Sentencia CL-76-15 — Registro 6910
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se ordene el reintegro al trabajo por despido directo, ilegal e injusto, a título de daños y perjuicios salarios dejados de percibir, costas
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
.."Que el censor expone su motivo de casación alegando la infracción directa sin embargo la misma procede cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula, y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio, siendo que el despido ha sido objeto de controversia y por ende de la prueba, por ende no cabe el ataque al fallo por esa vía, en consecuencia no procede su admisión"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
".-Que en este cargo resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) las normas señaladas como infringidas no ostentan la característica de ser preceptos legales sustantivos de orden nacional de índole laboral, requisito sinnequanon, para la prosperidad del cargo, conforme a lo establecido en el articulo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; ya que la norma sustantiva es aquella que consagra derechos y obligaciones de forma reciproca y la señalada no ostenta esas características y, b) alega en el mismo motivo infracción indirecta por falta de apreciación, por error de hecho y en la explicación alude la falta de aplicación lo que disponen los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, entre otros, debiendo haberla de forma hecho de forma separada por la independencia de los cargos"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha veinte de marzo de dos mil quince, por el recurrente Abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, mayor de edad, casado, abogado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS; además es parte recurrida el señor EDGAR JAVIER MADRID CHINCHILLA, representado por el Abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que en sentencia definitiva se ordene el reintegro al trabajo por despido directo, ilegal e injusto, a título de daños y perjuicios salarios dejados de percibir, costas, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha uno de abril del año dos mil quince, por el abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR en su condición de apoderado legal del señor EDGAR JAVIER MADRID CHINCHILLA, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño y con domicilio en Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque, en contra del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, por medio de su DIRECTOR, señor JORGE ARTURO REINA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veinte de enero del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintiuno de octubre del año dos mil catorce, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL de REINTEGRO promovida ante este Despacho de Justicia por el Abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR en su condición de Apoderado del señor EDGAR JAVIER MADRID CHINCHILLA en contra del “REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP), a través del Director General el señor JORGE ARTURO REINA GARCIA. SEGUNDO: CONDENA al “REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (RNP)” a reintegrar al demandante EDGAR JAVIER MADRID CHINCHILLA, por lo menos en igualdad de condiciones, al pago de los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que sea reinstalado en su puesto de trabajo, reconociéndole además todos los derechos y conquistas laborales otorgadas a los demás trabajadores en ausencia del demandante. SIN COSTAS. ”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- El demandante manifestó en el escrito de su acción que empezó a prestar sus servicios para la demandada el 1 de junio de 2002, en el cargo de Oficial Civil, Departamento de Ocotepeque, en fecha 29 de noviembre de 2012, fue notificado de la terminación de su contrato de trabajo, mediante acuerdo número 213-2012 de fecha 28 de noviembre de 2012, en el cual se le despide invocándole como justa causa de despido que violentó la Ley del Registro Nacional de las Personas al haber participado en las elecciones internas del año pasado coma Candidato a primer Diputado par el Partido Nacional en el Movimiento Salvemos Honduras, CARGO DEL CUAL NO SALIO ELECTO, lo despide violentando la GARANTIA CONSTITUCIONAL de ELEGIR Y SER ELECTO, OPTAR A CARGOS PUBLICOS plasmada en el artículo 37 numerales 1) y 2) de la Constitución de la República, además del artículo 64 de la Carta Magna, siendo la Ley del Registro Nacional de las Personas una Ley Secundaria está sujeta a respetar la Ley superior, en el caso que nos ocupa el Registro Nacional de las Personas PROCEDIO A REINTEGRAR A OTROS EMPLEADOS DESPEDIDOS por la misma causa, tratando de llegar a un arreglo conciliatorio se dio por agotada la vía administrativa en fecha 31 de enero del año 2013.- 2.- La parte demandada, el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, contestó dicha demanda señalando que rechaza los hechos de la demanda en vista que el demandante EDGAR JAVIER MADRID CHINCHILLA, fue cancelado por despido de su cargo de Oficial Civil Departamental del Registro Nacional de las Personas con sede en la ciudad de Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque, en vista de la falta grave cometida consistente en haber violado el artículo 118 numeral 1) de la Ley del Registro Nacional de las Personas que prohíbe a los funcionarios y empleados del RNP en participar en cualquier actividad política partidista, relacionado con el artículo 112 letra l) a la vez relacionado con el artículo 97 numeral 13) ambos del Código de Trabajo; en la audiencia de descargo practicada el día 31 de octubre del año 2012 aceptó su participación como precandidato a Diputado Propietario en la primera posición por el Departamento de Ocotepeque, en el Movimiento “Salvemos Honduras” del Partido Nacional de Honduras, acción que el patrono consideró como incompatible de seguir desempeñando sus funciones dentro del RNP y cobrando un salario a sabiendas de la prohibición que establece la normativa señalada; de esta situación el directorio tuvo conocimiento el 28 de noviembre del 2012, por lo que se vio facultado para dar por terminado el contrato de trabajo.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 21 de octubre del año dos mil 2014, dictó sentencia definitiva declarando con lugar la demanda ordinaria laboral de reintegro, condenó al demandado a reintegrar al demandante por lo menos en igualdad de condiciones, al pago de los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que sea reinstalado en su puesto de trabajo, reconociéndole además todos los derechos y conquistas laborales otorgadas a los demás trabajadores en ausencia del demandante, sin costas; bajo el criterio “que si bien ha quedado demostrado en los autos, que el demandante participó en actividades políticas siendo empleado del RNP, lo cual en principio se encuentra dentro de las prohibiciones estipuladas por el artículo 118 de la Ley del Registro Nacional de las Personas y constituye una obligación en el desempeño de su trabajo como Oficial Civil de Ocotepeque, Departamento de Ocotepeque, cuya violación constituye causal de despido según lo establece el artículo 112 literal I) del Código del Trabajo, pero la declaración constitucional contenida en el artículo 64 de la Constitución de la República se encuentra en un rango de precedencia más alto que cualquier ley que la contradiga, sancionando con la nulidad de pleno derecho cualquier acto que disminuya los derechos que la Constitución otorguen a los trabajadores, lo cual significa que son irrenunciable, atendido el interés público que está comprometido; todo lo cual puede expresarse en la idea de una invalidez desde su inicio y por perpetuidad; en consecuencia es procedente declarar con lugar la presente demanda.”.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha veinte de enero del año dos mil quince, dictó sentencia definitiva confirmando la proferida por el a-quo con el criterio de que el despido del demandante obedece a que el artículo 118 numeral 1) de la Ley del Registro Nacional de las Personas prohíbe a todos los funcionarios y empleados de dicho ente estatal participar en cualquier actividad política y al haber optado al cargo de primer diputado en las elecciones internas del 2012, violentó dicha disposición, norma secundaria que se contrapone a lo señalado en la Constitución en su artículo 37 numeral 1, que establece que todos los ciudadanos tienen derecho a elegir y ser electos.- 5.- Que mediante auto de fecha dieciocho de febrero del año dos mil quince, este Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la Demanda de Casación.- 6. Que en fecha veinte de marzo del año dos mil quince, compareció ante este Tribunal el Abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, en su condición de representante procesal del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, formalizando su demanda y exponiendo dos motivos de casación, resolviendo este Tribunal, mediante providencia de esa misma fecha, tener por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha trece de abril del año dos mil quince, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado DAVID GABRIEL ALVARADO LEITZELAR, en su condición de apoderado de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quien en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictara lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II.- Que el censor en su primer motivo de casación arguye lo siguiente: “PRIMER MOTIVO………. Ser la sentencia violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional, por infracción directa de los artículos 112 Letra L) relacionado con los artículos 97 numerales 13) del Código del Trabajo, estos relacionados con los artículos 16 numeral 7), 17 numerales 1), 2), 118 numeral 1), 119 de la Ley del Registro Nacional de las Personas. PRECEPTO AUTORIZANTE………. Este motivo de casación está comprendido en el Ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del código del trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: De acuerdo con la Jurisprudencia laboral de casación y la Doctrina Laboral la Infracción directa tiene lugar en los casos de que a un hecho que no se discute o debidamente evidenciado no se le apliquen las normas que lo regulen o que se apliquen estas a un hecho inexistente. En el caso concreto que nos ocupa la Corte Sentenciadora siendo evidente el caso no le aplico las normas laborales invocadas por lo que en tal razón su fallo no está fundamentado conforme a derecho. Siendo evidente en Juicio el caso que nos ocupa en lo que se refiere a la obligación de juzgar el mismo bajo lo dispuesto por el articulo 112 letra L) relacionado con el articulo 97 numeral 13) del Código Del Trabajo, estos relacionados con los artículos 16 numeral 7), 17 numerales 1), 2) , 118 numeral 1), 119 de la Ley del Registro Nacional de las Personas, y no haciéndolo la Corte Acusada, consideramos que el caso se encuentra comprendido en lo que señala la doctrina para los casos de infracción directa de la Ley. Las normas sustantivas de Orden Nacional invocadas en el presente caso han sido violadas en la sentencia acusada por las razones siguientes: Al margen de todo medio probatorio es evidente en juicio:1.- Que lael demandante fue destituido del cargo de Oficial Civil Departamental del REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.) con sede de trabajo en Ocotepeque, Ocotepeque, sin responsabilidad para la Institución a partir del 29 de noviembre del 2012, a través de un acuerdo número 0213-2012 emitido en fecha 28 de noviembre del año 2012.2.- Que el Acuerdo de destitución reúne los requisitos requeridos exigidos por la Ley Laboral tal como lo dispone el articulo112 inciso L) relacionado con el articulo 97 numeral 13) del Código del Trabajo y el articulo 118 numeral 1) de la Ley del Registro Nacional de las Personas. Ante la evidencia sin discusión ni duda en el Juicio sobre la existencia de la acción de despido directo la doctrina y la Jurisprudencia Laboral establece que es obligación del Patrono Probar la justa causa del Despido, y así lo recoge el articulo113 interpretado del Código del Trabajo, y es así que el patrono deberá probar la causa que invoco y señalo concretamente en el Acuerdo de destitución, en el caso que nos ocupa el patrono probó la causa legal y justa en su acción en virtud de haberla invocado en el acuerdo de destitución en forma concreta ; en el acuerdo de destitución se indican los motivos que mi representada tuvo para destituir al demandante y que están plenamente probados en juicio como ser que el demandante aceptó que participó en política en la audiencia de descargo y en el Recurso de Reposición interpuesto por su Abogado acepta la falta grave que cometió; existen precedentes en los mismos términos dictados por esta Honorable Corte Suprema de Justicia. Al no aplicarse por la Corte Acusada las normas sustantivas de orden nacional invocadas y contenidas en los artículos 112 inciso I), relacionado con el articulo 97 numeral 13) del Código del Trabajo, 118 numeral 1) de la Ley del Registro Nacional de las Personas , normas que debieron ser aplicadas ante la evidencia indiscutible del hecho sin discusión objeto de la demanda incoada , es evidente la violación alegada en el presente motivo.- Por la función tan importante que ejerce el RNP en la identificación de las personas naturales puede verse limitado el ejercicio de los derechos fundamentales por parte del trabajador, de tal forma que la prestación de servicios en tal Institución supone una excepción a la regla, por la cual se exige al trabajador una actitud o una conducta que se encuentra regulada dentro de la ley y sus reglamentos”.- III.-Que el censor expone su motivo de casación alegando la infracción directa sin embargo la misma procede cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula, y se produce con prescindencia de cualquier material probatorio, siendo que el despido ha sido objeto de controversia y por ende de la prueba, por ende no cabe el ataque al fallo por esa vía, en consecuencia no procede su admisión.- IV.- Que en el segundo motivo se arguye lo siguiente: “Ser la sentencia violatoria de ley Sustantiva de Orden Nacional contenida en los artículos 16 numeral 7) de la Ley del Registro Nacional de las Personas; 97 numerales 13) relacionado con el articulo 112 inciso L), 113 todos en relación con los artículos, 738, 739 y 858 todos del Código del Trabajo,118 numeral 1) de la Ley del Registro Nacional de las Personas, en infracción indirecta por falta de apreciación en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos de los medios de prueba aportados al juicio que a continuación singularizo: prueba documental contenida a Folios del 69 al 72, del expediente de Primera Instancia en relación con los demás medios de prueba en su conjunto. PRECEPTO AUTORIZANTE………. Este motivo está comprendido en el articulo 765 numeral 1), párrafo segundo del Código del Trabajo. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA DE LA FORMA SIGUIENTE. La Honorable Corte Suprema de Justicia en su jurisprudencia como la Doctrina Laboral han señalado, que para establecer la falta de apreciación por error de hecho en la casación laboral, esta ocurre cuando el Juzgador deja de apreciar los medios de prueba aportados en tiempo y forma, que analizados e interpretados en conjunto con todas las pruebas allegadas a Juicio constituyen evidencia plena sobre los hechos sujetos a prueba en el proceso. En el caso que nos ocupa la corte sentenciadora dejo de apreciar e interpretar los medios de prueba singularizados en el presente motivo, y al excluir estos de la prueba, indujo a la misma a conclusiones equivocadas que trajo como resultado que la sentencia dictada sea contraria a la evidencia probatoria establecida en el juicio. La prueba documental singularizada y que está constituida por el Recurso de Reposición interpuesto por el Abogado Ellas Herrera Álvarez, en su condición de Apoderado Legal del señor EDGAR JAVIER MADRID CHINCHILLA, ante el Directorio del Registro Nacional de las Personas, mediante el cual acepta el haber cometido la falta grave en que incurrió y que por ello fue cancelado por despido de su cargo (folios del 66 al 69), y demás medios probatorios allegados al juicio, agregados a folios del 30 al 89 de la primera pieza evidencia plenamente en juicio que el patrono si tenía causal para despedir al demandante y que probar en el mismo, debido a que de la simple lectura del acuerdo de destitución relacionado se evidencia que el patrono si invoco hechos o motivos concretes que indujeran a la aplicación de las normas señaladas en el Acuerdo de destitución y que fueron probados en la secuela del juicio, así como los otros medios de prueba mencionados en este motive. Este criterio ha privado a la jurisprudencia nacional en base a lo que señala la doctrina llevada a la práctica jurídica y el derecho positive contenido en el código del trabajo esencialmente en lo que dispone los artículos 16 numeral 7), 118 numeral 1) de la Ley del Registro Nacional de las Personas; 97 numeral 13) , 112 inciso L), 113 en relación con los artículos 738, 739 y 858 todos del Código del Trabajo. Estas pruebas en relación con las demás pruebas aportadas a juicio demuestran que si existió causa o motivo para la destitución, en tanto está plenamente probada la destitución en juicio. Esta prueba documental evidencia que la corte Sentenciadora al no apreciar los medios de prueba aportados al juicio en tiempo y forma, y que dejan plena evidencia de la aplicación de la Ley por parte del Patrono al ejecutar la destitución, condujo a la corte sentenciadora a violar indirectamente a través de las normas procesales y generales relacionados en violación de medio al no aplicar lo que disponen los artículos 738 y 739 en relación con los artículos 16 numeral 7) , 118 numeral 1) de la Ley del Registro Nacional de las Personas; 97 numeral 13), 112 inciso L) , 113 todos del Código del Trabajo, las normas sustantivas de orden nacional invocadas en el presente motive. Siendo que los medios de prueba relacionados , al ser analizados e interpretados en conjunto con los otros medios de prueba conducen a evidenciar en juicio sin duda alguna la existencia de un despido justificado y sin responsabilidad para mi Representada, y es así que se violentan las normas sustantivas de orden nacional invocadas y contenidas en los artículos mencionados anteriormente en violación de medio por vía indirecta per violación de las normas procesales contenidas en los artículos 738, 739 y norma general del articulo 113 todos del Código del Trabaje. En consecuencia de lo anteriormente expuesto es evidente que procede se case la sentencia en los presentes motivos de casación”.- V.-Que en este cargo resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) las normas señaladas como infringidas no ostentan la característica de ser preceptos legales sustantivos de orden nacional de índole laboral, requisito sinnequanon, para la prosperidad del cargo, conforme a lo establecido en el articulo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; ya que la norma sustantiva es aquella que consagra derechos y obligaciones de forma reciproca y la señalada no ostenta esas características y, b) alega en el mismo motivo infracción indirecta por falta de apreciación, por error de hecho y en la explicación alude la falta de aplicación lo que disponen los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, entre otros, debiendo haberla de forma hecho de forma separada por la independencia de los cargos.- VI.-Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos; 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. COORDINADORA. EDGARDO CÀCERES CASTELLANOS. EDWIN FRANCISCO ORTEZ; FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciocho días del mes de abril del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 76-15.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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