Sentencia CL-68-16 — Registro 6908
Resumen
Segunda instancia revocó la sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral para que se ordene el reintegro a los puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones, salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que se proceda a la reinstalación, reconocimiento de beneficios otorgados a otros trabajadores, nombramiento como profesores auxiliares por haber laborado de manera ininterrumpida
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que este cargo es inadmisible, ya que el Recurrente incurre en los siguientes defectos: a) las disposiciones señaladas como infringidas, los artículos 46 literal b), 738 y 739 del Código del Trabajo, no ostentan la condición de ser normas sustantivas, ya que la primera es de carácter general y las otras son procesales o adjetivas; b) si bien alega error de hecho, en unos apartados señala que el mismo proviene o se deriva de falta de apreciación de la prueba y en otros por apreciación errónea, lo cual es contradictorio, ya que una misma prueba no puede ser dejada de apreciar y hacerlo de forma errónea; c) entre la prueba singularizada incluye la testifical, misma que por no ser reglada y quedar a la libre apreciación del juzgador, no puede ser incluida como parte del material probatorio objeto de ataque en este recurso extraordinario; y, d) realiza alegatos propios de instancia."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que no puede prosperar el cargo que antecede, ya que en el mismo se incurre en los siguientes defectos técnicos: a) la norma señalada como infringida por aplicación indebida, el artículo 2 numeral 1) del Código Procesal Civil, no ostenta la calidad de ser precepto legal sustantivo de índole laboral, como lo exige el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; b) no indica con precisión el precepto autorizante, ya que cita el numeral 2) del artículo 765 del Código del Trabajo, cuando el mismo hace referencia a la prohibición de la reforma peyorativa; c) no establece cual sería la disposición que debió aplicarse en sustitución de la señalada como indebida; y, d) realiza alegatos propios de instancia."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."En adición, en relación al tema de la aplicación del Estatuto del Docente Universitario, este Tribunal ha venido señalando que si bien el empleador puede imponer requisitos de admisión al trabajo, como es el concurso, si el mismo no lo realizó oportunamente y el trabajador adquirió la condición de permanente, no es válido pretender imponer esa exigencia para determinar los derechos que le corresponden, toda vez que es el principal obligado a su realización y por ello no es dable beneficiarse de su omisión.- También ha indicado, que el “profesor por hora” como otras modalidades de contratación de servicios docentes que regula la normativa interna o en la práctica se acostumbra utilizar, configuran auténticas relaciones laborales al reunirse los requisitos que señalan los artículos 19 y 20 del Código del Trabajo y en circunstancias de que la prestación de esos servicios por su naturaleza sean permanentes o continuas, se considerarán de carácter indefinido al tenor de lo prescrito en el artículo 47 del citado ordenamiento jurídico[1]."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
.."Que en relación al tema de la aplicación del Estatuto del Docente Universitario, este Tribunal ha venido señalando que si bien el empleador puede imponer requisitos de admisión al trabajo, como es el concurso, si el mismo no lo realizó oportunamente y el trabajador adquirió la condición de permanente, no es válido pretender imponer esa exigencia para determinar los derechos que le corresponden, toda vez que es el principal obligado a su realización y por ello no es dable beneficiarse de su omisión.- También ha indicado, que el “profesor por hora” como otras modalidades de contratación de servicios docentes que regula la normativa interna o en la práctica se acostumbra utilizar, configuran auténticas relaciones laborales al reunirse los requisitos que señalan los artículos 19 y 20 del Código del Trabajo y en circunstancias de que la prestación de esos servicios por su naturaleza sean permanentes o continuas, se considerarán de carácter indefinido al tenor de lo prescrito en el artículo 47 del citado ordenamiento jurídico..."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 19 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 20 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintidós días del mes de agosto del dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha dos de mayo del año dos mil dieciséis, por el Abogado JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDADAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (U.N.A.H.), como parte recurrente; además, es parte recurrida, CLAUDIA LORENA RIVERA y NANCY MARTÍNEZ VIVAS, representado en juicio por la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para que se ordene el reintegro a los puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones, salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que se proceda a la reinstalación, reconocimiento de beneficios otorgados a otros trabajadores, nombramiento como profesores auxiliares por haber laborado de manera ininterrumpida, costas, contra la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (U.N.A.H.), promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha siete de noviembre del año dos mil dieciséis, por las señoras CLAUDIA LORENA RIVERA y NANCY MARTÍNEZ VIVAS y de este domicilio, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (U.N.A.H.), por medio de la señora Rectora, JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, mayor de edad, soltera por viudez, socióloga, hondureña y de este domicilio y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia del ocho de enero del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló revocando la sentencia de fecha diecinueve de octubre del año dos mil quince, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: 1.- Declarar CON LUGAR el RECURSO DE APELACIÓN, interpuesto por la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA, como Representantes Procesal Apelante; II.- REVOCA los numerales 1), y 2) de la sentencia definitiva; en consecuencia deberá leerse así: 1) DECLARANDO CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por CLAUDIA LORENA COCA RIVERA Y NANCY MARTINEZ VIVAS, contra la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (U.N.A.H.), a través de la Rectora en su condición de Representante legal, señora JULIETA GONZALINA CASTELLANOS RUIZ, para el reintegro a sus puestos de trabajo en iguales condiciones, salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que se proceda la reinstalación, reconocimiento de beneficios a otros trabajadores en su ausencia, nombramiento como Profesoras Auxiliares por haber laborado de manera ininterrumpida; 2) ACONDENA a la demandada la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (U.N.A.H.), a través de la Rectora en su condición de Representante Legal, señora JULIETA GONZALINA CASTELLÁNOS RUIZ, a reintegrar a sus respectivos puestos de trabajo a las señora CLAUDIA LORENA COCA RIVERA Y NANCY MARTINEZ VIVAS, por lo menos en iguales condiciones mantenidas al momento de operarse la terminación del contrato de trabajo, salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que se proceda la reinstalación ordenada, reconocimiento de beneficios a otros trabajadores en ausencia, y los nombramientos en forma permanente como Profesores auxiliares III, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. III.- Confirme el numeral 3) que se refiere a declarar SIN COSTAS la primera Instancia.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las demandantes expresan en el escrito de su acción, que Claudia Lorena Rivera laboraba en la plaza de instructor a medio tiempo, después pasó a la categoría de tiempo completo, el 22 de agosto del año 2011, pasó a laborar como Profesora por hora para impartir las asignaturas de Farmacéutica II, Farmacéutica I, Farmacología II y Farmacología I, se desempeñó sin interrupción desde el primer periodo del 2011 hasta el 02 de septiembre del año 2013, en los últimos seis meses devengaba un salario ordinario mensual de L.22,853.52; Nancy Martínez Vivas, comenzó a laborar desde el 31 de enero del año 2011, como Profesora por hora de las asignaturas de Química Analítica General, Química Analítica I y II, se desempeñó sin interrupción desde el primer periodo del 2011 hasta el periodo intensivo del 2013, es decir, hasta el 16 de agosto del 2013, devengando un salario promedio mensual en los últimos seis meses de L. 22,853.52. En fecha 02 de septiembre, día en que se publica la carga académica, no aparecieron en la propuesta de distribución presentada por el Jefe Interino del Departamento de Química Gustavo Adolfo Sánchez García, sin notificación previa, sin seguir ningún procedimiento, esto por orden de la decana de Química y Farmacia, Dra. María Victoria Zelaya, a ambas se les modificó la carga académica que había dejado programada la Dra. Astrid Rosario Osorio Ordoñez; y como lo establece el Estatuto del Docente, “cuando un docente ha laborado por dos años consecutivos, y pasa el periodo de prueba el jefe del departamento practica una evaluación”, en el caso de las demandantes la evaluación se practicó en el mes de marzo del 2011, misma que consta en el oficio 24/2013 de fecha 28 de marzo del 2013, opinión del desempeño del Jefe Inmediato el Dr. José Rolando Ortega, quien solicita al Decano se otorgue el nombramiento, además de una evaluación por parte de la Vice Rectoría Académica del 01 de julio de 2013, en base a esas evaluaciones existen un dictamen favorable del jefe del departamento de Recursos Humanos que consta en los oficios No. 129-DERH de 14 de marzo del 2011, y No. 570-DERH de 18 de junio del 2013. En las asignaturas de Farmacología 1, Farmacología II, Farmacéutica 1, y Farmacéutica II como Química Analítica General, Química Analítica I y II, se imparten en todos los periodos, ya sean largos o cortos, de manera ininterrumpida y continua, en consecuencia contando con la formación y experiencia en la materia no existe causa justificada para no haberles asignado la carga académica según la costumbre, pero en el supuesto que no hubieran abierto las secciones en los horarios que les correspondían, lo que procedía, conforme al artículo 100 numerales 2, 4, y 15 del Código del Trabajo, era que la UNAH solicitará al Ministerio del Trabajo la suspensión de los contratos de trabajo.- 2.- La parte demandada, la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (U.N.A.H.), contestó dicha demanda señalando que las demandantes jamás fueron despedidas, ya que lo que ocurrió fue que en virtud de no existir carga académica, pues los docentes a tiempo completo, ya habían cubierto la misma, no existían clases para distribuirlas a ellas como docentes a medio tiempo o por hora y de acuerdo a lo que establece el Estatuto del Docente Universitario el Profesor por hora son los que son contratados con la intensión única que cubren aquellas clases que según la carga académica de cada periodo no pueden cubrir los docentes que forman parte del personal permanente para satisfacerlo, el profesor por hora tal como se probara en juicio al no otorgarse carga académica no es que se le despide en forma tácita, lo que sucede es que quedan latentes como personal inactivo, lo cual se acude en el caso que se necesiten sus servicios el artículo 132 del Estatuto del Docente Universitario reza “la asignación de la carga académica corresponde al jefe del departamento asignado dicha carga en primer lugar a los profesores de planta, sólo en caso de estos no pudieren cubrir la demanda estudiantil es que emplearan a los profesores por hora”, que es un derecho que tiene todo ciudadano de acudir ante cualquier autoridad que crea competente, sin embargo la modalidad de contrato por el cual se contrató a las hoy demandantes no le permite tener derecho a lo solicitado.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de octubre del año dos mil quince, dictó sentencia declarando sin lugar, la demanda ordinaria laboral promovida por CLAUDIA LORENA RIVERA y NANCY MARTÍNEZ VIVAS, contra la UNIVERSIDADAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (U.N.A.H.) sin costas; bajo el criterio que la parte demandante alega en el escrito de su demanda que la demandada en fecha 02 de septiembre del año 2013, publicó la carga académica correspondiente al tercer periodo académico del 2013, dejándoles sin carga a las demandantes, sin hacer notificación previa, sin seguir ningún procedimiento, violando el derecho de defensa de manera unilateral y excluyente, arbitraria y discriminatoria; la parte demandada arguye, que las demandantes jamás fueron despedidas, ya que lo que ocurrió fue que en virtud de no existir carga académica, pues los docentes a tiempo completo, ya habían cubierto la misma, no existían clases para distribuirlas a ellas como docentes a medio tiempo o por hora y de acuerdo a lo que establece el Estatuto del Docente Universitario el Profesor por hora son los que son contratados con la intensión única que cubren aquellas clases que según la carga académica de cada periodo no pueden cubrir los docentes que forman parte del personal permanente para satisfacerlo, con esto podemos ver que por un lado la parte demandada alega que nunca existió un despido; y por otro de la revisión de autos la parte demandante no acreditó el despido directo, por escrito o verbal; asimismo, no agotaron el trámite establecido para darse por despedidas indirectamente.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha ocho de enero del año dos mil dieciséis, dictó sentencia revocando la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que: “según circular 043-2011 y acuerdo 54-97-CUO, todo solicitante de nombramiento a tiempo completo debe reunir los requisitos siguientes: tener una antigüedad de al menos dos (2) años de servicio como profesor por hora y tener una carga académica de tres asignaturas”; en el presente caso la Dra. Claudia Lorena Coca Rivera, solicitó por escrito el Jefe del Departamento de Tecnología Farmacéutica, Dr. José Rolando Ortega, el nombramiento a tiempo completo en categoría de auxiliar III, quien en su oportunidad envió nota al Decano de dicha Facultad Doctor René Sagastume Castillo, dictaminando y recomendando el nombramiento de la peticionaria, sobresaltando las cualidades y méritos de la, Dra. Claudia Lorena Coca Rivera, para ser nombrada como Profesora a tiempo completo, como auxiliar III, que de acuerdo a la circular N° 043-2011, es posible aplicar a los profesores por hora y que tienen asignada tres asignaturas por período, condición que reúne la recomendada. Luego tenemos que el Acuerdo N° 54-97- CUO aprobado por el Consejo Universitario, Autoriza al Consejo de Administración para que proceda al nombramiento definitivo de los profesores por hora que tengan al menos dos (2) años de estar realizando sus labores académicas en esa forma, previa a dicha solicitud enviada al Consejo de Administración por la Unidad Académica respectiva, es claro poder observar que las demandantes reúnen las condiciones antes descritas, por lo que correspondía a las máximas autoridades de la UNAH proceder al nombramiento de las propuestas en los cargos Dictaminados por los Jefes de Departamento facultados por ley para realizar las propuestas, que por su antigüedad mayor a dos (2) años y carga académica de tres asignaturas, y Unidades valorativas mayores de 10 puntos, legalmente les corresponden a las peticionarias, y el Argumento de la demandada en el sentido de que a ellas no se les ha despedido de sus cargos, por haber realizado primero la carga académica de los profesores a tiempo completo y no existían asignaturas sobrantes, no es excusa para dar por terminada la relación de trabajo, que aún cuando no fueron notificadas legalmente de tal disposición, por lo tanto es preciso mencionar que, no se demostró la aplicación del procedimiento establecido en el Estatuto del Docente para efectuar la distribución de la carga académica.- 5.- Mediante auto de fecha veinticinco de febrero del año dos mil dieciséis, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, en su condición de representante procesal de UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a el recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha dos de mayo del año dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal el Abogado JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, en su condición de representante procesal de la UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS (UNAH), formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha dos de mayo del año dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha diecisiete de mayo del año dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada JOHANA WALESKA BARAHONA ESPINOZA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida/recurrente, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose violación de la Ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo, primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II. Que el Abogado JORGE DAVID MEZA VASQUEZ, en el primer motivo de casación alega: “SER LA SENTENCIA VIOLATORIA DE LA LEY SUSTANTIVA.- Precepto Legal Sustantivo Infringido: Las disposiciones sustantivas infringidas están contenidas en los artículos: 46 literal b, 738 739 del Código del Trabajo. Precepto Legal Adjetivo autorizante: Las normas procesales o normas adjetivas a través de las cuales se infringió en forma indirecta las disposiciones sustantivas las constituyen los artículos 738 y 765 del Código del Trabajo. Pruebas Dejadas de Apreciar: Las pruebas que el Tribunal Ad-quem ha apreciado erróneamente en su conjunto al haber incurrido en error de hecho son: Pruebas Propuestas por esta defensa: a) Medio de prueba Documental y testifical en todos sus numerales donde se pudo probar todos y cada uno de los extremos relacionados en el escrito de contestación de improcedente demanda así como desvirtuar las pretensiones de las hoy demandantes, pretensiones que dicho sea de paso son contradictorias y discrepantes debido a que solicitan reintegro a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones y a la vez que se proceda aun nombramiento como profesores auxiliares sin haber participado en ningún concurso para optar a la plaza argumentando extremos. Como el de haber solicitado oportunamente su nombramiento y además argumentan tener dictámenes favorables los cuales no son vinculantes para nombrar una persona, lo que quedo acreditado fehacientemente, con los medio de pruebas documental público que corren agregados en los folios 135 al 186 y quedando acreditada mediante la prueba denominada interrogatorio de testigos mediante las declaraciones de los señores Gustavo Adolfo Sánchez García, María Victoria Zelaya, Fernando Agusto Vargas que corre agregado a folios 197 y 198, quienes declararon que es un profesor por hora, cuando procede su contratación, contenido de la circular 043-2011 de fecha 17 de noviembre de 2011 la cual argumentan no es vinculante para el nombramiento de personal, que la hoy demandantes no obtuvieron opinión favorable para su contratación por parte de la decanatura de la facultad de química y farmacia mediante oficio DFCQF No. 444-2013 que corre agregado a folio 173, y que el método utilizado para la contratación en la UNAH es mediante concurso público, quedo plenamente acreditado mediante prueba documental y declaración testifical de lo señores Gustavo Adolfo Sánchez García, María Victoria Zelaya, Fernando Agusto Vargas que a las demandantes no se les realizo las evaluaciones que se contemplan en el Estatuto del Docente Universitario ya que estas se efectúan cuando se convoca a un concurso público de plazas docentes para ingresar a la carrera docente. Los únicos concursos públicos a plazas docentes que se han realizado en la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia fueron en el mes de febrero del 2008 y en el mes de enero 2014 (extremo que se acompaño mediante publicaciones escritas y Acta de Cierre de la Comisión de Concurso de la Facultad y de la Comisión de Concurso del Departamento de Química respectivamente donde se constata que no participaron las hoy demandantes) que mediante oficio # 1803-D.G.T.H./S.E.D.P. de fecha de 05 de agosto de 2013, el cual corre agregado en folio 171 en el cual solo se hacía mención a la Doctora CLAUDIA LORENA COCA RIVERA y al cual se le respondió mediante el OFICIO DFCQF N°. 444- 2013 de fecha 14 de agosto de 2013 lo siguiente: Por todo lo anterior, esta unidad académica NO DA el visto bueno al dictamen como al nombramiento de la Doctora CLAUDIA LORENA COCA RIVERA, como Profesor Auxiliar Tiempo Completo en el Departamento de Tecnología Farmacéutica, ya que no se cumple con las normativas vigentes para ingresar a la carrera docente siendo este a través de concurso público el cual garantiza el principio de igualdad, en vista que existen otros aspirantes en este departamento con méritos iguales o mejores que la Doctora en mención. Se devuelve el oficio # 1803-D.G.T.H./ S.E.D.P. con la documentación contenida en el mismo. Sin otro particular, Dra. María Victoria Zelaya MS c. DECANA.cc. Archivo. Se Establecer porque no se concluyó el procedimiento iniciado en el oficio No. DFCQF22 de fecha 30 de enero del 2012 iniciado en el caso de las demandantes. En fecha de 05 de agosto de 2013 mediante oficio # 1803-D.G.T.H/S.E.D.P se le solicito por parte de Secretaria ejecutiva de desarrollo de personal “Para visto bueno, relacionado con el dictamen de nombramiento de la Doctora Claudia Lorena Coca Rivera, como Profesor Auxiliar Tiempo Completo en el Departamento de Tecnología Farmacéutica, a partir del tercer periodo académico del 2013. Solicitud de nombramiento que mediante oficio # DFQF-089-2013 de fecha de 07 de mayo de 2013, emitido por la Dirección de la Facultad de Química y Farmacia, se solicitó a esa Secretaria Ejecutiva, realizar una evaluación cualitativa y cuantitativa a fin de determinar si era precedente la solicitud de Nombramiento, con base a lo establecido en la Circular 043-2011.”, b) medio de prueba denominado reconocimiento judicial mediante oficios donde se realizo una revisión minuciosa de los expedientes administrativos de las hoy demandantes y de su estatus laboral dentro de la UNAH durante laboraron y donde se desvirtuaron los extremos de la demanda interpuesta de la siguiente manera: a) se logro acreditar que la Dra. Astrid Rosario Osorio Ordoñez Jefe del Departamento de Química no elaboro la Distribución de la Carga Académica para el Tercer Periodo del año 2013. (Folio 313 y 314). b) que el licenciado GUSTAVO ADOLFO SANCHEZ GARCIA, procedió a establecer la carga académica y su distribución siguiendo lo establecido en el Artículo 132 del Estatuto del Docente Universitario y sus Reformas y como normativas que aplican como ser el Reglamento de . departamentos y carreras de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, tal y como las mismas demandantes lo hacen ver en el escrito de su demanda específicamente en ele hecho numero 2, Por tanto, No se consideró para la Carga Académica del Departamento de Química en el Tercer PERIODO Académico del 2013, a las demandantes con categoría de PROFESORAS POR HORA, debido a la aplicación del procedimiento para establecer la carga académica. PRECEPTO AUTORIZANTE. El motivo la casación está comprendido en el artículo 765 ordinal primero párrafo segundo del Código de trabajo.- CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN. del artículo 46 en su literal b, establece: El contrato individual de trabajo puede ser: a) ; b) por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia como la construcción de una obra, que forzosamente ha de poner término a la relación de trabajo. En este segundo caso, se debe tomar en cuenta la actividad del trabajador en sí mismo, como objeto del contrato, y no el resultado de la obra; el artículo 738 establece: el juez al proferir su decisión analizará todas las pruebas allegadas en su tiempo.- el artículo 739 establece: El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formará libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la crítica de la pruebas y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo, cuando la ley exija determinada solemnidad ad-sustancia actus, no se podrá admitir sin prueba por otro medio. En todo caso, en la parte motivada de la sentencia el Juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento. LA VIOLACIÓN PASÓ A EXPLICAR LA DE LA SIGUIENTE FORMA. la corte sentenciadora al revocar la sentencia dictada por el juzgado de primera instancia y que corre agregado a folios 402 a 405 del segundo tomo, mediante sentencia que corre agregada a folios 13 al 16 de la segunda pieza, incurrió en un error de hecho que aparece de manifiesto en los autos por falta de aireación y valoración de los medios de prueba que sean singularizado en la estructura de este motivo por consiguiente la corte de apelaciones del trabajo tampoco no apreció el contenido los medios de prueba documentales los cuales desprenden las siguientes circunstancias: documental consistente en la nota de que oran a folio de la primera pieza de auto en lo que no aplicación cuando éste se debe aplicar ya que me representa una vez que concluye el periodo para el cual fueron contratadas de manera temporal demandado puso fin a la relación laboral enviando la nota de notificación de la terminación en virtud de no poder seguir manteniendo personal cuya relación laboral haya cumplido el término estipulado es de hacer notar o no la de magistrados que de la aplicación indebida qué le da el tribunal de Prince de la puerta apelaciones del trabajo del artículo 346 literal B Es que no toma en consideración que mira enfrentando estaba en la obligación de señalar causa justa o injusta a la terminación laboral tan sólo bastaba que se le comunicará que su contratación por tiempo determinado no sería renovada incurriendo por ello el juzgador en una evidente aplicación indebida este artículo donde explicó que el demandante cuya contrataciones por tiempo determinado tal como se planteó en la contestación de la demanda por parte está defensa no obstante lo anterior el juez a quo Al momento de proferir su decisión Está en la obligación de analizar todas las pruebas allegadas en tiempo tal como lo está 1 artículo 738 del Código de trabajo denotando un evidente aplicación indebida de este artículo por el juez de primera instancia el tribunal de apelaciones por los señores maíz a dos al exigir una mala apreciación a una falta de apreciación de la prueba es decir respecto a la prueba considerada en sí misma y no en relación a las normas legales que regulan las pruebas de qué se trata Pues en este último caso se estará frente a un cuestión diferente este error de hecho a considerar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva y el error de hecho expresado debe ser manifiesto sea Que aparezca en un en pugna con evidencia demostrada por la prueba de que se trate como ocurriría en Sí en la sentencia admite por probado el hecho de que en realidad no es no está demostrado o el contrario se da por él probado el hecho de que si está aprobado en juicio como el caso de autos siendo que así que el error de hecho en la apreciación de la prueba documental fundamento este motivo un recurso no consiste en sacar recurrente a quedar deducciones que le interese en que los hechos declarados probados y las afirmaciones contenidas en la sentencia están en manifiesto oposición con lo que en los documentos Aparecen por estimar como ciertos lo contrario de ellos resulta incurriendo por ello el juzgador un evidente equivocación que exige el ordinal Con todas las Disposiciones Anteriores dejo establecido Ipso Jure Que el Tribunal Adquem de haber emitido la aplicación correcta de las normas sustantivas antes relacionadas el fallo sería diferente con sentido de equidad, con imprecisiones y falta de claridad incurre con su sentencia en violaciones a normas sustantivas adjetivas o procesales causando grandes perjuicios a la parte demandada. Con Todo el Análisis de las pruebas dejadas de apreciar al igual que las normas sustantivas y adjetivas se puede concluir que el Tribunal Ad-quem para justificar su criterio tal como lo expresa en el considerando 4 de la Sentencia Recurrida tuvo que analizar el proceso en forma objetiva y veraz para evitar asimismo el infringimiento de las normas adjetivas ejerciendo una excesiva Atribución del Principio de Libre Convencimiento de la apreciación de las pruebas observadas por ella y omitiendo las observaciones de estas allegadas al proceso por la parte demandante, una violación a un término invocado por la parte demandada que es inconsistente.”.- III.- Que este cargo es inadmisible, ya que el Recurrente incurre en los siguientes defectos: a) las disposiciones señaladas como infringidas, los artículos 46 literal b), 738 y 739 del Código del Trabajo, no ostentan la condición de ser normas sustantivas, ya que la primera es de carácter general y las otras son procesales o adjetivas; b) si bien alega error de hecho, en unos apartados señala que el mismo proviene o se deriva de falta de apreciación de la prueba y en otros por apreciación errónea, lo cual es contradictorio, ya que una misma prueba no puede ser dejada de apreciar y hacerlo de forma errónea; c) entre la prueba singularizada incluye la testifical, misma que por no ser reglada y quedar a la libre apreciación del juzgador, no puede ser incluida como parte del material probatorio objeto de ataque en este recurso extraordinario; y, d) realiza alegatos propios de instancia.- IV.- Que el Impetrante en el segundo motivo esgrime: “SER LA SENTENCIA VIOLATORIA DE LA LEY ADJETIVA. Precepto Legal Sustantivo Infringido: numeral 1) articulo 2 Código Procesal Civil; Aplicación Indebida….. Precepto Legal autorizante: 738 y numeral 2) del articulo 765 del Código de Trabajo; Aplicación Simultanea. Concepto por Aplicación Indebida: El Tribunal Ad-quem fundamenta su sentencia y emite decisiones con la que expresa que la finalidad de la demanda es que se condene a mi representada a el reintegro a sus puestos de trabajo en iguales condiciones, salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que se procede la reinstalación, reconocimiento de beneficios a otros trabajadores en su ausencia, nombramiento como profesoras auxiliares por haber laborado de manera ininterrumpida y a los nombramientos en forma permanente como profesores auxiliares III, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a las hoy demandantes, sin embargo, esta contradicción de términos, hacen con ello más gravosa la situación de la parte actora pues la corte Sentenciadora Continuo inobservado las pruebas allegadas al proceso con las que queda probado que las demandantes no participaron en concurso y no fueron empleadas permanentes La Corte Sentenciadora en los considerando de su sentencia . reiteradamente y en forma expresa manifiesta que hay una continuidad en la prestación laboral, pues su apreciación y aplicación indebida de estos criterios infringen las normas ya mencionadas, con las cuales queda demostrado que la sentencia recurrida es indebida e ineficaz en relación a los derechos que legalmente corresponden al Recurrente.”.- V.- Que no puede prosperar el cargo que antecede, ya que en el mismo se incurre en los siguientes defectos técnicos: a) la norma señalada como infringida por aplicación indebida, el artículo 2 numeral 1) del Código Procesal Civil, no ostenta la calidad de ser precepto legal sustantivo de índole laboral, como lo exige el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; b) no indica con precisión el precepto autorizante, ya que cita el numeral 2) del artículo 765 del Código del Trabajo, cuando el mismo hace referencia a la prohibición de la reforma peyorativa; c) no establece cual sería la disposición que debió aplicarse en sustitución de la señalada como indebida; y, d) realiza alegatos propios de instancia.- VI.- También se pide se declare la nulidad subsidiaria del fallo recurrido, bajo el siguiente señalamiento: “La nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen y no puede subsanarse por la confirmación de las partes, ni por un lapso menor que el que se exige para la prescripción ordinaria. En virtud de ello, se alega en forma subsidiaria la nulidad absoluta de la sentencia recurrida dictada por la corte apelaciones del trabajo de esta sección judicial en fecha 8 de enero del año, señalando los errores procesales siguientes: a) En el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la corte sentenciadora, no es clara y congruente al respecto el artículo 206 del código procesal civil nos manda a que las sentencias: 1. Las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas. 2. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. 3. Cuando los puntos objeto del litigio hayan sido varios, el tribunal hará con la debida separación el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. habiendo manifestado lo anterior Considerando que la sentencia es la respuesta a una ‘pretensión demandada, debe ser, obviamente estimatoria o desestimatoria, de esa pretensión ejercida y aclara el derecho controvertido, por eso y en mira de una justicia con la cara dirigida al pueblo (bien supremo de toda república), es menester que el juzgador tenga el cuidado de analizar toda la controversia sometida a debate a efecto que su parte resolutiva sea acorde al litigio (principio de correlación de la sentencia con la demanda). Cualquier sentencia que no sea precisa o clara puede conseguir el efecto contrario de su naturaleza, causando confusión e incertidumbre lo que por si traería inseguridad jurídica. Su inobservancia puede ser, anulada, tal y como sucede en el presente caso el artículo 207 del mismo cuerpo legal manda: 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2. La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. Se disciplina en este precepto el alcance, extensión y profundidad de que han de estar dotados los razonamientos que sirven de sustento a la parte dispositiva de la resolución; siendo necesario que en éstos se tome en consideración y ofrezca respuesta puntual y cumplida a todos y cada uno de los extremos alegados en apoyo de las pretensiones respectivas. Ciertamente, es un inexcusable deber de los órganos judiciales el de motivar sus resoluciones como exigencia implícita en el derecho de defensa y que determina que en un Estado de Derecho hay que expresar cuál sea la razón del Derecho judicialmente interpretado y aplicado. Esta exigencia que responde a una doble finalidad: a) De un lado, la de exteriorizar el fundamento de la decisión, haciendo explícito que ésta corresponde a una determinada aplicación de la Ley; y, b) Se otro, permitir su eventual control jurisdiccional mediante el ejercicio de los recursos. En este sentido, hay que tener presente que el derecho a la tutela judicial efectiva incluye el de obtener de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por cuanto la motivación de las resoluciones judiciales, es una exigencia derivada del derecho de defensa y del derecho de independencia e imparcialidad de los jueces que recoge el Art. 3 CPC que permite conocer las razones de la decisión que aquéllas contienen y que posibilita su control mediante el sistema de los recursos; tanto más cuando la exigencia de motivación entronca de forma directa con el principio del Estado democrático de Derecho y con una concepción de la legitimidad de la función jurisdiccional sustentada esencialmente en el carácter vinculante que para todo órgano jurisdiccional tienen la Ley y la Constitución. Sin embargo y a mayor abundamiento, la razón última que sustenta este deber de motivación, en tanto que obligación de exteriorizar el fundamento de la decisión adoptada por el órgano jurisdiccional, reside en la interdicción de la arbitrariedad y, por tanto, en la necesidad de evidenciar que el fallo de la resolución no es un simple y arbitrario acto de voluntad del juzgador en ejercicio de un rechazable absolutismo judicial, sino una decisión razonada en términos de Derecho. Esta exigencia cumple una doble finalidad inmediata: de un lado, garantizar el eventual control jurisdiccional de los fallos dictados por los jueces y Tribunales a través del sistema de recursos y de otro permitir al ciudadano conocer el fundamento de las decisiones judiciales, haciendo explícito que éstas corresponden a una determinada aplicación de la Ley; constituyendo la esencia del control a desarrollar por este Tribunal la comprobación de la relación directa y manifiesta existente entre la norma que el Juzgador declara aplicable y el fallo de la resolución, exteriorizada en la argumentación jurídica conducente a éste el articulo 208 nos habla de la congruencia: 1. Las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. 2. En las sentencias se efectuarán las declaraciones que aquéllas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Se ha venido definiendo el vicio de incongruencia, como el desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado la pretensión o pretensiones que constituyen el objeto del proceso. Al conceder más, menos o cosa distinta de lo pedido, el órgano judicial incurre, de modo reiterado, en las formas de incongruencia conocidas como “ultra petita”, “ultra petita” o “extra petita partium”, potencialmente reveladoras de la parcialidad del órgano judicial, que decide lo que nadie le pide, o de la indefensión de alguna de las partes, que se encuentra sorpresivamente con una decisión ajena al debate previo. Se ha elaborado así un cuerpo de doctrina consolidado, que puede sistematizarse, a los efectos que en este comentario interesan, en los siguientes puntos: a) El vicio de incongruencia, entendido como desajuste entre el fallo judicial y los términos en los que las partes han formulado sus pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta de lo pedido, puede entrañar una vulneración del principio de contradicción constitutiva de una efectiva vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, siempre y cuando la desviación sea de tal naturaleza que suponga una sustancial modificación de los términos en los que discurrió la controversia procesal con infracción del art. 4 CPC.. El juicio sobre la congruencia de la resolución judicial precisa de la confrontación entre su parte dispositiva y el objeto del proceso, delimitado por sus elementos subjetivos - (partes) y objetivos (causa de pedir y petitum). Ciñéndonos a estos últimos, la adecuación debe extenderse tanto al resultado que el litigante pretende obtener, como a los hechos que sustentan la pretensión y al fundamento jurídico que la nutre, sin que las resoluciones judiciales puedan modificar la causa petendi, alterando de oficio la acción ejercitada, pues se habrían dictado sin oportunidad de debate ni de defensa sobre las nuevas posiciones en que el órgano judicial sitúa el tema decidendi. b) La incongruencia emisiva o ex silentio se produce, en esencia, cuando el órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones sometidas a su consideración, y la denominada “incongruencia por exceso o extra petitum se produce cuando el órgano judicial concede algo no pedido o se pronuncia sobre una pretensión que no fue oportunamente deducida por los litigantes, e implica un desajuste o inadecuación entre el fallo o la parte dispositiva de la resolución judicial y los términos en que las partes formularon sus pretensiones. En algunas ocasiones ambos tipos de incongruencia pueden presentarse unidas, dándose la llamada “incongruencia por error”, que es aquélla en la que concurren al unísono las dos anteriores clases de incongruencia: se trata de supuestos en los que, por error de cualquier género sufrido por el órgano judicial, no se resuelve sobre la pretensión o pretensiones formuladas por las partes en la demanda o sobre los motivos del recurso, sino que equivocadamente se razona sobre otra pretensión absolutamente ajena al debate procesal planteado, dejando al mismo tiempo aquélla sin respuesta; c) La incongruencia extra petitum, que es la modalidad mas frecuente, constituye siempre una infracción del principio dispositivo y de aportación de las partes que impide al órgano judicial, en el proceso civil, pronunciarse sobre aquellas pretensiones que no fueron ejercitadas por las partes, al ser éstas las que, en su calidad de verdaderos domini litis, conforman el objeto del debate o tema decidendi y el alcance del pronunciamiento judicial, por lo que éste deberá adecuarse a lo que fue objeto del proceso, delimitado, a tales efectos, por los sujetos del mismo (partes), por lo pedido (petitum) y por los hechos o realidad histórica que les sirve como razón o causa de pedir (causa petendi). d) El principio dispositivo y de aportación de parte del Art. 10 y 11 CPC, rige también el sistema procesal en la segunda instancia civil y configura las facultades de conocimiento del órgano ad quem, que, en virtud del principio tantum devolutum “quantum” appellatum, sólo puede entrar a conocer sobre aquellos extremos de la Sentencia de instancia que hayan sido objeto de impugnación por las partes en el recurso de apelación Lo dicho no comporta que el Juez deba quedar vinculado rígidamente por el tenor de los concretos pedimentos articulados por las partes en sus respectivos escritos forenses o por los razonamientos o alegaciones jurídicas esgrimidas en su apoyo. Por un lado, el principio jura novit curia permite al Juez fundar el fallo en los preceptos legales o normas jurídicas que sean de pertinente aplicación al caso, aunque no hayan sido invocados por los litigantes; y, por otro lado, el órgano judicial sólo está vinculado por la esencia de lo pedido y discutido en el pleito, y no por la literalidad de las concretas pretensiones ejercitadas, tal y como hayan sido formalmente solicitadas por los litigantes, de forma que no existirá la incongruencia extra petitum cuando el Juez o Tribunal decida o se pronuncie sobre una pretensión que, aun cuando no fue formal o expresamente ejercitada, estaba implícita o era consecuencia inescindible o necesaria de los pedimentos articulados o de la cuestión principal debatida en el proceso. e) Para que la incongruencia por exceso adquiera relevancia procesal constitucional y pueda ser constitutiva de una lesión del derecho a la “tutela judicial efectiva” se requiere una desviación esencial generadora de indefensión: “que el desajuste entre el fallo judicial y los términos en que las partes hayan formulado sus pretensiones, por conceder más de lo pedido (ultra petitum) o algo distinto de lo pedido (extra petitum), ‘suponga una modificación sustancial del objeto procesal, con la consiguiente indefensión y sustracción a las partes del verdadero debate contradictorio, produciéndose un fallo extraño a las respectivas pretensiones de las partes, de forma que la decisión judicial se haya pronunciado sobre temas o materias no debatidas oportunamente en el proceso y respecto de las cuales, por consiguiente, las partes no tuvieron oportunidad de ejercitar adecuadamente su derecho de defensa, formulando o exponiendo las alegaciones y argumentos que tuvieran por conveniente en apoyo de sus respectivas posiciones es por todo loa anterior expuesto y debido a que dicha sentencia dictada por la corte de apelaciones del trabajo, del Departamento Francisco Morazán, donde se Declara CON LUGAR el RECURSO DE APELACIÓN, Interpuesto por la abogada Johana Waleska Barahona Espinoza, como representante procesal apelante y donde se condena a mi representada a La Universidad Nacional Autónoma De Honduras (UNAH), a través de la rectora en su condición de representante legal la señora Julieta Gonzalina Castellanos Ruiz, A REINTEGRAR, a sus respectivos puestos de trabajo a la señora Claudia Lorena Coca Rivera Y Nancy Martínez Vivas, por lo menos en iguales de condiciones mantenidas al momento de operarse la terminación del contrato de trabajo, salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación de la relación laboral hasta que se procede la reinstalación ordenada, reconocimiento de beneficios a otros trabajadores en ausencia, Y LOS NOMBRAMIENTOS EN FORMA PERMANENTE COMO PROFESORES AUXILIARES III, sentencia que no es apegada a derecho ya que condena a reintegrarlas y reclasificarlas sin haber participado en ningún concurso por ende dicho acápite es violatorio a ley y contradictorio en materia laboral por lo que solicitamos que dicha sentencia sea anulable subsidiariamente.”.- VII.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio, de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, no se encontró vicio procesal que pueda ser objeto de nulidad, por lo que no se estima que la sentencia recurrida sea violatoria del derecho de defensa o debido proceso, resultando inestimable tal petición.- VIII.- En adición, en relación al tema de la aplicación del Estatuto del Docente Universitario, este Tribunal ha venido señalando que si bien el empleador puede imponer requisitos de admisión al trabajo, como es el concurso, si el mismo no lo realizó oportunamente y el trabajador adquirió la condición de permanente, no es válido pretender imponer esa exigencia para determinar los derechos que le corresponden, toda vez que es el principal obligado a su realización y por ello no es dable beneficiarse de su omisión.- También ha indicado, que el “profesor por hora” como otras modalidades de contratación de servicios docentes que regula la normativa interna o en la práctica se acostumbra utilizar, configuran auténticas relaciones laborales al reunirse los requisitos que señalan los artículos 19 y 20 del Código del Trabajo y en circunstancias de que la prestación de esos servicios por su naturaleza sean permanentes o continuas, se considerarán de carácter indefinido al tenor de lo prescrito en el artículo 47 del citado ordenamiento jurídico[1].- IX.- Por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación y sin lugar la nulidad subsidiaria solicitada.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinte días del mes de septiembre del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha veintidós de agosto de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 68-16.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
[1] Ver sentencias expedientes CL 493-14 y 317-16