Sentencia CL-625-10 — Registro 6970
Resumen
Segunda instancia confirmó sin lugar la demanda ordinaria laboral de emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa para dar por terminado un contrato de trabajo, caso contrario se condene al pago de las prestaciones sociales, vacaciones causadas, acumuladas y proporcionales, décimo tercer mes proporcional, reajuste salarial de conformidad al Arancel del Profesional del Derecho, salarios dejados de percibir
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) este Tribunal h establecido el criterio de que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier materia probatoria (Ver sentencias expedientes números S.L. 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08, 14-09); en el presente caso, la cuestión del reclamo del reajuste salarial vinculado al Arancel del Profesional del Derecho, fue objeto del debate y por ende de las pruebas, por lo cual la infracción directa de la ley no era la vía apropiada para atacar el fallo impugnado; y, b) en su explicación alude a otras normas no señaladas como infringidas o relacionadas, tal es el caso del artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, M. D. C., treinta y uno de octubre del dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha quince de marzo del dos mil once, por el Abogado DANIEL SHAW ALVAREZ, mayor de edad, soltero, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en su condición de representante procesal de la señora DAISY ELIZABETH TERCERO GOMEZ, además es parte recurrida la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, representada en juicio por la Abogada ANA MARIA SANTOS SERRANO. OBJETO DEL PROCESO: Demanda Ordinaria Laboral de Emplazamiento para que el patrono pruebe la justa causa para dar por terminado un contrato de trabajo, caso contrario se condene al pago de las prestaciones sociales, vacaciones causadas, acumuladas y proporcionales, décimo tercer mes proporcional, reajuste salarial de conformidad al Arancel del Profesional del Derecho, salarios dejados de percibir, costas del juicio; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha diecinueve de enero del dos mil diez, por la Abogada DAISY ELIZABETH TERCERO GOMEZ, mayor de edad, soltera, hondureña, y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, actuando en causa propia, contra LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, por medio de su representante legal en ese entonces, señor EDUARDO ANTONIO BUESO HERNANDEZ, mayor de edad, casado, medico, hondureño y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Departamento de Cortés.- El Recurso de Casación se interpuso contra la sentencia de fecha veinticinco de noviembre del dos mil diez, proferida por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, que falló CONFIRMANDO la Sentencia de fecha siete de septiembre del dos mil diez, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, misma que falló así: “FALLA: DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL promovida por la señora DAISY ELIZABETH TERCERO GOMEZ, contra la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES, a través de su representante legal el Señor JUAN CARLOS ZUNIGA MONGE, para el ajuste de salario, en consecuencia se absuelve a la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA DEL DEPARTAMENTO DE CORTES, a través de su representante legal el Señor JUAN CARLOS ZUNIGA MONGE, del pago de suma de dinero alguna en concepto de ajuste salarial.- SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante expreso en el escrito de su acción que comenzó la relación laboral el dieciseis de febrero de dos mil seis, en el cargo de Asesora legal, siendo despedida el veinte de agosto mediante nota escrita y firmada por el Gerente de Recursos Humanos sin existir causa o motivo justificado ya que su relación era de manera continua como profesional del derecho debiendo de ganar el sueldo mínimo establecido en el Arancel del Profesional del Derecho, en su artículo 77 letra N), no recibiendo tal nivelación ni respuesta alguna por lo cual acudió a las oficias regionales de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social por tal acción sin llegar a ningún acurdo conciliatorio, agotando el trámite administrativo y siguiendo con el procedimiento de ley correspondiente.- 2. La parte demandada, la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, contestó dicha demanda señalando que los profesionales del derecho no eran a tiempo completo, pactando un contrato con un salario establecido, por lo cual no procede lo que demanda en cuanto al arancel en virtud que la Municipalidad trabaja en base a presupuesto.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, cortés, en fecha siete de septiembre de dos mil diez, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda de mérito, absolviendo la municipalidad de lo que se demanda y sin costas; bajo el criterio que la demandante desarrollaba su labor en una jornada completa y no pro horas como alegaba la demandada y en cuanto al pago de acuerdo al Arancel del Profesional del Derecho el mismo no tiene carácter imperativo u obligatorio por lo cual no procede en el presente caso, encontrándose supeditada la prestación de servicios a lo pactado en el contrato de trabajo.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, cortés, en fecha veinticinco de noviembre de dos mil diez, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que el Arancel del Profesional del Derecho no tiene rango de ley, por lo cual no procede el ajuste que alega la demandante.- 5. Mediante auto de fecha diecisiete de diciembre de dos mil diez, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada DAISY ELIZABETH TERCERO GOMEZ, en representación propia, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, cortés, de fecha veinticinco de noviembre de dos mil diez, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a el recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha quince de marzo de dos mil once, compareció ante éste Tribunal el Abogado DANIEL SHAW ALVAREZ, en su condición de representante procesal de la MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha dieciseis de marzo de dos mil once, se tuvo por devuelto el traslado conferido a el Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha once de abril de dos mil once, se DECLARO PRECLUIDO DE DERECHO Y PERDIDO IRREVOCABLEMENTE, el termino dejado de utilizar por la Abogada ANA MARIA SANTOS SERRANO, en consecuencia sígase con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado DANIEL SHAW ALVAREZ, en su único motivo de casación alega: “Ser la sentencia violatoria de Ley Sustantiva de orden nacional, por infracción directa del numeral 5, párrafo segundo, del artículo 128 de la Constitución de la República; del artículo 1, del Decreto legislativo número 82-96 de fecha 30 de mayo de 1996 del Soberano Congreso Nacional de la República; artículo 5 literal a), de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria; artículo 2, inciso a, de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el numeral 1 párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DE LA VIOLACIÓN.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, declara sin lugar la demanda en cuanto al pago de reajuste de salarios aduciendo que el Arancel del Profesional del Derecho no es una Ley que emana del soberano Congreso Nacional y que por consiguiente no es de carácter obligatorio, sin tomar en cuenta que el concepto de Ley incluyen también “las disposiciones generales o reglamentos, ejecutivos o autónomos, que desarrollan o facilitan la aplicación de una ley ordinaria o de una disposición constitucional respectivamente, así como aquellas normas generales que, similar a las leyes delegadas, por delegación del Poder Legislativo, emiten los Colegios Profesionales con base en el Art. 5 literal a) de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria y de su respectiva Ley Orgánica; o sea, la normativa que regulan los derechos de los colegiados contenidos en sus respectivos Aranceles...” (Sentencias de este Honorable Tribunal de fecha 5 de junio y 15 de noviembre de 2006) ha infringido en forma directa el numeral 5, párrafo segundo, del artículo 128 de la Constitución de la República, que establece el derecho al salario mínimo profesional; el artículo 5 literal a), de la Ley de Colegiación Profesional Obligatoria, el cual establece la obligación de la colegiación profesional obligatoria; el artículo 1 del Decreto legislativo número 82-96 de fecha 30 de mayo de 1996, del Soberano Congreso Nacional de la República, que faculta al Colegio de Abogados de Honduras a emitir el Arancel que corresponda, de conformidad con su Ley Orgánica; y el artículo 2, inciso a) de la Ley Orgánica del Colegio de Abogados de Honduras, que establece que, “....El Colegio establecerá los aranceles judicial, administrativo y notarial;...” , al no aplicar en el presente caso el contenido del artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho establecido por el Colegio de Abogados de Honduras y publicado en el diario oficial La Gaceta el 9 de julio de 2003, el cual dice que, “El Profesional del Derecho que labora permanentemente a tiempo completo en Instituciones Públicas, centralizadas, descentralizadas, autónomas, semiautónomas, empresas mixtas, los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y Empresa Privada en general, que se desempeñen como tal, devengará un sueldo mínimo mensual de L. 21,000.00 y aumentos anuales, de acuerdo al índice inflacionario establecido por el Banco Central de Honduras, y en caso de que las instituciones privadas otorguen un aumento mayor, se aplicará éste según la conveniencia del Profesional del Derecho”, y dicha sentencia cercena a la demandante su Derecho al pago del reajuste de su salario en L.6,000.00 mensuales, ya que tienen Derecho a un salario de L.21,000.00 mensuales y la demandada solo le pagó L.15,000.00.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) este Tribunal h establecido el criterio de que la infracción directa tiene lugar cuando a un hecho aceptado por las partes y reconocido por el juzgador, se deja de aplicar la norma que lo regula y se produce con prescindencia de cualquier materia probatoria (Ver sentencias expedientes números S.L. 118-08, 169-08, 219-08, 249-08, 354-08, 382-08, 14-09); en el presente caso, la cuestión del reclamo del reajuste salarial vinculado al Arancel del Profesional del Derecho, fue objeto del debate y por ende de las pruebas, por lo cual la infracción directa de la ley no era la vía apropiada para atacar el fallo impugnado; y, b) en su explicación alude a otras normas no señaladas como infringidas o relacionadas, tal es el caso del artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los doce días del mes de diciembre del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 625-10.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO
SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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