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Sentencia CL-99-16 — Registro 6950

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de salarios adeudados, pago de salarios dejados de percibir, demás derechos laborales más costas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede resulta inadmisible porque el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del a-quo, observándose que se realizó el debido análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

" Que el cargo que antecede resulta inadmisible a razón de lo siguiente: las normas señaladas como infringidas tanto de la Constitución de la Republica, como las del Código del Trabajo, no son de naturaleza sustancial. Además, el juzgador de instancia en la apreciación de la prueba goza de amplia libertad, siendo la misma intocable salvo el error manifiesto evidente en su valoración que derive en infracción a la ley, situación que no acontece en el caso de mérito, ya que el ad-quem al confirmar el fallo de primera instancia realizó el debido análisis y valoración de todo el material probatorio aportado al proceso"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible a razón de lo siguiente: las normas señaladas como infringidas tanto de la Constitución de la Republica, como las del Código del Trabajo, no son de naturaleza sustancial. Además, el juzgador de instancia en la apreciación de la prueba goza de amplia libertad, siendo la misma intocable salvo el error manifiesto evidente en su valoración que derive en infracción a la ley, situación que no acontece en el caso de mérito, ya que el ad-quem al confirmar el fallo de primera instancia realizó el debido análisis y valoración de todo el material probatorio aportado al proceso."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., treinta y uno de octubre del dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha veintiocho de abril del año dos mil dieciséis, por el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, en su condición de representante procesal de los señores Maria Petrona Cortes Reyes, Francisco López Sánchez, Maria Concepción Díaz Ramírez, Luis Alonzo Amador Martínez y Virgilio Zuniga Hernández, como parte recurrente; además es parte recurrida, la Alcaldía Municipal del Distrito Central, representado en juicio por la Abogada KARLA MARITZA MALDONADO MENDEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, pago de salarios adeudados, pago de salarios dejados de percibir, demás derechos laborales más costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de mayo del año dos mil trece, por los señores Maria Petrona Cortes Reyes, Francisco López Sánchez, Maria Concepción Díaz Ramírez, Luis Alonzo Amador Martínez y Virgilio Zuniga Hernandez, mayores de edad, hondureño y de este domicilio, contra el Alcaldía Municipal del Distrito Central, por medio del señor Alcalde Municipal, en ese entonces señor RICARDO ANTONIO ALVAREZ, hondureño, mayor de edad, Licenciado, casado y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha ocho de enero del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló confirmando la sentencia de fecha uno de octubre del año dos mil quince, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: I.-Declarar CON LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES E INDEMNIZACIONES LABORALES POR DESPIDO DIRECTO E INJUSTIFICADO.- PAGO DE SALARIOS ADEUDADOS, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR; DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL Y DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL, VACACIONES PROPORCIONALES, VACACIONES PROFILACTICAS, PAGO BONIFICACIONES (BONO EDUCATIVO); promovida por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR CORTES REYES; FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ; MARIA CONCEPCIÓN DIAZ RAMIREZ; LUIS ALONZO AMADOR MARTINEZ; VIRGILIO ZUNIGA HERNANDEZ contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, a través del actual señor Alcalde Municipal NASRY ASFURA. II.-CONDENAR: a la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (A.M.D.C.), a través del actual señor Alcalde Municipal NASRY ASFURA a pagar la cantidad de UN MILLON TRESCIENTOS ONCE MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (L. 1,311,620.00) de la siguiente manera a la señora MARIA PETRONA CORTES REYES la cantidad de L.205,979.09; desglosado en los siguientes: PREAVISO L. 18,512.67, AUXILIO DE CESANTÍA L. 166,614.00; AUXILIO DE CESANTÍA PROPORCIONAL L. 4,905.86, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL L. 4,122.01, AGUINALDO PROPORCIONAL L. 155.01; VACACIONES PROPORCIONALES L. 5,322.39; SALARIO ADEUDADO (enero de 2013) L.2,115.68; VACACIONES PROFILÁCTICAS (16 días) L. 4,231.47 el señor J FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ la cantidad de L. 275,283.80, desglosado en los siguientes conceptos: PREAVISO L. 18,979.33, AUXILIO DE CESANTÍA L. 237,241.67, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL L.4,225.91, AGUINALDO PROPORCIONAL L. 158.91, VACACIONES PROPORCIONALES L. 7,670.81, SALARIO ADEUDADO (enero de 2013) L. 2,169.04; VACACIONES PROFILÁCTICAS (16 días) L. 4,338.13, BONO EDUCATIVO (año 2012) L.500.00; a la señora MARIA CONCEPCION DIAZ RAMIREZ la cantidad de La 207,380.01, desglosado en los siguientes conceptos: PREAVISO L. 18,27933, AUXILIO DE CESANTÍA L. 165,514,00, AUXILIO DE CESANTÍA PROPORCIONAL L. 5,463.49, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL L. 4,222.38, AGUINALDO PROPORCIONAL L. 305.38. VACACIONES PROPORCIONALES L. 5,661.52, SALARIO ADEUDADO (enero de 2013) LUIS ALONZO AMADOR MARTINEZ, la cantidad de L. 293,090.35, desglosado en los siguientes conceptos: PREAVISO L.20,496.00, AUXILIO DE CESANTÍA L. 256,200.00, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL L.4,734.41, AGUINALDO PROPORCIONAL L.342.41, VACACIONES PROPORCIONALES L.2,533.53, SALARIO ADEUDADO (enero de 2013) L.4,099.20; VACACIONES PROFILÁCTICAS (16 días) L. 4,684.80; EL SEÑOR VIRGILIO ZUNIGA HERNANDEZ, la cantidad de L. 329,886.75 desglosado en los siguientes conceptos: PREAVISO L. 23,106.30, AUXILIO DE CESANTÍA L. 288,828.75 DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL L. 5,337.37, AGUINALDO PROPORCIONAL L.386.02, VACACIONES PROPORCIONALES L. 3,594.31, SALARIO ADEUDADO (enero de 2013) L.4,029.20; VACACIONES PROFILÁCTICAS (16 días) L. 4,604.80 más los salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios desde la fecha del despido hasta la fecha en que se encuentre firme la presente sentencia condenatoria. III Declarar SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DERECHOS A QUIRIDOS PENDIENTES (DECIMO TERCER, DECIMO CUARTO MES DE SALARIO Y VACACIONES), PAGO DE HORAS EXTRAS, REAJUSTE POR BONIFICACIÓN, OTROS PAGOS COMPLEMENTO DE AUXILIO DE CESANTIA promovida por la Abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO en su condición de Apoderada Legal de los señores MARIA PETRONA CORTES REYES; J FRANCISCO LOPEZ SANCHEZ; MARIA CONCEPCION DIAZ RAMIREZ; LUIS ALONZO AMADOR MARTINEZ; VIRGILIO ZUNIGA HERNANDEZ contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, a través del actual señor Alcalde Municipal NASRY ASFURA.- IV.- ABSOLVER: a la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL (A.M.D.C.), a través del actual señor Alcalde Municipal NASRY ASFURA a pagar los conceptos de horas extras y reajuste por bonificación a los demandantes.- V.- SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante manifestaron en el escrito de su acción que iniciaron a laborar para la Alcaldía Municipal del Distrito Central en las siguientes fechas: Maria Petrona Cortes Reyes: El 10 de julio de 1994, desempeñándose en el cargo de aseador 1, dependiente de la Superintendencia de Aseo Municipal, devengando un salario mensual de L.7,934.00; 2) Francisco López Sánchez; el 16 de marzo de 1979, desempeñándose en el puesto de Capataz 1, dependiente de la Superintendencia de Aseo Municipal devengando un salario de L.8,134.00. 3) Maria Concepción Díaz Ramírez El 01 de julio de 1994, desempeñándose en el cargo de aseador 1, dependiente de la Superintendencia de Aseo Municipal, devengando un salario mensual de L.7,934.00; 4) Luis Alonso Amador Martínez; El 15 de octubre de 1965, desempeñándose en el cargo de Herrero II, dependiente de la Superintendencia de Aseo Municipal, devengando un salario mensual de L.8,784.00; 5) Virgilio Zuniga Hernández el 22 de septiembre de 1967, desempeñándose en el cargo de Jornalero, dependiente de la Superintendencia de Aseo Municipal, devengando un salario mensual de L.8,634.00; a todos ellos, mediante acuerdos 237-C- 2013, 245-C- 2013, 494-C-2013, 512-C-2013 y 498-C-2013 de fechas 07 y 14 de enero de 2013, efectivos a partir del 08 y el 14 de enero del mismo año, se les notificó que la demandada daba por terminada la relación laboral, lo cual según la parte demandante constituye un despido directo e ilegal, ya que la supuesta causal invocada está viciada de nulidad, pues la demandada si bien es cierto invoca la ineficiencia manifiesta en sus despidos también es cierto que han laborado para la institución demandada por más de 18 años consecutivos demostrando la capacidad y eficiencia que se requiere en el puesto, sin que hasta la fecha del despido se le haya hecho evaluación del desempeño de sus funciones.- 2. La parte demandada, la Alcaldía Municipal del Distrito Central, contestó dicha demanda señalando que la Alcaldía Municipal del Distrito Central es una institución que está regida por la Ley de Municipalidades y en consecuencia la relación obrera patronal está regulada por el Código de Trabajo, su reglamento Interno y dentro del Marco legal de su competencia que confiere la Ley el señor Alcalde Municipal entre otras cosas tiene la facultad de nombrar, ascender, trasladar y destituir al personal de conformidad con la ley; en consecuencia, la demandada únicamente ha hecho valer los fundamentos legales que lo amparan para realizar los cambios necesarios con el objetivo de brindar un mejor servicio a la ciudadanía y volver más diligente la administración municipal, asimismo en su condición de empleador tiene las facultades para realizar las modificaciones que crea conveniente para lograr los objetivos anteriormente expuestos.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de octubre del año dos mil quince, dictó sentencia declarando con lugar, sin costas; la demanda ordinaria laboral promovida por la abogada MARIA MARGARITA AGUILAR REDONDO, contra la ALCALDÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL; bajo el criterio que siendo que la presente deviene al probar la justa causa en que fundó el despido, enmarcándolo en las causas establecidas en el artículo 112 del Código del Trabajo, entonces corresponde a la parte demandante acreditar el despido ilegal e injusto alegado y a la parte demandada la justificación del mismo; y que en el caso de autos la parte actora, aportó al juicio los acuerdos de cancelación que acreditan el despido; “no haberse cumplido a cabalidad con las obligaciones para las cuales fue contratado, lo que vuelve ineficaz el buen desarrollo de las funciones y del cumplimiento del contrato, haciendo imposible que la institución obtenga los resultados esperados con el desempeño de las labores que le han sido asignadas”, de lo anterior se concluye que si bien es cierto la parte demandada justifica su despido en la normativa citada anteriormente, no es menos cierto que la causal invocada se encuentra en las justas causas contempladas en el artículo 112 del Código de Trabajo, entonces para que el despido surta los efectos legales esperados la notificación del despido debe manifestar en forma clara y concreta la causal del despido invocada y siendo que la demandada no se establece datos que permitan una efectiva defensa al trabajador ya que se les imputa la ineficiencia manifiesta es procedente declarar CON LUGAR la demanda que se ha hecho mérito.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha ocho de enero del año dos mil dieciséis, dictó sentencia confirmando la proferida por él a quo, sin costas; bajo el criterio: Que del análisis de las pruebas allegadas al juicio se puede instituir claramente, que el empleador invoco como causa de despido en los acuerdo de cancelación de los trabajadores demandantes, la ineficiencia manifiesta que hace imposible el cumplimiento de sus obligaciones encomendadas, no es menos cierto que esta causa debe de ser acreditada, lo que no acontece en el caso de análisis, pues no basta señalar en la Carta de despido una falta cualquiera, si la misma no es demostrada ante la presencia judicial, además debe el patrono concretar las fechas en que supuestamente los demandante incumplieron el contrato de trabajo y en qué consistió el incumplimiento de tales obligaciones; también cabe destacar que el patrono no ha demostrado en el curso del juico haber seguido el procedimiento reglamentario interno, previo proceder al despido de los trabajadores, infringiendo el derecho a la defensa y debido proceso que les asiste, demostrando con ello que la causa utilizada no es más que una justificación para ejecutar un despido ilegal; consecuentemente al no probar el patrono las causas justas de separación de los trabajadores reclamantes deviene obligado a responder por las reparaciones laborales establecidas en el Código de Trabajo y la cláusula 45 del Contrato Colectivo Vigente entre la AMDC y el SITRAMUDIC.- 5. Mediante auto de fecha ocho de marzo del año dos mil dieciséis, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, en su condición de representante procesal de los señores Maria Petrona Cortes Reyes, Francisco López Sánchez, Maria Concepción Díaz Ramírez, Luis Alonzo Amador Martínez y Virgilio Zuniga Hernández, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintiocho de abril del año dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, en su condición de representante procesal de los señores Maria Petrona Cortes Reyes, Francisco López Sánchez, Maria Concepción Díaz Ramírez, Luis Alonzo Amador Martínez y Virgilio Zuniga Hernandez, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación y solicitando nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de fecha veintiocho de abril del año dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado conferido a el Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha diecisiete de mayo del año dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada KARLA MARITZA MALDONADO MENENDEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida/recurrente, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado JUAN ANGEL BENAVIDES PAZ, en su primer motivo de casación alega: “Acuso la sentencia impugnada violatoria de ley por infracción indirecta por error de hecho proveniente de apreciación errónea del medio del medio de prueba documental propuesto por la parte demandante que corre agregada a folio 50 de la primera pieza de autos. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA. La norma sustantiva de orden nacional violada está contenida en los artículos 60 párrafo primero, 120 primer párrafo inciso c), en relación con los artículos 3, 56 párrafo primero, 60 párrafo séptimo, todos del Código de Trabajo. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA SEÑALADA. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 765, numeral primero, párrafo segundo, del Código del Trabajo. MEDIO DE PRUEBA ERRONEAMENTE APRECIADO. El medio de prueba erróneamente apreciado es: MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL PUBLICO PROPUESTO POR LA PARTE DEMANDANTE CONSISTENTE EN: Copia fotostática de la cláusula N° 45 del decimoquinto Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre la Alcaldía Municipal del Distrito Central y el SITRAMUDIC, que corre agregado a folio 50 de la primera pieza de autos, en el cual específicamente en su párrafo segundo, se establece: «En caso de terminación del Contrato de Condiciones de Trabajo por mutuo consentimiento entre la A.M.D.C. y el trabajador, ésta se compromete a pagar todos los derechos laborales adquiridos de acuerdo a los años de servicio prestado.” EXPLICACION DEL MOTIVO DE CASACION. El Tribunal Ad-Quem al haber erróneamente apreciado y no darle su debida valoración como parte fundamental del juicio al medio de prueba documental antes señalado, violó la sustantiva de orden nacional violada está contenida en los artículos 60 párrafo primero, 120 primer párrafo inciso c), en relación con los artículos 3, 56 párrafo primero, 60 párrafo séptimo, todos del Código de Trabajo, situación que queda expuesta al haber realizado erróneamente el cálculo del pago de prestaciones de los demandantes y disminuir el derecho que les concede el contrato colectivo AMDC/SITRAMUDIC, pues en dicho medio de prueba se puede observar la cláusula 45 en su segundo párrafo que dice: En caso de terminación del Contrato de Condiciones de Trabajo por mutuo consentimiento entre la A.M.D. C. y el trabajador, ésta se compromete a pagar todos los derechos laborales adquiridos de ACUERDO A LOS AÑOS DE SERVICIO PRESTADO” (lo mayúscula y negrilla es nuestro) SIN ESTABLECER LIMITE ALGUNO, olvidando el juzgador Ad-Quem que el Código de Trabajo en su articulo 60 párrafo séptimo reza: “Las disposiciones de un contrato colectivo no se considerarán contrarias a las leyes cuando sean más favorables a los trabajadores, así mismo olvidando lo que nos dicta el Principio Protectorio en cuanto a la Norma más favorable, que nos indica que en caso de conflicto de normas, se decidirá de acuerdo a la normas más favorable al trabajador, siendo el caso en específico más favorable a los trabajadores lo establecido en la cláusula 45 del Contrato Colectivo en su párrafo segundo, al no establecer límite de meses de acuerdo a los años laborados, por lo que resulta procedente casar parcialmente la sentencia recurrida, dictando la que conforme a derecho corresponde, realizando el correcto cálculo de las prestaciones en la condena de la misma.”.- III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible porque el error de hecho solo procede en casación, cuando es ostensible la equivocación en que incurre el juzgador, esto es, cuando la estimación que se hace de los elementos probatorios resulta ser contraria a la realidad de los hechos. En este caso, al revisarse la situación jurídica planteada se advierte que el Tribunal recurrido al confirmar el fallo de primera instancia, hizo suyos los argumentos del a-quo, observándose que se realizó el debido análisis y valoración de todo el material probatorio allegado al juicio.- IV. Que en un segundo motivo se aduce: “Acuso la sentencia impugnada violatoria de ley por infracción indirecta por error de hecho proveniente de apreciación errónea del medio de prueba documental propuesto por la parte demandante que corre agregada a folio 50 de la primera pieza de autos. NORMA SUSTANTIVA VIOLENTADA. La norma sustantiva de orden nacional violada está contenida en los artículos 15 párrafo primero, 16, 18, y 128 numeral 5, segundo párrafo y 129, todos de la Constitución de la República; convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo referente al Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva y 18 del Código del Trabajo. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA VIOLACION DE LA NORMA SUSTANTIVA SEÑALADA. Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de la norma sustantiva señalada están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo está comprendido en el artículo 765, numeral primero, párrafo segundo, del Código del Trabajo. MEDIO DE PRUEBA ERRONEAMENTE APRECIADO. El medio de prueba erróneamente apreciado es: MEDIO DE PRUEBA DOCUMENTAL PUBLICO PROPUESTO POR LA PARTE DEMANDANTE CONSISTENTE EN: copia fotostática de la cláusula Número 45 del decimoquinto contrato colectivo de condiciones de trabajo suscrito entre la Alcaldía Municipal del Distrito Central y el SITRAMUDIC, que corre agregado a folio 50 de la primera pieza de autos, en el cual específicamente en su párrafo segundo, se establece: “En caso de terminación del Contrato de Condiciones de Trabajo por mutuo consentimiento entre la A.M.D.C. y el trabajador, esta se compromete a pagar todos los derechos laborales adquiridos de acuerdo a los años de servicio prestados”. EXPLICACION DEL MOTIVO. El Tribunal Ad-Quem al haber erróneamente apreciado y no darle su debida valoración como parle fundamental del juicio al medio de prueba documental antes señalado, violento las normas constitucionales establecidas en los artículos 15 párrafo primero, 16, 18, y 128 numeral 5 segundo párrafo y 18 del Código del Trabajo: a raíz de que bloqueo e impidió la aplicación, cobertura y la protección que desprende el Convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo al disminuir el derecho a las prestaciones laborales de mis representados, y cuyo génesis consiste en la preferencia que el Ad-Quem tuvo por la norma estatal frente la norma autónoma, atropellando y marginando a su vez los principios que rigen el Derecho del Trabajo, específicamente el Principio Protectorio, el Principio de no Regresión, el Principio de Progresividad, el Principio de Estabilidad Laboral, El Principio ln Dubio Pro Operario en sus tres reglas y que aplico una norma estatal preferente a una norma autónoma que otorga mejores beneficios a los trabajadores y cuyo conocimiento de este principio se deduce con la simple lógica, de que el afectado es una persona humana. Debió el Ad-Quem, valorar el contenido de la norma autónoma en armonía con los Principios que rigen el Derecho del Trabajo para que una vez identificado el conflicto de normas que permitiera al trabajador gozar al trabajador de una preferencia ante la interpretación, Condición y normas más favorables sustentada por convenio 98 de la Organización Internacional del Trabajo, respaldada a su vez por los artículos constitucionales supra mencionados, para que definitiva se ajustara al Artículo 18 del Código Trabajo y resolviera el conflicto de normas, como lo establece, la Doctrina, los Convenios, la Constitución y las leyes que regulan las relaciones de trabajo; siempre a favor del más desprotegido, el trabajador.”.- V. Que el cargo que antecede resulta inadmisible a razón de lo siguiente: las normas señaladas como infringidas tanto de la Constitución de la Republica, como las del Código del Trabajo, no son de naturaleza sustancial. Además, el juzgador de instancia en la apreciación de la prueba goza de amplia libertad, siendo la misma intocable salvo el error manifiesto evidente en su valoración que derive en infracción a la ley, situación que no acontece en el caso de mérito, ya que el ad-quem al confirmar el fallo de primera instancia realizó el debido análisis y valoración de todo el material probatorio aportado al proceso.- VI. El impetrante alega nulidad subsidiaria en la cual aduce: “Que en el presente caso, el Ad-Quem falta a lo estipulado en los artículos 200 numerales 2) inciso d), 206 numerales 1) y 3), 207, numeral 1), 208 numeral 2) y 209 numeral 1) del Código Procesal Civil, por lo tanto le es aplicable el artículo 211, pues no cumple con todos los requisitos de una sentencia, 213 numeral 1) del Código Procesal Civil al contener una irregularidad muy evidente, por ser obligación del Juzgador regir el contenido formal de sus sentencias en base a las disposiciones Legales establecidas en el Código Procesal Civil que manda que las sentencias contendrán, los pronunciamientos correspondientes a las pretensiones de (as partes, aunque la estimación o desestimación de todas o algunas de dichas pretensiones pudiera deducirse de los fundamentos jurídicos, así como el pronunciamiento de sobre las costas, asimismo que cuando se reclamen juicio el pago de una cantidad de dinero determinada o de frutos, rentas, utilidades o productos de cualquier clase, rio podrá limitarse la demanda a pretender una sentencia meramente declarativa del derecho a percibirlos, sino que también deberá solicitarse también la condena a su pago, cuantificando exactamente su importe, sin que pueda solicitarse su determinación en ejecución de sentencia o FIJANDO CLARAMENTE LAS BASES CON ARREGLO A LAS CUALES SE DEBA EFECTUAR LA LIQUIDACIÓN.., en el presente caso, existe una irregularidad como anteriormente se dijo, misma que paso a explicar históricamente de la siguiente manera: 1) El 3 de noviembre del año 2014 el Juzgador A-Quo dicto una primera sentencia, por lo que... 2) en fecha 20 de enero del año 2015 el Juzgador Ad-Quem dicto sentencia mediante la cual anulaba la sentencia de fecha 3 de noviembre del 2014, señalando que la misma omite pronunciarse sobre el reajuste de bonificación, específicamente en cuanto a la cesantía y señala la sentencia como incongruente, siendo redactada por el Magistrado Ocampo Orozco pero dictada acompañado y firmando de acuerdo sin ningún voto particular por los Magistrados Adela María Kaffaty Alvarado y Juan Roberto Villalobos.. .3) el Juzgador Ad-Quem, nuevamente en fecha 22 de abril del año 2015, dictó nuevamente fa sentencia, fa que nuevamente fue anulada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección Judicial… 4) en fecha 18 de junio del año 2015 señalando nuevamente que no se pronunció sobre el complemento de cesantía que otorga el contrato colectivo de trabajo AMDCISITRAMUDIC, al no establecer límite sobre el pago de cesantía por los años de servicio, redactando en esta ocasión la Magistrada Kaffaty Alvarado, pero dictada acompañada y firmando de acuerdo sin ningún voto particular por los Magistrados Teodoro Venancio Ocampo Orozco y María Isabel Perdomo Méndez, por lo cual es nuevamente dictada en fecha 5)1 de octubre del 2015 por el Juzgador A-Quo, omitiendo nuevamente pronunciarse sobre uno de los motivos por el cual se mandó a anular la sentencia, pero lo peor no queda allí, 6)si no que en fecha 8 de enero del año 2016, la corte de apelaciones dictó nuevamente sentencia CONFIRMANDO la sentencia incompleta dictada por el Juzgado del Trabajo de fecha 1 de octubre de 2015, misma que fue redactada por la Magistrada Perdomo Méndez, pero dictada acompañada y sin ningún voto en particular por los Magistrados Adela María Kaffaty Alvarado y Teodoro Venancio Ocampo Orozco, siendo esta una gran irregularidad, pues en las dos primeras sentencias anulan en el sentido de que el juzgador de primera instancia otorgue todos los derechos reclamados por los demandantes en específico, otorgar el pago de bonificación de cesantía u otorgarlo de acuerdo a lo establecido en el contrato colectivo suscrito entre la AMDC SITRAMUDIC, por lo tanto ellos también omiten pronunciarse sobre ese derecho reclamado, siendo una sentencia totalmente irregular al no mantener su criterio, otorgando y finalmente omitiendo otorgar el derecho reclamado por los demandantes por los mismos tres Magistrados, razones por la cual solicito a este Honorable Tribunal, la anulación de la sentencia recurrida, por no haber sido dictada está conforme a derecho ni las normas procesales.”.- VII. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente juicio, estudiado el caso en examen, no se estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado y resuelto todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VIII. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos y sin lugar la nulidad solicitada de forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. REYNA AUXILIADORA HERCULES ROSA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintidós días del mes de enero del dos mil dieciocho; certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 99-16.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

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