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Sentencia CL-541-15 — Registro 7026

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para la justificación de un despido emitido en violación al contrato colectivo de condiciones de trabajo y reglamento interno de trabajo vigente, reconocimiento de la antigüedad laboral, declarando la relación laboral de carácter permanente y por tiempo indefinido

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada (artículo 46 literal b) del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Igualmente no tiene ese carácter de precepto legal sustantivo laboral, la circular DGP-06-2012 que se indica no fue observada; y, c) la infracción directa se produce con prescindencia del material probatorio, en el presente caso, la situación debatida tiene que ver con la temporalidad o no de la relación laboral entre las partes, lo cual fue objeto de la prueba, por ende la vía utilizada para atacar el fallo impugnado no es la apropiada"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinticuatro de marzo del dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha siete de enero de dos mil dieciséis, por el Abogado FRANCISCO ANTONIO MONTOYA MARTINEZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), como parte recurrente; además es parte recurrida, los señores GERARDO ANTONIO HERRERA GUTIERREZ, JOSEFA RAMONA CABRERA BONILLA, DAGOBERTO MIGUEL RODRIGUEZ y JOSÉ RAMÓN MEZA FLORES, representados en juicio por el Abogado JOSUE ARIEL ALONZO CRUZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para la justificación de un despido emitido en violación al contrato colectivo de condiciones de trabajo y reglamento interno de trabajo vigente, reconocimiento de la antigüedad laboral, declarando la relación laboral de carácter permanente y por tiempo indefinido con respecto al principio de estabilidad laboral, reintegro al cargo en iguales o mejores condiciones, a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir con sus respectivos incrementos salariales, costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de junio de dos mil trece, por los señores GERARDO ANTONIO HERRERA GUTIERREZ, soltero, JOSEFA RAMONA CABRERA BONILLA, soltera, DAGOBERTO MIGUEL RODRIGUEZ, casado y JOSÉ RAMÓN MEZA FLORES, soltero, todos mayores de edad, Guardias de Seguridad, hondureños y de este domicilio, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), por medio de su representante legal en ese entonces, señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, mayor de edad, casado, Doctor en Traumatología y Ortopedia, hondureño y de este domicilio. El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veinticinco de septiembre de dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintiocho de julio de dos mil quince, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que declaró CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por los señores GERARDO ANTONIO HERRERA GUTIERREZ, JOSEFA RAMONA CABRERA BONILLA, DAGOBERTO MIGUEL RODRIGUEZ y JOSE RAMON MEZA FLORES, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (I.H.S.S); CONDENÓ al demandado a reintegrar a los demandantes a los puestos de trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones que mantenían al momento de operarse el despido; al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que se materialice el reintegro ordenado, y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la institución demandada nombrarlos como empleados permanentes en el cargo que mantenían desde el inicio de la relación laboral, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. Los demandantes expresaron en el escrito de su acción, que iniciaron la relación laboral con la institución demandada mediante contrato individual de trabajo por tiempo determinado, de la siguiente manera: GERARDO ANTONIO HERRERA GUTIERREZ, el 13 de abril de 2011; JOSEFA RAMONA CABRERA BONILLA, el 8 de marzo de 2010; DAGOBERTO MIGUEL RODRIGUEZ, el 25 de junio de 2009, y JOSE RAMON MEZA FLORES, el 13 de abril de 2011, todos en los cargos de Guardias de Seguridad, siendo despedidos de manera ilegal e injusta y sin causa legal alguna, mediante memorándums No.02690-DE-IHSS, No.02688-DE-IHSS, No.02689-DE- IHSS y No.02138-DE-IHSS de fechas 18 de abril de 2013, respectivamente; que los contratos individuales de trabajo de los demandantes fueron objetos de varias prorrogas, pero siempre desempeñando los mismos cargos, funciones y puestos de trabajo, asimismo cada 6 meses eran evaluados sobre el desempeño de las labores, las cuales siempre se desempeñaron eficientemente, es decir que al tenor de los artículos 47 y 52 párrafo final del Código del Trabajo, la relación laboral adquirió el carácter de permanente y por tiempo indefinido ya que transcurrió más de un año desde que se inició la relación laboral; los demandantes no fueron sometidos a ninguna audiencia de descargos, incurriendo el IHSS en violación a lo establecido en los artículos 112, 92 numeral 9) del Código del Trabajo; 82, 90, 127 y 129 de la Constitución de la República, en detrimento de los principios universales del derecho a la defensa, debido proceso, derecho al trabajo y a la estabilidad laboral; no obstante de que la relación laboral de los demandantes adquirió el carácter permanente, la última supuesta prorroga que se les concedió por parte del IHSS, fue desde el 1 de enero al 30 de junio de 2013, es decir que fueron despedidos antes del vencimiento de la supuesta prórroga, lo cual evidencia una serie de violaciones de sus derechos laborales por parte del patrono; el IHSS les ofreció a los demandantes el pago total de las prestaciones e indemnizaciones laborales, con lo cual reconoció la ilegalidad de los despidos respectivos, agotándose el trámite administrativo correspondiente, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio con la institución demandada.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), contestó dicha demanda señalando que a los demandantes no les corresponde el derecho que reclaman en vista que no fueron despedidos como lo pretenden establecer en su demanda, como tampoco se les invoca causa justa de despido porque sus contratos eran de carácter temporal y los demandantes conocían las fechas de finalización de sus contratos de trabajo el cual les fue prorrogado mediante memorando de la Dirección Ejecutiva, y lo que se les comunicó fue la no prorroga de sus contratos y los mismos les finalizaba el 30 de junio del año 2013; la institución demandada realiza contrataciones temporales para realizar actividades que no son propias a la actividad que se dedica, ya que su rubro es proporcionar a los afiliados servicios de salud, y solo cuando es necesario contrata personal para otras actividades, como así consta en los contratos y prorrogas otorgados, el cual se mantiene el espíritu del contrato suscrito, por lo que la actividad que realizaron es de carácter temporal y no permanente como lo pretenden establecer los demandantes; el artículo 46 del Código de Trabajo establece las formas de contratación y estos pueden ser por tiempo indefinido, por tiempo limitado, y por obra o servicio determinado, lo cual el contrato de los demandantes se enmarca en lo establecido en el inciso b) del artículo en referencia ya que estas contrataciones se hicieron por causas de fuerza mayor, lo cual no se ha podido llevar a cabo Licitación Pública para servicios de seguridad, que es lo que se ha realizado siempre en el IHSS, por tanto no se ha violentado ninguna norma legal al haber contratado a los demandantes en forma temporal; en el puesto que se desempeñaban los demandantes no se ha contratado a ninguna otra persona y tampoco dichas plazas fueron incluidas en el Plan Operativo Anual (P.O.A.) del año 2013, sino hasta el mes de junio del mismo año, por no existir la plaza, ni presupuesto para la misma, razón por el cual se solicitó la no necesidad de renovación del contrato temporal de los demandantes.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de julio de dos mil quince, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por los señores Gerardo Antonio Herrera Gutiérrez, Josefa Ramona Cabrera Bonilla, Dagoberto Miguel Rodríguez y José Ramón Meza Flores, contra el Instituto Hondureño de Seguridad Social (I.H.S.S); condenando al demandado a reintegrar a los demandantes a los puestos de trabajo, al pago de los salarios dejados de percibir y demás derechos adquiridos en su ausencia, debiendo la institución demandada nombrarlos como empleados permanentes en el cargo que mantenían desde el inicio de la relación laboral, sin costas; bajo el criterio que si antes de transcurrido un año se celebra nuevo contrato de trabajo entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse éste por tiempo indefinido, sin que tenga lugar en este caso el período de prueba. Que la carga de la prueba en el sentido de acreditar la suscripción de los contratos así como sus prorrogas por parte de los demandantes con el Instituto Hondureño de Seguridad Social, por estar los mismos en posesión de dicha institución se tuvo como cierto las alegaciones expresadas por parte de los demandantes en el escrito de demanda al tenor de lo establecido en el artículo 734 del Código de Trabajo; por lo que al hacer un estudio de las pruebas aportadas al proceso se concluye que los demandantes desde que iniciaron la relación laboral con la institución demandada ha sido continua y para la misma clase de trabajo; por lo consiguiente esta continuidad de celebración de contratos se entiende por tiempo indefinido, cumpliéndose con la condición para considerar un trabajador permanente; de igual forma la parte demandada no les señaló a los demandantes en los Memorandos respectivamente todos de fecha 18 de abril del año 2013 una causal justa al momento de la terminación de la relación laboral, razón por la cual es procedente declarar con lugar la demanda de mérito.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veinticinco de septiembre de dos mil quince, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que del análisis y valoración de los medios probatorios aportados al juicio, se desprende que si bien es cierto los demandantes inicialmente fueron contratados para prestar servicios como Guardias de Seguridad mediante la suscripción de contratos temporales, no menos cierto es, y así lo afirma la demandada en su escrito de contestación de demanda, que estos contratos se fueron prorrogando en la misma actividad, desde los años 2009, 2010 y 2011, siendo notificados el 18 de abril del año 2014, que sus contratos no serían renovados, mismos que finalizaban el 01 y 15 de mayo del 2014 respectivamente, extremo que viene a evidenciar que la relación de trabajo se viene realizando de manera continuada y sucesiva, lo que indica que la materia que dio origen al contrato de trabajo subsiste, es de carácter permanente en la institución, circunstancia que convierte el contrato de trabajo en indefinido de conformidad a los artículos 47 y 52 del Código de Trabajo, ya que por regla general el contrato de trabajo es indeterminado, porque su finalidad es lograr la estabilidad del trabajador en sus puestos de trabajo, como una garantía efectiva Constitucional, pues todo ciudadano tiene derecho a escoger libremente su trabajo y a permanecer en ella, mientras no concurra causa justa de separación, previamente comprobada y que estas sean de las establecidas en nuestro estamento legal; y al no demostrar el patrono la existencia de una causa o motivo justo de terminación del contrato de trabajo, asume las responsabilidades laborales derivadas de esa decisión unilateral, ilegal e injusta.- 5. Mediante auto de fecha trece de noviembre de dos mil quince, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado FRANCISCO ANTONIO MONTOYA MARTINEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha siete de enero de dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal el Abogado FRANCISCO ANTONIO MONTOYA MARTINEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha catorce de enero de dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JOSUE ARIEL ALONZO CRUZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado FRANCISCO ANTONIO MONTOYA MARTINEZ, en el primer y único motivo de casación alega: “Acuso la sentencia recurrida ser violatoria de la Ley Sustantiva de Orden Nacional en infracción directa que es proveniente de la no aplicación del artículo 46 Literal B) del Código de Trabajo, y la no observancia de una Circular emitida por el Gobierno de la República a través de la Dirección General de Presupuesto mediante la Circular DGP-016-2012. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 Numeral l primero del código de trabajo vigente. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA: La Norma Sustantiva de Orden Nacional violada, está contenida en los artículos 46 Literal b) del Código de Trabajo, relacionado con la no aplicación de la Circular DGP-016-2012, QUE LIMITA LA CONTRATACION DE PERSONAL POR CONTRATO EN EL Gobierno de la República e Instituciones autónomas. LA VIOLACION PASO A EXPLICARLA EN LA FORMA SIGUIENTE La corte sentenciadora, incurre en Infracción directa al no aplicar una norma que rige el tipo de contrato que unía a mi representada con la demandante, como lo es el artículo 46 Literal b) del Código de Trabajo, relacionado con la no aplicación dela Circular DGP-016-2012 emitida por el Gobierno de la Republica a través de la Dirección General de Presupuesto, en el que se establece la prohibición de contratación de personal por contrato por falta de presupuesto, y que fue acreditado en juicio pero que obvio la corte Sentenciadora al momento de dictar su sentencia y que es objeto del presente recurso de casación, asimismo no aprecio la prueba aportada por nuestra parte, en la que se acredito que los demandantes se desempeñaron como empleados por contrato, en el cargo de Guardias de Seguridad, por lo tanto tenían conocimiento de la fecha de finalización de cada uno de sus contratos de trabajo. Por lo tanto la Sentencia no está dictada conforme a derecho, al no aplicarse la norma que establece que se puede contratar personal bajo contrato a término, asimismo se acredito que su contratación se dio por necesidad de servicio, en vista de la naturaleza del trabajo que realizaban los demandantes y que era de Guardias de Seguridad, por lo que la Corte Sentenciadora al confirmar la Sentencia de Primera Instancia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo, por lo que se incurrió en Infracción directa a una la Ley Sustantiva, que como reiteramos regula la contratación de personal por contrato, asimismo la parte demandante no acredito el supuesto despido que alego, al contrario se acredito que no existió ningún despido, sino una comunicación de la no prorroga de un contrato temporal de trabajo. pero que la Corte Sentenciadora no aplico ni aprecio los medios de prueba aportados incurriendo en franca violación a esta Ley Sustantiva, y no aplicando las normas que debió aplicar en el caso concreto, como lo es el artículo 46 Literal b) del Código de Trabajo, en la que fundamenta principalmente la Sentencia que confirma la Dictada en Primera Instancia y que causa perjuicios a mi representada el Instituto Hondureño de Seguridad Social, e infringe normas sustantivas a las que ya he hecho referencia, En base a todo lo anterior expuesto procede que esta Honorable Corte Suprema de Justicia proceda a casar la Sentencia recurrida en este Primer y único Motivo”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) la norma que indica como violada (artículo 46 literal b) del Código del Trabajo) no ostenta el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; b) Igualmente no tiene ese carácter de precepto legal sustantivo laboral, la circular DGP-06-2012 que se indica no fue observada; y, c) la infracción directa se produce con prescindencia del material probatorio, en el presente caso, la situación debatida tiene que ver con la temporalidad o no de la relación laboral entre las partes, lo cual fue objeto de la prueba, por ende la vía utilizada para atacar el fallo impugnado no es la apropiada.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CÀCERES CASTELLANOS; FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los dieciocho días del mes de abril del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 541-15.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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