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Sentencia CL-70-16 — Registro 6909

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para que sea declarada una relación laboral como de naturaleza permanente, reconocimiento de la antigüedad laboral y de los derechos establecidos en el Código del Trabajo, pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, más los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios por despido ilegal e injusto

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las normas que indica como violadas (artículos 1 de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y 2 numeral 2 del Código del Trabajo) no ostentan el carácter de normas sustantivas, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, además que la primera no es del orden laboral; y, b) en su explicación alude al artículo 117 del Código del Trabajo sin haberlo relacionado en su formulación; y, c) realiza alegatos propios de instancia"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma errónea el precepto autorizante, ya que invocando la violación indirecta por error de hecho debió señalarlo comprendido en el numeral primero párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo; b) en su explicación alude a la falta de apreciación de fallos dictados por los Tribunales del Trabajo, sin precisar su alcance o criterio de valoración; y, c) en el desarrollo del cargo formula alegatos de instancia"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintisiete de junio de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha seis de abril de dos mil dieciséis, por el Abogado CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como parte recurrente; además es parte recurrida, la señora CARMEN RUBIO BUSTILLO, representada en juicio por el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que sea declarada una relación laboral como de naturaleza permanente, reconocimiento de la antigüedad laboral y de los derechos establecidos en el Código del Trabajo, pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, más los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios por despido ilegal e injusto, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha trece de diciembre de dos mil trece, por el Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, en su condición de representante procesal de la señora CARMEN RUBIO BUSTILLO, mayor de edad, soltera, Licenciada en Economía, hondureña y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones de la SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE SALUD, por medio de la Procuradora General de la República en ese entonces, señora ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, mayor de edad, soltera, Abogada, hondureña y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha doce de enero de dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veinte de octubre de dos mil quince, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que declaró CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el Abogado Edwin Orlando Rivas Araujo, en su condición de representante procesal de la señora Carmen Rubio Bustillo, contra el Estado de Honduras; 2) CONDENÓ al demandado al pago a favor de la demandante por la cantidad L.145,482.15 por los conceptos siguientes: preaviso L.46,666.66; auxilio de cesantía L.46,666.66; auxilio de cesantía proporcional L.8,680.02; vacaciones proporcionales L.3,468.90; decimotercer mes L.29,999.93; decimocuarto mes proporcional L.9,999.00 y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que quede firme el presente fallo, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral para el Hospital Escuela Universitario en el puesto de Directora Administrativa, dependiente de la secretaría de Estado en el Despacho de Salud, desde el 24 de julio de 2012, devengando un salario de L.40,000.00 y un promedio mensual de los últimos 6 meses de L.46,666.66, así consta en la constancia de fecha 04 de octubre de 2013 y Acuerdo de Nombramiento de fecha 20 de julio de 2012, en donde se evidencia que la labor de la demandante ha sido permanente y continúa en la institución demandada. Que durante ese tiempo la demandante ha firmado varios contratos de trabajo en los cuales se cumplen los requisitos establecidos en el artículo 20 del Código del Trabajo. En este caso la demandante tenía entre los contratos que suscribió el último contrato que vencía el 31 de diciembre de 2013, y en busca de justicia presentó el reclamo respectivo estando laborando en la institución, es por eso que en virtud de no gozar de múltiples beneficios en la institución demandada y que es apremiante que se declare la relación laboral con el patrono como de naturaleza permanente aplicando la ley específicamente los artículos 20, 47, 52 párrafo tercero y demás aplicables del Código del Trabajo por cumplirse todos los presupuestos para que sea declarada con lugar la demanda de mérito, agotándose el trámite administrativo correspondiente, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio con el demandado.- 2. La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la prestación de servicios profesionales no ha sido de forma permanente como lo expresa la actora en la demanda de mérito, ya que dichas obligaciones contraídas fueron formalizadas mediante Contrato de Servicios Profesionales a Término, modalidad ésta que la demandante consintió y aceptó sin objeción alguna al momento de suscribir el referido contrato, reconociendo la demandante que ha firmado varios contratos, de donde se desprende que la relación que sostenía el demandado con la demandante era por tiempo determinado y no permanente, siendo a la vez improcedente la aplicación del artículo 20 del Código del Trabajo ya que el contrato que suscribieran las partes no fue contrato de trabajo como lo estipula éste artículo, sino que como se ha venido repitiendo fue un contrato de Servicio Profesionales a término conforme a lo que establece el artículo 46 literal b) del Código del Trabajo, que establece: “ El contrato individual del trabajo puede ser: … b) Por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación...”, como corresponde en el presente caso, en el que la demandante de antemano conoció y consintió sin objeción alguna durante el período que la ley le faculta para hacerlo, según lo establece el artículo 867 de dicho estamento legal que formula: “Salvo disposición en contrario, todos los derechos y acciones provenientes de este Código, de sus reglamentos o de las demás leyes de trabajo o previsión social que no se originen directamente en contratos de trabajo, prescriben en el término de dos (2) meses. Este plazo corre para patronos y trabajadores desde el acaecimiento del hecho respectivo, salvo para estos últimos cuando hubieren estado imposibilitados de reclamar sus derechos o de ejercitar las acciones correspondientes, extremo que deberán probar en juicio”, en ese orden de ideas la señora Carmen Rubio Bustillo, no puede sustentar ni tampoco pretender erróneamente exigir un derecho subjetivo, de reconocimiento de un contrato como individual de trabajo, “por tiempo indefinido” por considerarlo conveniente a sus intereses particulares, en virtud de que la prestación de sus servicios profesionales estaban regidos por cláusulas contractuales concertadas y a entera satisfacción de las partes contratantes, con derechos y obligaciones recíprocas y sujetas para las mismas.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de octubre de dos mil quince, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el Abogado Edwin Orlando Rivas Araujo, en su condición de representante procesal de la señora Carmen Rubio Bustillo, contra el Estado de Honduras; condenando al demandado al pago a favor de la demandante por la cantidad L.145,482.15 por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, decimotercer mes, decimocuarto mes proporcional, más los salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que la demandante durante laboró para el Hospital Escuela lo hizo por la suscripción de una sucesión de contratos por tiempo determinado o temporales para realizar las mismas labores, por lo que es evidente que no realizaba labores de tipo temporales, por lo tanto al vencimiento del último contrato, la relación de trabajo debe ser considerada por tiempo indefinido, de conformidad a la disposiciones contenidas en el artículo 48 del Código del Trabajo, no solo porque realizaba las mismas labores, sino que también porque fue demostrado en juicio que lo hizo desde el inicio de la relación en el mismo puesto de trabajo, lo que origina la permanencia de la relación laboral y lo convierte en un derecho adquirido del trabajador por ser un derecho de continuidad y como consecuencia de ello el derecho a la estabilidad laboral tal como lo garantiza la Constitución de la República en su artículo 129; y 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; en consecuencia, cuando el Hospital Escuela comunica a la demandante que la relación de trabajo concluía el 30 de septiembre del año 2013, realmente lo que se produce es un despido, que al no ser fundamentado en las disposiciones del Código del Trabajo, lo convierte en un despido ilegal y además injusto, por lo que es procedente declarar con lugar la presente demanda.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha doce de enero de dos mil dieciséis, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que de las pruebas aportadas al juicio se constató que la demandante fue nombrada a partir del 24 de julio del año 2012 en el cargo de Directora Administrativa del Hospital Escuela y fue cancelada a partir del 30 de septiembre del año 2013, sin que se le señalara en el acuerdo de cancelación ninguna causal justa; que también fue acreditado que la demandante celebró varios contratos de trabajo por tiempo determinado para la misma clase de trabajo y en forma continua, por consiguiente se debe de entender que su relación laboral fue por tiempo indefinido y si bien es cierto la parte demandada sostiene tanto en su escrito de contestación de demanda como en la audiencia de alegaciones celebrada en éste Tribunal, que la prestación de servicios profesionales no ha sido de manera permanente, ya que dicha modalidad fue a término, modalidad ésta que consintió y aceptó sin objeción alguna al momento de suscribir el referido contrato, sin embargo no se comparte dicho criterio, en virtud de que la demandante laboraba desde el año 2012, en forma continua y para la misma clase de trabajo, por lo que su relación laboral es de carácter permanente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del Código del Trabajo.- 5. Mediante auto de fecha dos de marzo de dos mil dieciséis, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha seis de abril de dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal el Abogado CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintiuno de abril de dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado EDWIN ORLANDO RIVAS ARAUJO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el Abogado CARLOS HUMBERTO HERNANDEZ ALVARADO, en el primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por Violación Directa por falta de aplicación de los artículos 1 de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 2 numeral 2 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casación está comprendido en el numeral primero del, primer párrafo del artículo 765 del Código de Trabajo son causales de casación. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. 1.-) Se ha de entender que la violación directa de la ley ocurre cuando a un hecho que no se discute y debidamente probado se deja de aplicar la norma que lo regula en un caso concreto.- En autos es un hecho aceptado y probado por las partes que la señora Carmen Rubio Bustillo, laboro para el Hospital Escuela Universitario; fue cancelada de acuerdo a las cláusulas contractuales, acordadas entre las partes (ver folios del veintidós y veintitrés primera pieza de autos). 2.-) Que la notificación de la cancelación del contrato de la señora Carmen Rubio Bustillo, se realizó en forma escrita, con relación al artículo 117 del Código del Trabajo que establece que debe de hacerse por escrito estableciendo la causal y que después no podrá alegarse causal o motivo distinto, al hacerlo de manera referida además de cumplir en cuanto a la forma, y procedimiento estableció causal por ende tampoco, puede en el juzgado alegar causal alguna, situación que no fue valorada por el juzgado de primera instancia, pero en la corte de apelaciones violentando el artículo mismo 117 del Código de Trabajo, no se le dio valor jurídico al alegato de la parte demandada en cuanto a la cancelación fue con justa causa, (Perdida de la Confianza), que en apego de este alegato hay tantas sentencias en cuanto a que la cancelación debe de ser formal de acuerdo al artículo 117 del código del trabajo , ya que en el contrato debe existir la buena fe desde el inicio hasta la terminación del contrato de trabajo y así evitar sorpresas en el proceso que caiga en indefensión el trabajador, como el empleador como en el caso que nos ocupa, la sentencia recurrida lo ha hecho en abierta ilegalidad, por lo que se considera que la Corte de Apelaciones del Trabajo hizo caso omiso al inobservar lo que establece el artículo 117 del Código de trabajo y consecuentemente determinados en el plan de la contestación de la demanda.- Por lo expuesto procede se case la sentencia recurrida por este motivo tanto es aun que el A-quo, y el Ad-quen; con sus sentencias han tratado al Estado de Honduras, como si fuera una empresa privada, aplicando un fuero privado y no el derecho publico.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) las normas que indica como violadas (artículos 1 de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y 2 numeral 2 del Código del Trabajo) no ostentan el carácter de normas sustantivas, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, además que la primera no es del orden laboral; y, b) en su explicación alude al artículo 117 del Código del Trabajo sin haberlo relacionado en su formulación; y, c) realiza alegatos propios de instancia.- IV. Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta proveniente de error de hecho, manifiesto en mala apreciación de los Medios de prueba documental que obra a folio 167,168, 142, 137, 138, 119, 116, 115, 114, 113, 112, 111, 110, 109, 107, 106, 105, 104, 103, 102, 101, 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 47, 46, 45, 35, 34 de la primera pieza de autos, admitida como medio de prueba, en el juzgado de primera instancia. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA. Las normas sustantivas de orden nacional están contenidas en el artículo 117 del Código de Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS EN ESTE MOTIVO. Las normas procesales que fueron violadas están contenidas en los artículos 738 y 739, en la parte del primer párrafo en cuanto al “ad-sustatium actun” del Código de Trabajo. PRUEBA MAL APRECIADA. La prueba mal apreciada por el Tribunal Ad Quen, consistente en el medio de prueba documental público que corre a folios antes mencionados, donde únicamente se está aplicando lo preceptuado en el la cláusula séptima RESCISION DE CONTRATO, o cual fue objeto de análisis de acuerdo al Código Procesal Civil, en el artículo 245 numerales 1 y 2. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO A ESTE MOTIVO. Este motivo está comprendido en el artículo 765, numeral primero, del primer párrafo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. 1.-) La Corte de Apelaciones del Trabajo apreció mal los medio prueba documentales y los alegatos presentados, de acuerda a la razonabilidad de los hechos, ya que únicamente se refiere a la continuidad y a la naturaleza del trabajo, pero no hace un análisis exhaustivo y valoración de los argumentos presentados por mi representado, ya que no fue un despido injusto como asevera la demandante, sino la aplicación concreta de las cláusulas del contrato al cual ambos partes se sujetaron y obligaron, además en la primera pieza de autos, en donde queda plenamente acreditado que a la señora Carmen Rubio Bustillo se le notifico por escrito la rescisión contractual tal y como lo establece el artículo 117 del mismo cuerpo de leyes laborales al establecer “la parte que termina UNILATERALMENTE el contrato de trabajo debe de dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra, lo que en efecto ocurrió ( ver expediente de mérito), con expresión de la causa o motivo que la mueve a tornar esa determinación..…”; es evidente que el tribunal de segunda instancia no valoro la realidad del medio de prueba documental en donde quedo plenamente acreditado el derecho del Estado de Honduras para dar por rescindido el contrato.”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) cita de forma errónea el precepto autorizante, ya que invocando la violación indirecta por error de hecho debió señalarlo comprendido en el numeral primero párrafo segundo del artículo 765 del Código del Trabajo; b) en su explicación alude a la falta de apreciación de fallos dictados por los Tribunales del Trabajo, sin precisar su alcance o criterio de valoración; y, c) en el desarrollo del cargo formula alegatos de instancia.- VI. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiocho días del mes de julio del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de junio de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 70-16.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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