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Sentencia CL-559-15 — Registro 7032

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir y las costas del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Con base al principio del debido proceso que regula el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República y particularmente el Código Procesal Civil en su artículo 3, de aplicación supletoria conforme a lo previsto en el artículo 858 del Código del Trabajo, las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las Leyes ordinarias y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada; todo ello conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes y como antes se relaciona, mediante un procedimiento establecido con el fin de cumplir con el principio de legalidad procesal (artículo 7 CPC), de manera que la ejecución del acto procesal implique la mejor y más rápida consecución de los fines pretendidos por la Ley; en tal sentido, para determinar que se ha garantizado el debido proceso es indispensable analizar en la resolución que se revisa, el cumplimiento de los deberes de congruencia y motivación (el artículo 739 del Código del Trabajo, en su párrafo final, en cuanto a la libre formación del convencimiento del juzgador, obliga que en la parte motivada de la sentencia se indiquen los hechos y circunstancias que causaron la decisión) que además, fijan un límite a su poder discrecional.- "...

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

..." En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos.- X. Que el Ad quem debe observar el debido proceso, que incluye entre otros, motivar y explicar suficientemente sus resoluciones y por el deber de congruencia procesal resolver conforme a las pretensiones y hechos debatidos.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XII.Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho."...

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: De la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinticinco de abril de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha doce de enero de dos mil dieciséis, por la recurrente, Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, mayor de edad, soltera, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la empresa EMBOTELLADORA LA REYNA, S.A. de C.V.; además es parte recurrida el señor JOSE FRANCISCO ZEPEDA ZUNIGA, representado en juicio por el Abogado LUIS ERNESTO FLORES. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir y las costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinte de septiembre de dos mil trece, por el señor JOSE FRANCISCO ZEPEDA ZUNIGA, mayor de edad, soltero, Licenciado en Administración de Empresas, hondureño y de este domicilio, contra la empresa EMBOTELLADORA LA REYNA, S.A. de C.V., por medio de su representante legal señor RICARDO GEOVANY ROSALES MONTALVAN, mayor de edad, casado, Licenciado en Contaduría Pública, hondureño y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha quince de octubre de dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha diez de agosto de dos mil quince, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que declaró CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por el señor JOSE FRANCISCO ZEPEDA ZUNIGA, contra la empresa EMBOTELLADORA LA REYNA, S.A. de C.V.; CONDENÓ a la empresa demandada a pagar al demandante la cantidad de L.82,135.41, por los conceptos siguientes: Preaviso L.29,166.66; Auxilio de Cesantía Proporcional L.43,749.99; Auxilio de Cesantía Proporcional L.1,822.92; Vacaciones Proporcionales L.1,215.28; Decimo tercer mes proporcional L.6,180.56 y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que quede firme el presente fallo, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.El demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la demandada el 13 de mayo del 2000, como Analista de Planillas, hasta que fue despedido en forma indirecta en fecha 28 de junio de 2013, por lo que se le notificó el mismo viciado de toda legalidad, pues al demandante se le violentaron los derechos laborales y constitucionales, debido que no se siguió el procedimiento de conformidad al Reglamento Interno de Trabajo, ya que se le citó en fecha 20 de junio del 2013, a las 2:30 de la tarde para una audiencia de descargo que se llevó a cabo a las 4:30 de la tarde de ese mismo día, mes y año, pues se denota la mala intención que se tuvo la demandada en contra del demandante con dicho procedimiento ilegal y como si fuera poco se le imputan otras causales de despido inexistentes, agotándose el trámite administrativo correspondiente, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio con la institución demandada.- 2. La parte demandada, la empresa EMBOTELLADORA LA REYNA, S.A. de C.V., contestó dicha demanda señalando que el demandante fue despedido en fecha 28 de junio de 2013, con causa justificada ya que el 11 de junio del 2013 en horas de la noche sin justificación válida y sin autorización de su jefe inmediato sacó fuera de la empresa el vehículo utilizado como unidad de sonido placa PCL-4426 con registro número 571 para realizar actividades ajenas a la empresa y también por permitir que dicho vehículo lo condujera el señor Esdras Josué Salgado Estrada, quién andaba en evidente y completo estado de ebriedad según la respectiva prueba de alcoholemia practicada por la autoridad competente; quién además de no ser empleado de Embotelladora La Reyna S.A. no estaba autorizado para conducir dicha unidad de sonido, provocando como producto de tal irresponsabilidad un lamentable accidente aproximadamente a las 5:20 am del miércoles 12 de junio del año 2013, al haber impactado en el muro que protege la vivienda de la señora María Antonia Amaya, el cual al ser derribado se fue a detener en la pared de la vivienda quedando la misma dañada en su parte frontal, la señora Amaya al igual que su hija la señora Gloria Ramos, declaran que el conductor del vehículo al momento del impacto era el señor Salgado encontrándose el demandante dormido en la parte trasera del vehículo y que al ser despertado por la autoridad competente su condición era anormal ó sea (bajo la influencia de bebidas alcohólicas), causando a la empresa demandada un grave perjuicio económico, serios daños a los bienes de la empresa, así como daños ocasionados a terceros consistentes en la reparación de la vivienda de la señora María Antonia Amaya cuyo monto asciende a L.11,760.00; como se podrá notar, no se trata de una simple falta sino de situaciones que transcienden mucho más allá de la responsabilidad laboral, el trabajador usó el vehículo para actividades personales con la agravante que lo prestó a una tercera persona; que al trabajador se le garantizó el derecho a la defensa mediante una audiencia de descargo por lo tanto lo que él asevera en la demanda es totalmente falso, por lo que se procedió al despido del demandante.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de agosto de dos mil quince, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por el señor José Francisco Zepeda Zúniga, contra la empresa EMBOTELLADORA LA REYNA, S.A. de C.V.; condenando a la empresa demandada a pagar al demandante la cantidad de L.82,135.41, por los conceptos de preaviso, auxilio de cesantía proporcional, auxilio de cesantía proporcional, vacaciones proporcionales, decimo tercer mes proporcional y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que el artículo 51 del Reglamento Interno de Trabajo de la empresa, estipula que el régimen disciplinario se realizara conforme a lo establecido en la Cláusula No.10 del Contrato Colectivo de Condiciones de Trabajo, sin embargo tal documento no fue aportado al proceso por la parte demandada, a pesar de fundamentar el patrono el despido del trabajador en el citado Reglamento Interno de Trabajo y por ende en el contrato colectivo, por tal razón no se puede hacer una revisión del procedimiento realizado por la empresa y desvirtuar de esta forma la aseveración del trabajador en el sentido que hubo violaciones en el procedimiento del despido; por otra parte, se considera que al momento de despedir al trabajador, el patrono, no contaba con los suficientes elementos probatorios que le permitieran despedir a un trabajador con más de diez años de laborar para la empresa sin haber cometido falta alguna, ya que en primera instancia es importante resaltar que la citación para que el demandante se presentara a la audiencia de descargos fue entregada a las 2:30 pm del día 20 de junio del año 2013, para que se hiciera presente el mismo día a las 4:30 (escuchar declaración de la testigo LEYBY RODESIA GIRON AVILA) y en el escrito de contestación de la demanda y para probar los hechos relatados en la misma, la demandada hace hincapié en la audiencia llevada a cabo en la Dirección General de Tránsito a la cual fue citado el demandante y la propietaria del inmueble que resultó dañado en el accidente, para acreditar este hecho, presentó el Testimonio de la Escritura Pública que corre a folios 45 y 46, la cual contiene el Acta Notarial levantada por la Notario Lidia María Torres Maradiaga, quién a requerimiento del señor Armando José Oviedo Zelaya, en su condición de Administrador de la empresa demandada se personó a constatar los hechos ventilados en la audiencia llevada a cabo en la Unidad de Conciliación de la Dirección General de Tránsito el día 14 de junio del año 2013, relacionados con el accidente en el cual se vio involucrado un vehículo de la Embotelladora La Reyna; sin embargo, la mencionada acta no tiene la fuerza probatoria que pretende acreditar el hecho del despido, ya que como una prueba preconstituída que es, no fue ratificada en estrados en ésta sede judicial, ya que unilateralmente parte del requerimiento hecho por el señor Armando José Oviedo Zelaya, Administrador de la Sociedad demandada de la versión dada por la Notario actuante; el demandante declaró ante la sede judicial y su declaración coincide con la proporcionada en el momento de ser interrogado en la Audiencia de Descargos, negando los hechos que le imputan en la nota de despido; en el reporte policial, cuya certificación obra en los autos a folio 35, hace un relato de los hechos constatados in situ al momento del accidente, en el mismo en ningún momento hace mención de que el demandante participó en el accidente, ya que únicamente hace referencia a dos participantes: el señor Esdras Josué Salgado Estrada (quién no es empleado de la demandada ( ver acta de reconocimiento judicial literal b) de la parte demandada a folio 174 vuelto) a quién la autoridad de tránsito atribuye que era el conductor del vehículo y además menciona como segunda participante a la señora María Antonia Amador Calix, propietaria del inmueble al cual fue impactar el vehículo que provocó los daños al inmueble de su propiedad; en sede judicial fue escuchada la declaración de la propietaria del inmueble señora María Antonio Amador Cálix, de la cual se resume que a la fecha en que se tomó la declaración, la mencionada señora no recuerda con claridad los hechos acaecidos el día 11 de junio del año 2013 cuando se produjo el accidente que provoco la destrucción de la parte frontal de su casa de habitación (ver folios 116 y 117); que por los hechos y circunstancias antes descritas es del criterio que la representante procesal de la EMBOTELLADORA LA REYNA S.A., no acreditó las justas causas que motivaron a su representada para dar por terminando el contrato individual de trabajo que provocó el despido del demandante por lo que es procedente declarar con lugar la demanda.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de octubre de dos mil quince, dictó sentencia confirmandola proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que siendo la parte demandada la que tomó la decisión de dar por terminada la relación laboral en base a las causas y fundamentos legales, descritos en la carta de notificación, aseveraciones que no solo bastan relatarlos sino que al demandado le corresponde la carga de la prueba en juicio; que del análisis de los medios de prueba allegados al proceso la parte demandada no pudo justificar las causas o motivos que lo indujeron a tomar la decisión para dar por terminada la relación laboral.- 5. Mediante auto de fecha veintitrés de noviembre de dos mil quince, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en su condición de representante procesal de la empresa EMBOTELLADORA LA REYNA, S.A. de C.V., contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha doce de enero de dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en su condición de representante procesal de la empresa EMBOTELLADORA LA REYNA, S.A. de C.V., formalizando su demanda y exponiendo cuatro motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formulado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado LUIS ERNESTO FLORES, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II. Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter"; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI. Que la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, de forma subsidiaria solicita la nulidad de la sentencia recurrida, en la forma siguiente: “Honorables Magistrados, Con fundamento en la facultad que tienen los Tribunales al conocer por vía de Apelación o de Casación para invalidar de oficio las sentencias que se impugnan cuando aparezcan de manifiesto en ellas algunas de las causas que dan origen a la casación en la forma, y que en materia laboral es admisible como casual EL ERROR IMPROCEDENDO, cuando por quebrantamiento de normas de procedimiento se llegue a infringir normas sustanciales de índole laboral, se alega en forma subsidiaría LA NULIDAD DE LA SENTENCIA RECURRIDA por los motivos siguientes: De conformidad con lo establecido en el artículo 207 del Código de Procesal Civil, supletorio en materia laboral conforme a lo dispuesto en el artículo 858 del Código de Trabajo: 1“Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho. 2) La motivación deberá incidir en los distintos elementos fácticos y jurídicos del pleito, considerados individualmente y en conjunto, ajustándose siempre a las reglas de la lógica y de la razón. En relación directa con esta disposición legal, el artículo 245 del mismo Código Procesal Civil establece en relación a la valoración de la prueba: “1.La valoración de la prueba en el proceso civil por el tribunal excluirá en todo caso la arbitrariedad, siendo motivada de manera precisa y razonada en la sentencia, atendiendo siempre a las reglas de la sana crítica, del conocimiento y criterio humano, así como de acuerdo a las normas que rigen el razonamiento lógico, salvo que este Código u otra ley establezca una valoración legal de manera expresa e inequívoca. 2. La valoración de los distintos medios de prueba deberá deducirse de manera clara y terminante de los fundamentos fácticos y jurídicos de la sentencia, bajo sanción de nulidad de la resolución”.- La sentencia que hoy se recurre ha sido dictada sin la observancia de éstos preceptos legales, por las razones siguiente: a) no hace una valoración de los distintos medios de prueba de manera clara; determinando que no se ha cumplido con la carga de la prueba del despido justificado, misma que ha sido aportada por las partes en el proceso; no atendiendo a las normas reglamentarias citadas en la notificación del despido y de las cuales se acompañó el respectivo reglamento, estableciendo más cargas (legales) que las que la Ley señala en la realización de la notificación del despido, y del procedimiento de descargos, al cual acudió el trabajador a expresarse en la audiencia respectiva.- b) El otro aspecto por el cual la sentencia violenta el debido proceso y debe declararse la nulidad, es el hecho de que la corte sentenciadora omite flagrantemente darle el verdadero valor procesal a la prueba documental que obra en los autos a folios 73 al 110 (Reglamento Interno de Trabajo) 57 y 72, 60-61 y 65-66 (Informe de uso de vehículo y Memorándum de Reporte de Accidente de Vehículo) de los autos de la primera pieza, y que consisten en los informes y memorándum, relacionados con el reglamento interno de trabajo de la Empresa, las cuales no fueron objeto de discusión, ni controversia en el juicio al ser un hecho aceptado por las partes, sin embargo el ad quem, al no darle el verdadero valor procesal a dichos medios de prueba, no siquiera haciendo una valoración mencionándolos en su fallo, ha actuado con evidente arbitrariedad, en tal sentido y siendo congruente con resoluciones ya emitidas por esta honorable corte suprema, es procedente se declare la nulidad de la sentencia que se conoce en casación y se solicita a este supremo tribunal la declare con lugar”.- VII. Con base al principio del debido proceso que regula el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República y particularmente el Código Procesal Civil en su artículo 3, de aplicación supletoria conforme a lo previsto en el artículo 858 del Código del Trabajo, las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las Leyes ordinarias y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada; todo ello conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes y como antes se relaciona, mediante un procedimiento establecido con el fin de cumplir con el principio de legalidad procesal (artículo 7 CPC), de manera que la ejecución del acto procesal implique la mejor y más rápida consecución de los fines pretendidos por la Ley; en tal sentido, para determinar que se ha garantizado el debido proceso es indispensable analizar en la resolución que se revisa, el cumplimiento de los deberes de congruencia y motivación (el artículo 739 del Código del Trabajo, en su párrafo final, en cuanto a la libre formación del convencimiento del juzgador, obliga que en la parte motivada de la sentencia se indiquen los hechos y circunstancias que causaron la decisión) que además, fijan un límite a su poder discrecional.- VIII. Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de ésta sección judicial, en fecha quince de octubre de dos mil quince, confirmó el fallo definitivo dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha diez de agosto de dos mil quince, declarando por ello con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones promovida por el señor José Francisco Zepeda Zúniga, contra la empresa EMBOTELLADORA LA REYNA, S.A. de C.V.; sin embargo, el fallo carece de motivación, al ser insuficiente su explicación y racionalidad del criterio arribado, lo cual conlleva a que tampoco tenga un carácter lógico, ya que no realiza el análisis y valoración de todo el material probatorio aportado por las partes y se limita a establecer que la parte demandada, no pudo justificar sus causas o motivos que lo indujeron a tomar la decisión para dar por terminada la relación laboral.- IX. En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos.- X. Que el Ad quem debe observar el debido proceso, que incluye entre otros, motivar y explicar suficientemente sus resoluciones y por el deber de congruencia procesal resolver conforme a las pretensiones y hechos debatidos.- XI. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XII.Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 738, 739, 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 3, 7, 200, 207 numeral 1), 701 numeral 3) y 931 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha 15 de octubre de 2015, visible a folios 8 al 10 de la segunda pieza de los autos. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la infracción, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR.- MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS.-.- FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintinueve días del mes de mayo del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha veinticinco de abril de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 559-15.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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