al contenido de los contratos y su naturaleza, pues no es la voluntad de las partes por ellas mismas, la que determina si un contrato representa o no una relación de trabajo, sino el hecho de que si ésta relación cumple o no los requisitos establecidos por la Ley para que se configure como tal. Por eso es necesario estudiar los elementos esenciales determinados por el Código del Trabajo para la existencia del contrato de Trabajo, sin perder de vista que una vez reunidos los elementos de que trata el artículo 20 del precitado cuerpo legal, se entiende que existe contrato de trabajo y que no deja de serlo por razón del nombre que se le de, ni de otras condiciones o modalidades. Por otra parte la alegación en segunda instancia de no contar con presupuesto para el reintegro reclamado, en razón del decreto PCM 046-2014, resulta extemporánea y aparentemente busca evitar el cumplimiento del contrato mediante la reinstalación del demandante; de otra parte, se hace necesario precisar que, si el derecho del trabajador fue el producto de una acción iniciada con anterioridad a la creación del decreto ejecutivo antes mencionado, su vigencia material por disposición Constitucional, carece de eficacia para actos reclamados con anterioridad a su creación y decreto.- 5. Mediante auto de fecha veinte de marzo del año dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal el Abogado FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, en su condición de representante procesal del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento De Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a el recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha seis de abril del año dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal el Abogado FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, en su condición de representante procesal del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, formalizando su demanda, exponiendo nueve motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha diecisiete de abril del año dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado conferido a el Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha treinta y uno de mayo del año dos mil diecisiete, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el termino dejado de utilizar por la abogada NORMA ELIZABETH LOPEZ, en su condición de representante procesal del señor JOSE MARIO CUBAS MURILLO, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el Abogado FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, en el primer motivo de casación alega: “Ser la Sentencia violatoria de la ley sustantiva, por infracción directa aplicación indebida o interpretación errónea”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 1 del Artículo 765 CAUSALES DE CASACION, del Código de Trabajo, que a la letra dice “1. Ser la Sentencia violatoria de Ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea.” EXPLICACIÓN DE LA VIOLACION: La Honorable Corte de Apelaciones Seccional del Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés Fallo definitivo y unánime de votos dictado en fecha Treinta y Uno (31) de Enero del año dos mil diecisiete (2017), en su acápite 1, FALLA: 1). Declarando no ha lugar el recurso de apelación formulado por el abogado Fabricio Alejandro Ochoa Sierra en su condición de apoderado legal del demandado INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP) , en contra de la sentencia definitiva de fecha treinta y uno de octubre del año dos mil dieciséis de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en el proceso ordinario laboral iniciado con ocasión de la demanda ordinaria laboral que a dicho instituto le promoviera el señor JOSE MARIO CUBAS MURILLO; a todos de generales conocidas en autos; en consecuencia se confirma la sentencia definitiva que se conoce en apelación. Lo cual es objeto de nuestro recurso de casación, en virtud Honorables magistrados que el Fallo recurrido de la Corte de Apelaciones del Trabajo contiene mal aplicación de la Ley, es decir, hay error en la aplicación de la norma de derecho, contenida en el Artículo 47 del Código de Trabajo” Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas” otorgando con ello prestaciones al Trabajador por contrato, pero tanto el Juzgado A-quo como el Ad- Quem han mal interpretado la norma puesto que la Relación laboral que existió entre el Demandante y mi representada estaba sujeto a un Régimen de Contrato de Servicios Profesionales, regido por las Leyes Administrativas y las cláusulas contractuales contenidas en el mismo, y no por las Leyes Laborales como erróneamente se ha aplicado a este caso, y como así lo establece el Artículo 2 del Código de Trabajo Vigente: “Son de orden público las disposiciones contenidas en el presente Código y obligan a todas las empresas, explotaciones o establecimientos así como a las personas naturales. Se exceptúan: 1). . .2) Los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales.” misma relación que era por tiempo transitorio y determinado, y a) no ser una relación permanente, no ameritaba expresar causa alguna pues además de haber concluido su contrato por haber llegado a su fecha de finalización ya establecía en la Cláusula Tercera, hace referencia que dicho contrato no será renovado “Sin mediar alguna causa”, así mismo en el contrato se manifiesta su consentimiento en las clausulas contentivas del mismo, y por lo tanto el contrato con la totalidad de sus cláusulas se convierte en Ley entre las partes por lo que el Ad-Quem también violenta la Pacta Sunt Servanda debe ser fielmente cumplida por las partes de acuerdo con lo pactado, de acuerdo a las normas de Autonomía de la Voluntad de las partes.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) invoca la infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea, causales que debió invocar de manera separada por la independencia de los cargos; b) no indica la norma sustantiva violada; y, c) realiza alegatos propios de instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los trece días de mes de septiembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de julio del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 112-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
9