Sentencia CL-649-16 — Registro 6971
Resumen
Demanda ordinaria laboral para el pago de las indemnizaciones de ley, inclusive el ajuste a salarios de los profesionales del derecho, pago de vacaciones de los últimos dos años según el caso, a título de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir; Segunda instancia declaró parcialmente con lugar el recurso de apelación
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) carece de claridad y precisión en el concepto de la infracción, ya que no especifica si la violación a la ley es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) se omite en la formulación la disposición de naturaleza sustancial del orden laboral, que se considere infringida; y, c) en el desarrollo se alegan inapropiados alegatos de instancia.- "
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los treinta y ún días del mes de octubre del dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, por el Abogado FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, como recurrente; además son partes recurridas, los señores ROBERTO ALONSO MATUTE VASQUEZ, JOSE RODOLFO MEZA BARAHONA, CARLOS JOSUE PACHECO GUEVARA y otros, representados en juicio por la Abogada NORMA ELIZABETH LOPEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para el pago de las indemnizaciones de ley, inclusive el ajuste a salarios de los profesionales del derecho, pago de vacaciones de los últimos dos años según el caso, a título de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de percibir, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha nueve de junio de dos mil catorce, por el Abogado JOSE FRANCISCO BONILLA CHIRINOS, mayor de edad, soltero, hondureño y con domicilio en San Pedro Sula, Cortés, actuando en causa propia y en representación de los señores ROBERTO ALONSO MATUTE VASQUEZ, casado, Abogado y Notario, JOSE RODOLFO MEZA BARAHONA, soltero, Abogado, CARLOS JOSUE PACHECO GUEVARA, casado, Abogado, GABRIELA ALEJANDRA MEMBREÑO CALDERON, soltera, Bachiller en Ciencias y Letras, MARVIN ARTURO ZAVALA TURCIOS, casado, Abogado y JOSE ALONSO CALIX CABALLERO, casado, Licenciado en Administración de Empresas, todos mayores de edad, hondureños y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, contra el ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD (IP), ente desconcentrado de la Presidencia de la República, por medio de su Presidente del Consejo Directivo, Abogado EBAL JAIR DIAZ LUPIAN. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha uno de diciembre de dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, misma que: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO PARCIALMENTE HA LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representante procesal de la parte actora, Abogada NORMA ELIZABETH LOPEZ, contra la sentencia definitiva proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta Sección Judicial, en fecha cinco (05) de septiembre del presente año (2016), en la diligencias iniciadas con la demanda laboral promovida por los señores JOSE FRANCISCO BONILLA CHIRINOS y ROBERTO ALONSO MATUTE contra la entidad jurídica INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, a través de su representante legal, en consecuencia se reforma la sentencia apelada, en el sentido de excluir de la parte dispositiva la excepción que respecto del demandante ROBERTO ALONSO MATUTE se establece para el cómputo de los salarios caídos.- SEGUNDO: CONFIRMANDO la sentencia apelada y antes relacionada, en sus demás extremos, es decir, en cuanto declara con lugar la demanda para el pago de prestaciones laborales más salarios caídos, la cuantía líquida fijada como condena de pago, la desestimación de la excepción perentoria de prescripción y la demanda para el pago de ajuste de salarios de los profesionales del derecho y pago de vacaciones de los últimos dos años, así como la exoneración de costas de primera instancia.- SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. Los demandantes expresaron en el escrito de su acción, que fueron contratados mediante la suscripción de varios contratos de servicios profesionales, realizando labores de naturaleza permanente o continua, que no han gozado de las vacaciones de ley y de otros beneficios como lo es el salario conforme al Arancel del Profesional del Derecho; que en ningún momento fueron objeto de amonestaciones verbales o escritas y mucho menos de faltas o cargos que ameritaban la celebración de audiencia de descargos, por lo que no ha existido un incumplimiento en sus obligaciones o una causa que les sea imputable para perder sus trabajos sin responsabilidad del Instituto de la Propiedad (IP), por lo que no existe causa justa y legal del despido. Que en fecha 24 de enero del 2014, les comunicaron la terminación de los contratos de trabajo a partir del 27 de ese mismo mes y año, exponiéndoles que es debido a que los contratos escritos vencían esa última fecha, basados en la cláusula tercera y octava del contrato de servicios profesionales.- 2. La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que nunca existió una relación laboral por encontrarse la prestación de servicios profesionales bajo la modalidad de contratos administrativos de servicios profesionales por un periodo determinado, con fecha de inicio y de finalización, el cual era de pleno conocimiento de los demandantes, consintiéndolo y aprobándolo sin objeción alguna de su parte en ningún momento, dejando con ello prescribir su derecho legal al reclamo, que lo acaecido fue la llegada de la fecha de finalización de la obligación contractual contraído por las partes. En la audiencia primera de trámite se interpuso la excepción de prescripción, basado en el artículo 867 del Código del Trabajo, al estimar que los demandantes firmaron contratos de servicios profesionales con el Instituto de la Propiedad (IP) sin ninguna coacción y gozaron de los beneficios del mismo y aceptado cada una de las cláusulas contenidas en los contratos, por lo que ellos debieron impugnar el contrato por no estar de acuerdo, ello en cuanto al principio que rige los contratos pacta sunt servanda.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha cinco de septiembre de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando sin lugar la excepción perentoria de prescripción opuesta por la representación procesal demandada; declaró con lugar la demanda para el pago de las indemnizaciones de ley y salarios dejados de percibir promovida por los señores José Francisco Bonilla Chirinos y Roberto Alonso Matute, contra el Instituto de la Propiedad (IP); condenando al demandado al pago de la cantidad de L.377,141.66, a favor de los demandantes que corresponde al desglose siguiente: José Francisco Bonilla Chirinos: la suma de L.158,044.44 por los conceptos de preaviso: L.44,450.00; auxilio de cesantía: L.66,675.00; cesantía proporcional: L.21,978.06; vacaciones proporcionales: L.12,558.89; décimo tercer mes proporcional: L.1,428.75; décimo cuarto mes proporcional: L.10,953.75; y Roberto Alonso Matute, la suma de L.219,097.22 por los conceptos de preaviso: L.70,000.00; auxilio de cesantía: L.105,000.00; auxilio de cesantía proporcional: L.15,652.78, vacaciones proporcionales: L.8,944.44, décimo tercer mes proporcional: L.2,250.00, décimo cuarto mes proporcional: L.17,250.00, más los salarios dejados de percibir desde la fecha en que se produjo el cese laboral hasta que quede firme el presente fallo, a excepción en el caso del señor Roberto Alonso Matute, que éstos deben computarse hasta la fecha de su fallecimiento; declarando sin lugar la demanda para el ajuste a los salarios de los profesionales del derecho y pago de vacaciones de los últimos dos años; consecuentemente, se absolvió a la demandada de dichos pagos, sin costas; bajo el criterio que la parte demandada interpuso la excepción perentoria de prescripción por estimar que los actores nunca reclamaron la forma de contratación; a ese respecto, el Tribunal de Alzada en varios expedientes entre los cuales se encuentra el identificado con número 0501-2015-458 ha sostenido “que si es la Ley quien le reconoce la naturaleza permanente al contrato de trabajo suscrito a término, entonces no es posible que prescriba el derecho del trabajador para reclamar esa condición; de otra parte, la protección que el Estado brinda en cuanto al cumplimiento de las obligaciones patronales, radica en el carácter de tracto sucesivo de las mismas que hace que estas se repitan día a día o mes a mes, y que para el caso de incumplimiento patronal, su renovación es la que permite que pueda invocarse la de última ocurrencia, en éste caso pudiera ser, el último contrato suscrito entre las partes”, criterio que responde al espíritu contenido en los artículos 128 párrafo primero de la Constitución de la República y 47 del Código de la materia, en razón de ello, la excepción planteada debe ser desestimada. En el sub judice, las argumentaciones expuestas por la accionada al contestar la demanda para negarle a los actores la condición de trabajadores, no se basa en los casos de excepción regulados en el artículo 2 del Código de la materia, sino sólo la suscripción de contratos temporales de prestación de servicios profesionales, más en atención al principio de la primacía de la realidad y las pruebas aportadas al proceso, se concluye que el nexo jurídico que unió a las partes en conflicto, reúne los elementos del contrato de trabajo pues estaba sujeta al cumplimiento de un horario y se le reconocía el pago de los derechos que le corresponden a los trabajadores subordinados; de ahí que no es posible desconocer la calidad de trabajadores que los artículos 128 de la Constitución de la República y 20 del Código del Trabajo les concede. En el presente caso, si bien, la relación de trabajo que vinculó a las partes en conflicto fue mediante la suscripción de contratos por tiempo determinado, no existe prueba que acredite la necesidad o conveniencia de la accionada para contratar a término, pues no se aportó elemento probatorio alguno que así lo demuestre; razón por la que dicho nexo jurídico debe considerarse por tiempo indefinido al tenor de lo dispuesto en los artículos 47 y 52 del Código del Trabajo, en razón de la antigüedad y la naturaleza de la labor ejecutada que sin duda alguna forma parte de los fines de la institución; de manera que su finalización sólo puede darse si concurre causa justa o legal para ello, lo que no ocurre en el presente caso pues en la nota de terminación se estipuló únicamente el vencimiento del contrato y su no renovación, circunstancias que no justifican el cese laboral. Asimismo, se reclama el pago de salarios en base al Arancel del Profesional del Derecho, sin embargo, éste no tiene el rango de Ley, puesto que el origen, discusión y aprobación de su contenido no ha sido efectuado a través del Órgano competente (Congreso Nacional), y no se ha dado cumplimiento con los procedimientos previstos en la Constitución de la República para la formación de la Ley, tampoco ha sido sancionado por el Ejecutivo, para que en tal caso produzca efectos erga omes; en ese sentido, tal petición resulta inatendible tampoco el pago de vacaciones causadas, pues de la prueba aportada solo se les adeuda de forma proporcional. De acuerdo a los documentos que obran en el proceso, en el curso del juicio falleció el señor Roberto Alonso Matute, por lo que siendo que la indemnización que regula el artículo 113 del Código del Trabajo es en concepto de salario como si la persona despedida hubiese seguido laborando para el patrono, se estima en observancia a los principios de equidad y justicia que los salarios dejados de percibir en el caso del señor Matute, deben computarse hasta la fecha de su muerte. Siendo que de autos consta que los señores Marlon Javier Matute Sierra y Roberto Alexey Matute Villeda son los sucesores del causante, cualquier derecho que le hubiese correspondido a éste debe ser entregado a sus causahabientes, sin perjuicio de otros beneficiaros o herederos con igual o mejor derecho.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha uno de diciembre de dos mil dieciséis, dictó sentencia reformando parcialmente la proferida en primera instancia, en el sentido de excluir de la parte dispositiva la excepción que respecto del demandante Roberto Alonso Matute se establece para el cómputo de los salarios caído; confirmando la sentencia apelada y antes relacionada, en sus demás extremos, es decir, en cuanto declara con lugar la demanda para el pago de prestaciones laborales, más salarios caídos, la cuantía líquida fijada como condena de pago, la desestimación de la excepción perentoria de prescripción y la demanda para el pago de ajuste de salarios de los profesionales del derecho y pago de vacaciones de los últimos dos años, así como la exoneración de costas de primera instancia; bajo el criterio que al patrono que despide injustificadamente a un trabajador, la ley le impone el pago de las indemnizaciones que establece el artículo 113 del Código del Trabajo, más el pago de daños y perjuicios que se computan a razón de los salarios que el empleado habría recibido desde la desvinculación laboral hasta la fecha en la sentencia condenatoria respectiva adquiera carácter de firme; de tal manera que cuando la acción ejercitada tiene como pretensión principal el pago de prestaciones laborales por despido injustificado como en el caso que se ocupa, declarado dicho derecho, éste conlleva el pago de daños y perjuicios que por disposición legal tienen su límite una vez que la sentencia condenatoria adquiere firmeza según lo mandan las normas procesales o bien el derecho de disposición que asiste al trabajador; en ese sentido son atendibles los argumentos y pretensión formulada por la recurrente, pues el fallecimiento del demandante Roberto Alonso Matute Vásquez, no constituye razón o motivo para limitar los salarios caídos como lo consideró el iudex a quo. Se estima que la imposición de costas de primera instancia no procede por cuanto la demandada compareció a juicio en razón de la acción de emplazamiento ejercitada por los demandantes conforme lo dispone el artículo 113 del Código del Trabajo, exponiendo en su defensa las razones que estimó oportunas, asumiendo una posición determinada como parte, sin que ello pueda considerarse comprendido en las causas de exención para la condena en costas.- 5. Mediante auto de fecha trece de febrero de dos mil catorce, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal el Abogado FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha veinte de marzo de dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha cuatro de abril de dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada NORMA ELIZABETH LOPEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda de casación para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado FABRICIO ALEJANDRO OCHOA SIERRA, en el primer y único motivo de casación alega: “Ser la Sentencia violatoria de la ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 1 del Artículo 765 CAUSALES DE CASACION, del Código de Trabajo, que a la letra dice “1. Ser la Sentencia violatoria de Ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea.” EXPLICACIÓN DE LAVIOLACION: La Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés Fallo definitivo y unánime de votos dictado en fecha Uno (01) de diciembre del año dos mil dieciséis (2016), en su acápite I, FALLA: II. CONFIRMANDO la sentencia apelada y antes relacionada, en sus demás extremos por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de fecha uno de diciembre del año dos mil dieciséis, visible a folios del 21 al 22 de la primera pieza, lo cual es objeto de nuestro Recurso de Casación, en virtud Honorables Magistrados que el Fallo recurrido de la Corte de Apelaciones del Trabajo contiene mal aplicación de la Ley, es decir, hay error en la aplicación de la norma de derecho, contenida en el Artículo 47 del Código de Trabajo” Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas” otorgando con ello prestaciones al Trabajador por contrato, pero tanto el Juzgado A-quo como el Ad- Quem han mal interpretado la norma puesto que la Relación laboral que existió entre los Demandantes y mi representado estaba sujeto a un Régimen de Contrato de Servicios Profesionales, regido por las Leyes Administrativas y las cláusulas contractuales, y no por las Leyes Laborales como erróneamente se ha aplicado a este caso; contenidas en el mismo siendo consentido, libremente aceptados y firmados sin objeción alguna de las partes de esta manera que al momento de suscribir los contratos de prestación de Servicio Profesionales entre las partes en la cual se hizo de conocimiento sobre la fecha de iniciación como fecha de terminación en la cual se encuentra estipulado en la cláusula tercero y en la cláusula octava de los contratos suscritos con mi representado en la cual ambas partes al momento de suscribirlo no existió oposición existiendo buena fe entre ambas partes, en lo que establece en el Código del Trabajo articulo 46 en la cual establece que el contrato de trabajo puede ser: b) Por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación...” siendo en este caso como se ha explicado tuvieron conocimiento sobre la finalización de los contratos; en la cual los ahora demandantes están invocando derechos que exclusivamente corresponden a las personas que gozan del estatus de carácter permanentes según como se encuentra tipificado en el la ley del servicio civil en su artículo 38 que reza: g) A ser reintegrados a su antiguo puesto o a otro de igual categoría y salario, o ser indemnizados en aquellos casos en que fueren injustamente despedidos. Cuando el reintegro no fuere posible o no lo decida así el empleado despedido injustificadamente, tendrá derecho a una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada de año de servicio hasta un máximo de 15 años, tomando como base el promedio de los últimos seis meses de salarios devengados, indemnización que deberá ser pagada de una sola vez, en un término máximo de treinta (30) días. Deberá agregarse, así mismo el valor correspondiente a un mes de sueldo en concepto de preaviso por cada año de servicio hasta un máximo de dos años”, siendo que se están otorgando derechos que corresponden única y en forma exclusiva a los trabajadores que se encuentran bajo la modalidad de Acuerdo como se encuentra establecido en el Reglamento de la Ley de Servicio Civil establece quienes tiene el carácter de permanente en su artículo 6 preceptúa: “para los fines de la Ley y del presente Reglamento, los términos y condiciones que a continuación se indican, tienen el siguiente significado: numeral 28): Nombramiento: Es el acto administrativo de concesión de estatus de Empleado o Servidor Público a una persona natural, por medio de un Acuerdo Expedido por la autoridad competente conforme a la Ley; otorgando un derecho que conforme a ley no corresponde”.”.- III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por los defectos técnicos siguientes: a) carece de claridad y precisión en el concepto de la infracción, ya que no especifica si la violación a la ley es por falta de aplicación, aplicación indebida o interpretación errónea; b) se omite en la formulación la disposición de naturaleza sustancial del orden laboral, que se considere infringida; y, c) en el desarrollo se alegan inapropiados alegatos de instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1), 8.2). h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 770, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de éste fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes de noviembre del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 649-16.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO
SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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