Sentencia CL-110-17 — Registro 8612
Resumen
En segunda instancia se reformo la sentencia y se declarar sin lugar la demanda para el pago de prestaciones e indemnizaciones por despido injusto, en consecuencia se absuelve a la demandada de responsabilidad económica por dichos conceptos.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
… “IX. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- X. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XI. Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste en autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- XII. Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, a efecto de que el ad-quem proceda de conformidad a derecho.”
Legislación citada
- Código Procesal Civil, art. 212 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACIÓN
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., quince de octubre del dos mil dieciocho.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 05 de mayo del 2017, por la Abogada LIZETH MARGARITA CASTILLO MARTINEZ, mayor de edad, casada, hondureña y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de representante procesal del señor JUAN CARLOS ENAMORADO RODAS, como recurrente; además, es parte recurrida, la empresa denominada COLLECTIVE SOLUTION ONE CALL, ONE SOLUTION representada en juicio por el Abogado JULIO EDUARDO GOM VENTURA. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de emplazamiento para aprobación de causa injustificada de despido, para que sea condenado al pago de prestaciones sociales que conforme a la Ley le corresponde, costas, salarios caídos, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 15 de abril del 2016, por el señor JUAN CARLOS ENAMORADO RODAS, mayor de edad, soltero, Bachiller en Ciencias y Letras, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, contra la empresa denominada COLLECTIVE SOLUTION ONE CALL, ONE SOLUTION, por medio de su representante legal, la señora AILIN VANESSA DIAZ MEJIA, mayor de edad, Ejecutiva de Negocios, hondureña y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 30 de enero del 2017, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha 27 de octubre del 2016, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO HA LUGAR AL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el representante procesal de la parte demandada, Abogado JULIO EDUARDO GOM VENTURA, contra ha sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta Sección Judicial en fecha diecinueve (27) de octubre del año dos mil dieciséis (2016), en la demanda promovida por el señor JUAN CARLOS ENAMORADO RODAS contra la sociedad mercantil denominada COLLECTIVE SOLUTION LLC. a través de su representante legal, todos de generales conocidas en autos, en consecuencia se REFORMA la misma, la que se contrae a: I.- DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA para el pago de prestaciones e indemnizaciones por despido injusto, en consecuencia se absuelve a la demandada de responsabilidad económica por dichos conceptos. II.- Establecer como cuantía de la condena de pago la suma de QUINCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON OCHENTA Y UN CENTAVO (L 15,981.81), integrada por los conceptos de derechos adquiridos.- SEGUNDO: CONFIRMANDO la sentencia recurrida y antes relacionada e su demás extremos, es decir en la condena de pago por derechos adquiridos y la exoneración de costas.- SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La parte demandante expresó en el escrito de su acción que inició la relación laboral con la empresa demandada, el 21 de febrero del 2013, hasta el despido que fue el 28 de Enero del 2016, como Agente Bilingüe en el área de Servicio de Asistencia Telefónica, con un salario mensual de L.8,500.00, con un horario laboral variado de 1:00 a 10:00 p.m./ de 2:00 a 11:00 p.m. o de 3:00 a 11:00 p.m., de lunes a sábado con un día libre y en el mes de mayo del 2014 fue ascendido al puesto de Supervisor, devengando un salario de L.13,000.00, habiendo recibido un aumento de L.1,000.00 en el mes de Junio de ese mismo año, quedó devengando mensualmente la suma de L.14,000.00, hasta el día del despido, variando el horario de trabajo de 12:00 a 9:00 p.m. de lunes a miércoles, de 1:00 a 9:00 p.m. los jueves, los sábados de de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.; los viernes y domingo eran días libres; asimismo alegó que el 30 de diciembre del 2015, se dispuso a tomar la hora de receso para tomar los alimentos, desplazándose a un centro comercial y que en el mismo considero realizar una diligencia que lo atrasó en su retorno al puesto de trabajo, provocando que se excediera en su tiempo de receso, regresando al puesto de trabajo con una hora y cincuenta y siete minutos de retraso, quien llamó reportando para que le cubrieran, siendo que era la primera vez que ocurrió; además manifestó que el 28 de enero del 2016 recibió una carta de despido, por la causal de haber abandonado el trabajo sin permiso y autorización y que el abandono le causó daños a la empresa; alegó que siempre la obligaban a quedarse hasta las 12:00 de la media noche o sea que daba demás a la empresa y que no le hicieron audiencia de descargo, y que con el ánimo de llegar a un arreglo conciliatorio se personó al Ministerio del Trabajo, siendo imposible el mismo se dio por agotado el trámite administrativo el 22 de febrero del 2016.- 2.- La parte demandada, la empresa denominada COLLECTIVE SOLUTION ONE CALL, ONE SOLUTION, contestó dicha demanda señalando que es una empresa ubicada dentro del rubro de negocios conocido como “call center” o centro de atención de llamadas, y compañías del extranjero solicitaban los servicios a la demandada, para que por medio de los agentes de atención telefónica, le preste determinados servicios, y por eso es crucial que los agentes de atención al público cumplan estrictamente con los procedimientos requerido para la atención de cada llamada recibida, pero asimismo es importante que los agentes estuvieran acompañados de los jefes inmediatos que eran los supervisores y el incumplimiento de las obligaciones de los agentes y supervisores puede causar perjuicios a la empresa, como ser la rescisión del contrato celebrado entre las partes; asimismo alegó que el demandante debió haber supervisado las llamadas de los agentes que tenía a su cargo y el 30 de diciembre del 2015 el demandante tomó la decisión de abandonar las instalaciones de la empresa a las 5:01 p.m. a realizar una diligencia sin haber sido autorizado por ningún jefe inmediato, lo que constituyó abandono de trabajo en horas de labor y que es causal de despido; manifestó que antes de proceder al despido el 26 de enero del 2015, la empresa demandada levanto acta interna de descargo en la que el demandante reconoció que regresó a las 8:00 de la noche; y que la gravedad de las faltas los llevo a tomar tal decisión.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 27 de octubre del 2016, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor JUAN CARLOS ENAMORADO RODAS, contra la empresa denominada COLLECTIVE SOLUTION ONE CALL, ONE SOLUTION, por medio de su representante legal, la señora AILIN VANESSA DIAZ MEJIA, condenó a la empresa demandada a pagar L.97,892.68, en concepto de prestaciones y derechos adquiridos, más los salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que el demandante el día 30 de diciembre del 2015 se retiró de su puesto de trabajo a las 5:01pm y retornó a las 7:58pm; si bien, éste tenía una hora para ingerir sus alimentos, no se justifica la demora después de ese tiempo, por lo que se concluye que el actor se desatendió de sus funciones por casi dos horas para ir al Centro Comercial, según éste lo reconociera en la audiencia de cargos y descargos, incumpliendo con ello sus deberes, mas ello no justifica el cese laboral como lo ha aseverado la parte actora, por cuanto tal falta no constituye un abandono de labores propiamente dicho, pues el accionante se retiró de su puesto de trabajo con justa causa, pero no se reincorporó en el momento que debía; conducta que de acuerdo al reglamento interno de la empresa demandada, constituye una falta leve que se sanciona con una amonestación verbal y privada, según los artículos: 43 y 44 del reglamento interno de trabajo, al calificarla como un “exceso en tiempo de receso”; sin que la no devolución de dinero por el pago de ese tiempo agrave la sanción, por cuanto ello es imputable al patrono y de otra parte, ese día el actor laboró hasta las 10:36pm, cuando debía culminar a las 9:00pm; de ahí que se estima que la demanda debe declararse con lugar.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, en fecha 30 de enero del 2017, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el a quo, declaró sin lugar la demandada para el pago de prestaciones e indemnizaciones por despido injusto; absolvió a la demandada de responsabilidad económica por dichos conceptos; estableció como cuantía de la condena de pago la suma de L.15,982.81), integrada por los conceptos de derechos adquiridos; y confirmó la sentencia recurrida en sus demás extremos, es decir en la condena de pago por derechos adquiridos y la exoneración de costas, sin costas; bajo el criterio que del análisis efectuado a las pruebas propuestas y particularmente a las causas que oportunamente fueron señaladas por la demandada a la terminación del contrato de trabajo, resulta evidente que el análisis del iudex a quo se limita al retiro del trabajador de su puesto de trabajo, sin considerar que con ello no se agota la valoración de los elementos fácticos antes señalados, y de lo que resulta la violación de obligaciones cuya gravedad se encuentra calificada en el Reglamento Interno de Trabajo, tal y como se dejara expuesto, por a razones de hecho y de derecho expuestas, consecuentes de la valoración de la prueba aportada al proceso según lo disponen las normas procesales, éste Tribunal estima procedente declarar ha lugar el recurso de apelación de mérito, consecuentemente se reforma la sentencia apelada.- 5.- Mediante auto de fecha 20 de marzo del 2017, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada LIZETH MARGARITA CASTILLO MARTINEZ, en su condición de representante procesal del señor JUAN CARLOS ENAMORADO RODAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha 05 de mayo del 2017, compareció ante éste Tribunal la Abogada LIZETH MARGARITA CASTILLO MARTINEZ, en su condición de representante procesal del señor JUAN CARLOS ENAMORADO, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha 08 de mayo del 2017, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 07 de junio del 2017, se tuvo por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado JULIO EDUARDO GOM VENTURA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la Abogada LIZETH MARGARITA CASTILLO MARTINEZ, solicita se decrete la nulidad del fallo recurrido, basándose en lo siguiente: “No obstante que en el desarrollo de los motivos invocados en la formalización de este recurso, se ha dejado establecido la procedencia del recurso en vista que la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo, de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Cortés, el día treinta (30) de enero del año dos mil diecisiete (2017), en el juicio ordinario laboral para el pago de preaviso, cesantía, derechos adquiridos y salarios caídos por despido directo e injusto, promovido por el trabajador JUAN CARLOS ENAMORADO RODAS, contra la empresa COLLECTIVE SOLUTIONS LLC, ha incurrido en las infracciones directas invocadas, en este acto y en aras de la sanidad y unidad del proceso laboral, propongo como subsidiario el cargo de NULIDAD DE LA SENTENCIA RECURRIDA, pues, de acuerdo a nuestro ordenamiento civil, procesal civil y procesal laboral, establecen que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen y no puede subsanarse por la confirmación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria. En virtud de ello, se alega en forma subsidiaria la nulidad absoluta de la sentencia recurrida de fecha TREINTA DE ENERO DEL DOS MIL DIECISIETE dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortes, señalando los errores procesales siguientes: a) Violación al principio del DEBIDO PROCESO, que dice: “Nadie puede ser juzgado sino por Juez o tribunal competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley Establece”, La parte resolutiva de la sentencia impetrada, ‘en lo conducente dice: “... aplicando los artículos 80, 82, 90, 303y 304 de la Constitución de la República; 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; XVIII y XXIV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 1 de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 2, 3, 4, 5, 18, 19, 20, 21, 111 numeral 10, 664, 665, 666 literal b,), 690, 726, 738, 739, 740 numeral 2, 759 y 858 del Código del Trabajo; 197, 200 del Código Procesal Civil…¿Y las citas de las normas sustantivas de orden laboral?.-No existen en este fallo recurrido.- Es decir, no se esgrime ni señala NINGUNA NORMA SUSTANTIVA DE ORDEN LABORAL en que se funde el fallo impetrado, sobre lo cual puede señalar como Precedentes de Jurisprudencia las sentencias dictadas por esta Sala, 1) de fecha veintinueve de abril del dos mil catorce, según expediente número: CL-142-13, Luis Gustavo Lara Godoy contra el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), Se Anuló la Sentencia del Ad-Quem “por haber omitido en la sentencia de mérito consignar las disposiciones de naturaleza sustantiva de carácter laboral, para fundamentar la reforma y revocación del fallo de primera instancia, mediante la cual declara sin lugar la demanda de mérito lo que en efecto impide al Recurrente atacar el fallo recurrido, violentando tal olvido el derecho de defensa de la parte demandante”; 2) Luego en sentencia de fecha veintidós de Octubre de mil novecientos ochenta y nueve, Expediente N° 523- 85, MARCIO JOSÉ AGUIRRE MEJÍA, contra el Centro de Desarrollo Industrial la Corte Suprema de Justicia, se anuló el fallo por “haber omitido el Tribunal las Citas de las Leyes en que fundó la exoneración del pago de los salarios caídos a título de daños y perjuicios por estimar que la demandada actúo de buena fe, esto impide al recurrente atacar el fallo. (Archivo de la Corte Suprema de Justicia).- 3) En sentencia de fecha 24 de Junio de 1987, expediente N°1150-86, GILBERTO ORELLANA BORJAS, contra la Tabacalera Hondureña, SA., la Honorable Corte Suprema de Justicia, anuló la sentencia porque “el sentenciador omitió consignar las disposiciones legales de carácter laboral en que fundamento la condena del pago de prestaciones sociales, también impide al recurrente atacar el fallo”. (Archivo de la Corte Suprema de Justicia).- Nulidad Subsidiaria por esta causal que se solicita porque, en casos como el presente, que el sentenciador de segunda instancia omite consignar las disposiciones legales de carácter laboral ¿Qué oportunidad tiene el recurrente de casación de expresar como motivo de casación, “interpretación errónea”?.- La respuesta seria, NINGUN MOTIVO, causando INDEFENSION a mi patrocinado. b) La Sentencia reprochada, establece en el numeral PRIMERO de su parte dispositiva del Fallo: “DECLARANDO HA LUGAR AL RECURSO DE APLACIÓN interpuesto por el representante procesal de a parte demandada, Abogado JULIO EDUARDO GOM VENTURA, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de esta sección judicial en fecha “diecinueve” (27) de octubre del año dos mil dieciséis (2016)... (entre comillas, subrayado, agrandado, cursiva y remarcado en negrita es propio), sin embargo Honorables Magistrados de esta Sala Laboral- Contencioso Administrativo de esta Honorable Corte Suprema de Justicia, sin perjuicio de que en el preámbulo de: la sentencia y en cualquier otro apartado de la misma, se haya plasmado que el Tribunal Ad-Quem conocía ‘en Apelación de una Sentencia Definitiva de cierta fecha, resulta totalmente INCONGRUENTE Y OSCURO, que la parte dispositiva del fallo mencione una Sentencia Inexistente que NUNCA HA SIDO OBJETO DE REPROCHE EN APELACION, es decir, que se Resuelva como REFORMADA, una sentencia de fecha diecinueve de octubre del dos mil dieciséis, porque la misma NO EXISTE en todo el proceso seguido, y siendo que el contenido de esta parte resolutiva es o que, esta parte vencida en apelación, podrá objetar o reprochar mediante la exposición de Motivos de Casación específicos, sin embargo, ¿Cómo poder objetar de manera razonable una sentencia que revoca otra sentencia con una fecha que no existe ni corresponde al juicio que nos ocupa, por lo tanto, esta sentencia del Ad-Quem, citando en su parte dispositiva una Sentencia inexistente del A-Quo, además de violentar los requisitos de Congruencia, Claridad y Exhaustividad que el Código Procesal Civil exige para toda resolución judicial, viene a Violentar el Derecho de Defensa de mi patrocinado, consagrado en el artículo 82 de la Constitución de la República, la Garantía del Debido Proceso, consagrada en el artículo 90 de la Carta Magna, así como también lo consagrado en el Artículo 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez ‘o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.”, en vista de que al invocar o citar una sentencia inexistente y que, como tal, nunca ha sido objeto de impugnación, impide que se puedan hacer los planteamientos o presentación de motivos precisos de casación, de acuerdo con la rigurosa técnica casacional, contra la misma, para defender la posición procesal de mi patrocinado, privando o limitando bien su facultad de alegar y justificar sus derechos e intereses para que le sean reconocidos, o bien de replicar dialécticamente las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción e impugnación, mediante este ritualista y exigente recurso de Casación Laboral, produciendo un efectivo y real menoscabo el derecho de defensa, adelantándome a esbozar que no basta con decir que se sobre entiende o se deduce que solo se trata de un simple error de dedo, o de mecanografía del AD QUEM, por cuando, EL RIGOR CASACIONAL Y LA EXAHUSTIVA TECNICA, POR NINGUN MEDIO PERMITE QUE UN IMPETRANTE SE EQUIVOQUE O ALEGUE ERRORES DE MECANOCRAFIA O LAPSUS CALAMI, O LAPSUS CLAVIS EN LOS PLANTEAMIENTOS DE CASACION, por lo se hace meritorio la Anulación de la Sentencia dictada por el Ad-Quem objeto de este reproche. c) n la audiencia de evacuación de prueba testifical ce1ebrada el día veinticuatro de agosto del dos mil dieciséis, previa la declaración de la Testigo DAMARYS JACKELINE BROCATO TORRES, MARIO ALEJANDRO MARMOL PINEDA Y ROBERTO CARLOS MARQUEZ, su servidora, tomo apoderada demandante, interpuso un incidente de TACHA contra las declaraciones de dichos testigos, según lo dispone el artículo 736 párrafo segundo del Código de Trabajo, incidente al que el A-quo, resolvió “Tener por contestado el incidente de tacha el que será resuelto en sentencia definitiva de conformidad al artículo 736 del Código de Trabajo y se continúe con el interrogatorio...” de manera que el Juzgado A-QUO en cumplimiento de dicho precepto procesal laboral, procedió a pronunciarse sobre dicho incidente en su sentencia definitiva de primera instancia dictada el veintisiete de octubre del año dos mil dieciséis, sin embargo, la Sentencia del A-Quem reprochada, no contiene ningún pronunciamiento sobre este incidente de Tacha, reservado por el Código del Trabajo y la decisión judicial en la audiencia en que se interpuso, para ser resuelta en Sentencia Definitiva, omitiendo negligentemente la resolución de todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate, contraviniendo lo que establece el numeral 3 del artículo 206 del Código Procesal Civil, aplicado supletoriamente por disposición del artículo 858 del Código de Trabajo, que establece que: “Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos.”, y de igual manera, incumpliendo con el mandato establecido en el artículo 208 del Código Procesal Civil respecto a la CONGRUENCIA DE LAS SENTENCIAS, según el cual: “ 1) Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito.- 2) En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todo los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. d) Continuando con el análisis de errores in procedendo de la sentencia impetrada, me permito señalar que a misma, esta SIN CLARIDAD, y más bien de una manera confusa, al manifestar que: “CONFIRMANDO la sentencia recurrida y antes relacionada en sus demás extremos, es decir en la condena de pago por derechos adquiridos y la exoneración de costas.” Mas como se observó en el acápite anterior, no queda claro si la decisión de la tacha referida, queda confirmada por cuanto no se aclara en el párrafo transcrito, vulnerando ese requisito de Claridad exigido por la normativa procesal citada en el capítulo anterior. e) Que las Cortes de Apelaciones tienen sus funciones claramente establecidas en a ley y respecto al alcance de las decisiones de un Recurso de Apelación, conforme lo dispuesto en el Artículo 715 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, el tribunal AD-QUEM puede confirmar, revocar y anular los fallos dictados por tribunales de primer grado, por lo que, la mención por parte del AD-QUEM respecto a que: “REFORMA” la sentencia de fecha diecinueve de octubre del 2016, no es más que una aberración por .parte de dicha Corte de Apelaciones del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, en el entendido que sus facultades están limitadas por lo que dispone dicho artículo 715 del Código Procesal Civil, y no puede más que: CONFIRMAR, REVOCAR O ANULAR los fallos dictados por los juzgados de primera instancia, en ningún momento, el artículo referido, ni ningún otro precepto adjetivo dentro de nuestra legislación nacional vigente, establece la posibilidad de REFORMAR sentencias, situación que al establecer vocablos y atribuirse facultades fuera del ámbito de competencia de todo tribunal de Apelación, es violentar el DEBIDO PROCESO, (Art. 90 Constitución de la República y 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos), y según lo estipulado por el Articulo 321 de la Constitución de la República: “Los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad”, por lo que según dispone el artículo7ül.3 del Código Procesal Civil, el Órgano Judicial, aun y cuando no se hubiera denunciado los defectos procesales, y estos fueran apreciables de oficio, deberá conocerlos y resolverlos, no digamos en el presente caso que se están manifestando por esta parte impetrante. f) Tal como está Honorable Sala Laboral-Contencioso Administrativo o establecido en diversas sentencias, y como lo establece el artículo 197 literal 2) del Código Procesal Civil, exige a los tribunales que al notificar la resolución a las partes, como ocurrió en el caso de marras, que fue notificada en estrado, se debió de indicar a las partes, si la misma es firme o si cabe algún recurso contra ella, con expresión en este último caso, del recurso que proceda, del Órgano ante el que debe interponerse y del plazo para recurrir, requisitos que no aparecen consignados en la sentencia dictada y notificada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamento de Cortés. En consecuencia, al ser omisa de ese requisito formal viola las garantías del debido proceso y del derecho de defensa.- Y constituye un motivo más por e1 cual la misma debe ser ANULADA por cometer estos errores in procedendo. De manera general, aplicable a todos los errores in procedendo que se han citado, que El Artículo 211 del Código Procesal Civil señala que el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales dará lugar a la nulidad o anulabilidad, de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes y según el Artículo 213, numeral 4, también del Código Procesal Civil, los actos procesales serán nulos cuando se prescinda de normas esenciales del procedimiento, siempre que por esa causa, se haya producido indefensión. . .De acuerdo con el Artículo 11 del Código Procesal Civil, los actos procesales que conforman el procedimiento civil deben realizarse de acuerdo con las prescripciones de dicho Código, de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales y de la Constitución de la República, siendo nulos ‘o anulables ‘en caso contrario…Las disposiciones de los códigos de procedimientos son de orden público y, según el Artículo 11 del Código Civil, las leyes que interesan al orden público, no pueden eludirse ni modificarse .por convenciones de los particulares y, en el presente caso, se han cometido violaciones a la ley procesal produciendo la consiguiente indefensión de las partes al no resolver sobre las pretensiones oportunamente deducidas en el pleito... Que conforme el Artículo 1586 numeral 2°, del Código Civil, hay nulidad absoluta en los actos cuando falta algún requisito o formalidad que la ley exige para el valor de ciertos actos y conforme el Artículo 1589 también del Código Civil, la nulidad absoluta puede declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen; y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria. Por las razones expuestas es procedente esta Representación procesal impetrante, considera procedente que esta Honorable Sala, proceda a anular de la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Civil de la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, el treinta de enero del año dos mil diecisiete de que se ha hecho mérito.”.- II. Que en el presente caso, El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha 27 de octubre del 2016, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor JUAN CARLOS ENAMORADO RODAS, contra la empresa denominada COLLECTIVE SOLUTION ONE CALL, ONE SOLUTION, por medio de su representante legal, la señora AILIN VANESSA DIAZ MEJIA, condenó a la empresa demandada a pagar L.97,892.68, en concepto de prestaciones y derechos adquiridos, más los salarios dejados de percibir, sin costas.- III. Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, en fecha 30 de enero del 2017, dictó sentencia REFORMANDO la proferida por el a quo, declaró sin lugar la demandada para el pago de prestaciones e indemnizaciones por despido injusto; absolvió a la demandada de responsabilidad económica por dichos conceptos; estableció como cuantía de la condena de pago la suma de L.15,982.81), integrada por los conceptos de derechos adquiridos; y confirmó la sentencia recurrida en sus demás extremos, es decir en la condena de pago por derechos adquiridos y la exoneración de costas, sin costas.- IV. En atención a lo antes expuesto y revisada que fue la sentencia impugnada, observa este Tribunal que efectivamente el ad-quem ha omitido en la sentencia de mérito consignar las disposiciones de naturaleza sustantiva de carácter laboral, para fundamentar la reforma del fallo de primera instancia, mediante la cual declara sin lugar la demanda de mérito lo que en efecto impide al Recurrente atacar el fallo recurrido, violentando tal olvido el derecho de defensa de la parte demandante; por otra parte el fallo impugnado resulta incongruente al haber omitido pronunciamiento respecto a las tachas planteadas en el litigio, por ende procede la nulidad subsidiaria solicitada por el mismo.- V. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- VI. Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- VII. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- VIII. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- IX. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- X. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XI. Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste en autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- XII. Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, a efecto de que el ad-quem proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos;728, 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 9 y 11 del Código Civil; 22, 199 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento Cortés, en fecha 30 de enero del 2017, visible a folios 16 al 21 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciocho días del mes de febrero del dos mil diecinueve; certificación de la resolución de fecha quince de octubre del dos mil dieciocho, recaída en el Recurso de Casación número 110-17.- Firma y sello.-
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÁNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO, SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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