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Sentencia CL-580-15 — Registro 7043

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro en iguales o mejores condiciones por despido directo e injustificado, salarios dejados de percibir

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"El cargo que antecede no resulta ser admisible, en virtud de que: a) el artículo 858 del Código del Trabajo, indicado como disposición violada, no es una norma sustantiva que consagre derechos u obligaciones recíprocas o que las extinga, ya que dicho precepto es de naturaleza adjetiva o procesal y por ello no puede ser objeto de ataque en este extraordinario recurso; b) dado el principio de gratuidad que impera en materia laboral, en reiteradas oportunidades se ha venido señalando que la condena en costas es de carácter excepcional, que para imponer las mismas los juzgadores deben determinar si procede tal condena, en los casos en que se advierta que se ha litigado con abuso o notoria falta de derecho, falta de lealtad procesal, temeridad, etc. y no por el principio del vencimiento previsto en el Código Procesal Civil, como lo señala el tribunal de segunda instancia (ver sentencias expedientes CL 32-12, 467-13 y 308-15).-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"El cargo que antecede no resulta ser admisible, en virtud de que: a) el artículo 858 del Código del Trabajo, indicado como disposición violada, no es una norma sustantiva que consagre derechos u obligaciones recíprocas o que las extinga, ya que dicho precepto es de naturaleza adjetiva o procesal y por ello no puede ser objeto de ataque en este extraordinario recurso; b) dado el principio de gratuidad que impera en materia laboral, en reiteradas oportunidades se ha venido señalando que la condena en costas es de carácter excepcional, que para imponer las mismas los juzgadores deben determinar si procede tal condena, en los casos en que se advierta que se ha litigado con abuso o notoria falta de derecho, falta de lealtad procesal, temeridad, etc. y no por el principio del vencimiento previsto en el Código Procesal Civil, como lo señala el tribunal de segunda instancia (ver sentencias expedientes CL 32-12, 467-13 y 308-15)"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 717 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 219 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

.."Que no puede prosperar el cargo que antecede por las siguientes razones: a) El error de hecho no procede en casación sino en los casos que el mismo resulte manifiesto o evidente, es decir, que en las situaciones dudosas los Tribunales se encuentran facultados para decidir en la forma en que estimen mejor acreditado los extremos en litigio; en el presente caso, no se aprecia que el Ad-Quem haya incurrido en un error de ese tipo, al estimar la procedencia de la demanda, atendiendo el conjunto del material probatorio aportado por las partes; y, b) El tema central o de fondo de la decisión judicial, es que a la demandada le prescribió la acción para despedir a las demandantes, conforme lo dispuesto en el artículo 863 del Código del Trabajo, por lo que el argumento sobre la evaluación del desempeño como causa de rescisión de los contratos de trabajo, si bien fue discutido y objeto de la prueba, tal punto no es determinante para la solución del conflicto, toda vez que esa situación jurídica (rescisión de los contratos) no tiene cabida expresa dentro de la normativa que rige las relaciones laborales, cuyas causas de terminación aparecen contempladas en el artículo 111 del citado Código y no pueden aplicarse otras previstas en otro tipo de legislación o convención, conforme el orden público laboral."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 111 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 865 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: De la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinticinco días del mes de abril del dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia los Recursos de Casación Laboral formalizados ante éste Tribunal de Justicia, el primero en fecha diecisiete de febrero del año dos mil dieciséis, por el Abogado JOSE ENRIQUE PALMA VILLEDA, en su condición de representante procesal de las señoras MARÍA LUISA CALIX CRUZ y REINA MARGARITA CASTELLANOS FIGUEROA, y el segundo, en fecha nueve de marzo del año dos mil dieciséis, por el Abogado FELIPE AUGUSTO MORALES TORO, en su condición de representante procesal de la FUNDACIÓN JICATUYO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el reintegro en iguales o mejores condiciones por despido directo e injustificado, salarios dejados de percibir, más las costas del presente juicio, promovida ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en fecha nueve de marzo del año dos mil quince, por las señoras MARÍA LUISA CALIX CRUZ y REINA MARGARITA CASTELLANOS FIGUEROA, contra la FUNDACIÓN JICATUYO, por medio de Presidente del Consejo de Administración, el señor JEREMIAZ BENITEZ DIAZ. Los recursos de casación se interpusieron en contra de la sentencia de fecha diez de noviembre del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, que falló CONFIRMNDO la sentencia de fecha ocho de septiembre del año dos mil quince, proferida por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral promovida por las señoras MARIA LUISA CALIX CRUZ y REINA MARGARITA CASTELLANOS FIGUEROA contra la institución denominada FUNDACION JICATUYO a través de el Presidente del Consejo de Administración, el señor JEREMIAS BENITEZ DIAZ, todos de generales expresadas en el preámbulo de la presente sentencia.- SEGUNDO: Condenar a la institución denominada FUNDACION JICATUYO a la reinstalación a sus labores en igual o mejores condiciones de las señoras MARIA LUISA CALIX CRUZ y REINA MARGARITA CASTELLANOS FIGUEROA. TERCERO al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha que fueron despedidas hasta la fecha en que se reinstale a las trabajadoras demandantes en su puesto de trabajo. CUARTO: Tomando en consideración el principio de vencimiento regulado en el Código Procesal Civil se condena en COSTAS en esta instancia a la parte vencida en este juicio”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Las demandantes expresaron en el escrito de su acción, lo siguiente: MARIA LUISA CALIX CRUZ, inició su relación laboral con la demandada en fecha 1 de junio del año 2009, como Directora Ejecutiva, devengando L.42,820.56 mensuales; REINA MARGARITA CASTELLANOS FIGUEROA, inició su relación laboral con la demandada fecha 2 de enero del año 2006, como Secretaria Administrativa, devengando L.7,000.00 mensuales, pero en reconocimiento a su alto grado de desempeño, a partir de la fecha uno de octubre del año dos mil once, es ascendida al puesto de Gerente de Servicios Financieros, el cual desempeñó durante los últimos años, devengando por esta actividad en los últimos meses L.24,093.28. En fecha 11 de julio del año 2014, la Ingeniera María Luisa Cálix Cruz, envió una nota a diversas Instituciones entre ellas la Oficina Regional del Trabajo de esta ciudad de Santa Rosa de Copán, así como al mismo Consejo de Administración, poniendo en conocimiento hechos y violaciones que había recibido meses atrás, tanto como trabajadora, persona y mujer desde que se dio la instalación del nuevo Consejo de Administración. Por su parte la Licenciada Reina Margarita Castellanos Figueroa, en el mes de julio del año dos mil catorce, puso en conocimiento de su jefe inmediato, la Ingeniera María Luisa Cálix, que desde unos meses atrás la información financiera que debía enviarle el Banco Fiduciario con el cual trabajan y que es necesaria para poder desarrollar todas las actividades dentro de su competencia, no estaba siendo recibida en tiempo y forma, haciéndose llegar directamente al Consejo de Administración, por solicitud de este, lo que ocasionó que se viera retrasada en los informes que debería de presentar de manera mensual, significándole verse afectada en cuanto al rendimiento laboral, esta en fecha 02 de octubre del año 2014, redactó documento en el cual detallaba las razones por las que estaban existiendo atrasos en su área de trabajo, siendo la principal la antes relacionada. Resulta que en fecha 1 de agosto del año 2014, el Consejo de Administración de la Fundación JICATUYO tomó la determinación de contratar un evaluador externo para que evalúe las actividades que la Dirección Ejecutiva y las Gerencias realizan, una vez realizado este informe, el cual comenzó el mes de agosto del año 2014 y que finalizó en el mes de octubre del año 2014, el Presidente del Consejo de Administración de la demandada, el señor JEREMIAS BENITEZ DIAZ, en fecha 4 de diciembre del año 2014, hace llegar a la Ingeniera MARIA LUISA CALIX CRUZ, una copia del informe final de la evaluación externa realizada a la dirección ejecutiva, gerencia administrativa, gerencia de gestión empresarial, gerencia de servicios financieros y gerencia de comercialización, en el cual mi representada la Licenciada REINA MARGARITA CASTELLANOS FIGUEROA, obtenía una calificación total 52.14 % y la Ingeniera MARIA LUISA CALIX CRUZ una puntuación de 57.08%, producto de lo anterior, en fecha 7 de enero del año 2015, de esta manera la demandada cometió una ilegalidad, pues como claramente se encuentra establecido en el contrato de trabajo, la evaluación de desempeño para que pueda constituir causal de rescisión o despido debe realizarse en un periodo ANUAL y observarse una calificación inferior al ochenta por ciento (80%), no de dos meses como en el presente caso, además el Consejo de Administración tuvo conocimiento de los resultados de la referida evaluación, en el mes de octubre, por lo que si a criterio del Consejo era meritorio tomar alguna acción (despido en el caso que nos ocupa) debió hacerlo dentro de 1 mes contado a partir desde el momento que tuvo conocimiento de los hechos que motivan a tomar tal acción, esto en fundamentado del artículo 863 del Código del Trabajo.- 2.- La parte demandada, la fundación JICATUYO, contestó dicha demanda, señalando que el contrato de la Ingeniera María Luisa Cálix Cruz fue rescindido por no haber cumplido con las expectativas pactadas, términos de referencia y estatutos de la Fundación Jicatuyo, esto debido a las quejas, inconformidades, que desde hace mucho tiempo se venían presentado por parte de los socios de la Fundación Jicatuyo y algunos entes que tienen relación de trabajo con la Fundación y si bien es cierto la firma auditora Asesora, S. de R. L., comenzó la auditoria el 19 de agosto del año 2014 y finalizó el 26 de septiembre del mismo año, su informe final, realizado en octubre del 2014, pero para que este informe surtiese efecto tenía que dársele un procedimiento legal, pues el informe había que ponerlo en conocimiento de la Dirección Ejecutiva y sus Gerencias, así como también al Ministerio del Trabajo, pues las personas afectadas tenían el derecho de pedir las explicaciones tal como sucedió, y que consta en la nota de explicación dirigida a las demandantes por el Presidente del Consejo de Administración en fecha 19 de diciembre del año 2014, por lo cual la Ingeniera María Luisa Cálix Cruz, al no poder cumplir con los estándares de calidad que el contrato impone, así como también al haber obtenido una calificación menor al 80% no cumple con lo convenido en el contrato individual de trabajo, siendo esta una causa de rescisión del contrato de trabajo en referencia. La Licenciada Reina Margarita Castellanos Figueroa, se le rescindió su contrato individual de trabajo por no cumplir con las expectativas pactadas, términos de referencia y estatutos de la Fundación Jicatuyo y no por las causas que ella expresa en la nota de fecha 21 de octubre del año 2014, causas que fueron aclaradas y desvirtuadas por el Consejo de Administración de la Fundación, según consta en la nota enviada por el Consejo de Administración a la Coordinadora Regional de la Secretaría del Trabajo de fecha 11 de noviembre del 2014. Finalmente cabe mencionar que es BANHCAFE, quien maneja los fideicomisos de la Fundación Jicatuyo quien envía los informes a los niveles correspondientes que son la Dirección Ejecutiva, Consejo de Administración; es más bien la Gerente de Servicios Financieros como enlace operativo entre la Fundación Jicatuyo y BANHCAFE, la Licenciada Margarita Castellanos, quien debe estar atenta a que el Fiduciario cumpla con lo pactado en los contratos de Fideicomisos y en última instancia es la Dirección Ejecutiva y esta como responsable del buen manejo de los asuntos de la Fundación y siendo que esta admitió que hubo una descoordinación en el trabajo que provocó las constantes quejas de los asociados de la Fundación por el incumplimiento de sus solicitudes, incumplimientos en los contratos y convenios especiales suscritos con aleados estratégicos de la Fundación, así como también el incumplimiento en los porcentajes que el contrato individual de trabajo le exigía a las demandantes y también por las causas ya mencionadas es que se le rescindió su contrato de trabajo.- 3.- El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en fecha ocho de septiembre del año dos mil quince, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por María Luisa Cálix Cruz y Reina Margarita Castellanos Figueroa, contra la fundación JICATUYO; bajo el criterio que las señoras María Luisa Cálix Cruz y Reina Margarita Castellanos Figueroa, iniciaron su relación con la fundación demandada, la primera, en fecha uno de junio del año dos mil nueve, como directora ejecutiva, devengando la cantidad de cuarenta y dos mil, ochocientos veinte lempiras, con cincuenta y seis centavos (L 42,820.56), y la segunda, en fecha dos de enero del año dos mil seis, ascendida posteriormente al cargo de Gerente de Servicios Financieros, devengando la cantidad de veinticuatro mil noventa y tres lempiras con veintiocho centavos (L. 24,093.28).- En fecha diecinueve de diciembre del año dos mil catorce, ambas demandantes recibieron nota por la parte patronal donde se les comunicaba la rescisión de sus contratos; con respecto a la señora María Luisa Cálix Cruz, por varios llamados de atención que en el transcurso del juicio no fueron probados. Ambas fueron sancionadas con el despido, debido en su mayoría al porcentaje obtenido en la evaluación de desempeño, pues obtuvieron un mal porcentaje en la evaluación de desempeño, siendo este por debajo de los requisitos que establecen para tal efecto, es decir, fueron reprobadas en la evaluación llevada a cabo. En el presente caso el motivo de conflicto es que la Fundación Jicatuyo consideró oportuno la realización de una evaluación de resultados, siendo hasta en fecha veintisiete de agosto del año dos mil catorce, que la empresa asesora contratada inició el proceso de evaluación, no habiendo sido de manera anual como pretende hacer creer la parte demandada, en fecha veintitrés de octubre del año dos mil catorce, mediante acta no. 195 en el punto 13 inciso 4, se le dio a conocer al Consejo de la Fundación demandada el informe final de los resultados de la evaluación a la directiva y gerencias, resolviendo no renovar los contratos de María Luisa Cálix Cruz y Reina Margarita Castellanos Figueroa, en virtud de no haber alcanzado el porcentaje del 80% requerido; lo cual deja más que claro que la parte demandada dejó prescribir el término que la ley le confiere para despedir al trabajador desde que se conoce alguna causa justa para la terminación del contrato.- 4.- La Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en fecha diez de noviembre del año dos mil quince, dictó sentencia confirmando la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que de acuerdo a la prueba ofertada, no hay duda de la relación laboral que existió entre las demandantes y la institución demandada, estableciendo documentalmente que en el caso de María Luisa Cálix, inicia a laborar como Directora Ejecutiva de la Fundación Jicatuyo el 1 de enero de 2009, recibiendo mensualmente en razón del contrato suscrito entre ambos, la cantidad de L.42,820.56, de los cuales L.33,880.00 correspondían a su salario mensual y el resto al pago prorrateado de los derechos laborales consistentes décimo tercer mes, décimo cuarto mes de salario y auxilio de cesantía; por su parte, Reina Margarita Castellanos, inició a trabajar para la Fundación Jicatuyo en el cargo de Secretaria Administrativa, en fecha 2 de enero de 2006, siendo posteriormente promovida al cargo de Gerente de Servicios Financieros, recibiendo como pago mensual la cantidad de L.24,034.46, de los que correspondían L.19,062.80, como salario mensual, y el resto al pago de sus derechos laborales, de la misma forma que se hizo con la señora Cálix, todo esto acreditado con los contratos de trabajo, ademdum, copias de planillas de pago que fueron allegadas a juicio. Las obligaciones de las contratadas, debían someterse a evaluaciones de desempeño periódicas, debiendo obtener un promedio anual de 80% como mínimo, estableciéndose en los mismos contratos, que en caso de no obtener la nota mínima requerida y establecida contractualmente era causa de rescisión del contrato; entonces, es claro que la relación contractual suscrita entre las demandantes y la institución demandada, establecía lo que podemos llamar una “causal contractual de despido”, en consonancia con lo determinado en el artículo 112 literal “1” del Código del Trabajo. El Consejo de Administración de la Fundación Jicatuyo, en sesión celebrada en fecha 1 de agosto de 2014, determinó la realización de evaluación de desempeño a la Dirección Ejecutiva y todas las Gerencias de la institución, ordenándose en esa misma fecha, la contratación de un evaluador externo, obligación que recayó en la empresa denominada “Asesora de S. de R. L,” a través de Luis Fernando Arita, quien presentó los instrumentos de evaluación, los cuales fueron aprobados por el Consejo de Administración de la institución demandada, esa evaluación se realizó en los siguientes dos meses, de septiembre y octubre de 2014 y evaluándose las actividades de dos años de antigüedad, así lo afirmó Luis Fernando Arita, al comparecer al estrado judicial, y ratificado esto con la constancia que como documento se presentó como prueba por parte de la institución demandada, resultando que María Luisa Cálix obtuvo una nota de 57.08% y Reina Margarita Castellanos una nota de 52.14%. Aún en vista de lo antes manifestado, dentro del planteamiento de la demanda, se alegó una prescripción, es decir, que a pesar que considera nulo el proceso de evaluación a que fueron sometidas sus clientas, el hecho que resultaran con una nota inferior a la establecida en los contratos de trabajo suscritos por las demandantes, la rescisión de esos contratos, es una sanción, por tal razón y de acuerdo a lo establecido en la ley laboral vigente, la institución demandada, tenía un tiempo determinado para proceder a hacer efectiva esa sanción, y tomando en cuenta, que es un hecho establecido por la parte actora y aceptado por la institución demandada, que el Consejo de Administración de la Fundación Jicatuyo, tuvo pleno conocimiento de los resultados del proceso de evaluación de desempeño y por consiguiente de las notas obtenidas por las señoras Cálix y Castellanos, las cuales eran inferiores a la nota a que estaban obligadas a obtener en razón de lo estipulado en sus contratos de trabajo, en fecha 23 de octubre de 2014, según copia de certificación de acta de sesión del Consejo de Administración número 195 de esa misma fecha 23 de octubre de 2014, entonces, implicó que de acuerdo a lo establecido en los contratos de trabajo suscritos con las demandantes y en aplicación de lo que determina la ley laboral en el artículo 112 literal “1”, en consonancia con el artículo 863 del Código del Trabajo, tenía un plazo máximo de conformidad con la ley de un mes para proceder a la rescisión del contrato, es decir, hasta el 24 de noviembre de 2014; sin embargo, y de acuerdo a la documentación incorporada como prueba a juicio por una y otra parte, es claro, que la rescisión de los contratos de trabajo se produjo hasta el 19 de diciembre del año 2014, es claro, que la relación laboral de María Luisa Cálix y Reina Margarita Castellanos con la institución demandada finalizó a partir de esa fecha 19 de diciembre de 2014 , tal y como consta a folios, visto lo anterior, es claro, que a pesar que la institución demandada, tenía fundamento legal para proceder a rescindir los contratos de trabajo celebrados con las ahora demandantes, al no hacerlo dentro del mes siguiente a la fecha en que tuvo conocimiento de los resultados de la evaluación de desempeño realizada, le había prescrito el derecho a sancionar a las empleadas con la rescisión de sus contratos de trabajo.- 5. Mediante auto de fecha nueve de febrero del año dos mil dieciséis, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado FELIPE AUGUSTO MORALES TORO, en su condición de representante procesal de la FUNDACIÓN JICATUYO y JOSE ENRIQUE PALMA VILLEDA, en su condición de Representante Procesal de las señoras MARÍA LUISA CALIX CRUZ y REINA MARGARITA CASTELLANOS FIGUEROA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a los recurrentes por el término de veinte días para que formularan por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha diecisiete de febrero del año dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal el Abogado JOSE ENRIQUE PALMA VILLEDA, en su condición de Representante Procesal de las señoras MARÍA LUISA CALIX CRUZ y REINA MARGARITA CASTELLANOS FIGUEROA, formalizando su demanda y en fecha nueve de marzo del año dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal el Abogado FELIPE AUGUSTO MORALES TORO, en su condición de representante procesal de la FUNDACIÓN JICATUYO, formalizando su demanda, ambos exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha diecisiete de febrero del año dos mil dieciséis, el primero y en fecha nueve de marzo del año dos mil dieciséis, el segundo, se les tuvo por devuelto el traslado conferido a los Recurrentes y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándoseles el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; JOSE ENRIQUE PALMA VILLEDA hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha dieciocho de abril del año dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación, en su condición de representante procesal de la parte recurrente, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente y el Abogado FELIPE AUGUSTO MORALES TORO no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veinte de abril del año dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación en su condición de representante procesal de la parte recurrente; en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado JOSE ENRIQUE PALMA VILLEDA, en su condición de representante procesal de las señoras MARÍA LUISA CALIX CRUZ y REINA MARGARITA CASTELLANOS FIGUEROA, en su único motivo expresa: “Contener la sentencia recurrida, violaciones a la Ley sustantiva de orden nacional por infracción directa por falta de aplicación de la norma contenida en el artículo 858 del código del trabajo en relación con los 219 numerales 1 y 2 , 221 y 931 del código procesal civil.- PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación se encuentra comprendido en el artículo 765 párrafo primero numeral primero del Código del Trabajo: CONCEPTO DE LA INFRACCION: El concepto de la infracción pasó a explicarlo de la siguiente forma: Como ya ha sido señalado en reiteradas ocasiones por esta Corte dejando plenamente establecido el criterio que la infracción Directa de La Ley, parte de la base que la sentencia no aplique la norma que regule el caso debatido y establecido en el proceso, cuando el texto de la norma es absolutamente claro. El artículo 221 del código procesal que es de aplicación analógica al proceso laboral en base al artículo 858 del código del trabajo en relación con el artículo 931 del código procesal civil, establece que cuando sean desestimadas todas las pretensiones de un recurso de apelación o extraordinario de casación, se aplicará, en cuanto a las costas del recurso, lo dispuesto en este Código en cuanto al principio del vencimiento. Consta en autos que las pretensiones de la parte demandada fueron totalmente desestimadas por el tribunal AD QUEM, pues este, confirmó en todos y cada uno de sus puntos la sentencia que había llegado a su conocimiento en vías de apelación y que fuere dictada por el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, departamento de Copán, en fecha ocho (08) de septiembre del ano do mil quince (2015) y mediante la cual se Declaraba Con Lugar la demanda interpuesta por mis representadas a través de esta representación procesal, condenando a la FUNDACIÓN JICATUYO al reintegro de las demandantes a sus puestos de trabajo en iguales o mejores condiciones, así como el pago de los salarios dejados de percibir desde el momento que tuvo lugar el despido hasta aquella fecha en que con sujeción a las normas procesales quede firme el fallo, así como el pago de costas en aquella primera instancia. No obstante la Corte Sentenciadora de aplicar la norma contenida en el artículo 858 del Código del Trabajo que permite aplicar la condena en costas del artículo 221 del código procesal civil en relación con el artículo 931 del mismo código. Disposición sustantiva de orden nacional infringida por el sentenciador al no aplicarla como reguladora del caso debatido, siendo absolutamente claro el texto de la Norma y sin embargo la sentencia recurrida al absolver a la demandada del pago de costas en segunda instancia después de haber sido desestimadas completamente sus pretensiones, se encuentra dicha sentencia en abierta pugna con la Ley. EN ESTA FORMA QUEDA DEMOSTRADA LA INFRACCION ALEGADA EN ESTE MOTIVO. Es de hacer notar que si bien es cierto el código del trabajo establece un principió de gratuidad en su artículo 717, este queda plenamente definido en cuanto a sus alcances, pues ya determina que se aplicara únicamente para que las actuaciones en materia de trabajo no de lugar a impuestos de timbre, ni a derechos de o que las actuaciones que se deriven de proceso laboral cursen libres de porte por los correros nacionales. Pero esta norma también es clara y nada dice en cuanto absolver de costas, pero que en todo caso este principio de gratuidad debe operar únicamente para el trabajador por la de desigualdad existente de carácter social, económico y cultural respecto a la parte patronal que es la razón por la que existe el principio protectorio en el derecho del trabajo. Es por lo anterior Honorable Corte Suprema de Justica a través de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo que estando demostrada la infracción Directa de la Ley sustantiva contenida en este motivo, es procedente la prosperidad del cargo y CASAR la sentencia que se impugna.”.- III.- El cargo que antecede no resulta ser admisible, en virtud de que: a) el artículo 858 del Código del Trabajo, indicado como disposición violada, no es una norma sustantiva que consagre derechos u obligaciones recíprocas o que las extinga, ya que dicho precepto es de naturaleza adjetiva o procesal y por ello no puede ser objeto de ataque en este extraordinario recurso; b) dado el principio de gratuidad que impera en materia laboral, en reiteradas oportunidades se ha venido señalando que la condena en costas es de carácter excepcional, que para imponer las mismas los juzgadores deben determinar si procede tal condena, en los casos en que se advierta que se ha litigado con abuso o notoria falta de derecho, falta de lealtad procesal, temeridad, etc. y no por el principio del vencimiento previsto en el Código Procesal Civil, como lo señala el tribunal de segunda instancia (ver sentencias expedientes CL 32-12, 467-13 y 308-15).- IV.- Que el Abogado FELIPE AUGUSTO MORALES TORO, en su condición de representante procesal de FUNDACION JICATUYO, en su primer y único motivo señala: “Ser la sentencia recurrida violatoria de Ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la apreciación errónea del medio de prueba documental admitido a la parte demandante y demandada, que adelante se singularizan en relación a la demás prueba en su conjunto y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos, y que llevó en forma indirecta a la Corte sentenciadora a la violación de los artículos 113 párrafos primero, segundo y tercero literal b) interpretado del Código del Trabajo. REGIAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procésales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: La documental que se refiere a: 1) Nota de despido fechadas 19 de diciembre de 2014 entregadas a las demandantes señoras MARIA LUISA CALIX CRUZ y REINA MARGARITA CASTELLANOS FIGUEROA, y que corren a folios 53 y 54 de la primera pieza de autos; 2) Contrato Individual de Trabajo, suscrito entre FUNDACION JICATUYO y la señora MARIA LUISA CALIX CRUZ, junto con 1 adendum; 3) Contrato Individual de Trabajo, suscrito entre FUNDACION JICATUYO y la señora REINA MARGARITA CASTELLANOS FIGUEROA, junto con sus 6 adendum; 4) Informe Final de Evaluación de Desempeño. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al CONFIRMAR el fallo dictado por el Juzgado de primera instancia, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente los medios de prueba señalados anteriormente y admitidos a las partes y evacuados en su oportunidad, en relación a la demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código de Trabajo, ésta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal, se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto o sea ello es una obligación insoslayable y esa apreciación debe ser acertada y completa. En el caso en particular si se hubiesen apreciado correctamente por parte del Tribunal recurrido los medios de prueba señalados, se hubiera dado por establecido en forma indubitable la suscripción de los contratos de trabajo y sus prorrogas celebrados entre la demandada y los trabajadores demandantes, particularmente que la obligación de sometimiento a evoluciones de desempeño periódicos, obteniendo un desempeño promedio anual no menor del 80% de estas evoluciones (CLAUSULA NOVENA del contrato de trabajo de la señora María luisa Calix Cruz y CLAUSULA DECIMA OCTAVA Y DECIMA SEGUNDA literal “e” del contrato de trabajo de la señora Reina Margarita Castellanos), extremos acreditados con los medios de prueba documental y exhibición de documentos, mencionados en el acápite denominado prueba apreciada erróneamente, lo anterior con estrecha relación a las notas de despido fechadas 19 de diciembre de 2014, donde queda acreditado dichos señalamientos efectuadas a las señoras demandantes, donde se establece que obtuvieron por su orden una evaluación de 57.08% y 52.14%, ya que con ellas claramente se estableció una rescisión del contrato de trabajo por contemplar previamente una causal contractual de despido, sin embargo esos medios de prueba fueron apreciados erróneamente por el juzgador de segunda instancia, el cual aduce lo que en alguno de esos documentos se estableció por la parte demandada, por lo que resulta evidente el error judicial, lo que llevó en forma indirecta a la Corte sentenciadora a la violación de las normas sustantivas enunciadas, al declarar NO HA LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por mi representada como en estricto derecho correspondía el haberlo otorgado.”.- V.- Que no puede prosperar el cargo que antecede por las siguientes razones: a) El error de hecho no procede en casación sino en los casos que el mismo resulte manifiesto o evidente, es decir, que en las situaciones dudosas los Tribunales se encuentran facultados para decidir en la forma en que estimen mejor acreditado los extremos en litigio; en el presente caso, no se aprecia que el Ad-Quem haya incurrido en un error de ese tipo, al estimar la procedencia de la demanda, atendiendo el conjunto del material probatorio aportado por las partes; y, b) El tema central o de fondo de la decisión judicial, es que a la demandada le prescribió la acción para despedir a las demandantes, conforme lo dispuesto en el artículo 863 del Código del Trabajo, por lo que el argumento sobre la evaluación del desempeño como causa de rescisión de los contratos de trabajo, si bien fue discutido y objeto de la prueba, tal punto no es determinante para la solución del conflicto, toda vez que esa situación jurídica (rescisión de los contratos) no tiene cabida expresa dentro de la normativa que rige las relaciones laborales, cuyas causas de terminación aparecen contempladas en el artículo 111 del citado Código y no pueden aplicarse otras previstas en otro tipo de legislación o convención, conforme el orden público laboral.- VI.- Que el mismo Censor del fallo, pide la nulidad subsidiaria de la sentencia, exponiendo lo siguiente: “Se solicita se declare la nulidad absoluta de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, de fecha 16 de febrero de 2015, por haber sido proferida sin sujetarse a los lineamientos que sobre esta materia regula el Código del Trabajo y supletoriamente el Código Procesal Civil, violando con ello normas de orden público, que por lo tanto no pueden eludirse ni modificarse por convenciones de los particulares y su nulidad puede ser alegada por todo aquel que tenga interés en ella y cuando conste en autos puede declararse de oficio aunque las partes no la aleguen; tales deficiencias se detallan así: 1°. En la sentencia recurrida, entre otros puntos donde funda su criterio, se dice que las señoras demandantes se consideraban empleadas de confianza y que por ende se debía seguir el procedimiento de despido ante las autoridades del Trabajo y que si se hubiera seguido adecuadamente el procedimiento de despido hubiese estado bien hecho, lo cual resulta TOTALEMNTE ILOGICO E INCONGRUENTE ESTA APRECIACION y surge como una cuestión de oficio del Ad-Quem, incongruente con los puntos debatidos en el juicio, lo cual violenta lo establecido en el artículo 208 numeral 1) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria conforme lo establece el artículo 858 del Código del Trabajo, por consiguiente procede la nulidad de la sentencia, ya que también viola el derecho a la tutela judicial efectiva. 2° Otro de los errores cometidos por la Corte recurrida, se derivan en los fundamentos de derecho en que descansa la parte dispositiva de la sentencia, cuando pese a revocar el fallo de primera instancia en cuanto a la procedencia de la demanda, EN LA PARTE DE FUNDAMENTOS DERECHO numeral 10, expone claramente la jurisprudencia establecida por esta Honorable Sala Laboral- Contencioso Administrativo en relación a la condena en Costas, pero la Corte recurrida en la sentencia que hoy nos ocupa, claramente establece que mi poderdante FUNDACION JICATUYO, tenía motivos para litigar y que no ha actuado deslealmente, por lo que no se le condena en costas, pero al hacer suyo la sentencia de primera instancia, no se percató que el Juez A-quo condenó en costas a mi poderdante, violentando con ello el principio de gratuidad establecido en el artículo 717 del Código del Trabajo, y que este utilizó supletoriamente el Código PORCESAL civil para condenar en Costas a la demandada, por lo que es totalmente incongruente decir que si tuvo motivos racionales y suficientes para demandar, y no enmendar el fallo de primera instancia en este sentido.”.- VII.- Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio, de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal, de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, no se encontró vicio procesal que pueda ser objeto de ser anulado, ni tampoco que la sentencia recurrida sea “totalmente incongruente”, por lo que no se estima que la misma sea violatoria del derecho de defensa o debido proceso, resultando inestimable tal petición.- VIII.- Por las razones expuestas anteriormente, no procede la admisión de los recursos de casación formalizados por los Abogados JOSE ENRIQUE PALMA VILLEDA, en su condición de representante procesal de las señoras MARÍA LUISA CALIX CRUZ y REINA MARGARITA CASTELLANOS FIGUEROA, en su único motivo y FELIPE AUGUSTO MORALES TORO, en su condición de representante procesal de la FUNDACIÓN JICATUYO, en su primer y único motivo, como también se debe declarar sin lugar la nulidad subsidiaria solicitada.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación formalizado por el Abogado JOSE ENRIQUE PALMA VILLEDA, en su condición de representante procesal de las señoras MARÍA LUISA CALIX CRUZ y REINA MARGARITA CASTELLANOS FIGUEROA, en su único motivo. 2) DECLARANDO NO HABER LUGAR al recurso formulado por el Abogado FELIPE AUGUSTO MORALES TORO, en su condición de representante procesal de la FUNDACIÓN JICATUYO, en su primer y único motivo. 3) SIN LUGAR la solicitud de nulidad subsidiaria formulada por el Abogado FELIPE AUGUSTO MORALES TORO, en su condición relacionada. 4) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR.- MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta días del mes de mayo del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha veinticinco de abril de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 580-15.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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