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Sentencia CL-571-15 — Registro 7036

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda para que se pruebe la justa causa en que se fundó el despido, caso contrario se ordene el reintegro en iguales o mejores condiciones y el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se produzca la reinstalación, pago de los demás derechos laborales de conformidad a la contratación colectiva

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."Que el error de hecho es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley.  Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Del análisis del expediente de mérito, se observa que el Ad-Quem al confirmar la sentencia de primera instancia la hizo suya, destacándose que en dichos fallos se analizó la prueba en su conjunto, valorándola atendiendo a las reglas de la sana crítica y del conocimiento, formando libremente su convencimiento sin sujeción a la tarifa legal de pruebas. En lo atinente a la libre apreciación de los medios instructorios, tanto la Doctrina como la jurisprudencia han reiterado que la evaluación de ese material probatorio hecha por el sentenciador de instancia es intocable, no puede destruirse en casación, aún cuando no se esté de acuerdo con ella, salvo el caso excepcional de error evidente de hecho, es decir, que la libertad del tribunal para estimar los medios de prueba solo tiene el límite que le demarca lo absurdo de la conclusión a que lo lleva un error en la apreciación probatoria, entendiéndose por conclusión absurda lo que repugna a la razón natural, lo que a criterio de este Tribunal de Casación, no es la situación que se observa en el sub-júdice, ya que evidentemente no opera la prescripción al estimarse interrumpida la misma, siendo que el patrono ha reconocido el derecho reclamado, tal como lo determina el literal b) del artículo 868 del Código del Trabajo, desde que en la nota de terminación del contrato señaló que a la demandante le correspondía el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, lo cual deriva de la violación del derecho de estabilidad laboral, cuyo restablecimiento se ha ejercitado a través de la acción de reintegro, que es una de las alternativas que conceden los artículos 129 de la Constitución de la República y 113 del Código del Trabajo; por todo lo anterior, este motivo no resulta estimable

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 739 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veinticinco días del mes de abril del dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha cinco de enero del año dos mil dieciséis, por el Abogado ALEJANDRO SOTO OVIEDO, hondureño, mayor de edad, casado y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; SON PARTES: Recurrente: EL ESTADO DE HONDURAS, representado en juicio por el Abogado ALEJANDRO SOTO OVIEDO; y, Recurrido: la señora INGRID JULISSA AGUILAR HERNANDEZ, representando en juicio por el Abogado FRANCISCO RAFAEL FU QUEZADA. OBJETO DEL PROCESO: se pruebe la justa causa en que se fundó el despido, caso contrario se ordene el reintegro en iguales o mejores condiciones y el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se produzca la reinstalación, pago de los demás derechos laborales de conformidad a la contratación colectiva, costas del juicio, en relación a la demanda ordinaria laboral, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de este Departamento, en fecha nueve de marzo del año dos mil doce, por la señora INGRID JULISSA AGUILAR HERNANDEZ, hondureña, mayor de edad, hondureña, soltera y de este domicilio, contra el ESTADO DE HONDURAS, por medio del Procurador General de la República la señora ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, hondureña, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiocho de octubre del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de esta sección judicial, que falló confirmando la sentencia de fecha veintiuno de agosto del dos mil quince, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarar CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora INGRID JULISSA AGUILAR HERNANDEZ, contra el Estado de Honduras, por intermedio de su representante legal la Procuradora General de la República ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO.- SEGUNDO: CONDENAR al Estado de Honduras, por intermedio de su representante legal la Procuradora General de la República ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, a REINTEGRAR a su puesto de trabajo a la señora INGRID JULISSA AGUILAR HERNANDEZ, tan siquiera en igualdad de condiciones, más los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que la parte actora sea debidamente reinstalada, haciendo reserva de todas las disposiciones del contrato colectivo vigente.- TERCERO: SIN LUGAR la excepción de prescripción.- CUARTO: SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.-La demandante manifestó en el escrito de su acción, que comenzó a laborar para la demandada el 03 d octubre del 2008, en el puesto de auditor en la oficina central, dependiente de la Jefatura de Auditoría Interna, devengando un sueldo mensual, al momento del despido de L. 11,412.40, sin embargo y sin mediar causa justificada fue despedido mediante oficio RH-118-2010 de fecha 05 de noviembre del 2010, enviado por el Director Ejecutivo de la demandada, el señor Trinidad Suazo, en el cual informó al demandante que su contrato de trabajo y relación laboral llegaba a su fin el 08 de noviembre del año 2010 (misma fecha en que se le entregó el oficio). En relación a lo anterior el demandante manifestó que su despido es injusto debido a que la demandada no señalo ninguna de las causas establecidas en el artículo 112 del Código del trabajo, ya que lo único en que ampara el despido del actor es la reestructuración administrativa, por otra parte en el citado oficio la demandada le ofrece las prestaciones, evidenciando con ello que el pago es ilegal y también injusto.- 2.- La parte demandada, el ESTADO DE HONDURAS, contestó dicha demanda señalando que la demandante fue despedida porque en la empresa demandada se practico una verdadera reestructuración administrativa. Asimismo opuso la excepción perentoria o defecto material de prescripción, bajo el señalamiento de que la acción fue promovida fuera del término que concede la Ley.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de agosto del dos mil quince, dictó sentencia declarando con lugar la demanda, condena a la demandada a reintegrar a la demandante, sin lugar la excepción perentoria de prescripción; bajo el criterio que mediante nota de fecha 5 de noviembre del 2010, se le comunicó a la demandante la terminación de su contrato de trabajo con el ICF, a partir del 08 de noviembre del 2010, reconociéndole el pago de sus prestaciones laborales, justificando el mismo por reestructuración administrativa; que la decisión unilateral del empleador de despedir a la demandante quebranta el artículo 117 del Código del Trabajo, en el sentido que no se hace una relación circunstanciada de los hechos que motivan dicha causa de despido y tampoco se circunscribe a una causa de despido típica y preestablecida en la ley, y siendo que el despido una sanción disciplinaria, el trabajador tiene el derecho de conocer concretamente la causa que motivo al empleador para dar por terminado el contrato de trabajo y hacer prevalecer el principio de BUENA FE desde el inicio y durante la finalización de la relación laboral, por lo que el reclamo que nos ocupa debe ser declarado con lugar. En cuanto al defecto procesal o excepción de prescripción, si bien es cierto la falta de capacidad para ser parte y la falta de capacidad procesal son defectos insubsanables, pues se demandó a dos personas totalmente diferentes en cada caso, no es menos cierto que consta en la nota de despido el reconocimiento de las prestaciones laborales a favor de la demandante, asumiendo desde ya, que la acción de despido es totalmente ilegal, por lo que ante dicha situación es contraproducente alegar prescripción de la acción, ya que no tiene caso alegar ésta si el derecho que reclama se ha reconocido de cualquier forma por el empleador de manera expresa; y, para los efectos legales que procedan, constituyen hechos probados: inicio de la relación laboral 3 de octubre del 2008, salario mensual devengado a la finalización de la relación laboral L. 11,412.40, finalización de la relación laboral 8 de noviembre del 2010, por lo que constituyen normas de derecho objetivo, debiendo de ser cumplidas al momento de conceder los derechos laborales que le corresponden a causa de la ficción jurídica que provoca el reintegro.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha veintiocho de octubre del año dos mil quince, dictó sentencia confirmando la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que la parte actora reclama su reintegro a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, el pago de beneficios que le corresponden conforme al contrato colectivo de condiciones de trabajo vigente suscrito entre COHDEFOR y SITRACORDEFOR y el pago de salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta la reinstalación a su puesto de trabajo, más las costas del juicio, reclamo de derechos, impone la obligación a la parte actora para que acredite en juicio que su empleador le ha negado el derecho a su trabajo; derecho que es protegido por la Constitución de la República en su artículo 129 y el Código del Trabajo en del articulo 113; que acreditados los extremos el empleador está obligado a reintegrarlo a su puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones que tenía al momento de su despido unilateral e injustificado, más los derechos reclamados que se deriven del despido; para tales efectos ambas partes hicieron llegar al juicio, y de acuerdo a la revisión del Defecto Procesal se concluye que fue probado en juicio que la parte demandante interrumpió el término que la Ley confiere, para defensa de las partes, por lo que no operó la Prescripción; del estudio de los hechos y derechos, así como de los medios de prueba acreditados en el juicio, se ha llegado al convencimiento que la sentencia definitiva se encuentra apegada a derecho; este convencimiento se fundamenta en los hechos siguientes: 1) Que está probado de autos la relación laboral que existió entre el empleador y trabajador en el cargo de Jefatura de Auditoría Interna, la cual se inició el 3 de octubre del año 2008, con un salario de Lps.11,412.40 al momento del despido.- 2) Que, la relación laboral terminó en el mes de noviembre del 2010.- 3) Que la parte actora con su medio de prueba que acreditó en juicio justificó todas sus pretensiones, en consecuencia la sentencia definitiva dictada por la Juez A-quo está apegada a derecho por lo que es procedente su confirmatoria.- 5. Mediante auto de fecha treinta de noviembre del año dos mil quince, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado ALEJANDRO SOTO OVIEDO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha cinco de enero del año dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal el Abogado ALEJANDRO SOTO OVIEDO, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha cinco de enero del año dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha once de febrero del año dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado FRANCISCO RAFAEL FU QUEZADA, en su condición de representante procesal de la parte recurrida/recurrente, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional, tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el país, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II. Que el Abogado ALEJANDRO SOTO OVIEDO, en su primer motivo de casación alega lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva Nacional en Infracción Indirecta proveniente de falta de apreciación de la Prueba documental propuesta y admitida a la parte demandada relacionada con la prueba documentos públicos visibles a folios 7,61,71,72,74, 93 al 100 de la primera pieza de autos, que hizo incurrir en error de hecho que aparece de manifiesto en los autos y que lo llevo en forma indirecta a la violación del artículo 864 del Código del Trabajo. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las Normas Procesales que sirvieron de medio para la violación de las Normas Sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el articulo 765 numeral primero párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia, incurrió en error de hecho, al dejar de apreciar el medio de prueba documentos públicos identificados con los folios 7,61,71,72,74,93 al l00 de primera instancia.- Si la Honorable Corte recurrida hubiese apreciado esos medios de prueba, no hubiera concluido en el considerando nueve de la sentencia de segunda instancia que la parte demandante interrumpió la prescripción, ya que de los folios claramente identificados y documentos singularizados, se evidencia que el 6 de diciembre del año 2010 la parte demandada, solicita los servicios conciliatorios, que dichos servicios concluyen con el agotamiento de la vía administrativa en fecha 13 de diciembre del 2010, que promueve una primera demanda en fecha 11 de febrero del 2011 contra persona jurídica diferente a la segunda persona jurídica demandada, por lo cual la Honorable Corte de apelaciones del trabajo de esta sección judicial y en aquel momento y específicamente en fecha 13 de enero del 2012, declara con lugar los defectos insubsanables de falta de capacidad para ser parte y falta de capacidad procesal en consecuencia ordena el sobreseimiento y archivo y ha sido una línea jurisprudencial consistente que al haber demandado inicialmente una persona deferente y haber prosperado la falta de capacidad para ser parte o falta de personalidad no se interrumpe la prescripción, después de estar firme dicha resolución o sentencia, la parte demandante promueve una nueva demanda en fecha 9 de marzo del 2012, por lo que la afirmación de la Corte recurrida en el considerando noveno de la sentencia de segunda instancia que la parte demandante interrumpió la prescripción hace que el fallo recurrido, no corresponde a la realidad y por ende se ha incurrido en un error de hecho por la falta apreciación de las pruebas anteriormente singularizadas. Si bien es cierto, el Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, sin embargo, si debe inspirarse en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes, además, al proferir su decisión, debe analizar todas las pruebas allegadas en tiempo, tal como lo ordenan los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, reglas procesales que debió haber observado la Corte recurrida en la debida apreciación de los medios de prueba que he singularizado y que ello le hizo incurrir en error de hecho, por su falta de apreciación. Estimo que por las razones expuestas procede se Case la Sentencia por este motivo.”.- III.- Que el error de hecho es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en sí misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario. [1].- IV. Del análisis del expediente de mérito, se observa que el Ad-Quem al confirmar la sentencia de primera instancia la hizo suya, destacándose que en dichos fallos se analizó la prueba en su conjunto, valorándola atendiendo a las reglas de la sana crítica y del conocimiento, formando libremente su convencimiento sin sujeción a la tarifa legal de pruebas. En lo atinente a la libre apreciación de los medios instructorios, tanto la Doctrina como la jurisprudencia han reiterado que la evaluación de ese material probatorio hecha por el sentenciador de instancia es intocable, no puede destruirse en casación, aún cuando no se esté de acuerdo con ella, salvo el caso excepcional de error evidente de hecho, es decir, que la libertad del tribunal para estimar los medios de prueba solo tiene el límite que le demarca lo absurdo de la conclusión a que lo lleva un error en la apreciación probatoria, entendiéndose por conclusión absurda lo que repugna a la razón natural, lo que a criterio de este Tribunal de Casación, no es la situación que se observa en el sub-júdice, ya que evidentemente no opera la prescripción al estimarse interrumpida la misma, siendo que el patrono ha reconocido el derecho reclamado, tal como lo determina el literal b) del artículo 868 del Código del Trabajo, desde que en la nota de terminación del contrato señaló que a la demandante le correspondía el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, lo cual deriva de la violación del derecho de estabilidad laboral, cuyo restablecimiento se ha ejercitado a través de la acción de reintegro, que es una de las alternativas que conceden los artículos 129 de la Constitución de la República y 113 del Código del Trabajo; por todo lo anterior, este motivo no resulta estimable.- V.- Que el Impetrante expone un segundo motivo de casación en los términos siguientes: “Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva nacional, por aplicación indebida del artículo 868 literal a) del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación está comprendido en el artículo 765 numeral primero, parágrafo primero del Código del Trabajo. EXPLICACION DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al confirmar el fallo dictado por el juzgado de primera instancia, aplicó en la sentencia objeto del presente recurso, la disposición contenida en el artículo 868 literal a) del Código del Trabajo, con lo cual condeno al ESTADO DE HONDURAS al reintegro y salarios dejados de percibir. En el caso de autos la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo, ha aplicado indebidamente dicha disposición, porque no era del caso hacerlo, ya que dicha norma solo es aplicable cuando existe interrupción de la prescripción, tal y como erróneamente lo señala en el considerando noveno de la sentencia de segunda instancia recurrida, La Honorable Corte recurrida aplicó en la sentencia objeto del presente recurso, la disposición contenida en el artículo 868 literal a) del Código del Trabajo, donde se establece que: “El Termino de prescripción se interrumpe: a) Por demanda o gestión ante la autoridad competente”.- En el caso de autos la Honorable Corte ha aplicado indebidamente dicha disposición, porque no era del caso hacerlo, ya que se toma como referente para estimar según dicho Tribunal, que la parte demandante interrumpió la prescripción según lo indicado en el considerando noveno de la sentencia recurrida, sin tomar en consideración la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo que la primera demanda promovida por la demandante en fecha 11 de febrero del 2011, se emitió sentencia declarando con lugar los defectos insubsanables de falta de capacidad para ser parte y falta de capacidad procesal, por lo cual se ordenó el archivo y sobreseimiento y es conforme a línea jurisprudencial que una vez declarada con lugar la falta de capacidad para ser parte o falta de personalidad por haber demandado a persona jurídica diferente a la obligada, ello no interrumpe la prescripción.- Reitero Honorables Magistrados, que la norma en referencia (Art. 868 literal a) del Código del Trabajo), solo es aplicable cuando exista interrupción de la prescripción y tal como se ha indicado en el caso de autos no era aplicable.- En todo caso, la norma aplicable, era lo dispuesto en el artículo 864 del mismo Código, que establece que entre otras la prescripción de dos meses para que el trabajador demande o reclame contra un despido y al no haber existido interrupción prosperaba la prescripción interpuesta en tiempo y forma. Estimo que por las razones expuestas procede se Case la Sentencia por este motivo.”.- VI.- La doctrina sostiene que la aplicación indebida de la norma se presenta cuando se aplica a un hecho que no obstante estar debidamente acreditado en el proceso no lo regula, sino otra diferente, sin que medien errores de hecho o de derecho, excluyendo por ello cualquier cuestión fáctica. En el presente caso, la norma señalada como infringida, el artículo 868 literal a) del Código del Trabajo, no fue aplicada en el fallo impugnado, ya que el Ad-Quem al confirmar el fallo del A-quo, haciendo suyo el mismo, la disposición que utilizó fue el literal b) de dicha norma, vinculada a la determinación de estimar interrumpida la prescripción de la acción, por el hecho de que la persona a favor de quien corre la prescripción reconozca expresamente de palabra o por escrito, o tácitamente por hechos indudables, el derecho de aquel contra quien transcurre el término de la prescripción, por lo que no puede así prosperar dicho cargo.- VII.- Finalmente, este Tribunal ha venido reiterando que cuando un patrono decide la terminación de la relación laboral por el hecho de tener que efectuar reajustes de personal derivados de una reestructuración administrativa dentro de la empresa, entendiendo que la estabilidad laboral es un derecho constitucional de los trabajadores, cuya ponderación y límite se relaciona con las justas causas de separación, se debe acreditar no solo la real existencia de esos cambios, sino que ha cumplido con el procedimiento establecido en el artículo 95 numeral 19) del Código del Trabajo (ver sentencias dictadas en expedientes S.L. 105-09, 312-10, 433-10 y 293-12); y al no haberse acreditado tales extremos por parte de la demandada, es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 129, 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CÀCERES CASTELLANOS; FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

En la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecinueve días del mes de mayo del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha veinticinco de abril de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 571-15.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

[1] Ver sentencia del 10 de marzo del 2015 dictada en el expediente SL 598-13.