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Sentencia CL-604-16 — Registro 6969

Resumen

Segunda instancia confirmó sin lugar la demanda ordinaria de cumplimiento de una obligación de hacer, consistente en el análisis correspondiente para determinar la necesidad de las plazas y gestiones ante los órganos competentes para otorgarle la permanencia a todos aquellos empleados que laboran bajo la categoría de empleados no permanentes (12100) contenida en la cláusula 20 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que este cargo es inadmisible, ya que este Tribunal ha venido sosteniendo que la infracción directa de la ley se produce con prescindencia de cualquier material probatorio y en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con el contrato colectivo celebrado entre las partes, el cual fue allegado al proceso como prueba, por ende no procedía el ataque al fallo por esa vía; en adición, en su explicación formula alegatos propios de instancia."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que no puede prosperar el cargo que antecede, ya que este Tribunal ha venido señalando conforme con la Doctrina y como tiene establecido la jurisprudencia, respetuosa de los principios que gobiernan este recurso, que el error de hecho en la apreciación de las pruebas que conduce a la violación de la ley sustantiva y autoriza al tribunal de casación para casar el fallo impugnado, solo procede cuando el mismo resulta evidente o manifiesto, esto es, tan de bulto o notorio que sin mayor esfuerzo, ni raciocinio y sin necesidad de acudir a hipótesis, conjeturas o deducciones más o menos razonables, se imponga a la mente. En el presente caso, no se observa error en la apreciación de la prueba o al menos no revela la comisión de un error de hecho manifiesto u ostensible por parte del sentenciador."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Del análisis del expediente de mérito, este Tribunal observa que el A-Quem analizó la prueba en su conjunto valorándola atendiendo a las reglas de la sana crítica y del conocimiento, formando libremente su convencimiento sin sujeción a la tarifa legal de pruebas. En lo atinente a la libre apreciación de los medios instructorios, tanto la Doctrina como la jurisprudencia han reiterado que la evaluación de ese material probatorio hecha por el sentenciador de instancia es intocable, no puede destruirse en casación, aún cuando no se esté de acuerdo con ella, salvo el caso excepcional de error evidente de hecho, es decir, que la libertad del tribunal para estimar los medios de prueba solo tiene el límite que le demarca lo absurdo de la conclusión a que lo lleva un error en la apreciación probatoria, entendiéndose por conclusión absurda lo que repugna a la razón natural. Por todo lo anterior, tampoco este motivo resulta estimable.- "

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 738 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La resolución que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL - CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los treinta y ún días del mes de octubre del dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia en el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha 7 de marzo del 2017, por el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (SITRAINJUPEMP), como recurrente; además, es parte recurrida, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), representado en juicio por el Abogado HECTOR GUILLERMO BUESO C. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria de cumplimiento de una obligación de hacer, consistente en el análisis correspondiente para determinar la necesidad de las plazas y gestiones ante los órganos competentes para otorgarle la permanencia a todos aquellos empleados que laboran bajo la categoría de empleados no permanentes (12100) contenida en la cláusula 20 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) y el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (SITRAINJUPEMP), subsidiariamente reintegro al cargo de la fecha en que dejaron de laborar los trabajadores, por la no renovación del Contrato Individual de Trabajo, el pago de los salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios con los aumentos y bonificaciones otorgados a todos los trabajadores durante su ausencia, partiendo desde la vigencia del contrato colectivo de mérito del 1 de enero del 2009 y los siguientes o en su defecto, las prestaciones e indemnizaciones laborales si fuere el caso con el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación de la relación de trabajo, así como las bonificaciones de vacaciones adeudadas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 15 de mayo del 2014, por el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, en su condición de representante procesal del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (SITRAINJUPEMP), contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), por medio de la Directora Ejecutiva, en ese entonces señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA, mayor de edad, hondureña, Licenciada en Finanzas y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 18 de octubre del 2016, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 31 de agosto del 2016, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente dice: “FALLA: PRIMERO: Declarando SIN LUGAR LA EXCEPCION DE PRESCRIPCION interpuesta por el Abogado HECTOR GUILLERMO BUESO, actuando en su condición de apoderado del INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) en la demanda ordinaria laboral promovida por el SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO (SITRAINJUPEMP). SEGUNDO: Declarando SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO (SITRAINJUPEMP), en representación de los trabajadores JENNY MARIBEL RIVERA, PATRICIA YAMILETH SIERRA BACA, REINIERY DAGOBERTO RODRIGUEZ, VILMA JACQUELINE BORJAS GIRON, FLORINDA ANDRADE CASTEJON, BESSY LIDUVINA FLORES IZAGUIRRE, JUAN DE LA CRUZ ZEPEDA ANDRADE, SHERRY ROSS BARAHONA JIMENEZ, LUIS ALONZO GODOY ALVAREZ, JUAN RAMON MARTINEZ MORENO, ANGELA ROMERO CHAVER, OSMAN DANIEL SALGADO, ALICIA CASTILLO CONTRERAS, NOILY CAROLINA LOVO MARADIAGA, NINFA LARISA GALINDO, ARISTIDES LEMPIRA ESPINO GALEANO, REINA ELVIRA VIJIL LEMUS, JORGE FREDY ESCOTO QUIÑONEZ, HECTOR JAVIER RAUDALES, PORFIRIO HUMBERTO ZELAYA, HERNAN ABALER ERAZO, NIDIA ELIZABETH RAMIREZ MORENO, MARTHA ELIZABETH LOPEZ, JOSE ADAN OLIVA, CARLOS DARIO REYES RAMOS, ALONZO ADALID AGUILAR AGUILERA, BANY YOXANA GALLO ULLOA, FANY ZUNILDA GARCIA GOMEZ FIALLOS, GLORIA ESPERANZA ZEPEDA SIERRA, SANTOS ISIDRO CRUZ CRUZ, GLADIS SUYAPA NOLASCO HERNANDEZ, JORGE ENRIQUE CARRILLO REYES, CARMEN ISABEL BARAHONA SANCHEZ, MOISES ARMANDO RODAS GALLARDO, GERARDO ALBERTO ESCOBAR FUENTES, JOSE DE LA CRUZ GOMEZ, JOSE MARCIO CRUZ MARTINEZ, EDITH WALDINA MENDOZA, MAURICIO ARACIL SANCHEZ CRUZ, CRISTIAN MAGDIEL GARCIA MURILLO, BANNY RUBEN ZELAYA MARADIAGA, MIRIAN IDALIA ZAMBRANO GUZMAN, JORGE ALBERTO FUNEZ, NAHUN JONATAN ORTIZ ALEMAN, DORA IDALIA GODOY VARELA, ALBA IDALIA MEZA LOZANO, MARIO JOSE BANEGAS FLORES, JOSE ABRAHAM PORTILLO ESCALANTE, LOURDES DEL CARMEN MENDOZA COELLO, JUAN CARLOS LOPEZ ARIAS, KAREN FABIOLA DAVILA ORDOÑEZ, FRANKLIN OMAR VELASQUEZ FERNANDEZ, DAYSI RODAS FRANCO, JOSE LUIS QUIROZ ACOSTA, CARMEN DEL MAR GARCIA, LILI MARICELA CANALES AGUILAR, DARA ARGENTINA HERNANDEZ TINOCO, MARIA FERNANDA SOMARRIBA MONCADA, DULCE MARIA MATAMOROS SIERRA, EFRAN DIAZ MATAUTE, OSCAR ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ, JOHNIS ALEXIS BARRIENTOS MURILLO, LOURDES MARIA SANDOVAL SILVA, EDUARDO ALBERTO LANDA CRUZ, MARIO REYNALDO AMADOR MONTOYA, FELIX MENDOZA GARCIA, FIDEL ERNESTO MONCADA FLORES, ELISA MELINA FAJARDO, CARLOS FRANCISCO OSORIO RUIZ, ERNESTO FIDEL MONCADA FLORES, DELMI YOLANDA RAPALO, JOSE MANUEL ANDRADE GUZMAN, CINTHIA KARINA MARADIAGA PINEDA, VICORIA CAROLINA VILLEDA GUERRA, RUBIA MEDINA UMANZOR, FLOR MARINA SAAVEDRA CASTELLANOS, FREDY LEONARDO IRIAS SARAVIA, NELSON RENE ENAMORADO, RAFAEL ARCANGEL BAIDE LEIVA, SINIA YOSETH MARTINEZ, RENE PORTILLO CARDOZA, BERTHA VIVIANA REYES GUTIERREZ, JOSE LUIS GAVARRETE, MARIA LOURDES LICONA QUEZADA, GRACI MARIA VALLADARES, ROSA ELIA ZALDIVAR PAZ, JOSE RAMON DURON GIRON, FREDAL GABRIEL VALLECILLO LOPEZ, JAVIER EUGENIO GRANERAS, DAVIS ENRIQUE AGUILAR, JOSE EDUARDO GONZALEZ, ALLAN EDUARDO GALINDO, ROXANA INES ORDOEZ, SANDRA MARIELA IZAGUIRRE, JOSE RAUL BOQUIN, GUISSELA JOSEFINA CARDONA, OSCAR ANTONIO ROMERO, EDWIN MAURICIO MATA, GREYCY LIZZBETH ALMENDAREZ PADILLA, JUAN CARLOS ANDINO QUINTANILLA, OSCAR ARMANDO BENITEZ BUSTILLO y CARLOS GOMEZ GENIZZOTTI contra el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP) por medio de su Directora Ejecutiva señora MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA.- TERCERO: ABSUELVE al INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), a las obligaciones de hacer, consistente en el análisis correspondiente para determinar la necesidad de las plazas y las gestiones ante los órganos competentes para otorgarle la permanencia a todos aquellos empleados que laboran bajo la categoría de empleados no permanentes (12100), contenida en la cláusula 20 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo suscrito entre el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones del Poder. Ejecutivo (SITRAINJUPEMP), subsidiariamente reintegro al cargo desde la fecha en que dejaron de laborar los trabajadores, el pago de los salarios dejados de percibir, con los aumentos de bonificaciones otorgados a todos los trabajadores durante su ausencia, partiendo desde la vigencia del contrato colectivo de mérito del 1 de enero del 2009 y los siguientes y en su defecto las prestaciones e indemnizaciones laborales si fuere el caso con el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación de trabajo así como las bonificaciones de vacaciones adeudadas de los trabajadores JENNY MARIBEL RIVERA, PATRICIA YAMILETH SIERRA BACA, REINIERY DAGOBERTO RODRIGUEZ, VILMA JACQUELINE BORJAS GIRON, FLORINDA ANDRADE CASTEJON, BESSY LIDUVINA FLORES IZAGUIRRE, JUAN DE LA CRUZ ZEPEDA ANDRADE, SHERRY ROSS BARAHONA JIMENEZ, LUIS ALONZO GODOY ALVAREZ, JUAN RAMON MARTINEZ MORENO, ANGELA ROMERO CHAVER, OSMAN DANIEL SALGADO, ALICIA CASTILLO CONTRERAS, NOILY CAROLINA LOVO MARADIAGA, NINFA LARISA GALINDO, ARISTIDES LEMPIRA ESPINO GALEANO, REINA ELVIRA VIJIL LEMUS, JORGE FREDY ESCOTO QUIÑONEZ, HECTOR JAVIER RAUDALES, PORFIRIO HUMBERTO ZELAYA, HERNAN ABALER ERAZO, NIDIA ELIZABETH RAMIREZ MORENO, MARTHA ELIZABETH LOPEZ, JOSE ADAN OLIVA, CARLOS DARIO REYES RAMOS, ALONZO ADALID AGUILAR AGUILERA, BANY YOXANA GALLO ULLOA, FANY ZUNILDA GARCIA GOMEZ FIALLOS, GLORIA ESPERANZA ZEPEDA SIERRA, SANTOS ISIDRO CRUZ CRUZ, GLADIS SUYAPA NOLASCO HERNANDEZ, JORGE ENRIQUE CARRILLO REYES, CARMEN ISABEL BARAHONA SANCHEZ, MOISES ARMANDO RODAS GALLARDO, GERARDO ALBERTO ESCOBAR FUENTES, JOSE DE LA CRUZ GOMEZ, JOSE MARCIO CRUZ MARTINEZ, EDITH WALDINA MENDOZA, MAURICIO ARACIL SANCHEZ CRUZ, CRISTIAN MAGDIEL GARCIA MURILLO, BANNY RUBEN ZELAYA MARADIAGA, MIRIAN IDALIA ZAMBRANO GUZMAN, JORGE ALBERTO FUNEZ, NAHUN JONATAN ORTIZ ALEMAN, DORA IDALIA GODOY VARELA, ALBA IDALIA MEZA LOZANO, MARIO JOSE BANEGAS FLORES, JOSE ABRAHAM PORTILLO ESCALANTE, LOURDES DEL CARMEN MENDOZA COELLO, JUAN CARLOS LOPEZ ARIAS, KAREN FABIOLA DAVILA ORDOÑEZ, FRANKLIN OMAR VELASQUEZ FERNANDEZ, DAYSI RODAS FRANCO, JOSE LUIS QUIROZ ACOSTA, CARMEN DEL MAR GARCIA, LILI MARICELA CANALES AGUILAR, DARA ARGENTINA HERNANDEZ TINOCO, MARIA FERNANDA SOMARRIBA MONCADA, DULCE MARIA MATAMOROS SIERRA, EFRAN DIAZ MATAUTE, OSCAR ALBERTO DIAZ DOMINGUEZ, JOHNIS ALEXIS BARRIENTOS MURILLO, LOURDES MARIA SANDOVAL SILVA, EDUARDO ALBERTO LANDA CRUZ, MARIO REYNALDO AMADOR MONTOYA, FELIX MENDOZA GARCIA, FIDEL ERNESTO MONCADA FLORES, ELISA MELINA FAJARDO, CARLOS FRANCISCO OSORIO RUIZ, ERNESTO FIDEL MONCADA FLORES, DELMI YOLANDA RAPALO, JOSE MANUEL ANDRADE GUZMAN, CINTHIA KARINA MARADIAGA PINEDA, VICORIA CAROLINA VILLEDA GUERRA, RUBIA MEDINA UMANZOR, FLOR MARINA SAAVEDRA CASTELLANOS, FREDY LEONARDO IRIAS SARAVIA, NELSON RENE ENAMORADO, RAFAEL ARCANGEL BAIDE LEIVA, SINIA YOSETH MARTINEZ, RENE PORTILLO CARDOZA, BERTHA VIVIANA REYES GUTIERREZ, JOSE LUIS GAVARRETE, MARIA LOURDES LICONA QUEZADA, GRACI MARIA VALLADARES, ROSA ELIA ZALDIVAR PAZ, JOSE RAMON DURON GIRON, FREDAL GABRIEL VALLECILLO LOPEZ, JAVIER EUGENIO GRANERAS, DAVIS ENRIQUE AGUILAR, JOSE EDUARDO GONZALEZ, ALLAN EDUARDO GALINDO, ROXANA INES ORDOEZ, SANDRA MARIELA IZAGUIRRE, JOSE RAUL BOQUIN, GUISSELA JOSEFINA CARDONA, OSCAR ANTONIO ROMERO, EDWIN MAURICIO MATA, GREYCY LIZZBETH ALMENDAREZ PADILLA, JUAN CARLOS ANDINO QUINTANILLA, OSACAR ARMANDO BENITEZ BUSTILLO y CARLOS GOMEZ GENIZZOTTI.- CUARTO: SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La parte demandante señala que suscribió un contrato colectivo de condiciones de trabajo, vigente del 01 de enero del año 2009 al 31 de diciembre del año 2010 y existiendo los trabajadores que laboraban bajo contratos por tiempo definido, es decir, no permanentes, desde muchos años antes de la suscripción del contrato de mérito, en dicho contrato se obligó en la cláusula 20 a hacer el análisis correspondiente para determinar la necesidad de plazas y a su vez las gestiones ante los órganos competentes para otorgarle la permanencia a todos aquellos trabajadores que laboraban bajo contrato por tiempo definido y que habían suscrito multiplicidad de contratos con duración de un año, algunos hasta 10 contratos; se identificaban los que laboraban bajo esta modalidad como los de “la planilla 12100” dicha cláusula literalmente dispone “El Instituto hará el análisis correspondiente para determinar la necesidad de las plazas y hará las gestiones ante los órganos competentes al otorgarle permanencia a todos aquellos empleados que laboran bajo la categoría de empleados no permanentes (12100). Que en el 2010, después de muchos reclamos para el cumplimiento de esa obligación contractual y previo el agotamiento del trámite gubernativo, se promovió demanda ordinaria laboral para el reconocimiento de un derecho consistente en pasar de trabajadores a tiempo fijo a tiempo indefinido en cumplimiento a lo establecido en la cláusula 20 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo y otras disposiciones legales y reglamentarias y después de substanciar excepciones e incidentes interpuestos por la parte demandada y declarados sin lugar en sentencias interlocutorias de mérito, ese tribunal dictó sentencia definitiva el día 6 de febrero del año 2013, en la que declara con lugar la demanda, en consecuencia condenó al (INJUPEMP) a otorgarles la permanencia a los que laboraban desde hace muchos años como trabajadores por tiempo definido. Contra la sentencia dictada por el Juzgado de Trabajo de Francisco Morazán, el representante procesal del (INJUPEMP), interpuso El Recurso de Apelación y la Corte de Apelaciones del Trabajo del departamento de Francisco Morazán, en fecha 20 de marzo del año 2013, dictó sentencia declarando con lugar la apelación y en consecuencia reforma la sentencia de primera instancia revocando los numerales 1 y 2 de la sentencia recurrida en la que declara con Lugar la Demanda y Condena al (INJUPEMP) a tener con carácter permanente la Relación Laboral de los Trabajadores no permanentes de la planilla 12100, en consecuencia “declara sin Lugar la Demanda Ordinaria Laboral y absuelve al Instituto de toda responsabilidad en el presente juicio, así mismo confirma los numerales 3 y 4 de la parte resolutiva del fallo que declara sin lugar la excepción de prescripción de la acción y el derecho para demandar impuesta por el representante procesal de la parte demandada y las costas; contra esta sentencia interpusieron el Recurso Extraordinario de Casación, el que fue declarado no ha lugar por la Sala Laboral Contencioso Administrativo de la Honorable Corte Suprema de Justicia, el día 31 de octubre del año 2013, que en vista del reclamo presentado por el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), el señor Director Ejecutivo Andrés Abelino Torres Rodríguez, en caso que no lo haya hecho deviene en la obligación de realizar los análisis técnicos que le permita establecer la necesidad de las plazas y del resultado realizar las gestiones ante los órganos competentes para otorgarle la permanencia a todos aquellos empleados que laboraban bajo la categoría de empleados no permanentes, al que se refiere la cláusula 20 Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo de la institución, puesto que el mismo es ley entre las partes, ya que de no hacerlo incurre en responsabilidad en el ejercicio de sus funciones según lo dispone el artículo 324 de la Constitución de la República; que desde el año 2009 que suscribió el contrato colectivo y porque la terminación de la relación laboral se dio al haber sido sustituidos en mayor cantidad por otros trabajadores afines al gobierno de turno en especial activistas del señor Andrés Abelino Torres Rodríguez, o bien el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales con los salarios dejados de percibir, aumentos, bonificaciones y otros derechos. La terminación de la relación laboral la describe de la siguiente manera: Jenny Maribel Rivera, Auxiliar de Archivo, con un sueldo mensual de L.7,605.00, que ingresó el 16 de mayo de 2008; Patricia Yamileth Sierra Baca, Aseadora, con un sueldo mensual de L.7,020.00, ingresó el 13 de julio de 2006; Reniery Dagoberto Rodríguez, Auxiliar de Archivo, con un sueldo mensual de L.7,020.0O, ingresó el 05 de febrero de 2009; Vilma Jacqueline Borjas Girón, Auxiliar de Almacén, con un sueldo mensual de L.7,605.00, ingresó el 01 de junio de 2006; Florinda Andrade Castejón. Secretaria de Administración, con un sueldo mensual de L.6,786.00, ingresó el 01 de febrero de 2008; Bessy Liduvina Flores Izaguirre, encargada de Atención al Público, con un sueldo mensual de L.10,500.007, ingresó el 06 de febrero de 2007; Juan de la Cruz Zepeda Andrade, Supervisor General de Seguridad Interna, con un sueldo mensual de L.13,200.00, ingresó el 01 de abril de 2008; Sherry Ross Barahona Jiménez, Aseadora, con un sueldo mensual de L.7,137.00, ingresó el 11 de julio de 2006; Luis Alonso Godoy Álvarez. Auxiliar de Archivo, con un sueldo mensual de L.7,020.00, ingresó el 19 de febrero de 2008; Juan Ramón Martínez Moreno, Jefe de Mantenimiento, con un sueldo mensual de L.11,000.00, ingresó el 01 de Octubre de 2007; Ángela Romero Chávez, Aseadora, con un sueldo mensual de Lps.6,435.00 ingresó el 26 de marzo de 2008, quienes finalizaron su contrato el 31 de marzo de 2010; Osman Daniel Salgado, Auxiliar de Archivo, con un sueldo mensual de L.7,020.00 ingresó el 01 de marzo del 2008 y finalizó su Contrato el 31 de diciembre de 2009; Alicia Castillo Contreras, Aseadora, con un sueldo mensual de L.7,137.00, ingresó el 02 de enero de 2008; Noily Carolina Lovo Maradiaga, Aseadora, con un sueldo mensual de L.7,137.00, ingresó el 19 de julio de 2006 NINFA LARISSA ACOSTA, Aseadora, con un sueldo mensual de L.6,786.00, ingresó el 30 de julio del 2007; Arístides Lempira Espino Galindo, Auxiliar de bienes, con un sueldo mensual de L.9,000.00, ingresó el 01 de febrero de 2004, todos los anteriores finalizaron su contrato el 31 de marzo de 2010; Reina Elvira Vigil Lemus, Aseadora, con un sueldo mensual de L.7,137.00, ingreso el 17 de julio de 2006 y finalizando su Contrato el 31 de diciembre del 2009, Jorge Fredy Escoto Quiñonez, Encargado de Transporte, con un sueldo mensual de L.11,000.00, ingresó el 01 de septiembre de 2006; Héctor Javier Raudales, Motorista, con un sueldo mensual de L.8,459.10, ingresó el 13 de octubre del 2008; Porfirio Humberto Zelaya, Auxiliar Mantenimiento, con un sueldo mensual de L.8,600.00, ingresó el 12 de febrero del 2007; Hernán Avelar Erazo, Encargado Climatización, con un sueldo mensual de L.11,000.00, ingresó el 15 de junio del 2007; Nidia Elizabeth Ramírez Moreno, Coordinadora de Aseo, con un sueldo mensual de L.11,000.00 ingresó el 06 de julio del 2006; Martha Elizabeth López, Aseadora, con un sueldo mensual de L.7,020.00, ingresó el 11 de julio del 2006; José Adan Oliva, Auxiliar Mantenimiento, con un sueldo mensual de L.7,254.00, ingresó el 23 de febrero del 2006; Carlos Dario Reyes Ramos, Administrador Salas Velatorias, con un sueldo mensual de L.12,300.00, ingresó el 19 de junio de 2007; Alonzo Adalid Aguilar Aguilera, Analista de Beneficios, con un sueldo mensual de L.10,300.00, ingresó el 01 de agosto de 2006 y finalizando su Contrato el 31 de marzo de 2010; Bany Yoxana Gallo Ulloa, Auxiliar de Registro y Afiliación, con un sueldo de L.9,800.00, ingresó el 04 de septiembre de 2007; Fany Zunilda Garcia Gomez Fiallos, Aseadora Salas-Velatorias, con un sueldo mensual de L.7, 605.00 ingresó el 01 de junio de 2006; Gloria Esperanza Zepeda Sierra, Auxiliar de Beneficios, con un sueldo mensual de Lps.8, 700.00, ingresó el 13 de febrero de 2007; Santos Isidro Cruz Cruz, Analista de Beneficios, con un sueldo mensual de L.8,190.00, ingresó el 20 de mayo de 1994; Gladis Suyapa Nolasco Hernández, Aseadora Centro de Día, con un sueldo mensual de L.6,903.00, ingresó el 01 de marzo de 2006; Jorge Enrique Carrillo Reyes, Jardinero Centro de Día, con un sueldo mensual de L.6,552.00, ingresó el 18 de mayo de 2006; Carmen Isabel Barahona Sánchez, Promotora Social Centro de Día, con un sueldo mensual de L.10.300.00, ingresó el 01 de febrero de 2007; Moisés Armando Rodas Gallardo, Analista de Beneficios, con un sueldo mensual de L.14,800.00, ingresó el 23 de febrero de 2006 Gerardo Alberto Escobar Fuentes, Analista de beneficios, con un sueldo mensual de L.7,956.00, ingresó el 18 de septiembre de 2006; José de la Cruz Gómez Jardinero, con un sueldo mensual de L.5,500.00, ingresó el 01 de Agosto del 2008; José Marcio Cruz Martínez, Jardinero, con un sueldo mensual de L.5,500.00, ingresó el 01 de agosto del 2008; Edith Gualdina Mendoza, Terapista, con un sueldo mensual de L.10, 000.00, ingresó el 10 de marzo del 2009, todos los anteriores finalizaron su contrato el 31 de marzo del 2010; Mauricio Aracil Sánchez Cruz, Conserje, con un sueldo mensual de L.7,722.00, ingresó el 18 de junio de 2007 y finalizó su Contrato el 31 de diciembre de 2009; Cristian Magdiel Garcia Murillo, Conserje, con un sueldo mensual de L.6,435.00, ingresó el 19 de febrero de 2008, Banny Ruben Zelaya Maradiaga, Encargado de Archivo, con un sueldo mensual de L.7,605.00, ingreso el 01 de marzo de 2007; Mirian Idalia Sambrano Guzmán, Auxiliar de Tesorería, con un sueldo mensual de L.9,800.00, ingresó el 16 de septiembre de 2006; Jorge Alberto Fúnez, auxiliar de Contable, con un sueldo mensual de L.12,700.00, ingresó el 20 de Marzo de 2007; Nahun Jonatan Ortiz Alemán, Guardia de Seguridad, con un sueldo mensual de L.11,200.00, ingresó el 01 de julio de 2008; Dora Adilia Godoy Varela, Conserje, con un sueldo mensual de L.6,552.00, ingresó el 01 de marzo de 2004; Alba Adilia Meza Lozano, Conserje, con un sueldo mensual de L.8,300.00, ingresó el 06 de febrero del 2006; Mario José Banegas Flores, Auditor, con un sueldo mensual de L.12,000.00, ingresó el 01 de septiembre del 2009; José Abraham Portillo Escalante, Auditor, con un sueldo mensual de L.15,600.00, ingresó el 02 de Julio del 2008; Lourdes Del Carmen Mendoza Coello, Auxiliar de Planillas, con un sueldo mensual de L.10,200.00, ingresó el 07 de Octubre de 2008; Juan Carlos López Arias, Medico General, con un sueldo mensual de L.20,773.10, ingresó el 15 de noviembre del 2006; Karen Fabiola Dávila Ordoñez, Secretaria, con un sueldo mensual de L.8,190.00, ingresó el 22 de abril de 2008; Franklin Omar Velásquez Fernández, Analista de Prestamos, con un sueldo mensual de L.8,190.00, ingresó el 01 de octubre de 2008; Daisy Rodas Franco, Analista de Prestamos, con un sueldo mensual de L.9,600.00, ingresó el 17 de octubre de 2006; José Luis Quiroz Acosta, Conserje, con un sueldo mensual de L.6,500.00, ingresó el 21 de abril de 2009; Carmen Del Mar Garcia, Conserje, con un sueldo mensual de L.5,500.00, ingresó el 11 de mayo de 2009, todos los anteriores finalizaron su contrato el 31 de marzo de 2010; Lili Maricela Canales Aguilar, Oficial de Recuperación, con un sueldo mensual de L.9,200.00, ingresó el 01 de abril de 2008 y finalizando su contrato el 31 de diciembre de 2009; Dora Argentina Hernandez Tinoco, Secretaria, con un sueldo mensual de L.6,500.00, ingresó el 27 de septiembre de 2007; Maria Fernanda Somarriba Moncada, Analista de Préstamos, con un sueldo mensual de L.9,200.00 ingresó el 01 de septiembre de 2008; Dulce Maria Matamoros Sierra, Auxiliar Relaciones Públicas, con un sueldo mensual de L.7,137.00, ingresó el 01 de marzo del 2006; Efraín Díaz Matute, Camarógrafo, con un sueldo mensual de Lps. 8,700.00, ingresó el 01 de agosto del 2003; Oscar Alberto Díaz Domínguez, Perito Valuador, con un sueldo mensual de L.22,700.00, ingresó el 04 de abril del 2006, quienes finalizaron el contrato el 31 de marzo de 2010; Johnis Alexis Barrientos Murillo, Supervisor de Proyectos, con un sueldo mensual de L.22,700.00, ingresó el 11 de febrero del 2008 y finalizando el 31 de diciembre del 2009; Lourdes María Sandoval Silva, Ingeniero Supervisor, con un sueldo mensual de L.22,700.00, ingresó el 17 de febrero del 2004; Eduardo Alberto Landa Cruz, Ingeniero Supervisor, con un sueldo mensual de L.22,700.00, ingresó el 03 de marzo del 2008; Mario Reynaldo Amador Montoya, Inspector de Cobro, con un sueldo mensual de L.7,000.00, ingresó el 14 de enero del 2004; Félix Mendoza Garcia, Conserje, con un sueldo mensual de L.7,000.00, ingresó el 07 de abril del 2008; Fidel Ernesto Moncada Flores, Auxiliar Ingeniera, con un sueldo mensual de L.22,500.00, ingresó el 02 de febrero del 2009; Elisa Emelina Fajardo, Arquitecto Diseñadora, con un sueldo mensual de L.22,500.00, ingresó el 01 de noviembre del 2007; Carlos Francisco Osorio Ruiz, Perito Valuador, con un sueldo mensual de Lps.8,000.00, ingresó el 11 de febrero del 2008; Ernesto Fidel Moncada Flores, Auxiliar de Ingeniería, con un sueldo mensual de L.22,500.00, ingresó el 02 de febrero del 2009; Delmi Yolanda Rápalo, Secretaria, con un sueldo mensual de L.7,020.00, ingresó el 16 de febrero del 2006, todos los anteriores finalizaron el contrato el 31 de marzo de 2010; José Manuel Andrade Guzmán, Auditor II, con un sueldo mensual de L.15,600.00, ingresó el 27 de noviembre de 2006 y finalizando su contrato el 31 de diciembre de 2009; Cinthia Karina Maradiaga Pineda, Asistente de Administración, con un sueldo mensual de L.8,000.00, ingresó el 01 de noviembre de 2007; Victoria Carolina Villeda Guerra, Asistente Administrativo, con un sueldo mensual de L.13,000.00, ingresó el 03 de marzo de 2008; Rubia Medina Umanzor, Secretaria, con un sueldo mensual de L.10,000.00, ingresó el 01 de agosto de 2006; Flor Marina Saavedra Castellanos, Aseadora, con un sueldo mensual de L.6,435.00, ingresó el 01 de abril de 2008; Fredy Leonardo Irías Saravia, Auxiliar, con un sueldo mensual de L.9,200.00, ingresó el 01 de octubre de 2007; Nelson René Enamorado, Motorista, con un sueldo mensual de L.7,488.00, ingresó el 03 de marzo de 2008; Rafael Arcangel Baide Leiva, Auxiliar de Mantenimiento, con un sueldo mensual de L.7,020.00, ingresó el 01 de junio de 2008; Sin1a Yoseth Martínez, Aseadora, con un sueldo mensual de L.6,000.00, ingresó el 01 de agosto de 2008; René Portillo Cardoza, Promotor Social, con un sueldo mensual de L.10,000.00, ingresó el 15 de agosto de 2006 quienes finalizaron el contrato el 31 de marzo de 2010; Bertha Viviana Reyes Gutiérrez, Analista, con un sueldo mensual de L.10,700.00, ingresó el 01 de agosto del 2006 y finalizando su contrato el 31 de diciembre de 2009, José Luis Gavarrete, Jardinero, con un sueldo mensual de L.7,956.00 ingresó el 02 de mayo de 2006; Maria Lourdes Licona Quezada, Secretaria, con un sueldo mensual de L.9,500.00 ingreso el 02 de mayo de 2006; Gracia Maria Valladares, Secretaria, con un sueldo mensual de L.9,200.00, ingresó el 08 de agosto de 2007; Rosa Ella Zaldivar Paz, Encargada de Archivo, con un sueldo mensual de L.6,786.00, ingresó el 03 de marzo de 2008; José Ramón Duron Girón, Gadenero, con un sueldo mensual de L.7,000.00, ingresó el 16 de septiembre del 2003; Fredal Gabriel Vallecillo López, Encargado Centro de Día, con un sueldo mensual de L.7,000.00, ingresó el 02 de enero de 2009; Javier Eugenio Graneras, Promotor, con un sueldo mensual de L.11,300.00, ingresó el 17 de abril de 2006; todos los anteriores finalizaron el contrato el 31 de marzo de 2010; David Enrique Aguilar, Administrador Centro de Día, con un sueldo mensual de L.12,800.00, ingresó el 05 de abril de 2006 y finalizando su contrato el 31 de diciembre 2009; José Eduardo Gonzalez, Técnico en Sonido, con un sueldo mensual de L.8,190.00, ingresó el 01 de junio de 2007 y finalizó su contrato el 31 de marzo 2010; Allan Eduardo Galindo, Asistente Administrativo, con un sueldo mensual de L.21,000.00, ingresó el 13 de agosto de 2002 y finalizando su contrato el 30 de enero 2010; Roxana Ines Ordoñez, Analista Presupuestaria, con un sueldo mensual de L.16,200.00, ingresó el 01 de noviembre de 2007 y finalizando su contrato el 31 de diciembre 2009; Sandra Mariela Izaguirre, Conserje Aseadora, con un sueldo mensual de L.6,552.00, ingreso el 10 de octubre de 2006 y finalizando su contrato el 31 de marzo 2010; José Raul Boquín, Administrador Región San Pedro Sula, con un sueldo mensual de L.27,692.84, ingresó el 23 de octubre de 2006 y finalizando su contrato el 12 de marzo 2010; Gissela Josefina Cardona, Ingeniera Auxiliar, con un sueldo mensual de L.22,700.00, ingresó el 22 de mayo de 2006 y finalizando su contrato el 31 de diciembre de 2009; Oscar Antonio Romero, Auxiliar, con un sueldo mensual de L.7,200.00, ingresó el 01 de marzo de 2004 y finalizando su contrato el 30 de abril 2009; Edwin Mauricio Mata, Ingeniero Auxiliar San Pedro Sula, con un sueldo mensual de L.22,700.00, ingresó el 04 de marzo de 2008; Greycy Lizzbeth Almendarez Padilla, Programador, con un sueldo mensual de L.17,000.00, ingresó el 01 de septiembre de 2009; Juan Carlos Andino Quintanilla, Supervisor, con un sueldo mensual de L.22,700.00, ingresó el 06 de agosto de 2008; Oscar Armando Benítez Bustillo, Topógrafo, con un sueldo mensual de L.7,000.00, ingresó el 06 de marzo de 2003 y finalizando su contrato el 31 de marzo 2010; las autoridades del INJUPEMP, observando lo estipulado en la cláusula 20 del contrato colectivo de condiciones de trabajo que la institución hará el análisis correspondiente para determinar la necesidad de las plazas y hará gestiones ante los órganos competentes, precisamente la institución realizó el análisis correspondiente y oportuno del que resultó que las personas por las cuales se demanda, ya han cumplido las funciones encomendadas, por lo tanto las funciones que realiza la institución se encuentran al día, por lo cual había terminado la temporalidad para la que habían sido contratados y no era necesario volverles a contratar o extender sus contratos.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (INJUPEMP), contestó dicha demanda exponiendo a su favor que en diferentes fechas y debido a que existía en cada uno de esos momentos la necesidad de contratar empleados transitorios o temporales, contratados por tiempo limitado para la ejecución de servicios determinados según el Artículos 25 no. 2 y 26 del Reglamento Interno de Trabajo del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), y así poner al día todas y cada una de las actividades del Instituto, como la de cartera de cobros, documentación, investigación y análisis, archivo, etcétera, y no recargar con más trabajo a los empleados permanentes, la institución se vio en la necesidad de contratar al siguiente personal, asignados a diferentes departamentos o jefaturas, en las fechas y salarios que para cada uno se indican a continuación: Jenny Maribel Rivera, Auxiliar de Archivo, con un sueldo mensual de L.7,605.00, que ingresó el 16 de mayo de 2008; Patricia Yamileth Sierra Baca, Aseadora, con un sueldo mensual de L.7,020.00, ingresó el 13 de julio de 2006; Reniery Dagoberto Rodriguez, Auxiliar de Archivo, con un sueldo mensual de L.7,020.0O, ingresó el 05 de febrero de 2009; Vilma Jacqueline Borjas Girón, Auxiliar de Almacén, con un sueldo mensual de L.7,605.00, ingresó el 01 de junio de 2006; Florinda Andrade Castejón, Secretaria de Administración, con un sueldo mensual de L.6,786.00, ingresó el 01 de febrero de 2008; Bessy Liduvina Flores Izaguirre, Encargada de Atención al Público, con un sueldo mensual de L.10,500.007, ingresó el 06 de febrero de 2007; Juan de la Cruz Zepeda Andrade, Supervisor General de Seguridad Interna, con un sueldo mensual de L.13,200.00, ingresó el 01 de abril de 2008; Sherry Ross Barahona Jiménez, Aseadora, con un sueldo mensual de L.7,137.00, ingresó el 11 de julio de 2006; Luis Alonso Godoy Álvarez. Auxiliar de Archivo, con un sueldo mensual de L.7,020.00, ingresó el 19 de febrero de 2008; Juan Ramón Martínez Moreno, Jefe de Mantenimiento, con un sueldo mensual de L.11,000.00, ingresó el 01 de Octubre de 2007; Ángela Romero Chaves, Aseadora, con un sueldo mensual de Lps.6,435.00 ingresó el 26 de marzo de 2008, quienes finalizaron su contrato el 31 de marzo de 2010; Osman Daniel Salgado, Auxiliar de Archivo, con un sueldo mensual de L.7,020.00 ingresó el 01 de marzo del 2008 y finalizó su Contrato el 31 de diciembre de 2009; Alicia Castillo Contreras, Aseadora, con un sueldo mensual de L.7,137.00, ingresó el 02 de enero de 2008; Noily Carolina Lobo Maradiaga, Aseadora, con un sueldo mensual de L.7,137.00, ingresó el 19 de julio de 2006 Ninfa Larissa Acosta, Aseadora, con un sueldo mensual de L.6,786.00, ingresó el 30 de julio del 2007; Arístides Lempira Espino Galindo, Auxiliar de bienes, con un sueldo mensual de L.9,000.00, ingresó el 01 de febrero de 2004, quienes finalizaron su contrato el 31 de marzo de 2010; Reina Elvira Vigil Lemus, Aseadora, con un sueldo mensual de L.7,137.00, ingresó el 17 de julio de 2006 y finalizando su Contrato el 31 de diciembre del 2009, Jorge Fredy Escoto Quiñonez, Encargado de Transporte, con un sueldo mensual de L.11,000.00, ingresó el 01 de septiembre de 2006; Héctor Javier Raudales, Motorista, con un sueldo mensual de L.8,459.10, ingresó el 13 de octubre del 2008; Porfirio Humberto Zelaya, Auxiliar Mantenimiento, con un sueldo mensual de L.8,600.00, ingresó el 12 de febrero del 2007; Hernán Avelar Erazo, Encargado Climatización, con un sueldo mensual de L.11,000.00, ingresó el 15 de junio del 2007; Nidia Elizabeth Ramírez Moreno, Coordinadora de Aseo, con un sueldo mensual de L.11,000.00 ingresó el 06 de julio del 2006; Martha Elizabeth López, Aseadora, con un sueldo mensual de L.7,020.00, ingresó el 11 de julio del 2006; José Adán Oliva, Auxiliar Mantenimiento, con un sueldo mensual de L.7,254.00, ingresó el 23 de febrero del 2006; Carlos Darío Reyes Ramos, Administrador Salas Velatorias, con un sueldo mensual de L.12,300.00, ingresó el 19 de junio de 2007; Alonzo Adalid Aguilar Aguilera, Analista de Beneficios, con un sueldo mensual de L.10,300.00, ingresó el 01 de agosto de 2006 y finalizando su Contrato el 31 de marzo de 2010; Bany Yoxana Gallo Ulloa, Auxiliar de Registro y Afiliación, con un sueldo de L.9,800.00, ingresó el 04 de septiembre de 2007; Fany Zunilda Garcia Gomez Fiallos, Aseadora Salas-Velatorias, con un sueldo mensual de L.7,605.00 ingresó el 01 de junio de 2006; Gloria Esperanza Zepeda Sierra, Auxiliar de Beneficios, con un sueldo mensual de Lps.8, 700.00, ingresó el 13 de febrero de 2007; Santos Isidro Cruz Cruz, Analista de Beneficios, con un sueldo mensual de L.8,190.00, ingresó el 20 de mayo de 1994; Gladis Suyapa Nolasco Hernandez, Aseadora Centro de Día, con un sueldo mensual de L.6,903.00, ingresó el 01 de marzo de 2006; Jorge Enrique Carrillo Reyes, Jardinero Centro de Día, con un sueldo mensual de L.6,552.00, ingresó el 18 de mayo de 2006; Carmen Isabel Barahona Sánchez, Promotora Social Centro de Día, con un sueldo mensual de L.10.300.00, ingresó el 01 de febrero de 2007; Moisés Armando Rodas Gallardo, Analista de Beneficios, con un sueldo mensual de L.14,800.00, ingresó el 23 de febrero de 2006 Gerardo Alberto Escobar Fuentes, Analista de beneficios, con un sueldo mensual de L.7,956.00, ingresó el 18 de septiembre de 2006; José De La Cruz Gomez Jardinero, con un sueldo mensual de L.5,500.00, ingresó el 01 de Agosto del 2008; José Marcio Cruz Martínez, Jardinero, con un sueldo mensual de L.5,500.00, ingresó el 01 de agosto del 2008; Edith Gualdina Mendoza, Terapista, con un sueldo mensual de L.10,000.00, ingresó el 10 de marzo del 2009, todos los anteriores finalizaron su contrato el 31 de marzo del 2010; Mauricio Aracil Sánchez Cruz, Conserje, con un sueldo mensual de L.7,722.00, ingresó el 18 de junio de 2007 y finalizó su Contrato el 31 de diciembre de 2009; Cristian Magdiel Garcia Murillo, Conserje, con un sueldo mensual de L.6,435.00, ingresó el 19 de febrero de 2008, Banny Rubén Zelaya Maradiaga, Encargado de Archivo, con un sueldo mensual de L.7,605.00, ingresó el 01 de marzo de 2007; Mirian Idalia Sambrano Guzmán, Auxiliar de Tesorería, con un sueldo mensual de L.9,800.00, ingresó el 16 de septiembre de 2006; Jorge Alberto Fúnez, auxiliar de Contable, con un sueldo mensual de L.12,700.00, ingresó el 20 de Marzo de 2007; Nahúm Jonatan Ortiz Alemán, Guardia de Seguridad, con un sueldo mensual de L.11,200.00, ingresó el 01 de julio de 2008; Dora Adilia Godoy Varela, Conserje, con un sueldo mensual de L.6,552.00, ingresó el 01 de marzo de 2004; Alba Adilia Meza Lozano, Conserje, con un sueldo mensual de L.8,300.00, ingresó el 06 de febrero del 2006; Mario José Banegas Flores, Auditor, con un sueldo mensual de L.12,000.00, ingresó el 01 de septiembre del 2009; José Abraham Portillo Escalante, Auditor, con un sueldo mensual de L.15,600.00, ingresó el 02 de Julio del 2008; Lourdes Del Carmen Mendoza Coello, Auxiliar de Planillas, con un sueldo mensual de L.10,200.00, ingresó el 07 de Octubre de 2008; Juan Carlos López Arias, Medico General, con un sueldo mensual de L.20,773.10, ingresó el 15 de noviembre del 2006; Karen Fabiola Dávila Ordoñez, Secretaria, con un sueldo mensual de L.8,190.00, ingresó el 22 de abril de 2008; Franklin Omar Velásquez Fernández, Analista de Prestamos, con un sueldo mensual de L.8,190.00, ingresó el 01 de octubre de 2008; Daisy Rodas Franco, Analista de Préstamos, con un sueldo mensual de L.9,600.00, ingresó el 17 de octubre de 2006; José Luis Quiroz Acosta, Conserje, con un sueldo mensual de L.6,500.00, ingresó el 21 de abril de 2009; Carmen Del Mar Garcia, Conserje, con un sueldo mensual de L.5,500.00, ingresó el 11 de mayo de 2009, quienes finalizaron su contrato el 31 de marzo de 2010; Lili Maricela Canales Aguilar, Oficial de Recuperación, con un sueldo mensual de L.9,200.00, ingresó el 01 de abril de 2008 y finalizando su contrato el 31 de diciembre de 2009; Dora Argentina Hernandez Tinoco, Secretaria, con un sueldo mensual de L.6,500.00, ingresó el 27 de septiembre de 2007; Maria Fernanda Somarriba Moncada, Analista de Préstamos, con un sueldo mensual de L.9,200.00 ingresó el 01 de septiembre de 2008; Dulce María Matamoros Sierra, Auxiliar Relaciones Públicas, con un sueldo mensual de L.7,137.00, ingresó el 01 de marzo del 2006; Efraín Díaz Matute, Camarógrafo, con un sueldo mensual de Lps. 8,700.00, ingresó el 01 de agosto del 2003; Oscar Alberto Díaz Domínguez, Perito Valuador, con un sueldo mensual de L.22,700.00, ingresó el 04 de abril del 2006, quienes finalizaron el contrato el 31 de marzo de 2010; Johnis Alexis Barrientos Murillo, Supervisor de Proyectos, con un sueldo mensual de L.22,700.00, ingresó el 11 de febrero del 2008 y finalizando el 31 de diciembre del 2009; Lourdes Maria Sandoval Silva, Ingeniero Supervisor, con un sueldo mensual de L.22,700.00, ingresó el 17 de febrero del 2004; Eduardo Alberto Landa Cruz, Ingeniero Supervisor, con un sueldo mensual de L.22,700.00, ingresó el 03 de marzo del 2008; Mario Reynaldo Amador Montoya, Inspector de Cobro, con un sueldo mensual de L.7,000.00, ingresó el 14 de enero del 2004; Félix Mendoza Garcia, Conserje, con un sueldo mensual de L.7,000.00, ingresó el 07 de abril del 2008; Fidel Ernesto Moncada Flores, Auxiliar Ingeniera, con un sueldo mensual de L.22,500.00, ingresó el 02 de febrero del 2009; Elisa Emelina Fajardo, Arquitecto Diseñadora, con un sueldo mensual de L.22,500.00, ingresó el 01 de noviembre del 2007; Carlos Francisco Osorio Ruiz, Perito Valuador, con un sueldo mensual de Lps,.8,000.00, ingreso el 11 de febrero del 2008; Ernesto Fidel Moncada Flores, Auxiliar de Ingeniería, con un sueldo mensual de L.22,500.00, ingresó el 02 de febrero del 2009; Delmi Yolanda Rápalo, Secretaria, con un sueldo mensual de L.7,020.00, ingresó el 16 de febrero del 2006, quienes finalizaron el contrato el 31 de marzo de 2010; José Manuel Andrade Guzmán, Auditor II, con un sueldo mensual de L.15,600.00, ingresó el 27 de noviembre de 2006 y finalizando su contrato el 31 de diciembre de 2009; Cinthia Karina Maradiaga Pineda, Asistente de Administración, con un sueldo mensual de L.8,000.00, ingresó el 01 de noviembre de 2007; Victoria Carolina Villeda Guerra, Asistente Administrativo, con un sueldo mensual de L.13,000.00, ingresó el 03 de marzo de 2008; Rubia Medina Umanzor, Secretaria, con un sueldo mensual de L.10,000.00, ingresó el 01 de agosto de 2006; Flor Marina Saavedra Castellanos, Aseadora, con un sueldo mensual de L.6,435.00, ingresó el 01 de abril de 2008; Fredy Leonardo Irías Saravia, Auxiliar, con un sueldo mensual de L.9,200.00, ingresó el 01 de octubre de 2007; Nelson René Enamorado, Motorista, con un sueldo mensual de L.7,488.00, ingreso el 03 de marzo de 2008; Rafael Arcangel Baide Leiva, Auxiliar de Mantenimiento, con un sueldo mensual de L.7,020.00, ingresó el 01 de junio de 2008; Sinia Yoseth Martínez, Aseadora, con un sueldo mensual de L.6,000.00, ingresó el 01 de agosto de 2008; René Portillo Cardoza, Promotor Social, con un sueldo mensual de L.10,000.00, ingresó el 15 de agosto de 2006 todos los anteriores finalizaron el contrato el 31 de marzo de 2010; Bertha Viv1ana Reyes Gutiérrez, Analista, con un sueldo mensual de L.10,700.00, ingresó el 01 de agosto del 2006 y finalizando su contrato el 31 de diciembre de 2009, José Luis Gavarrete, Jardinero, con un sueldo mensual de L.7,956.00 ingresó el 02 de mayo de 2006; María Lourdes Licona Quezada, Secretaria, con un sueldo mensual de L.9,500.00 ingresó el 02 de mayo de 2006; Gracia Maria Valladares, Secretaria, con un sueldo mensual de L.9,200.00, ingresó el 08 de agosto de 2007; Rosa Ella Zaldivar Paz, Encargada de Archivo, con un sueldo mensual de L.6,786.00, ingresó el 03 de marzo de 2008; José Ramón Duron Girón, Gadenero, con un sueldo mensual de L.7,000.00, ingresó el 16 de septiembre del 2003; Fredal Gabriel Vallecillo López, Encargado Centro de Día, con un sueldo mensual de L.7,000.00, ingresó el 02 de enero de 2009; Javier Eugenio Graneras, Promotor, con un sueldo mensual de L.11,300.00, ingresó el 17 de abril de 2006; todos los anteriores finalizaron el contrato el 31 de marzo de 2010; David Enrique Aguilar, Administrador Centro de Día, con un sueldo mensual de L.12,800.00, ingresó el 05 de abril de 2006 y finalizando su contrato el 31 de diciembre 2009; José Eduardo González, Técnico en Sonido, con un sueldo mensual de L.8,190.00, ingresó el 01 de junio de 2007 y finalizó su contrato el 31 de marzo 2010; Allan Eduardo Galindo, Asistente Administrativo, con un sueldo mensual de L.21,000.00, ingresó el 13 de agosto de 2002 y finalizando su contrato el 30 de enero 2010; Roxana Ines Ordoñez, Analista Presupuestaria, con un sueldo mensual de L.16,200.00, ingresó el 01 de noviembre de 2007 y finalizando su contrato el 31 de diciembre 2009; Sandra Mariela Izaguirre, Conserje Aseadora, con un sueldo mensual de L.6,552.00, ingresó el 10 de octubre de 2006 y finalizando su contrato el 31 de marzo 2010; José Raul Boquín, Administrador Región San Pedro Sula, con un sueldo mensual de L.27,692.84, ingresó el 23 de octubre de 2006 y finalizando su contrato el 12 de marzo 2010; Gissela Josefina Cardona, Ingeniera Auxiliar, con un sueldo mensual de L.22,700.00, ingresó el 22 de mayo de 2006 y finalizando su contrato el 31 de diciembre de 2009; Oscar Antonio Romero, Auxiliar, con un sueldo mensual de L.7,200.00, ingresó el 01 de marzo de 2004 y finalizando su contrato el 30 de abril 2009; Edwin Mauricio Mata, Ingeniero Auxiliar San Pedro Sula, con un sueldo mensual de L.22,700.00, ingresó el 04 de marzo de 2008; Greycy Lizzbeth Almendarez Padilla. Programador, con un sueldo mensual de L.17,000.00, ingresó el 01 de septiembre de 2009; Juan Carlos Andino Quintanilla, Supervisor, con un sueldo mensual de L.22,700.00, ingresó el 06 de agosto de 2008; Oscar Armando Benítez Bustillo. Topógrafo, con un sueldo mensual de L.7,000.00, ingresó el 06 de marzo de 2003 y finalizando su contrato el 31 de marzo 2010; asimismo, argumentó que las autoridades del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), observando lo estipulado en la cláusula 20 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo celebrado y acordado con el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), que actualmente se encuentran en vigencia y que prescribe “el Instituto hará el análisis correspondiente para determinar la necesidad de las plazas y hará las gestiones ante los órganos competentes para otorgarles permanencia a todos aquellos empleados que laboran bajo la categoría de Empleados no Permanentes, (121 00)” precisamente, el Instituto realizó el análisis correspondiente y oportuno del que resultó que las personas por las cuales se demanda, ya habían cumplido con las labores encomendadas y que por consiguiente todas y cada una de las operaciones que se realizan en el instituto se encontraban al día, por lo cual, ese personal que había sido contratado temporalmente o por tiempo determinado o definido ya no era necesario volverlo a contratar o extender sus contratos por un nuevo periodo. Que la cláusula 20 del Contrato Colectivo de Condiciones Colectivas supra citado, la potestad del análisis para determinar la necesidad de que un trabajador contratado temporalmente o por tiempo determinado pase a la categoría de trabajador permanente, es única y exclusiva del Instituto, pues este, como administrador de sus bienes puede determinar cuándo se necesita contratar empleados temporales, para poner al día el trabajo y por cuanto tiempo conforme a su presupuesto; y que por los motivos expuestos consideramos que al demandante, no le asiste ni la razón ni el derecho para demandar, dado que su petición es contraria al análisis correspondiente que hizo el Instituto para lograr determinar, por función y presupuestariamente, que los empleados a cuyo nombre se demanda, no podía extendérseles el contrato temporal o por tiempo definido que los ha vinculado a la institución y menos aún otorgarle una permanencia.- 3.El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 31 de agosto del 2016, dictó sentencia declarando SIN LUGAR la excepción de prescripción, promovida por el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral interpuesta por el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (SITRAINJUPEMP), contra el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), ABSOLVIO al demandado de las obligaciones de hacer, consistente en el análisis correspondiente para determinar la necesidad de las plazas y las gestiones ante los órganos competentes para otorgarle la permanencia a todos aquellos empleados que laboran bajo la categoría de empleados no permanentes (12100) contenida en la cláusula 20 del Contrato Colectivo de Trabajo, subsidiariamente el reintegro al cargo desde la fecha en que dejaron de laborar los trabajadores, el pago de los salarios dejados de percibir, con los aumentos de bonificaciones otorgados a todos los trabajadores durante su ausencia, partiendo desde la vigencia del contrato colectivo de mérito del 1 de enero del 2009 y los siguientes y en su defecto las prestaciones e indemnizaciones laborales si fuere el caso con el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha de terminación de trabajo así como las bonificaciones de vacaciones adeudadas, sin costas; bajo el criterio que la pretensión de la parte demandante se encuentra prescrita en aplicación del artículo 864 del Código del Trabajo en razón de que algunos de los trabajadores que se encontraban dentro de la planilla 12100 dejaron transcurrir el término de accionar, en vista de que se les ha cancelado sus prestaciones laborales; por otro lado, el Sindicato procede a accionar en razón de la sentencia emitida por la Sala Laboral Contencioso Administrativo de la Honorable Corte Suprema de Justicia de fecha 31 de octubre del 2013, por considerar que tienen un derecho referido en uno de los considerandos relacionados en la sentencia emitida por el Ad-Quem en fecha veinte de marzo del mismo año, se ha aportado como prueba documental las acciones ante la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, de fecha 29 de noviembre del año 2013 y 17 de diciembre del mismo año, con acta de cierre de diligencias administrativas gubernativas en fecha 24 de febrero del año 2014, así como la interposición de demanda ante el Juzgado de Letras del Juzgado del Trabajo de esta sección Judicial, en fecha 28 de febrero del 2014, ante ello el ordenamiento jurídico laboral detalla en su precepto 868 que el término de prescripción se interrumpe: a) Por demanda o gestión ante a autoridad competente.- Por lo que la acción de la parte actora no se encuentra prescrita en el presente juicio, por las acciones realizadas por la misma, tanto en el ámbito administrativo como en el judicial, que no es un hecho controvertido que el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo no dio cumplimiento a la cláusula número 20 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo vigente desde el 01 de enero del año 2009 al 31 de diciembre del 2010, ya que la parte demandada acepta tal extremo, dicha cláusula obliga a la institución demandada a hacer un análisis correspondiente para determinar la necesidad de las plazas y a hacer las gestiones ante los órganos competentes para otorgarle permanencia a todos aquellos empleados que laboran bajo la categoría de empleados no permanentes, la exigencia solicitada, es anterior a los contratos colectivos de condiciones de trabajo suscritos en los años 2011-2012 y 2013-2015, ante tal exigencia deviene la delimitación de la temporalidad del convenio colectivo, esta viene determinada por la capacidad de las partes negociadoras para determinar el momento de inicio y finalización de la vigencia del fruto de la negociación, que las cláusulas que se refieren a la reajustabilidad, tanto de las remuneraciones como de los demás beneficios pactados en dinero y aquellos que involucran derechos y obligaciones que deben ejercitarse o cumplirse de forma colectiva, desaparecen una vez expirado el plazo fijado para la vigencia del contrato colectivo; y esto es así, en vista de que ante la posibilidad de que la aplicación del convenio colectivo anteriormente vigente y cuyas cláusulas se prorrogan chocaría con la voluntad genéricamente manifestada por los negociadores del nuevo contrato colectivo de que este fuera de aplicación desde el momento fijado por el primer convenio como fecha límite de su vigencia, de esta manera, una vez finalizado su periodo de vigencia, la totalidad del convenio dejaría de producir efecto alguno, por lo que el argumento del apoderado demandante de señalar que ante la inexistencia de declaración de nulidad del contrato colectivo este se considera vigente, no es compartido por esta juzgadora, en vista de ello la exigencia una contratación colectiva no vigente no procede desde ningún extremo.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 18 de octubre de 2016, dictó sentencia CONFIRMANDO la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que la parte demandante estaba en la obligación de exigir el cumplimiento de realizar estos análisis técnicos que permitieran establecer la factibilidad de la creación de estas plazas y de gestionar el presupuesto necesario para cumplir con estas obligaciones; pero de las pruebas aportadas en juicio, no consta que la parte demandante haya exigido este análisis a las autoridades del INJUPEMP; más bien dejó transcurrir el tiempo y se celebraron otros contratos colectivos entre las mismas partes, sin que en ellos se haya dejado pactado el análisis señalado en la cláusula 20, número del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo con vigencia del 2009 al 2010, por lo que no se puede ahora pretender el cumplimiento de dicho contrato colectivo de condiciones de trabajo, específicamente la cláusula 20, ya que el mismo no tiene vigencia alguna.- 5. Mediante auto de fecha 24 de enero del 2017, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, en su condición de representante procesal del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (SITRAINJUPEMP), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 07 de marzo del 2017, compareció ante éste Tribunal el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, en su condición de representante procesal del SINDICATO DE TRABAJADORES DEL INSTITUTO NACIONAL DE JUBILACIONES Y PENSIONES DE LOS EMPLEADOS Y FUNCIONARIOS DEL PODER EJECUTIVO (SITRAINJUPEMP), formalizando su demanda, exponiendo cuatro motivos de casación junto a nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha 27 de marzo del 2017, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de el Abogado HECTOR GUILLERMO BUESO CABALLERO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. El recurso de casación configura una acción de impugnación que a la vez sirve de guía para la correcta aplicación e interpretación del derecho y es instrumento unificador de la jurisprudencia nacional. En materia de trabajo, la censura puede ser dirigida contra un fallo que hace tránsito a cosa juzgada, dictado por un Tribunal de Apelación, alegándose violación de la Ley o invocándose el principio prohibitivo de la reformatio in pejus, requiriendo dicha acusación de una rigurosa técnica, pues lo que se pretende es la confrontación de una resolución judicial definitiva de segundo grado con la normativa legal sustancial; por ello, la parte litigante que hace uso de esta vía procesal dispositiva y extraordinaria está obligada a romper las presunciones de legalidad y acierto que amparan la decisión recurrida y que derivan del supuesto de la conclusión del debate procesal con el agotamiento de las instancias. Como consecuencia de todo lo anterior, para poder realizarse un estudio de fondo primero se debe revisar si el libelo casacional llena todos los requisitos de forma legales y jurisprudenciales.- II. Que el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, en el primer motivo de casación alega: “Acuso la Sentencia Recurrida ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por infracción directa del articulo 95 numeral 23) del Código del Trabajo, en relación con los artículos 60 preámbulo y párrafo primero y tercero, 96 numeral 9), del Código del Trabajo, 128 numeral 15 de la Constitución de la Republica, Clausula 20 del Contrato Colectivo de Trabajo, suscrito entre el Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP) y el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (SITRAINJUPEMP), vigente del 01 de enero del año 2009 al 31 de diciembre del año 2010. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral 1 párrafo primero del Código de Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La honorable Corte Suprema de Justicia. Ha sostenido de manera reiterada que la INFRACCIÓN DIRECTA, se produce cuando un hecho que no se discute o debidamente comprobado, se deja de aplicar la norma que lo regula o al contrario se aplica a un hecho inexistente, que debe de constar en la sentencia reconocida por el juzgador de instancia y aceptado por las partes, eso quiere decir un hecho que no se discute, que no es objeto de medios probatorios, por que dicha infracción se da con independencia del has probatorio. En el caso concreto que nos ocupa, la parte demandada acepto la existencia de la obligación de hacer el Análisis Correspondiente, para determinar la necesidad de las Plazas y las gestiones ante los Órganos Competentes, para otorgarles la permanencia a todos aquellos empleados que laboraban, bajo la categoría de empleados no permanentes, contenido en la cláusula 20 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, suscrito entre el INJUPEMP y SITRAINJUPEMP, vigente del 01 de enero del año 2009, al 31 de diciembre del año 2010, aceptando asimismo que no cumplió con dicha obligación y la Señora Juez de Primera Instancia, así lo concibió en su sentencia de fecha 31 de agosto del año 2016, la que fue Sentenciadora de Segunda Instancia en la Sentencia aquí recurrida, y no obstante; por criterios meramente facticos, sin sustentación jurídica, el Órgano Jurisdiccional de Segunda Instancia, declara sin lugar, el Recurso de Apelación, interpuesto por el aquí compareciente, y en consecuencia confirma la sentencia de primera instancia, en la que había declarado sin lugar la demanda y absuelve al INJUPEMP, del cumplimiento de la obligación de hacer ya referida. La Sentencia de Primera Instancia y que fue confirmada, por el Órgano Jurisdiccional de Alzada, se basa en una supuesta temporalidad dejando entrever que dicha demanda se presentó de manera extemporánea, utilizando el concepto “Que el SITRA1NJUPEMP, más bien dejo trascurrir el tiempo y se celebraron otros contratos colectivos entre las mismas partes, sin que en ellos se haya dejado pactado el análisis señalado en la cláusula 20 del contrato colectivo de condiciones de trabajo referido”, siendo trascendente e importante observar, que, si no se produjo la prescripción interpuesta por el INJUPEMP, es porque el reclamo y consecuentemente la exigencia de cumplimiento de esta obligación, se hizo en tiempo y forma, de ahí que jurídicamente no se puede invocar la temporalidad, para denegar este derecho y si es porque el contrato que contiene la cláusula que se deriva esta obligación de hacer venció el 31 de diciembre del año 2010, sin haberse cumplido dicha obligación, tal como fue aceptado por la parte demandada y observada por los Órganos Jurisdiccionales de instancia, más bien está plenamente probado y por ello de manera inequívoca que la demandada incurrió en morosidad y por ello dicha obligación es exigible judicialmente su cumplimiento, que es precisamente lo que mi Representado hizo, ya que la Jurisdicción del Trabajo está precisamente instituida, para decidir los conflictos jurídicos que se originen directa o indirectamente del contrato de trabajo, y si es porque debió de plasmarse o dejarse establecida en los siguientes contratos, este criterio es erróneo, ya que ello equivaldría a la Novación y con ello se extinguiría la obligación aquí reclamada, en virtud de haber surgido otra, habida cuenta, que por ser la Novación un contrato bilateral, no era potestad discrecional del SITRAINJUPEMP, agregando a ello, que el Segundo Contrato Colectivo, es vigente del 01 de enero del año 2011, al 31 de diciembre del año 2012, y los trabajadores que beneficia esta cláusula, laboraron hasta el 31 de marzo del año 2010. Valga decir que cuando se suscribe este contrato, los trabajadores no estaban laborando; asimismo el criterio de que el INJUPEMP se devenía obligado a cumplir con esta obligación lo dejo plasmado la Corte de Apelaciones del Trabajo, el 20 de marzo del año 2013. Agregando a lo anterior que habiendo dejado plasmado la Honorable Corte de Apelaciones que el INJUPEMP, se devenía obligado a cumplir con la obligación de hacer, en caso de que no lo hubiera hecho, aceptando el INJUPEMP de que no lo hizo, a esa fecha habían expirado los Contratos Colectivos, 2009, 2010, 2011, 2012, y ya se había suscrito y estaba en vigencia el contrato colectivo 2012- 2015.”.- III.- Que este cargo es inadmisible, ya que este Tribunal ha venido sosteniendo que la infracción directa de la ley se produce con prescindencia de cualquier material probatorio y en el presente caso, la cuestión debatida tiene relación con el contrato colectivo celebrado entre las partes, el cual fue allegado al proceso como prueba, por ende no procedía el ataque al fallo por esa vía; en adición, en su explicación formula alegatos propios de instancia.- IV.- Que el Impetrante en el segundo motivo esgrime: “Acuso la Sentencia Recurrida, ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional, proveniente de la falta de apreciación de la prueba documental, propuesta y admitida a la parte Demandante, visible a folios del 20 al 22 del 23 al 42 del 47 al 75, el 128 y 129, del 130 al 135, del 136 al 153, del 162 al 179 admitido a la parte demandante y demandada, en relación con el medio de prueba Reconocimiento Judicial, propuesto, admitido y evacuado a la parte demandada que obra a folios 160, 194, 195, 196, 201, 202 y 203 de la Primera Pieza de Autos, en relación con toda la prueba en su conjunto, que hizo incurrir en error de hecho y que llevo en forma indirecta a la violación de los artículos 27 y 113 párrafos primero, segundo, tercero literal b), en relación con los artículos 20, 47 y 117 del Código del Trabajo, y 128 numeral 15) y 129 de la Constitución de la República. REGLAS PROCESALES VIOLADAS. Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las leyes sustantivas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. SE SINGULARIZA LA PRUEBA NO APRECIADA. La prueba no apreciada es la Documental que obra a folios del 20 al 22, del 23 al 42, del 47 al 75, 128 y 129 del 130 al 135 del 136 al 153 del 172 al 179 de la Primera Pieza de Autos admitida a la parte demandante, en relación con el medio de prueba Reconocimiento Judicial propuesto y admitido tanto a la parte demandante como a la parte demandada, visibles a folios Del 109 al 111; 128 y 129; del 136 al 153; del 162 al 179, propuesta y admitida a la parte demandante y demandada, visibles a folios 160, 161, 193 al 215 de la Primera Pieza de Autos y toda la prueba que en su conjunto. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral 1 párrafo segundo del Código de Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. PRIMERO: Como podes apreciar vos Honorable Corte Suprema de Justicia una de las pretensiones de mi representado es el Reintegro de Todos los Trabajadores Despedidos con el Pago de Salarios Dejados de Percibir y en su defecto el Pago de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales, valga decir qué, una vez reinstalados los trabajadores, si el análisis correspondiente para determinar las necesidades de plazas conllevaba que con el transcurrir del tiempo ya no existía esta necesidad y habiendo incorporado los Aumentos Salariales contenidos en las Clausulas 25, 26 y 27 del Contrato Colectivo, suscrito entre el INJUPEMP y SITRAINJUPEMP vigente del 01 de enero del 2009 al 31 de diciembre del 2010 y las Clausulas 25y 26 de los Contratos Colectivos vigentes del 01 de enero de 2011 al 31 de diciembre del año 2012 y del 01 de enero del año 2013 al 31 de diciembre del 2015, existiendo jurisprudencia valga decir que los criterios en materia laboral, están unificados, con respecto a que, los contratos relativos a las labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideran celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese termino de duración, si el vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que les dio origen, o la materia del trabajo, para la prestación de servicios, al respecto obra de folios 23 al 47 contestación de demanda, donde el mismo INJUPEMP, acepta que todos los trabajadores laboraron, por muchos años, para la Institución demandada, razón por la cual cuando dejaron de laborar el 31 de marzo del año 2010, habían adquirido el carácter de permanentes, estando vinculado este documento con el medio de prueba Inspección propuesta y admitida a ambas partes, en la primera audiencia de trámite, que obra a folios 33 y 205 de los autos, donde se expresa por parte del INJUPEMP, en la evacuación de dicho medio que 6 trabajadores continúan laborando y 38 se les pagaron las prestaciones e indemnizaciones laborales, en consecuencia es un reconocimiento implícito que los demás trabajadores, tienen derecho al Reintegro o en su caso, una vez reintegrados y sitas circunstancias lo ameritan por el análisis, que ya no existe la necesidad de plazas, se les paguen las prestaciones e indemnizaciones laborales, porque caso contrario se estaría ante un tratamiento desigual y discriminatorio violentando disposiciones constitucionales, legales y supranacionales específicamente los Convenios atinentes de la Organización Internacional de Trabajo (O.I.T.), dicho documento evacuatorio obra a folios del 201 al 203 de la primera pieza de autos. SEGUNDO: En la demanda también se solicita el pago del 17 % de los aumentos contenidas en las clausulas 25, 26 y 27, del Contrato Colectivo, suscritos entre las partes del 01 de enero del año 2009, al 31 de diciembre del año 2010, que obra a folios del 47 al 75, específicamente las clausulas en mención a folio 62 de la primera pieza de autos y los incrementos o ajustes salariales, y bono por desempeño contenidos en las clausulas 25 y 26 de los contratos colectivos suscritos, por las partes, vigentes del 01 de enero del año 2011 y del 01 de enero del año 2013, al 31 de diciembre del año 2015, más los que se susciten en la sustanciación del juicio, específicamente estas cláusulas se encuentran a folios 168 y 178 de la primera pieza de autos, reconocidos por el INJUPEMP, en el medio de prueba Reconocimiento Judicial, evacuados a folios 195 de los autos, donde se desglosa a partir del 2010, los aumentos de mérito, exceptuándose el 17% del año 2009, en consecuencia el haber el Tribunal de Segunda Instancia, dejado de apreciar, estos medios probatorios, incurrió en violación de las normas sustantivas, referidas en el acápite de mérito y que constituye la falta de la apreciación de la prueba, incurriendo en error de hecho y al respecto la doctrina contempla que el juzgador de instancia debe de actuar mediando “la correcta inteligencia de apreciación conjunta de la prueba, quiere decir que se examine cada uno por separado y después se suman sus resultados, finalizando diciendo que debería ser anulada la sentencia bien materialmente o bien formalmente con reenvió al tribunal de instancia, cuando está bajo tan imprecisa formula hubiera dejado realmente de razonar sobre todas y cada una de las pruebas practicadas”, en el caso concreto que nos ocupa, la Corte Sentenciadora en la sentencia aquí recurrida, se circunscribió a analizar solamente lo relativo a la cláusula 20 del Contrato Colectivo, que se refiere a la obligación de hacer supra referida, más no a la prueba documental y el Reconocimiento judicial propuesto y admitido a ambas partes y toda la prueba en su conjunto, que conlleva el reintegro de los trabajadores y otros derechos.”.- V.- Que no puede prosperar el cargo que antecede, ya que este Tribunal ha venido señalando conforme con la Doctrina y como tiene establecido la jurisprudencia, respetuosa de los principios que gobiernan este recurso, que el error de hecho en la apreciación de las pruebas que conduce a la violación de la ley sustantiva y autoriza al tribunal de casación para casar el fallo impugnado, solo procede cuando el mismo resulta evidente o manifiesto, esto es, tan de bulto o notorio que sin mayor esfuerzo, ni raciocinio y sin necesidad de acudir a hipótesis, conjeturas o deducciones más o menos razonables, se imponga a la mente. En el presente caso, no se observa error en la apreciación de la prueba o al menos no revela la comisión de un error de hecho manifiesto u ostensible por parte del sentenciador.- VI.- Que en su tercer motivo el Censor del fallo aduce: “Acuso la sentencia recurrida ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional, por aplicación indebida de los artículos 27, 95 numeral 23, 113 literal b), en relación con los artículos 20, 47, 60 preámbulo párrafo primero y tercero del Código del Trabajo, 128 numeral 15 y 129 de la Constitución de la Republica, Clausulas 20, 25, 26 y 27 del Contrato Colectivo suscrito entre el INJUPEMP, y SITRAINJUPEMP vigente del 01 de enero del año 2009 al 31 de diciembre del año 2010, y las clausulas 25 y 26 de los Contratos Colectivos suscritos entre las mismas apartes vigentes del 01 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2012, y del 01 de enero del 2013 al 31 de diciembre del año 2015. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral 1 párrafo primero del Código de Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: Según la doctrina, la aplicación indebida tiene lugar: 1.- Cuando entendida rectamente una norma en sí misma, se hace aplicación de la regla jurídica a un hecho probado, pero no regulado por ella, 2.- Porque aplico la normal legal pertinente al hecho o caso regulado por ella, o sea con acierto para tal aspecto, pero haciéndole producir efectos que la norma legal aplicada no contempla, pese al texto claro de la letra. Al respecto, la Corte Sentenciadora no aplico las disposiciones vinculantes o relacionadas al caso controvertido objeto del debate, y ello porque, habiéndose demandado el cumplimiento de una obligación de hacer, consistente en “hacer el análisis correspondiente para determinar la necesidad de plazas y las gestiones ante los órganos competentes, para otorgarles permanencia a todos aquellos empleados que laboran bajo la categoría de empleados no permanentes (12100)” hecho debidamente probado y no habiéndose producido la prescripción, interpuesta por la parte demandada, la obligación subsiste debiendo ser cumplida por la demandada, 3.- Porque sin hacer el análisis correspondiente y estando vigente el contrato colectivo suscrito entre las partes INJUPEMP y SITRAINJUPEMP, que contiene la obligación de hacer referida, los trabajadores amparados por esta cláusula, fueron despedidos ya que trabajaron hasta el 31 de marzo del año 2010, después de laborar por muchos años, por ello se planteó el reintegro de estos trabajado, ya que para hacer el análisis supra referido debe previamente procederse al reintegro de los mismos, y si del resultado de dicho análisis conlleva a que hay que terminar con la relación laboral, con un determinado número de trabajadores, ello por el trascurrir del tiempo, es pertinente esta alternativa con el respectivo pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales, porque el análisis de mérito conllevó, a la inexistencia de la necesidad de plazas, quedando de esa manera solventado el conflicto colectivo, originado por el incumplimiento de la cláusula 20 del Contrato Colectivo Vigente, del 01 de enero del 2009 al 31 de diciembre de 2010, siendo trascendente e importante observar que se aplicaron de manera indebida los artículos no vinculantes a la resolución con la agravante que ni siquiera son objeto de violación con motivo de Recurso de Casación, por criterio reiterado de este alto tribunal de justicia, por considerar que los mismos son inviolables por contener disposiciones generales, debiendo aplicar los artículos 27, 95 numeral 32), 113, en relación con los artículos 20, 47, 60 preámbulo y párrafos primero y tercero del Código del Trabajo, y las clausulas 20 del contrato colectivo suscrito entre el INJUPEMP y SITRAINJUPEMP, vigente del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2010, y las clausulas 25 y 26 de los contratos colectivos suscritos entre las mismas partes relacionadas, vigente del 01 de enero del año 2011, al 31 de diciembre del 2012 y del 01 de enero del año 2013, al 31 de diciembre del año 2015. Es entendido Honorable Corte Suprema de Justicia, que por regla general la infracción por aplicación indebida es precisamente la aplicación por parte del sentenciador de leyes ajenas a la cuestión debatida. Esta consiste en invocar para la decisión del pleito normas jurídicas ajenas a la cuestión debatida. Esto supone naturalmente que la sentencia ha desfigurado la Litis caracterizando en forma distinta la de la propia y verdadera la relación de derecho que se discute, en resumen el sentido de la infracción se produce al citar y fundamentar el fallo con una norma legal extraña a los hechos estimados y probados, de ahí su determinación de aplicación indebida, ya que se cita un precepto pero en forma indebida, en este caso se citan los artículos 20 y 47 que no guardan relación con lo debatido y en todo caso enfatizo serian aplicables pero inversamente a lo resuelto.”.- VII.- Que la aplicación indebida de la ley deriva de que el Juzgador aplica una norma a un hecho que no obstante estar debidamente acreditado en el proceso no lo regula, sino otra diferente, sin que medien errores de hecho o de derecho, excluyendo por ello cualquier cuestión fáctica; ello quiere decir, que esa disposición aplicada en el fallo ha tenido incidencia en la decisión judicial; sin embargo, en el caso que nos ocupa, los artículos 27, 95 numeral 23) y 113 literal b) del Código del Trabajo, señalados como infringidos, no han sido aplicados en la sentencia recurrida, inclusive la segunda disposición fue señalada como dejada de aplicar en el primer motivo, lo cual lo vuelve confuso y por consecuencia, inadmisible.- VIII.- En el cuarto motivo de casación se alega: “Acuso la sentencia recurrida ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional, proveniente de la falta de apreciación de la prueba documental, propuesta y admitida a la parte demandante visible a folios del 23 al 44 y del 47 al 75 de la primera pieza de autos y toda la prueba en su conjunto que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifestó en los autos y que conllevo a la violación del artículo 95 numeral 19 en relación con el artículo 113 párrafo primero, segundo y tercero literal b) del Código del Trabajo. SE SINGULARIZA LA PRUEBA NO APRECIADA. La prueba no apreciada es la documental propuesta y admitida a la parte demandante, en relación con toda la prueba en su conjunto, documentos visibles de folio 23 al 44 consistente en contestación de Demanda Ordinaria Laboral de Reconocimiento de un Derecho... por parte del INJUPEMP, y de folios 47 al 75 Contrato Colectivo suscrito entre el INJUPEMP y SITRAINJUPEMP, específicamente la cláusula 20 que obra a folio 60 todos de la primera pieza de autos. REGLAS PROCESALES VIOLADAS. Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las leyes sustantivas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral 1 párrafo segundo del Código de Trabajo. EXPLICASION DEL MOTIVO: Dentro de las OBLIGACIONES DE LOS PATRONOS, está la de llevar a cabo los reajustes de acuerdo con las estipulaciones del Contrato Colectivo, resulta que, existiendo la obligación por parte del INJUPEMP, en la cláusula 20 referida, de hacer el análisis correspondiente para determinar la necesidad de plazas, y sin haber cumplido el INJUPEMP, con esta obligación contractual, despidió a todos los trabajadores amparados, protegidos y vinculados con esta cláusula, razón por la cual violenta la norma sustantiva relacionada ya que todo reajuste de personal, el patrono lo hará de acuerdo a las estipulaciones del Contrato Colectivo, y estando contemplado que el INJUPEMP, haría el análisis correspondiente para determinar la necesidad de plazas y otorgarles permanencia a todos aquellos trabajadores no permanentes, pero que habían laborado por muchos años tal como está probado en la contestación de demanda de mérito y que obra a folios del 23 al 44, en tal sentido para cumplir con esta obligación es meritorio el reintegro de los trabajadores despedidos y habiéndole restablecido sus derechos hacer lo pertinente de conformidad a la cláusula.”.- IX.- Que tal como se indicara precedentemente, el error de hecho es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en si misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario. [1].- X. Del análisis del expediente de mérito, este Tribunal observa que el A-Quem analizó la prueba en su conjunto valorándola atendiendo a las reglas de la sana crítica y del conocimiento, formando libremente su convencimiento sin sujeción a la tarifa legal de pruebas. En lo atinente a la libre apreciación de los medios instructorios, tanto la Doctrina como la jurisprudencia han reiterado que la evaluación de ese material probatorio hecha por el sentenciador de instancia es intocable, no puede destruirse en casación, aún cuando no se esté de acuerdo con ella, salvo el caso excepcional de error evidente de hecho, es decir, que la libertad del tribunal para estimar los medios de prueba solo tiene el límite que le demarca lo absurdo de la conclusión a que lo lleva un error en la apreciación probatoria, entendiéndose por conclusión absurda lo que repugna a la razón natural. Por todo lo anterior, tampoco este motivo resulta estimable.- XI.- También se pide se declare la nulidad subsidiaria del fallo recurrido, bajo el siguiente señalamiento: “Esta Honorable Corte Suprema de Justicia, de manera reiterada ha venido sosteniendo, con sapiencia, que, en el tópico de las resoluciones judiciales, es trascendente lo referente a la fundamentación, ya que a través de la misma se exponen razones jurídicas, para reconocer o determinar la existencia de un hecho, al que, se le aplican consecuencias jurídicas. Esta cumple dos funciones a saber: 1. INTERNA en el proceso (dentro de un procedimiento o proceso explica a los involucrados por que se acogen o no determinadas pretensiones y facilitan los controles internos); 2. EXTERNA dirigida a terceros no involucrados, pero si interesados en el proceso. La fundamentación es un ejercicio racional, mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios a cerca de su corrección y validez, no hay que confundir motivar con fundamentar, quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para ser aceptable lo resuelto; por eso en materia jurídica, las decisiones solo son válidas, si están respaldadas por razonamientos legales, facticos, probatorios y jurídicos. Que de conformidad a lo establecido en el artículo 1589 del Código Civil ‘La nulidad absoluta puede alegarse por todo aquel que tenga interés en ella y debe, cuando. conste de autos, declararse de oficio, aunque las partes no la aleguen; y no puede subsanarse por la confirmación o ratificación de las partes, ni por un lapso menor que el que, se exige para la prescripción ordinaria” Asimismo los artículos 206, 207 y 208 del Código Procesal Civil establecen que las sentencias deben tener como requisitos internos, claridad, precisión, exhaustividad, motivación y congruencia, dentro de la motivación se expresa, que deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente en su conjunto, ajustándose siempre a la reglas de la lógica y de la razón; asimismo con respecto a la congruencia, las sentencias deben ser congruentes con las demandas y con las demás pretensiones de las partes, deducidas oportunamente en el pleito. Asimismo que las sentencias deben contener los requisitos esenciales para su validez, en el caso concreto que nos ocupa la sentencia recurrida dictada, por la Honorable Corte de Apelaciones del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 18 de octubre del año 2016, no cumple con los requisitos esenciales, para su validez, y por ello debe ser anulada y de vuelta al tribunal de su procedencia a efecto de que, volviendo las cosas al estado en que se encontraban cuando se dictó la misma la haga el Ad- Quem, sustanciar conforme a derecho, tanto en la forma como en el fondo existiendo 5 causas de nulidad los que describo a continuación: 1.- El artículo 206.1 del Código Procesal Civil, taxativamente establece “Las sentencias deben de ser claras, precisas y exhaustivas”, en el caso de mérito la sentencia recurrida no es clara, precisa y exhaustiva, para ello basta apreciar los considerandos 8,10 y 11 de la misma, que se describen y analizan de la manera siguiente: a) CONSIDERANDO 8: “La jurisdicción del trabajo esta instituida para decidir los conflictos jurídicos que se originen directamente o indirectamente del contrato de trabajo” siendo este una traducción literal, del contenido del párrafo primero del artículo 665 del código del trabajo, pudiendo apreciarse que en nuestro caso lo que se sometió al conocimiento de la jurisdicción del trabajo es precisamente el incumplimiento del contrato colectivo de trabajo suscrito entre el INJUPEMP, y SITRAINJUPEMP. CONSIDERANDO 10: “Que esta corle de Apelaciones en sentencia dictada en el expediente 7792 de fecha 20 de marzo del año 2013, en su numeral QUINTO dejo plasmado lo siguiente” en vista del reclamo presentado por el sindicato de trabajadores del Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo (INJUPEMP),el señor Director ANDRES ABEL1NO TORRES RODRIGUEZ, EN CASO DE QUE NO LO HAYA HECHO, deviene en la obligación de realizar los análisis técnicos que le permitan establecer la necesidad de plazas y de sus resultados realizar las gestiones ante los órganos competentes, para otorgarles la permanencia a todos aquellos empleados que laboran bajo la categoría de empleados no permanentes, a que se refiere la cláusula 20 del contrato colectivo de condiciones de trabajo, de la institución, puesto que el mismo es ley entre las partes, ya que de no hacerlo incurre en responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, según lo dispone el artículo 324 de la Constitución de la Republica, CONSIDERANDO 11: Que tal como se trascribió en el considerando anterior la parte demandante estaba en la obligación de exigir el cumplimiento de realizar estos análisis técnicos que permitieran establecer la factibilidad de su creación de estas plazas y de gestionar el presupuesto necesario para cumplir estas obligaciones, pero de las pruebas aportadas en juicio no consta que la parte demandante haya exigido este análisis a las autoridades del INJUPEMP; más bien dejo trascurrir el tiempo y se celebraron otros contratos colectivos entre las mismas partes, sin que en ello se haya dejado pactado el análisis señalado en la cláusula 20 del contrato colectivo de condiciones de trabajo, con vigencia del 2009 al 2010, por lo que no se puede ahora pretender el cumplimiento de dicho contrato colectivo de condiciones de trabajo, específicamente la cláusula 20 ya que el mismo no tiene vigencia alguna”. Debiendo apreciar la Honorable Corte Suprema de justicia. Lo siguiente: 1.- Contiene un acápite del Considerando 11 “Pero las pruebas aportadas en juicio no constan que la parte demandante haya exigido este análisis a las autoridades del INJUPEMP”. Lo que no es veraz, porque obra en la primera pieza de autos a folios del 104 al 107 demanda presentada en fecha 02 de marzo del año 2010, exigiendo el cumplimiento de esta obligación, es decir estando vigente el contrato colectivo que contiene dicha cláusula, y cuya vigencia era del 01 de enero del año 2009 al 31 de diciembre del año 2010, (folios 47 al 75), y cuya contestación obra a folios del 23 al 44 de la primera pieza de autos, presentada el 05 de mayo del año 2010, y obra a folios del 20 al 22, y la Sentencia aludida dictada por la corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de fecha 20 de marzo del año 2013, en el que en el Ordinal Quinto del Considerando 2 que obra a folio 21 vuelto donde según criterio de ese órgano jurisdiccional, el INJUPEMP, en caso de que no lo hubiera hecho se devenía obligada a cumplir con esta obligación contractual, de ahí que el criterio de que mi representado SITRAINJUPEMP, NO EXIGIÓ EL CUMPLIMIENTO DE DICHA OBLIGACIÓN, ES TOTAL Y ABSOLUTAMENTE ERRÓNEA. 2.- Con respecto al acápite siempre del Considerando 11 “Mas bien dejo de trascurrir el tiempo y se celebraron otros contratos colectivos entre las mismas partes, sin que ello se haya dejado pactado el análisis señalado en la cláusula 20 del contrato colectivo de condiciones de trabajo, con vigencia del 2009-2010, por lo que no se puede pretender ahora el cumplimiento de dicho contrato colectivo de condiciones de trabajo, específicamente la cláusula 20 ya que el mismo no tiene vigencia alguna. Sobre este particular el criterio de la Honorable Corte, es superlativamente erróneo por lo siguiente: a) porque la exigencia del cumplimiento de dicha cláusula data desde el 02 de febrero del año 2010, de conformidad a la demanda presentada al efecto en fecha 02 de febrero del año 2010, y contestada el 05 de mayo de ese mismo año, a que me réferi en la causa de nulidad que antecede, dicha exigencia o reclamo se hizo estando vigente el contrato de mérito, b) Porque este aspecto o circunstancia fue planteado como EXCEPCIÓN PERENTORIA DE PRESCRIPCIÓN, por la parte demandada, misma que fue declarada sin lugar por el órgano jurisdiccional de primera instancia, adquiriendo el carácter de firme, al no haber sido recurrida por el representante procesal del INJUPEMP, y confirmada por el Ad- Quem, siendo entendido que toda circunstancia controvertida con respecto a la temporalidad se define con la excepción o defecto materia de prescripción, ya que la PRESCRIPCIÓN Adquisitiva o Extintiva se traduce en el trascurrir del tiempo. c) porque como se expresa en el considerando 10 de la sentencia recurrida, la corte se pronuncia que el INJUPEMP, se devenía en la obligación de cumplir con la obligación de hacer, de conformidad a la sentencia de 20 de marzo del año 2013, misma que obra a folios del 20 al 22 de la primera pieza de autos, fecha en que ya se había extinguido la vigencia del contrato colectivo, vigente del 01 de enero del 2011 al 31 de diciembre del 2012, que obra de folios 175 al 179 siempre de la primera pieza de autos, y ya se había suscrito y estaba en vigencia el contrato colectivo 2013-2015, en ese sentido cuando culmina el segundo contrato, y se suscribe el tercero, existía Litis Pendencia, por estarse dirimiendo este conflicto en la jurisdicción del trabajo, contrastando los criterios expresados el 20 de marzo del 2013, con los criterios del considerando referido en la sentencia de mérito referida de fecha 18 de octubre del año 2016, d) Porque al haberlo plasmado en otros contratos, equivaldría a Novar y la Novación, es uno de los medios que extingue una obligación, para dar paso a otra, habida cuenta de que no era una circunstancia unilateral y discrecional del SITRAINJUPEMP, sino que debía contar con la avenencia del INJUPEMP, y ya para ese tiempo todos los trabajadores habían dejado de laborar por el despido de que fueron objeto, lo que está plenamente probado con la contestación de la demanda que obra de folios 23 al 44 de la primera pieza de autos, e) Porque el Novar equivaldría a renunciar a derechos establecidos en la cláusula 20 del contrato supra mencionado, y la convención colectiva no podrá concertarse en condiciones menos favorables, para los trabajadores que el contrato en vigor, de conformidad a lo que establece el artículo 60 preámbulo párrafo tercero del código del trabajo y porque en todo caso esta Novación, seria nula de pleno derecho, de conformidad a lo que establece el artículo 3 del Código del Trabajo, 1) Porque por las condiciones ya referidas y aceptadas por el INJUPEMP, y por la juzgadora de primera y segunda instancia de que no es un hecho controvertido de que el INJUPEMP, incumplió la obligación de hacer, y no habiéndose producido la prescripción alegada, el INJUPEMP, incurrió en morosidad, y por ello la obligación era exigible por la vía judicial tal como se hizo, SEGUNDA CAUSA: La sentencia adolece de MOTIVACIÓN, siendo la motivación un requisito esencial, para su validez, ya que la motivación debe contener aspectos facticos y jurídicos, y esta solo contiene aspectos facticos, pero no los jurídicos, al respecto el artículo 200.1 del Código Procesal Civil literalmente dispone “las sentencias serán siempre motivadas y contendrán en párrafos separados y numerados los antecedentes de hecho y los fundamentos de derecho, en los que base la parte dispositiva del fallo, asimismo el articulo 206.1 y 2 del Código Procesal Civil, literalmente dispone “MOTIVACIÓN. Las sentencias se motivaran expresando los razonamientos facticos y jurídicos que conduzcan a la valoración y apreciación de las pruebas, así como la aplicación e interpretación del derecho. La motivación deberá incidir en los distintos elementos facticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en su conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y la razón”. Pudiendo apreciar que la sentencia recurrida solo contiene elementos facticos, pero no se expresan los elementos o conceptos jurídicos, y siendo este un requisito esencial acarrea la NULIDAD O INVALIDEZ, por haberla dictado prescindiendo total y absolutamente de este requisito procesal, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 211.4 del Código Procesal Civil, y con ello causar indefensión. TERCERA CAUSA: La sentencia recurrida adolece de fundamentación jurídico ya que, si bien es cierto en la parte resolutiva o dispositiva, aparecen artículos del Código del Trabajo, ellos no guardan relación con los hechos controvertidos; el artículo 200.2 literal c del Código Procesal Civil, literalmente disponer “en los fundamentos de derecho se expresaran en párrafos separados y numerados los puntos de derecho fijados por las partes y de las Cuestiones controvertidas dando las razones y FUNDAMENTOS LEGALES DEL FALLO, que ha de dictarse, CON EXPRESIÓN CONCRETA DE LAS NORMAS JURIDICAS APLICABLES AL CASO. Resulta Honorable Corte Suprema de Justicia, que en la parte resolutiva de la sentencia recurrida, el Órgano de Segunda Instancia se fundamenta en los artículos del Código del Trabajo, que no son aplicables al caso, y de ser aplicables seria inversamente favorable a las pretensiones del aquí demandante, para ello me permito analizar estos de la manera siguiente: 1.- El artículo 20 del Código del Trabajo, que contiene los elementos escánciales del contrato individual del trabajo. 2.- El artículo 47 que se refiere a que los contratos relativos a las labores que por su naturaleza sean continuas o permanentes en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido..., Existiendo la agravante que estos 2 artículos que aun y cuando es indudable que fueron APLICADOS INDEBIDAMENTE, por criterio de esa Honorable Corte, no son susceptibles de casación , lo que impide al aquí recurrente a ATACAR EL FALLO, existen precedentes que esa Honorable Corte, anulo sentencias proferidas por la Honorable Corte del Trabajo de Francisco Morazán, al haber omitido el tribunal la cita de las leyes en que fundo la exoneración del pago de los salarios caídos, a título de daños y perjuicios, por estimar que la demandada actuó de buena fe. Esto impide al recurrente atacar el fallo, que es precisamente lo que ocurre con la sentencia recurrida, que la corte sentenciadora de segunda instancia en la fundamentación jurídica, cita disposiciones no aplicables a los hechos controvertidos, y al ser estas disposiciones de carácter general, me impide como recurrente a atacar el fallo. Por regla general la infracción por aplicación indebida es precisamente la aplicación por parte del sentenciador de leyes ajenas a la cuestión debatida. Esta consiste en invocar para la decisión del pleito normas jurídicas ajenas a la cuestión debatida. Esto supone naturalmente que la sentencia ha desfigurado la Litis caracterizando en forma distinta de la propia y verdadera la relación de derecho que se discute, en resumen el sentido de la infracción se produce al citar y fundamentar el fallo con una norma legal extraña, a los hechos estimados y probados, de ahí su determinación de aplicación indebida, ya que se cita un precepto pero en FORMA INDEBIDA. CUARTA CAUSA: La prueba documental, propuesta y admitida a la parte demandante y la prueba Reconocimiento Judicial, propuesta y admitida a ambas partes, no fue apreciada por la Honorable Corte Sentenciadora, razón por la cual, la sentencia debe ser anulada ya que es por criterio de esa Honorable Corte Suprema de Justicia y la doctrina se debe actuar con “La correcta inteligencia de apreciación conjunta de prueba, quiere decir que se examine cada una por separado y después se suman, se conjugan, se contrastan, y se corroboran respectivamente sus resultados”, en consecuencia debe ser anulada la sentencia bien materialmente o bien formalmente con reenvié al tribunal de instancia cuando ésta tan imprecisa formula hubiera dejado de razonar sobre todas y cada una de las pruebas practicadas” en el caso que nos ocupa, al haber dejado de apreciar las pruebas relacionadas es un imperativo categórico, que esta causa por si sola conlleva a que el tribunal supremo anule la sentencia de merito recurrida, devolviéndola al tribunal de su procedencia. QUINTA CAUSA: Como es de vuestro conocimiento Honorable Corte Suprema de Justicia, de conformidad al procedimiento laboral, en la primera audiencia de trámite, el demandante puede corregir o enmendar la demanda, y en el caso que nos ocupa, se corrigió la misma adhiriendo los siguientes trabajadores: 1) SANTOS ISIDRO CRUZ CRUZ, 2) DAVID ENRIQUE AGUILAR VASQUEZ, 3) WILTON ALAMBER GÓMEZ CARDONA, 4) PATRICIA YAMILETH SIERRA BACA, 5) JOHANA CAROLINA BENITEZ COELLO, 6) JOSE ELIAS ESTRADA MATAMOROS, 7) ERLINDA GUILLEN CASTELLON, 8) NIDIA ELIZABETH RAMIREZ MORENO, 9) LUIS ALONZO GODOY ALVAREZ, y 10) ARACELY FLORES BUESO, para ser 112 trabajadores que aparecen en la sentencia que obra a folios 231 al 153 de los autos, y sin embargo ni la juzgadora de primera instancia ni el Tribunal Ad- Quem, los incorporo en sus sentencias, ello conlleva a la violación del proceso y por ende es una causa de nulidad. Por (o antes expuesto (a sentencia recurrida debe ser anulada volviendo las cosas al estado en que se encontraban, cuando se produjo las causas de nulidad, para que volviéndolas al tribunal de su procedencia, esta las haga sustanciar conforme a derecho, dictando la que en derecho corresponda. FUNDAMENTACION JURIDICA DE LA NULIDAD: Fundamento la presente nulidad en los artículos 80, 82, 90 párrafo primero, 321, 323, 324, de la Constitución de la Republica; 1586 párrafo primero y segundo, 1589 del Código Civil; 200.1, .2 literal b), c) y d), 206, 207, 208.1, 212.4, del Código Procesal Civil.”.- XII.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, la sentencia del Ad-Quem confirma y hace suyo el fallo de primera instancia, por lo cual también su motivación y fundamentación, igualmente el Impetrante ha podido estructurar debida y adecuadamente en una o más causales del recurso, las situaciones expuestas sobre la aplicación indebida de normas que aduce, así como lo del señalamiento de prueba no apreciada; sobre el cuestionamiento de que se omitió el nombre de otros demandantes incluidos en la audiencia primera de trámite, al revisarse dicha actuación se determina que tal pretensión de agregarlos fue rechazada por el órgano jurisdiccional, al señalar que ello sería objeto de la prueba; en conclusión, las causas de nulidad expuestas no tienen suficiente base para que la sentencia recurrida sea estimada como violatoria del derecho de defensa o debido proceso, resultando inestimable tal petición de nulidad subsidiaria.- XIII.- Por las razones antes expuestas, es procedente desestimar la pretensión que encierran los cuatro motivos de casación y además, cabe declarar sin lugar la nulidad subsidiaria solicitada.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus cuatro motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad subsidiaria solicitada. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiocho días del mes de noviembre del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha treinta y uno de octubre de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 604-16.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO

SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

[1] Ver sentencia del 10 de marzo del 2015 dictada en el expediente SL 598-13.