Sentencia CL-84-16 — Registro 6725
Resumen
Segunda instancia confirmó sin lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono justifique: a) la causa en la que fundamento el despido; b) el no haber calificado adecuadamente la gravedad de la supuesta falta y aplicar una sanción desproporcionada; c) el por qué le aplico una falta y una sanción atípicas por no estar contempladas previamente en el reglamento interno de trabajo; y, d) el por qué no aporto todas las pruebas antes de tomar la decisión del despido; caso contrario, en base al principio de equidad y al “nullum crimen, nula pena previa lege”, se decrete ilegal e injusto el despido, y se condene al patrono a reintegrarlo a su puesto de trabajo como Médico Gastroenterólogo, en iguales o mejores condiciones, con el pago de los salarios dejados de percibir a titulo de indemnización de daños y perjuicios, con el reconocimiento de los derechos otorgados a otros médicos en su ausencia y con la obligación de pago de las costas del presente juicio. Patrono despide a la demandante por haber atendido al paciente y otorgarle incapacidad sin haber seguido los procedimientos que eran del conocimiento de la demandante
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, confirma por mayoría de votos, la de primera instancia y por ello declara sin lugar la demanda de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la justa causa de despido, caso contrario se le reintegre al trabajo, pero es el caso que el fallo omite pronunciarse sobre los temas relacionados sobre la calificación de la gravedad de la falta y el señalamiento de que si la misma es o no desproporcionada, afectando la gradualidad alegada; además, no se pronuncia, sobre la exigencia o no de la publicación del Reglamento Interno de Trabajo, así como que las faltas imputadas no se encuentran previstas en dicho reglamento, cuestiones debatidas conforme a las pretensiones de la parte demandante y relacionadas con la legalidad o no de la determinación de dar por terminada la relación laboral que vinculo a las partes.- VII.- Que el fallo relacionado omite pronunciamientos conforme a las pretensiones oportunamente deducidas lo cual violenta el principio de congruencia que debe primar en la emisión de las sentencias por parte de los Tribunales de Justicia.-"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos.- "
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X.- Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., dos de agosto del dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha 26 de abril del 2016, por la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la señora GLADYS ROSARIO AMADOR AGUILAR; además es parte recurrido, el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), representado en juicio por el Abogado FRANCISCO ANTONIO MONTOYA MARTINEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono justifique: a) la causa en la que fundamento el despido; b) el no haber calificado adecuadamente la gravedad de la supuesta falta y aplicar una sanción desproporcionada; c) el por qué le aplico una falta y una sanción atípicas por no estar contempladas previamente en el reglamento interno de trabajo; y, d) el por qué no aporto todas las pruebas antes de tomar la decisión del despido; caso contrario, en base al principio de equidad y al “nullum crimen, nula pena previa lege”, se decrete ilegal e injusto el despido, y se condene al patrono a reintegrarlo a su puesto de trabajo como Médico Gastroenterólogo, en iguales o mejores condiciones, con el pago de los salarios dejados de percibir a titulo de indemnización de daños y perjuicios, con el reconocimiento de los derechos otorgados a otros médicos en su ausencia y con la obligación de pago de las costas del presente juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 27 de junio del 2014 por la señora GLADYS ROSARIO AMADOR AGUILAR, mayor de edad, casada, Médico, hondureña y de este domicilio, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), por medio del DIRECTOR EJECUTIVO, el señor RICHARD ZABLAH ASFURA, mayor de edad, casado, hondureño, Médico y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 19 de enero del 2016, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 29 de octubre del 2015, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1) Declarando SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por GLADYS ROSARIO AMADOR AGUILAR, contra del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) través del Director Ejecutivo el señor RICHARD ZABLAH ASFURA. 2) ABSUELVE al INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL de toda responsabilidad proveniente del presente juicio. SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La Demandante manifestó en el escrito de su acción que el 1 de mayo del 2009 comenzó a laborar para el IHSS como Médico Gastroenteróloga y que en los últimos seis meses devengó un salario ordinario mensual de L.47,326.81, el 7 de abril del 2014 recibió la nota de despido, misma que se contrae a señalar como causales las que se le imputaron en la audiencia de descargos celebrada el 3 de abril del 2014, que la demandante en dicha audiencia no reconoció ni aceptó ninguno de los hechos imputados, primero porque constitucionalmente nadie puede ser obligado a declarar contra sí mismo y segundo porque de acuerdo con el Articulo 82 letra j) del Reglamento Interno de Trabajo estaba obligada a “guardar rigurosamente el secreto profesional en todos aquellos asuntos que, por razón de su trabajo, fueren de su conocimiento”, en cuanto a que en el informe del estudio realizado al paciente no se describe como hallazgo la úlcera ni el sangrado activo que podría justificar los 31 días de incapacidad temporal se desvanece así: 1.a) Según el IHSS forzosamente la ulcera y el sangrado activo gástrico son causas necesarias y suficientes para incapacitar a un paciente, lo cual no es exacto, dado que es el médico quien valora el entorno, antecedentes del paciente, carga genética y otras variables que solo él con sus conocimientos, habilidades y capacidades está en condiciones para generar una incapacidad temporal, en el IHSS existen ciertas normas dentro del servicio de endoscopia, pero no establecen tiempo exacto para dar una incapacidad, sino que la valoración del periodo de incapacidad queda a criterio del profesional del médico. En ese sentido, cuando la incapacidad que sugiere el facultativo supera los 3 días, la misma debe ser refrendada por el Jefe Inmediato como mecanismo de control y de segunda opinión clínica de que el diagnóstico y la incapacidad otorgada son reales. En este caso en particular, la incapacidad que prescribió al paciente fue refrendada por el Jefe Inmediato de la Unidad de Medicina Interna, Doctora Ingrid Edil Urbina Hollan, lo que implica que el diagnostico que efectuó y su tratamiento ameritaban la incapacidad concedida. 1.b) El IHSS, al tenor de lo establecido en el artículo 85 letra i) del Reglamento Interno de Trabajo, está obligado a “abstenerse de la imposición de sanciones a los trabajadores, mientras no se hayan comprobado las faltas correspondientes” en consecuencia, el patrono, antes de tomar la decisión definitiva debió haber aportado todas las pruebas y así comprobado y verificado, como autoridad competente, que el afiliado Wilmer Rolando Polanco no padecía de ulcera, ni del sangrado activo, y, concluir científicamente, que su diagnostico estaba equivocado; 1.c) Es el IHSS, por razón de su naturaleza, quien contaba con todos los medios a su alcance y, sin costo alguno, para haber establecido mediante procedimientos de laboratorio la presunción de falsedad del diagnóstico del paciente Wilmer Rolando Polanco. 1.d) que el paciente Wilmer Rolando Polanco, no solamente era afiliado al IHSS, sino también trabajador de dicha institución, por ende, con tal perfil, su subordinación le obligaba a hacerse cuantos exámenes el IHSS le ordenara en su doble condición de afiliado y empleado; 1.e) Al no haber indagado suficientemente sobre la existencia o no de ulcera y del sangrado activo, al no haber aportado todas las pruebas y observado lo dispuesto en el Artículo 92 del Reglamento Interno de Trabajo del IHSS que estipula “Las sanciones se aplicaran de preferencia en forma gradual, salvo que la gravedad del caso amerite la sanción máxima…”, en relación con los artículos 90 y 91 del mismo Reglamento General de la Ley del IHSS que establecen la clasificación de las faltas y al haber calificado ad nutum la falta como grave y elevarla a causa de despido, resulta, ésta, una medida no adecuadamente calificada, desproporcionada y a ultranza. Respecto a la segunda causal invocada en el literal b), expuso que alega la parte demandada que “se comprobó mediante la declaración de la secretaria del área de endoscopia, Vanessa Carolina Zapata, que ella llevó al paciente en forma directa violentando el procedimiento convencional de programación y registro de endoscopías, lo que resultó en la falta de registro del estudio endoscópico en el libro respectivo” señaló que: 2.a) El patrono no indica con precisión y claridad en qué consiste el procedimiento convencional de programación y registro de endoscopias que supuestamente se violó. No establece donde, ni en qué Reglamento o Manual aparece tal procedimiento y no exhibe su publicación en el diario oficial “La Gaceta”, situación que violenta el contenido e interpretación que los tribunales del trabajo han realizado del Artículo 117 del Código del Trabajo; 3.b) En derecho del trabajo la palabra convencional es empleada, para designar los derechos y obligaciones que se derivan de una convención, que o es el Contrato Colectivo, el Reglamento Interno de Trabajo o el Reglamento de Higiene y Seguridad, que son las convenciones celebradas entre patronos y trabajadores, por manera que el IHSS devenía obligado a señalar en cual de dichas convenciones está consignado ese procedimiento; al no hacerlo violento nuevamente lo preceptuado en el Artículo 117 del Código del Trabajo. En relación a la tercera causal donde se le imputa haber concedido una consulta médica al paciente referido, sin que aparezca registrada en el sistema, sin llenar la hoja de producción de pacientes ATI, violentando nuevamente el procedimiento convencional establecido para este efecto, puntualizo lo siguiente: 3.a) El que el paciente no fuera conocido como enfermo de patología gástrica no es causal de penalización, pues todo ser humano DEBUTA en una enfermedad; 3.b) Partiendo del supuesto de que se haya dado una consulta médica que no se registró, que no se llenó la hoja de producción de pacientes ATI, resulta que aun habiéndose considerado como una falta, tenía que establecerse la gravedad de la misma en base al artículo 92 del Reglamento Interno de Trabajo del IHSS que estipula “ Las sanciones se aplicaran de preferencia en forma gradual, salvo que la gravedad del caso amerite la sanción máxima…”, así como también del artículo 94 del Código del Trabajo que ordena: “El patrono no puede imponer a sus trabajadores sanciones no previstas en el Reglamento, en pacto, en convención colectiva, en fallo arbitral o en el contrato individual”, en relación con el 96 numeral 11 del mismo cuerpo normativo. De la lectura de dichos artículos su señoría puede inferir que el patrono solo hace la clasificación de las faltas en leves, menos graves y graves sin establecer que faltas están comprendidas en cada categoría, ni señala cual es la sanción imponible por la comisión de determinada falta y la sanción no están previamente tipificadas en el Reglamento Interno de Trabajo. Ante esa grave omisión en la reglamentación y gradación de las faltas y sus correspondientes sanciones el Juzgador deviene obligado a hacer que impere el principio legal de “Nullum crimen, nula poena praevia lege”, que implica que ninguna falta puede aplicarse sin ley previa. Para que una conducta sea calificada como falta leve, grave o muy grave, debe estar establecida como tal y con anterioridad a la realización de esa conducta, siendo obligatorio también que el Reglamento Interno de Trabajo establezca la falta y también el despido como la sanción a aplicar por la falta cometida. Si las faltas imputadas y la sanción impuesta no están previstas en el Reglamento Interno de Trabajo y no se aplicaron gradualmente, como consecuencia, la sanción aplicada resulta desproporcionada, ingrata, con exceso y abuso de la potestad disciplinaria del patrono, sobre todo, no existiendo ningún antecedente negativo registrado en su expediente. Una vez comprobados los hechos, para que hubiera una relación de correspondencia entre la gravedad de la supuesta falta y la sanción, se le puede haber aplicado una sanción disciplinaria y acorde con la falta cometida y no la medida extrema del despido. 3.b) Finalmente, para que un reglamento, sea interno de trabajo, para la extensión de incapacidades u otro, pueda ser aplicable, al tenor de los artículos 221 de la Constitución de la República, 92 numeral 19 del Código del Trabajo, del Decreto 97-83 de 19 de mayo de 1983 y del Artículo 32 de la Ley de Procedimiento Administrativo, deberá haber sido publicado en el Diario Oficial La Gaceta, por lo que el IHSS está obligado a exhibir tales publicaciones, de lo contrario cualquier sanción resulta sin validez ni eficacia jurídica y que el 21 de Mayo del 2014, se dio por agotado el trámite gubernamental administrativo.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), contestó dicha demanda señalando que el 15 de enero de 2014 y mediante el decreto PCM-011-2014, el presidente de la República ordeno intervenir al IHSS, que la Dirección Ejecutiva el 19 de marzo de 2014, producto del dictamen de la Comisión de Certificados de Incapacidad relacionado con el dictamen emitido y correspondiente al asegurado Wilmer Rolando Polanco autorizó que se procediera a investigar a la Dra. Amador Aguilar por la extensión de la incapacidad. Que la demandante en su condición de médico, atendió en el IHSS a Wilmer Polanco y que le extendió la incapacidad No. 455469 el 10 de marzo de 2014, por un período de 31 días, sin seguir la costumbre de la clínica. Que dando cumplimiento a lo que establece la cláusula 11 del contrato colectivo se llevó a cabo audiencia de cargo y descargos en la que la demandante no desvirtuó categóricamente la causa imputada en relación al certificado de Incapacidad extendido por la demandante. Que el 10 de marzo de 2014 Wilmer Polanco fue atendido por la demandante sin tener cita médica programada para ese día y que tampoco fue registrado en el control de pacientes ATI. Que la demandante nunca había atendido al paciente por el diagnostico de Ulcera Gástrica y que en la nota medica de fecha 10 de marzo de 2014 establece: “PACIENTE YA CONOCIDO POR GASTRITIS AGUDA” y que en la misma nota se recomienda Incapacidad por Ulcera Gástrica con sangrado rectal, que el paciente Wilmer Polanco era empleado del IHSS y estaba siendo objeto de investigación por los actos de corrupción en el IHSS, en la fecha en que se incapacito, así como que toda Incapacidad excede de los 3 días es sometida a una comisión para su refrendo. Que en fecha 19 de marzo de 2014 la Comisión de evaluación de certificados de incapacidad temporal del IHSS emitió dictamen en el caso del certificado de incapacidad extendido al paciente Wilmer Polanco en el que se dictamina que no se justifica los días de incapacidad otorgados.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 29 de octubre del 2015, dictó sentencia declarando SIN LUGAR la demanda, absolviendo al demandado de toda responsabilidad en el presente juicio, sin costas; bajo el criterio que el patrono despide a la demandante por haber atendido al paciente Wilmer Rolando Polanco sin haber seguido los procedimientos que eran del conocimiento de la demandante, ya que en el acta de descargos, ella declaró que acostumbraba a llenar el ATI, sin embargo cuando fue interrogada con el objeto que se defendiera, se negó hacerlo, no aportando de esa forma elementos probatorios que le permitieran al patrono descargar las imputaciones a las cuales estaba siendo sometida, la demandante al extender el certificado de incapacidad altero el diagnóstico que resultó del examen de endoscopía para justificar la incapacidad de más de 3 días que extendió, todo ello motivo que la comisión de evaluación de certificados de incapacidad temporal laboral del IHSS, con amplias facultades para ello, el 19 de marzo del 2014 emitió resolución en la cual una vez hechas las consideraciones recomendó volver a evaluar al paciente, lo cual no pudo realizarse debido a que él abandonó su cargo, recomendando además realizar las investigaciones pertinentes en relación al procedimiento seguido por la demandante, para lo cual fue llamada a audiencia de descargos, en la cual no se estableció ninguna defensa, razones por las cuales consideró que el despido está debidamente justificado.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 19 de enero del 2016, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por él a quo, sin costas; bajo el criterio que la parte demandada acreditó en juicio haber tenido justas causas para dar por terminada la relación laboral existente entre las partes.- 5. Mediante auto de fecha 3 de marzo del 2016, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA, en su condición de representante procesal de la señora GLADYS ROSARIO AMADOR AGUILAR, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 26 de abril del 2016, compareció ante éste Tribunal la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA, en su condición de representante procesal de la señora GLADYS ROSARIO AMADOR AGUILAR, formalizando su demanda, exponiendo seis motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 13 de junio del 2016, se declaró precluído de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por parte del Abogado FRANCISCO MONTOYA MARTINEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida/recurrente, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, confirma por mayoría de votos, la de primera instancia y por ello declara sin lugar la demanda de emplazamiento para que el patrono pruebe en juicio la justa causa de despido, caso contrario se le reintegre al trabajo, pero es el caso que el fallo omite pronunciarse sobre los temas relacionados sobre la calificación de la gravedad de la falta y el señalamiento de que si la misma es o no desproporcionada, afectando la gradualidad alegada; además, no se pronuncia, sobre la exigencia o no de la publicación del Reglamento Interno de Trabajo, así como que las faltas imputadas no se encuentran previstas en dicho reglamento, cuestiones debatidas conforme a las pretensiones de la parte demandante y relacionadas con la legalidad o no de la determinación de dar por terminada la relación laboral que vinculo a las partes.- VII.- Que el fallo relacionado omite pronunciamientos conforme a las pretensiones oportunamente deducidas lo cual violenta el principio de congruencia que debe primar en la emisión de las sentencias por parte de los Tribunales de Justicia.- VIII.- En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos.- IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X.- Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 9 y 11 del Código Civil; 22, 200, 206, 207, 208, 211, 212 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 19 de enero de 2016, visible a folios del 13 al 15 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CÀCERES CASTELLANOS; FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diez días del mes de agosto del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha dos de agosto de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 84-16.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO
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