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Sentencia CL-569-15 — Registro 7035

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales por despido indirecto a título de daños y perjuicios salarios dejados de percibir, pago de reajuste salarial desde la fecha en que se opero el reintegro al trabajo a la fecha en que se dio por despedido indirecto

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) sobre la prueba testifical es preciso señalar que no está sujeta a reglas legales de valoración, de forma que la estimación probatoria de ésta es facultad del juzgador de instancia y no cabe su ataque en este recurso extraordinario;  b) dentro de las normas citadas como violadas señala los artículos 113 y 120  del Código del Trabajo, sin embargo las mismas contienen párrafos y literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas dirige su ataque en relación al fallo impugnado; c) alega falta de apreciación de la prueba y al mismo tiempo hace referencia a la apreciación errónea de la misma, modalidades distintas del error de hecho invocado que debió formular de forma separada por la independencia de los cargos; y, d) formula alegatos propios de instancia"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) dentro de las normas citadas como violadas señala los artículos 113 y 120  del Código del Trabajo, sin embargo, las mismas contienen párrafos y literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas dirige su ataque en relación al fallo impugnado; b) el precepto autorizante no ha sido indicado correctamente al señalar el párrafo segundo del numeral primero del artículo 765 del Código del Trabajo, cuando ha alegado la Infracción Directa o falta de aplicación; y, c) formula alegatos propios de instancia"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: Del auto de fecha dos de febrero del dos mil dieciséis y la sentencia de veinticinco de abril de dos mil diecisiete que literalmente dicen: “TE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, dos de febrero del dos mil dieciséis.- Visto el Informe que antecede, declárese DESIERTO el recurso de casación interpuesto por el abogado FRANCISCO EMMANUEL RODRIGUEZ VALLADARES, en su condición de representante procesal de la señora Gabriela Waleska Cáceres Gómez, ante la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en consecuencia téngase por FIRME la sentencia recurrida de fecha 27 de octubre del 2015, emitida por la Corte de Apelaciones ya indicada, que CONFIRMANDO la sentencia proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha 06 de agosto del 2015, misma que a la letra dice:“…1) Declarar SIN LUGAR el DEFECTO MATERIAL DE PRESCRIPCION, opuesto por el Representante Procesal de la parte demandada a la Demanda de mérito. 2) Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESPIDO INDIRECTO A TITUTLO DE DAÑOS Y PERJUICIOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DESDE LA FECHA EN QUE SE OPERO MI REINTEGRO AL TRABAJO A LA FECHA EN QUE ME DI POR DESPEDIDA INDIRECTO, promovida por la señora GABRIELA WALESKA CACERES GOMEZ contra LA SOCIEDAD MERCANTIL CORPORACIÓN DE CREDITOS ATLANTIDA S.A. de C.V. CREDITLAN por medio de su Presidente del Consejo de Administración y por ende Representante Legal licenciado REYNALDO RAMIREZ DUARTE. 3) CONDENAR: A LA SOCIEDAD MERCANTIL CORPORACION DE CREDITOS ATLANTIDA S.A. de C.V. CREDITLAN por medio de su Presidente del Consejo de Administración y por ende Representante Legal de su Presidente del Consejo de Administración y por ende Representante Legal licenciado REYNALDO RAMIREZ DUARTE, a pagarle a la señora GABRIELA WALESKA CACERES GOMEZ la cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (L.2,306,320.97) desglosados así: Preaviso: L. 163,599.75; Auxilio De Cesantía: L. 1472,397.78 Auxilio De Cesantía Proporcional: L. 18,404.97; Décimo Tercer Mes Proporcional: L.1,752.85, Décimo Cuarto Mes proporcional L.36,809.94 Reajuste de Salarios adeudados L. 613,355.67; más a titulo de daños y perjuicios el pago de los Salarios Dejados de Percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme la presente sentencia condenatoria; 4) DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR EN EL PROCESO ANTERIOR DE ENERO DE 2007 FECHA DEL DESPIDO HASTA LA FECHA DE REINTEGRO 30 DE ABRIL DE 2012 promovida por la señora GABRIELA WALESKA CACERES GOMEZ contra LA SOCIEDAD MERCANTIL CORPORACION DE CREDITOS ATLANTIDA S.A. de C.V. CREDITLAN por medio de su Presidente del Consejo de Administración y por ende Representante Legal licenciado REYNALDO RAMIREZ DUARTE. 5) ABSOLVER A LA SOCIEDAD MERCANTIL CORPORACION DE CREDITOS ATLANTIDA S.A. de C.V. CREDITLAN por medio de su Presidente del Consejo de Administración y por ende Representante Legal licenciado REYNALDO RAMIREZ DUARTE del pago de esta pretensión. 6) SIN COSTAS en esta instancia…” Que con la certificación correspondiente se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. CON COSTAS. Y manda: Que con la certificación correspondiente se devuelvan los antecedentes al Tribunal de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Artículos 775 del Código del Trabajo y 115 numeral 7° párrafo segundo de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. VICTOR MANUEL MARTINEZ SILVA. COORDINADOR. ROSA DE LOURDES PAZ HASLAM. JOSE TOMAS ARITA VALLE.- FIRMA Y SELLO. FRANCISCA VILLELA. RECEPTORA ADSCRITA DE LA SALA LABORAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinticinco de abril de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha 22 de enero del 2016, por el Abogado GERMAN EDGARDO LEITZELAR HERNANDEZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio; en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil CORPORACION DE CREDITOS ATLÁNTIDA S.A. DE C.V.; y, Recurrida: la señora GABRIELA WALESKA CACERES HERNANDEZ, representada en juicio por el Abogado FRANCISCO EMANUEL RODRIGUEZ VALLADARES. OBJETO DEL PROCESO: en relación a la demanda ordinaria laboral para que se ordene judicialmente el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales por haber incurrido el patrono en causas constitutiva de despido indirecto y que le facultaron para dar por terminado el contrato de trabajo, causales agravadas por los motivos de acoso, persecución y hostigamiento psicológico en el trabajo (mobbing), más: 1) a título de indemnización por daños y perjuicios se condene al pago de salarios dejados de percibir desde la fecha en que se dio por despedida indirectamente hasta que quede firme la sentencia condenatoria respectiva; 2) pago de reajuste salarial desde la fecha en que operó su reintegro hasta la fecha en que se dio por despedida indirectamente; 3) pago de complemento a salarios dejados de percibir, costas; promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 8 de febrero del 2013 por la señora GABRIELA WALESKA CACERES GOMEZ, mayor de edad, Abogada, casada, hondureña y de este domicilio, contra la sociedad mercantil CORPORACION DE CREDITOS ATLÁNTIDA S.A. DE C.V., por medio de su Presidente del Consejo de Administración, el Licenciado REYNALDO RAMIREZ DUARTE, mayor de edad, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha 27 de octubre del 2015, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección Judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha 6 de agosto del 2015, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que en su parte conducente establece: “FALLA: 1) Declarar SIN LUGAR el DEFECTO MATERIAL DE PRESCRIPCIÔN, opuesto por el Representante Procesal de la parte demandada a la Demanda de mérito. 2) Declarar CON LUGAR la DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES POR DESPIDO INDIRECTO A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR, PAGO DE REAJUSTE SALARIAL DESDE LA FECHA EN QUE SE OPERO MI REINTEGRO AL TRABAJO A LA FECHA EN QUE ME DI POR DESPEDIDA INDIRECTO, promovida por la señora GABRIELA WALESKA CACERES GOMEZ contra LA SOCIEDAD MERCANTIL CORPORACION DE CREDITOS ATLÁNTIDA S.A. de C.V. CREDITLAN por medio de su Presidente del Consejo de Administración y por ende Representante Legal Licenciado REYNALDO RAMIREZ DUARTE. 3).- CONDENAR: A LA SOCIEDAD MERCANTIL CORPORACION DE CREDITOS ATLANTIDA S.A de CV. CREDITLAN por medio de su Presidente del Consejo de Administración y par ende Representante Legal licenciado REYNALDO RAMIREZ DUARTE, a pagarle a la señora GABRIELA WALESKA CACERES GOMEZ la cantidad de DOS MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (L.2,306,320.97) desglosados así: Preaviso: L.163,599.75; Auxilio de Cesantía: L1472,397.78 Auxilio de Cesantía Proporcional: L. 18,404.97; Décimo Tercer Mes Proporcional: L.1,752.85, Décimo Cuarto Mes proporcional L.36,809.94, Reajuste de Salarios adeudados L.613,355.67; más a título de daños y perjuicios el pago de los Salarios dejados de Percibir desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme la presente sentencia condenatoria; 4) DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL PAGO DE COMPLEMENTO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR EN EL PROCESO ANTERIOR DE ENERO DE 2007 FECHA DEL DESPIDO HASTA LA FECHA DE REINTEGRO 30 DE ABRIL DE 2012, promovida par la señora GABRIELA WALESKA CACERES GOMEZ, contra LA SOCIEDAD MERCANTIL CORPORACION DE CREDITOS ATLANTIDA S.A de CV. CREDITLA, por medio de su Presidente del Consejo de Administración y por ende Representante Legal Licenciado REYNALDO RAMIREZ DUARTE. 5) ABSOLVER A LA SOCIEDAD MERCANTIL CORPORACION DE CREDITOS ATLANTIDA S.A de C.V. CREDITLAN por medio de su Presidente del Consejo de Administración y par ende Representante Legal Licenciado REYNALDO RAMIREZ DUARTE del pago de esta pretensión. 6) SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante expresó en el escrito de su acción, que comenzó a prestar sus servicios en CREDITLAN a partir del 18 de octubre de 1994, originalmente en el cargo de Auxiliar de Recuperaciones y después fue ascendida al puesto de Procurador Legal el cual desempeñó bajo las condiciones laborales y con las herramientas de trabajo siguientes: a) Físicamente realizaba su trabajo en un cubículo en las oficinas principales de CREDITLAN en el edificio SONISA; b) Como facilidades para desempeño de su trabajo tenía asignadas dos líneas telefónicas fijas, una de ellas para ser usada con extensión de una planta telefónica y otra con salida directa sin límites para efectuar llamadas de recuperación de créditos de clientes de CREDITLAN, a nivel nacional y a números de teléfonos móviles; c) como instrumento de trabajo utilizaba una computadora y una impresora que funcionaban adecuadamente; d) como mecanismo de trabajo contaba con las claves de acceso a los sistemas informáticos del patrono para conocer los estados de cuenta de los clientes de CREDITLAN, indistintamente que el cliente se encontrara en status legal o no; e) tenía asignadas varias carteras de recuperación de deudas de clientes de CREDITLAN; y, f) recibía como remuneración un salario que se conformaba con un salario base y un salario por comisiones. Del cargo de Procuradora Legal fue despedida el 3 de enero del 2007 sin justa causa, por lo que se vio obligada a demandar su reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones y a exigir el pago de los salarios dejados de percibir a título de indemnización por daños y perjuicios, expuso que mediante sentencia definitiva de 8 de diciembre del 2008 el Juzgado de Letras del Trabajo condenó a CREDITLAN a reintegrarle a su puesto de trabajo “por lo menos en las mismas condiciones que tenía al momento del despido” y a título de indemnización de daños y perjuicios al pago de los salarios dejados de percibir conforme al salario base que devengaba. Por no estar conforme con la parte final de esta sentencia en virtud de que sus salarios dejados de percibir debían calcularse tomando como el promedio de los salarios que devengó (salarios base y comisiones) en los días efectivamente trabajados en los últimos seis meses de vigencia del contrato, que incluían no solo el salario base, sino también el salario en concepto de comisiones, se apeló esa sentencia y la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial en sentencia de 20 de febrero del 2009, revocó parcialmente la misma en el sentido de condenar a CREDITLAN al pago de sus salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios tomando como base el promedio de todas las cantidades que percibió en los últimos seis meses y que implicaron retribución de sus servicios. Expuso que como represalias por haber solicitado el auxilio del Ministerio Público del Trabajo y de los órganos jurisdiccionales, en una inobjetable persecución, acoso y hostigamiento laboral, en la fase de ejecución de la sentencia, CREDITLAN tomó las represalias siguientes: 1) señaló como fecha para su reintegro el 30 de abril del 2012, pero llegada la fecha, violentando lo estipulado en los artículos 348, 350, y 352 del Código del Trabajo, sin la anticipación legalmente establecida, se le envió de vacaciones sin pagárselas, con la antelación de al menos 3 días antes de empezar a disfrutarlas y sin haber obtenido la autorización de la Secretaría de Trabajo para acumulárselas e hizo efectiva la reinstalación hasta el 14 de diciembre del 2012; 2) tras practicarse audiencia de inspección se liquidó sus salarios dejados de percibir en la cantidad L.5,277,012.26, tomando en consideración el tiempo transcurrido desde la fecha del despido injustificado, que fue el 03 de enero de 2007, hasta la fecha en que se cumplió con su reintegro, que fue el 30 de abril del 2012 y determinó que en los seis meses anteriores a su despido el salario base mensual que devengaba era de L.70,114.18 y que el promedio mensual era de L81,799.88, pero CREDITLAN en rebeldía con el criterio del Juez, impugnó la liquidación y la Corte de Apelaciones del Trabajo determinó que sus salarios dejados de percibir ascendían a L.2,123,070.14, fallo contra el cual ejerció acción de Amparo ante el Tribunal Supremo y que estaba pendiente de resolverse al momento de presentar la demanda; 3) CREDITLAN consignó un cheque por la cantidad de L.2,123,070.14, el cual retiró bajo protesta por considerar que sus salarios dejados de percibir son de L.5,227,012.26, pretensión que se corrobora con el hecho de que el Abogado TOMAS TERCERO GUILLEN, quien actuó como Apoderado Legal de CREDITLAN, presentó una tasación de Honorarios Profesionales partiendo de una cuantía liquida de L.5,227,012.26, lo que evidencia un reconocimiento tácito de que esa es la cantidad que CREDITLAN debió pagarle; 4) tales actuaciones evidencian la mala fe y deslealtad procesal de la representación legal del patrono en el juicio. Asimismo alegó que llegado el 14 de diciembre del 2012, CREDITLAN no lo reintegro al cargo de Procuradora Legal en las mismas o mejores condiciones en las que venía laborando, por el contrario, en una manifiesta persecución, acoso y hostigamiento psicológico en el trabajo (mobbing) se las desmejoró, lo que le obligo a solicitar los servicios de la Inspectoría General de Trabajo, la que por medio de un inspector del trabajo levanto la correspondiente acta de constatación el 4 de enero del 2013, en la que se constató que CRIEDITLAN había tomado las medidas discriminatorias y persecutorias siguientes: a) Durante estuvo ausente disfrutó de sus vacaciones, del 30 de abril al 14 de diciembre de 2012, CREDITLAN le pagó esas vacaciones conforme al salario mínimo, sin respetar lo estipulado en el artículo 352 del Código del Trabajo que señala que para calcular el salario que el trabajador debe recibir con motivo de sus vacaciones se tomará como base el promedio de las remuneraciones ordinarias devengadas en los últimos seis meses laborados, por lo que, como parte de la persecución, acoso y hostigamiento psicológico, desmejoró su salario y como consecuencia, en base a la liquidación practicada por este juzgado, le adeuda la cantidad de L.629,801.80 en concepto de reajuste salarial por los meses de mayo a diciembre de 2012, decimotercer y decimocuarto mes de salario del año 2012, así como el bono anual pagadero en septiembre de 2012. Habitualmente CREDITLAN paga los salarios quincenalmente, por lo que al no pagarle en la primera quincena de trabajo el salario completo que le correspondía en concepto de vacaciones durante el período comprendido entre el 30 de abril y 14 de diciembre de 2012 y el salario completo de los días laborados entre el 14 de diciembre de 2012 y el 9 de enero de 2013, fecha en que se dio por despedida indirectamente, el patrono incurrió en la causal de despido indirecto contemplada en el artículo 114 letra f) en relación con los artículos 95 numerales 1 y 2 y 96 numeral 5, todos del Código del Trabajo; b) No se le asignó la cartera de clientes que manejaba hasta el 03 de enero de 2007, fecha en que fue despedida, y como consecuencia de esa acción únicamente se le estaba pagando el salario mínimo por lo que por culpa del patrono dejó de percibir los L.81,799.88, que era el promedio salarial que devengaba al momento de ser despedida, causándole así un daño injusto que es exclusivamente imputable a la persecución, acoso y hostigamiento psicológico al que fue sometida por el patrono e incurriendo en la causal de despido indirecto previsto en el articulo 114 letras i) y j) en relación con los artículos 95 numerales 6, 19, 22 y 23 y 96 numeral 9, todos del Código del Trabajo; c) se constato que en vez de ubicarla en un lugar apropiado se le instaló en un escritorio ubicado en un pasillo en el primer piso del edificio SONISA, fuera del segundo piso que es donde se encuentran las oficinas de Servicios Generales y Archivo, con tal actuación el patrono incurrió en la causal prevista en el artículo 114 literales b), d) , i) y j) en relación con los artículos 95 numerales 4, 6 y 23, y 96 numerales 9 y 12, todos del Código de Trabajo; d) quedó constatado que teniendo un status de equivalente al de ejecutiva al momento del despido, al reintegro no se le ubicó donde estaba antes junto con el personal de confianza, ya que en el momento de su despido su posición jerárquica estaba a ese nivel y al reintegrarla, se le ubicó en un pasillo todo con el propósito de minimizarla y humillarla por haber tenido el atrevimiento de demandar el auxilio de la autoridad de trabajo y de los órganos jurisdiccionales del trabajo; e) igualmente se constató que, en vez de contar con las dos líneas telefónicas que tenía asignadas antes del despido, únicamente le asignaron una línea telefónica, la cual no tenía acceso directo para realizar llamadas a los clientes, eliminándole la línea directa con la que contaba antes del despido incumpliendo con ello la obligación que le imponía el artículo 95 numeral 3 del Código del Trabajo; f) Se estableció que en vez de contar con una computadora y una impresora que funcionaban adecuadamente, el password que le fue asignado en la computadora no permitía el acceso al sistema operativo de la misma ya que el sistema que supuestamente le asignaron era el que se usaba antes del 03 de enero del 2007, fecha del despido y no el vigente, violando con ello la obligación impuesta por el artículo 95 numeral 3 del Código del Trabajo, y g) su jefe inmediato Licenciado José Tomás González Gerente de Recuperaciones le propuso que aceptara la asignación de labores en las que recibiría una retribución como honorarios profesionales y no como salario, las que no aceptó por ser condiciones salariales contrarias a las que tenía al momento del despido. Todas estas actuaciones hicieron incurrir a CREDITLAN en las causales justas constitutivas de despido indirecto que facultaban al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo, sin preaviso y sin responsabilidad de su parte, conservando el derecho a las prestaciones e indemnizaciones legales, como en el caso del despido injusto, por lo que en fecha 09 de enero del 2013 tomó la determinación de darse por despedida indirectamente y en compañía de un Inspector del Trabajo, quien levantó el acta que se acompaña, hizo entrega a CREDITLAN, por medio de su Presidente del Consejo de Administración Licenciado Reynaldo Ramírez Duarte, de la nota mediante la cual notificaba su despido indirecto. La persecución, el acoso y el hostigamiento psicológico en el trabajo (mobbing) se encuentran previstos en el artículo 23 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los derechos fundamentales enunciados en la Carta Constitutiva de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el sentido que si un hombre o una mujer realizan trabajos de igual valor se les debe pagar igual salario, que ninguna persona sea discriminada por ser mujer y en los convenios de la OIT número 110 sobre la igualdad de la remuneración y 111 relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación, según los cuales es discriminación “cualquier exclusión que perjudique a una persona en razón de su grupo étnico, color de piel, sexo, religión, opinión política, ascendencia nacional u origen social, de manera que le impide conseguir un trabajo y desarrollarse en este” y que son recogidos en el artículo 96 numerales 3, 9 y 10 del Código del Trabajo, por lo que CREDITLAN no solo incurrió en causa constitutiva de despido indirecto sino también en los motivos de persecución, acoso y hostigamiento psicológico en el trabajo (mobbing).- 2.- La parte demandada, la sociedad mercantil CORPORACION DE CREDITOS ATLÁNTIDA S.A. DE C.V., contestó dicha demanda rechazando la demanda en todas y cada una de sus partes las pretensiones de la demandante por considerarlos conceptos improcedentes, la parte demandada interpuso a la demanda Defecto Material de Prescripción; alegando que el término para poder ejercitar las acciones por despido indirecto en el presente caso tiene un término de prescripción de un mes, es entendido que la prescripción se puede manejar en vía de términos procesales explícitamente o en relación a lo que es el ejercicio mismo de la constitución de la causal alegada y el conocimiento y fundamentación de la causal sustentada por la demandante tiene planteamientos muy superiores antes mencionados, además de adolecer de algunos defectos de temporalidad que no aplicaban a la fecha ejercitada de acuerdo a los siguientes hechos, en fecha 30 de abril de 2012 se llevó a cabo el reintegro que fue ordenado judicialmente para la demandante en el juicio que se llevaba a cabo previamente sin embargo se ejercitó una acción de despido indirecto de acuerdo a los hechos que supuestamente ocurren a partir del 14 de diciembre de 2012, fundamentos de causales de despido indirecto por hechos que todavía no habían acaecido, como ser que el despido indirecto se ejecutó aduciendo que no se le había pagado la quincena correspondiente al mes de enero del año 2013, sin embargo la fecha que precisó el concepto de quince no se había producido todavía, los supuestos hechos en los que se fundamentó el despido indirecto tendría que originarse el 30 de abril de 2012 y además algunas de sus consecuencias y fundamentaciones fueron alegadas antes que llegara la fecha que tuviera validez como causal de despido.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 06 de agosto del 2015, dictó sentencia sin lugar el defecto material de prescripción, opuesto por el representante procesal de la parte demandada, declaró con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones laborales por despido indirecto a título de daños y perjuicios salarios dejados de percibir, pago de reajuste salarial desde la fecha en que se opero el reintegro al trabajo a la fecha en que se dió por despedida indirectamente, condenó a la demandada a pagarle a la demandante la cantidad de L.2,306,320.97, declaró sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de complemento de salarios dejados de percibir en el proceso anterior de enero de 2007 fecha del despido hasta la fecha de reintegro 30 de abril de 2012, absolvió a la demandada del pago de esta pretensión, sin costas; bajo el criterio que la demandante acreditó el despido indirecto alegado, al habérsele violentado derechos fundamentales que le otorga la Constitución de la República, así como quedó probado que la demandante siguió el procedimiento legalmente establecido para notificar al patrono el despido indirecto del que fue objeto.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha 27 de octubre del 2015, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que la actora dió estricto cumplimiento al procedimiento establecido, es decir probó la justa causa el despido, así como la notificación personal de la acción de despido indirecto enmarcado dentro del término legal, fue reintegrada a su puesto de trabajo el 30 de abril del 2012 y ese mismo día sin asignarle funciones, la institución no le entregó herramientas de trabajo y sin asignarle un lugar determinado para que desempeñara sus labores envió a la demandante de vacaciones, debiendo regresar hasta el 14 de diciembre del 2012, fecha en que se operó el reintegro, al encontrarse suspendido el contacto de trabajo con goce y disfrute de vacaciones otorgadas, cuando se presentó nuevamente, se enteró que el patrono había modificado las condiciones de trabajo de manera unilateral y arbitraria, mostrándole así las causales de despido indirecto, como es el hecho de no pagarle el salario completo que correspondía en la fecha y lugar acostumbrados, por lo que contaba con un mes para ejercitar la acción de despido indirecto, que efectúo el 09 de enero del 2013, produciéndose la misma dentro del término legal.- 5. Mediante auto de fecha 25 de noviembre del 2015, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir los recursos de casación interpuestos por los Abogados GERMAN EDGARDO LEITZELAR HERNANDEZ, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil CORPORACION DE CREDITOS ATLÁNTIDA S.A. DE C.V., y FRANCISCO EMMANUEL RODRIGUEZ VALLADARES en su condición de representante procesal de la señora GABRIELA WALESKA CACERES GOMEZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha 22 de enero del 2016, compareció ante éste Tribunal el Abogado GERMAN EDGARDO LEITZELAR HERNANDEZ, en su condición de representante procesal de la sociedad mercantil CORPORACION DE CREDITOS ATLÁNTIDA S.A. DE C.V., formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación junto a nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de esa misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha diecinueve de febrero del dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado FRANCISCO ENMANUEL RODRIGUEZ VALLADARES, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que mediante auto de fecha 02 de febrero del 2016 se le declaró DESIERTO el recurso de casación interpuesto por el Abogado FRANCISCO ENMANUEL RODRIGUEZ VALLADARES en su condición de representante procesal de la señora GABRIELA WALESKA CACERES GOMEZ, por lo cual se le tuvo por FIRME LA SENTENCIA RECURRIDA. Asimismo que se resuelva el recurso de casación interpuesto por el Abogado GERMAN EDGARDO LEITZELAR HERNANDEZ.- 8. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado GERMAN EDGARDO LEITZELAR HERNANDEZ, en su primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por infracción indirecta que es proveniente de la falta de apreciación por error de hecho que resulta evidente de autos en los medios de prueba denominados DOCUMENTOS PUBLICOS y PRIVADOS, INTERROGATORIO DE PARTES, TESTIFICAL y RECONOCIMIENTO JUDICIAL que obran a los folios 1 al 16 constitutivos de la demanda y su admisión, folios 12 al 16 solicitud de entrega, 19 al 22 acta de condiciones de reintegro, folio 60 al 63 certificaciones de sentencia juicio previo, folio 363 a 365 de evacuación de sentencias, folios del 1 al 22 conteniendo, demandas cálculos, actas de inspección, notificación de despido indirecto, folios 7-31 actas de inspectoría del trabajo, 346-349 reconocimiento judicial, 354 al 356 lugar físico, 1-65 documentos privados, folios del 269 al 345 documentos privados, del expediente de primera instancia. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS: La Norma Sustantiva de Orden Nacional violada, está contenida en los artículos 116 letra e, 113 interpretado y 120, todos del Código de Trabajo en relación con los artículos 46 letra b) párrafo segundo, 114 numeral 1) y 115 del Código de Trabajo. PRUEBA ERRONEAMENTE APRECIADA: La prueba erróneamente apreciada por el Tribunal, fueron la denominada DOCUMENTOS PUBLICOS y PRIVADOS, INTERROGATORIO DE PARTES, TESTIFICAL y RECONOCIMENTO JUDICIAL que se encuentran agregados a los folios folios 1 al 16 constitutivos de la demanda y su admisión, folios 12 al 16 solicitud de entrega, 19 al 22 acta de condiciones de reintegro, folio 60 al 63 certificaciones de sentencia juicio previo, folio 363 a 365 de evacuación de sentencias, folios del 1 al 22 conteniendo demandas cálculos, actas de inspección, notificación de despido indirecto, folios 7- 31 actas de Inspectoría del trabajo, 346-349 reconocimiento judicial, 354 al 356 lugar físico, 1-65 documentos privados, folios del 269 al 345 documentos privados del expediente de primera instancia. REGLAS PROCESALES VIOLADAS: Las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 ambos del Código de1 Trabajo, en relación con los artículos 46 letra b) párrafo segundo, 111 numeral 1), 114 letra h) del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765, ordinal primero párrafo segundo del Código del Trabajo vigente. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE. De los autos se evidencia en forma manifiesta y notoria que la Corte Sentenciadora por error de hecho confirma la sentencia por apreciación errónea de los medios de prueba que fueron propuestos y evacuados en tiempo y forma especialmente las pruebas DOCUMENTOS PUBLICOS y PRIVADOS, INTERROGATORIO DE PARTES, TESTIFICAL y RECONOCIMIENTO JUDICIAL aquí relacionadas y evacuadas en juicio. La falta de apreciación de los medios de prueba, que afirmamos se produjo en el case de autos, es evidente por el error de hecho que es manifiesto en los autos y que se explica por las razones siguientes: El articulo 738 del Código del Trabajo establece: “El Juez, al proferir su decisión, analizara todas las pruebas allegadas en tiempo.”.- El articulo 739 del Código del Trabajo establece: “El Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas, y por lo tanto formara libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la critica de la prueba y atendiendo a las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes. Sin embargo para establecer sus criterios debe fundamentarse en los principios generales que sustentan las valoraciones, pues la parte motivada de la sentencia el Juez debe indicar los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento.” El articulo 114 del Código del Trabajo establece lo siguiente: “Son causas justas que facultan al trabajador para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte: a)....”. Conforme a disposición legal antes relacionada se concluye que para su aplicación deben existir debidamente probados en juicio los siguientes presupuestos. Uno: La existencia de un contrato o relación de Trabajo; Dos: La existencia de una causa que faculte al trabajador a dar por terminado el contrato existente así como que el hecho este debidamente probado; Tres: Que la terminación surta efectos desde que el trabajador a notifica a su patrono. Cuatro: Que dicha comunicación sea efectuada personalmente por el trabajador; Cinco: Que dicha comunicación sea por escrito o ante testigos; Seis: Que dicha comunicación contenga la expresión, causa, o motivo para tomar esa determinación. La Corte Sentenciadora ante la falta de apreciación de los medios de prueba hace producir a la sentencia agravios a la ley sustantiva invocada at considerar que está probado en autos el presupuesto de la existencia de una acción de despido indirecto, y que están acreditados los hechos que motivan una justa causa para tal propósito, establece la Corte sentenciadora que dicho despido es basado en que hubo un acto de discriminación laboral al ubicar a la misma en un pasillo, cuando es evidente de a prueba señalada que el edificio habla sido modificado completamente por razones operativas, después de varios años previos at reintegro de a demandante lo cual no es apreciado por la corte sentenciadora a pesar de estar plenamente probado con estos medios de prueba. De todo lo anterior se evidencia claramente, que la Corte Acusada, en apreciación errónea por error de hecho, que es de manifiesto en los autos, a violado las normas sustantivas de orden nacional invocadas, en vía indirecta, por medio de las normas procesales señaladas y las normas relacionadas, todas del Código del Trabajo, al decidir contra la evidencia probatoria que las normas sustantivas de orden nacional invocadas produjeran sus efectos legales indemnizatorios, en contra de los hechos probados en juicio razón por la cual procede se case a sentencia en el presente motivo.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) sobre la prueba testifical es preciso señalar que no está sujeta a reglas legales de valoración, de forma que la estimación probatoria de ésta es facultad del juzgador de instancia y no cabe su ataque en este recurso extraordinario; b) dentro de las normas citadas como violadas señala los artículos 113 y 120 del Código del Trabajo, sin embargo las mismas contienen párrafos y literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas dirige su ataque en relación al fallo impugnado; c) alega falta de apreciación de la prueba y al mismo tiempo hace referencia a la apreciación errónea de la misma, modalidades distintas del error de hecho invocado que debió formular de forma separada por la independencia de los cargos; y, d) formula alegatos propios de instancia.- IV. Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por infracción indirecta que es proveniente de la falta de apreciación por error de hecho que resulta evidente de autos en los medios de prueba denominados DOCUMENTOS PUBLICOS, INTERROGATORIO DE PARTES, TESTIFICAL y RECONOCIMIENTO JUDICIAL que obran a los folios folios 145 al l47del expediente de primera instancia. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS: La Norma Sustantiva de Orden Nacional violada, está contenida en los artículos 116 letra e, 113 interpretado y 120, 864 todos del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765, ordinal primero párrafo segundo del Código del Trabajo vigente. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE. La Corte sentenciadora a violado las disposiciones de orden nacional invocadas en virtud de que al hecho evidentemente demostrado aplico las mismas ordenando la indemnización que se deriva de estas frente a los principios del derecho laboral que sobre el despido indirecto se deben tomar en cuenta para que esta acción ejercitada por el trabajador surta efecto. En el caso de autos es evidente que con la mera apreciación de fechas de los documentos en que se basa el juzgador para sustentar el fallo, es claro que a acción esta prescrita como lo es en el caso de autos ya que: 1-) La demandante habiendo obtenido sentencia favorable en su acción de reintegro ejecuta la acción de reintegro por vía judicial el día 30 de abril del año 2012 y posteriormente ejerce la injustificada acción de despido indirecto en fecha 9 de enero del año 2013.- 2-) Posterior a su reintegro mi representada dándole cumplimiento a lo que dispone el Código de Trabajo, en cuanto a su derecho a vacaciones que se vio acumulado en los periodos de duración del juicio de reintegro antes relacionado, se procedió a otorgarle los descansos que manda la Ley, es decir, se le otorgaron las vacaciones en los periodos que a ley señala, retornando a sus labores y funciones en fecha 14 de diciembre del año 2012. Es claro que la fecha de reintegro por vía judicial opero el día 30 de abril del año 2012 y no el 14 de diciembre del mismo año como erróneamente afirma la demandante en base a las actas de constatación, mismas que hace suyas la corte acusada, es por ello que desde la fecha del reintegro a su trabajo la misma demandante desencadena una serie de hechos producidos entre el 30 de abril de 2012 y el 9 de enero del 2013, fecha en que ejercita la acción de su despido indirecto; Es claro que los efectos jurídicos del reintegro se producen de manera efectiva el 30 de abril 2012, y que después de ello esta gozando de sus vacaciones y que regresa de su prolongado periodo de vacaciones el 14 de diciembre del mismo año, lo cual está legalmente acreditado con los documentos abocados al juicio y que esta apreciando de forma errónea el juzgador. Al ser liquidados los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido directo hasta la fecha del reintegro 30 de abril de 2012; la demandante por medio de su apoderado solicito que mediante inspección judicial del Juzgado de Trabajo se constataran un sin número de hechos relacionados con su reintegro y supuestos incumplimientos a la ley, esto consta en el acta de fecha 22 de mayo del año 2012, levantada por el Juzgado del Trabajo que conoció del caso y que esta agregada al presente juicio a folios 145 at 147.- 4.) Al regresar de sus vacaciones el 14 de diciembre de 2012, la demandante procede por la vía administrativa mediante un inspector de la Secretaria de Trabajo a revivir aquello hechos que le habían sido satisfechos mediante la inspección judicial del mes de mayo.Así los hechos en tal acta el Inspector ratifica el cumplimiento lo que consta en forma documental a folios 19, 20, 21 y 22 del expediente donde está depositada certificación del acta relacionada, misma que es de fecha 4 de enero del año 2013, y producida bajo solicitud del empleado de fecha 3 de enero del año 2012, aunque suponemos debe ser 2013, esta solicitud obra a folio 18. Así llega el mes de enero del año 2013 la demandante ejercita la acción de despido indirecto invocando extemporáneamente hechos que incluso no son constitutivos de violación o incumplimiento por parte del patrono y a los cuales se les dio respuesta positiva de solución a lo solicitado por la demandante, e incorpora como causal LA FALTA DE PAGO del salario completo del mes de diciembre de 2012 e incorpora al igual dentro de la causal el no pago de la quincena del mes de enero de 2013, lo cual es un hecho no acaecido en virtud de que la acción de despido indirecto la está ejecutando con fecha 9 de ese mes sin que haya concluido a quincena ni llegado la fecha obligatoria de pago. Es así como posterior a este momento, a misma pretende aducir situaciones que son extemporáneas y ya prescritas como causales validadas para sustentar un despido indirecto, pues en este estado de cosas la demandante aduce que en fecha 14 de diciembre del 2012, tuvo conocimiento de los motivos que la llevaron a ejercer el despido indirecto y aduce esta que los hechos fueron constatados en el mes de enero del 2013 según actas que corren a folios 19 al 22 de los autos, aduciendo su apoderado legal que ella tenía como fecha máxima para ejercitar la acción en fecha 14 de enero del 2013, por lo que a partir del día 3 de enero solicito servicios de Inspectoría del trabajo para constatar las supuestas violaciones y desmejoras en las que supuestamente fundamentan su despido indirecto, no obstante es sumamente importante establecer que el apoderado o la demandante incurren en una enorme contradicción, puesto que, pretendiendo fundamentar que se tuvo conocimiento de los motivos que la llevaron a ejercer el despido indirecto en una fecha que le permita llevarlo a cabo, aduce que el reintegro se produjo en una fecha distinta at 30 de abril 2012. Honorables Magistrados por lo expuesto es claro que es procedente casar la sentencia en el presente motivo.”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) como antes se expresó, sobre la prueba testifical es preciso señalar que no está sujeta a reglas legales de valoración, de forma que la estimación probatoria de ésta es facultad de los juzgadores de instancia y no cabe su ataque en este recurso extraordinario; b) dentro de las normas citadas como violadas señala los artículos 113 y 120 del Código del Trabajo, sin embargo las mismas contienen párrafos y literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas dirige su ataque en relación al fallo impugnado; c) que tratándose de error de hecho, omite indicar las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas en relación al fallo impugnado; y, d) formula alegatos propios de instancia.- VI.- Que el Impetrante formula un tercer motivo de casación en el que alega: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley Sustantiva de Orden Nacional por infracción directa de los artículos 116 letrae, 113 interpretado y 120 todos del Código de Trabajo en relación con los artículos 114 letra h 115 y 864, también del Código de Trabajo. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS: La Norma Sustantiva de Orden Nacional violada, está contenida en los artículos 116 letra e, 113 interpretado y 120, todos del Código de Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765, ordinal primero párrafo segundo del Código del Trabajo vigente. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE: La Corte sentenciadora a violado las disposiciones de orden nacional invocadas en virtud de que al hecho evidentemente demostrado en junio aplico, las mismas ordenando la indemnización que se deriva de estas frente a los principios del derecho laboral que sobre el despido indirecto se deben tomar en cuenta para que esta acción ejercitada por el trabajador surta efecto. En primer lugar, la ley impone la carga de la prueba al trabajador demandante que ejercer el despido por la vía indirecta salvo que el patrono la invierta cuando alegue que hubo abandono, en el caso de autos el trabajador estaba obligado a demostrar-en juicio los hechos en que fundamento su despido indirecto. De conformidad con La Ley especialmente lo que establece el Código del Trabajo articulo 864 la acción de despido indirecto debe ser ejecutada dentro de los 30 días en que se sucedieron los hechos que se presume motivaron el ejercicio de esta acción al margen de todo medio de prueba es evidente en juicio que la demandante ejerció su acción al margen de esta disposición legal ya que los supuestos hechos que invoca cuando lo hace ya habían transcurrido, más de los 30 días fijados por la Ley. Al igual de los términos de exposición de la demanda uno de los hechos invocados como causal de despido indirecto es extemporáneo ya que es un hecho sobreviviente o sea no acaecido para ser calificado como causa de despido indirecto: Lo anterior evidencia que la Corte Sentenciadora comete infracción: directa a la las normas sustantivas invocadas al hacerlas producir efectos indemnizatoria que solo son posibles cuando los hechos invocados son evidentes, y que se hayan producid dentro del término señalado en la Ley, en consecuencia procede se otorgue el presente motivo casando la sentencia en el mismo.”.- VII. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) dentro de las normas citadas como violadas señala los artículos 113 y 120 del Código del Trabajo, sin embargo, las mismas contienen párrafos y literales que hacen referencia a distintas situaciones jurídicas que era necesario precisar a cuál de ellas dirige su ataque en relación al fallo impugnado; b) el precepto autorizante no ha sido indicado correctamente al señalar el párrafo segundo del numeral primero del artículo 765 del Código del Trabajo, cuando ha alegado la Infracción Directa o falta de aplicación; y, c) formula alegatos propios de instancia.- VIII. Que el Censor alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “En el caso de autos solicito se decrete nulidad absoluta en forma subsidiaria par ser evidente que al margen de los motivos de casación, durante el transcurso del juicio conforme la mera apreciación de fechas es claro que la acción esta prescrita como lo es en el caso de autos ya que: 1-) La demandante habiendo obtenido sentencia favorable en su acción de reintegro ejecuta la acción do reintegro por vía judicial el día 30 de abril del año 2012 y posteriormente ejerce a injustificada acción de despido indirecto en fecha 9 de enero del año 2013.- 2-) Posterior a su reintegro mi representada dándole cumplimiento a lo que dispone el Codigo de Trabajo, en cuanto a su derecho a vacaciones que se vio acumulado en los periodos de duración del juicio de reintegro antes relacionado, se procedió a otorgarle los descansos que manda Ia Ley, es decir, se le otorgaron las vacaciones en los periodos que la ley señala, retornando a sus labores y funciones en fecha 14 de diciembre del año 2012, siendo clara que a fecha de reintegra por vía judicial opera el día 30 de abril del año 2012 y no el 14 de diciembre del mismo año como erróneamente afirma la demandante, y es por ello que desde la fecha del reintegro a su trabajo la misma demandante desencadena una serie de hechos producidos entre el 30 de abril de 2012 y el 9 de enero del 2013, fecha en que ejercita la acción de su despido indirecto; Es claro que los efectos jurídicos del reintegro se producen de manera efectiva el 30 de abril 2012, y que después de ello esta gozando de sus vacaciones y que regresa de su prolongado periodo do vacaciones el 14 de diciembre del mismo año, a cual está legalmente acreditado con los documentos abocados al juicio.- 3-) Liquidados los salarios dejados de percibir calculados desde la fecha del despido directo hasta la fecha del reintegro 30 de abril de 2012; la demandante por medio de su apoderado solicitó que mediante inspección judicial del Juzgado de Trabajo se constataran un sin número de hechos relacionados con su reintegro y supuestos incumplimientos a la ley, esto consta en el acta de fecha 22 de mayo del año 2012, levantada par el Juzgado del Trabajo que conoció del caso y que esta agregada al presente juicio a folios 145 al 147.- 4.) Al regresar de sus vacaciones el 14 de diciembre de 2012, la demandante procede por la vía administrativa mediante un inspector de la Secretaria de Trabajo a revivir aquello hechos que le hablan sido satisfechos mediante la inspección judicial del mes de mayo; en dicha acta del Inspector se le vuelve a ratificar el cumplimiento lo que consta en forma documental a folios 19, 20, 21 y 22 del expediente donde está depositada certificación del acta relacionada, misma que es de fecha 4 de enero del año 2013, y producida bajo solicitud del empleado de fecha 3 de enero del año 2012, aunque suponemos debe ser 2013, esta solicitud obra a folio 18.- 5-) En el mes de enero del año 2012, la demandante ejercita la acción de despido indirecto invocando extemporáneamente hechos que además no son constitutivos de violación o incumplimiento por parte del patrono y a los cuales se les dio respuesta positiva de solución a lo solicitado por la demandante, e incorpora como causal LA FALTA DE PAGO del salario completo del mes de diciembre de 2012 o incorpora al igual dentro de la causal el no pago de la quincena del mes de enero de 2013, lo cual es un hecho no acaecido en virtud de que la acción de despido indirecto la está ejecutando con fecha 9 de ese mes sin que haya concluido la quincena ni llegado la fecha obligatoria de pago.6-) Es así como posterior a esto momento, la misma pretendo aducir situaciones que son extemporáneas y ya prescritas como causales validadas para sustentar un despido indirecto, pues en esto estado de cosas la demandante aduce que en fecha 14 de diciembre del 2012, tuvo conocimiento de los motivos que la llevaron a ejercer el despido indirecto y aduce esta que los hechos fueron constatados en el mes de enero del 2013 según actas que corren a folios 19 al 22 de los autos, aduciendo su apoderado legal que ella tenia como fecha máxima para ejercitar la acción en fecha 14 de enero del 2013, por lo que a partir del día 3 de enero solicito servicios de Inspectoría del trabajo para constatar las supuestas violaciones y desmejoras en las que supuestamente fundamentan su despido indirecto, no obstante es sumamente importante establecer que el apoderado o la demandante incurren en una enorme contradicción, puesto que, pretendiendo fundamentar que so tuvo conocimiento de los motivos que la llevaron a ejercer el despido indirecto en una fecha que le permita llevarlo a cabo, aduce que el reintegro se produjo en una focha distinta al 30 de abril 2012. Honorables Magistrados no cabe la menor duda de que este proceso es sujeto de nulidad absoluta desde el auto de admisión de la demanda por la que procede la nulidad subsidiaria interpuesta.”.- IX. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR.- MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS.-.- FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta días del mes de mayo del dos mil diecisiete; certificaciones del auto de fecha dos de febrero del dos mil dieciséis y la sentencia de fecha veinticinco de abril de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 569-15.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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