Sentencia CL-111-17 — Registro 8302
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo en igual o mejores condiciones, que se declare por tiempo indefinido la relación laboral, pago de salarios dejados de percibir
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) invoca la infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea, causales que debió invocar de manera separada por la independencia de los cargos; b) no indica la norma sustantiva violada; y, c) realiza alegatos propios de instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., quince de octubre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha siete de abril de dos mil diecisiete, por el Abogado FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, en su condición de representante procesal del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, como recurrente; además es parte recurrida, la señora REINA ELIZABETH UMAÑA MADRID, representada en juicio por la Abogada NORMA ELIZABETH LOPEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo en igual o mejores condiciones, que se declare por tiempo indefinido la relación laboral, pago de salarios dejados de percibir, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha nueve de octubre de dos mil trece, por la señora REINA ELIZABETH UMAÑA MADRID, mayor de edad, soltera, Abogada, hondureña y con domicilio en San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, por medio de su Presidente del Consejo Directivo, señor HUGO EDUARDO VASQUEZ VELASQUEZ.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha treinta de enero de dos mil diecisiete, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintiocho de octubre de dos mil dieciséis, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que: “FALLA: 1) declarando CON LUGAR la demanda laboral, promovida por REINA ELIZABETH UMAÑA MADRID, de generales expresadas en el preámbulo de esta Sentencia, Contra EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, a través de su Representante Legal HUGO EDUARDO VASQUEZ VELASQUEZ, también de generales expresadas en el preámbulo de esta sentencia; En consecuencia: 2) CODENA: al Contra EL INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, a través de su Representante Legal HUGO EDUARDO VASQUEZ VELASQUEZ, a REINTEGRAR a la trabajadora demandante REINA ELIZABETH UMAÑA MADRID, en su puesto de trabajo que venía desempeñando al momento de producirse la terminación de la relación de trabajo; Mas a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por la demandante desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que se cumpla con la reinstalación de su cargo.- 3) SE DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCION PERENTORIA DE PRESCRIPCION, interpuesta por la parte demandada.- 4) SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expresó en el escrito de su acción, que fue contratada por el Instituto de la Propiedad (IP), el 01 de octubre de 2010, específicamente para realizar las labores de Secretaria General en el Centro Regional de Regularización Predial, en San Pedro Sula, dependiente de la Secretaria Ejecutiva. El salario al momento de su contratación inicial fue de L.18,000.00 pero al momento del injustificado despido era de L.19,050.00 y para los efectos de ley, el salario promedio mensual era de L. 22,225.00, el cual era pagado de forma mensual, mediante depósito en cuenta de ahorro en moneda nacional del Banco Atlántida. Desde la fecha de su contratación la demandante laboró de forma ininterrumpida, con contratos denominados contratos temporales de prestación de servicios. La relación laboral que desarrolló la demandante contiene los elementos esenciales para la existencia de un contrato de trabajo, establecido en el artículo 20 del Código del Trabajo. Que la demandante recibió la nota titulada notificación de fecha 28 de junio del 2013, suscrita por el Director General de Recursos Humanos del Instituto de la Propiedad, misma que le fue entregada el 04 de julio de 2013, en el cual se le comunicaba la terminación del contrato de trabajo conforme la Cláusula Cuarta y Novena del Contrato de Servicios y de una sentencia de lo Contencioso Administrativo, disposiciones que son nulas ipso jure por ser contrarias a la justicia social e interés protegido en materia laboral y por no estar comprendidas en las causas justas que facultan al patrono a efectuar el despido sin responsabilidad de su parte, tal como lo establece el Código de Trabajo. Esta carta contiene ilegalidades ya que con ella se lesiona el principio de estabilidad laboral que garantizan los Convenios Internacionales del Trabajo y la Constitución de la Republica, agotándose el trámite administrativo correspondiente, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio con la institución demandada.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contestó dicha demanda señalando que al pretender la demandante con argumentos sin ningún sustento legal, al comparecer ante esta instancia judicial solicitando la indemnización en base al Código de Trabajo, a los Contratos de Trabajo establecidos en el mismo y no para Contratos Administrativos el cual en el presente caso rigió la relación de servicios con la Administración Pública, sin embargo, no utiliza la vía acordada contractualmente para resolver las diferencias entre las partes, por el contrario, tratando de sorprender en su buena fe a este honorable tribunal laboral y obviando las cláusulas contractuales que consintiera y acordara con la institución demandada lo presenta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, hasta que la relación contractual llega a su término, por qué entonces no hizo tal reclamo ante las autoridades respectivas al sentirse afectado en sus derechos al amparo de lo que establece el artículo 867 del Código del Trabajo que dispone: “Salvo disposición en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de este Código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo o previsión social que no se originen directamente en contratos de trabajo, prescriben en el término de dos (2) meses. Este plazo corre para patronos y trabajadores desde el acaecimiento del hecho respectivo”; que en todo caso, para los demandantes el plazo comenzaba desde la fecha en que firmó su contratos de servicios profesionales con el demandado, plazo que dejó fenecer y con ello prescribir el derecho que le otorgaba la Ley para interponer cualquier acción en la que consideraba estaba siendo afectada, razón agregada que hace su reclamo improcedente.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de agosto de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando con lugar la demanda laboral promovida por la señora Reina Elizabeth Umaña Madrid, contra el Instituto de la Propiedad; condenando a la institución demandada a reintegrar a la demandante a su puesto de trabajo, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir; declaró sin lugar la excepción perentoria de prescripción interpuesta por la parte demandada, sin costas; bajo el criterio que la institución demandada le notificó su decisión de no prorrogar el contrato a la demandante, situación que no es aplicable al caso, ya que si bien es cierto la relación nació mediante un contrato de trabajo a término este se volvió por tiempo indeterminado desde que las partes en conflicto prorrogaron dichos contratos según lo que dispone los artículos 47 y 52 del Código de Trabajo. Que la parte demandada interpuso la excepción de prescripción alegando que la demandante firmó los contratos de servicios profesionales con la institución demandada sin coacción alguna y gozando de los beneficios de dichos contratos y aceptada cada una de las clausulas contenidas en los contratos por lo que la demandante debió de impugnar los contratos por no estar de acuerdo con la aseveración de los mismos; siendo del criterio que no procede la excepción de prescripción planteada por considerar que son nulos todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el Código del Trabajo, sus reglamentos o las demás leyes del trabajo o previsión social otorgue a los trabajadores aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera según lo dispone el artículo 3 del Código del Trabajo.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha treinta de enero de dos mil diecisiete, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que analizado todo el material fáctico y probatorio incorporado al proceso, en conjunto con lo expuesto por las partes en sus alegaciones ante esta segunda instancia conforme a los principios que rigen la valoración de la prueba en materia laboral, considera no atendibles los cargos formulados por el recurrente Abogad Fabricio Alejandro Ochoa, la cláusula que establecía la fecha de finalización del contrato dada las condiciones en que éste se vino prestando, carece de valor como efecto del límite a la voluntad contractual establecida en el artículo 3 del Código del Trabajo, siendo extemporánea la alegación relacionada con la ausencia de presupuesto según lo ha dejado establecido esta alzada, de manera que la condena efectuada por el a quo con sustento en los fundamentos de derecho en que esta se funda se ajusta a derecho y debe ser confirmada.- 5. Mediante auto de fecha tres de marzo de dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, en su condición de representante procesal del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha siete de abril de dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal el Abogado FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, en su condición de representante procesal del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha diecisiete de abril de dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, se declaró precluido de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte de la Abogada NORMA ELIZABETH LOPEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el Abogado FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, en el primer motivo de casación alega: “Ser la Sentencia violatoria de la ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 1 del Artículo 765 CAUSALES DE CASACION, del Código de Trabajo, que a la letra dice “1. Ser la Sentencia violatoria de Ley sustantiva, por infracción indirecta, aplicación indebida o interpretación errónea.” EXPLICACIÓN DE LA VIOLACION: La Honorable Corte de Apelaciones Seccional del Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés Fallo definitivo y unánime de votos dictado en fecha Treinta (30) de Enero del año dos mil diecisiete (2017), en su acápite I, FALLA: 1). Declarando no ha lugar el recurso de apelación formulado por el abogado Fabricio Alejandro Ochoa Sierra en su condición de apoderado legal del demandado INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP), en contra de la sentencia definitiva de fecha Veintiocho de octubre del año dos mil dieciséis de San Pedro Sula, departamento de Cortés, en el proceso ordinario laboral iniciado con ocasión de la demanda ordinaria laboral que a dicho instituto le promoviera la señora REINA ELIZABETH UMAÑA MADRID; a todos de generales conocidas en autos; en consecuencia se confirma la sentencia definitivas que se conoce en apelación. lo cual es objeto de nuestro Recurso de Casación, en virtud Honorables Magistrados que el Fallo recurrido de la Corte de Apelaciones del Trabajo contiene mal aplicación de la Ley, es decir, hay error en la aplicación de la norma de derecho, contenida en el Artículo 47 del Código de Trabajo” Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas” otorgando con ello prestaciones al Trabajador por contrato, pero tanto el Juzgado A-quo como el Ad- Quem han mal interpretado la norma puesto que la Relación laboral que existió entre el Demandante y mi representada estaba sujeto a un Régimen de Contrato de Servicios Profesionales, regido por las Leyes Administrativas y las cláusulas contractuales contenidas en el mismo, y no por las Leyes Laborales como erróneamente se ha aplicado a este caso, y como así lo establece el Artículo 2 del Código de Trabajo Vigente: “Son de orden público las disposiciones contenidas en el presente Código y obligan a todas las empresas explotaciones o establecimientos así como a las personas naturales. Se exceptúan: 1)… 2) Los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales.” misma relación que era por tiempo transitorio y determinado, y al no ser una relación permanente, no ameritaba expresar causa alguna pues además de haber concluido su contrato por haber llegado a su fecha de finalización ya establecía en la Cláusula Tercera, hace referencia que dicho contrato no será renovado “Sin mediar alguna causa”, así mismo en el contrato se manifiesta su consentimiento en las clausulas contentivas del mismo, y por lo tanto el contrato con la totalidad de sus cláusulas se convierte en Ley entre las partes por lo que el Ad-Quem también violenta la Pacta Sunt Servanda debe ser fielmente cumplida por las partes de acuerdo con lo pactado, de acuerdo a las normas de Autonomía de la Voluntad de las partes”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) invoca la infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea, causales que debió invocar de manera separada por la independencia de los cargos; b) no indica la norma sustantiva violada; y, c) realiza alegatos propios de instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiséis días del mes de noviembre del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 111-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
8