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Sentencia CL-538-15 — Registro 16206

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, por despido directo, ilegal e injusto, pago de aumentos salariales, bonificaciones y demás derechos que se produjeran durante la secuela del juicio, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, costas del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.-"...

Legislación citada

  • Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que efectivamente se aprecia que dicha resolución no se dictó con base a los principios de igualdad y de seguridad jurídica, al constatarse que el tribunal recurrido en otro caso similar conocido por la misma situación fáctica (expediente CL171-2015) lo resolvió con un criterio diferente al que nos ocupa, aplicando en ese asunto el tema de la proporcionalidad de la sanción impuesta, entendiéndose que el despido es la sanción máxima que solo cabe cuando ya no es posible el sostenimiento de la relación laboral, tomando como referencia lo dispuesto en el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo OIT y la Recomendación 166 aplicables con base al artículo 18 del Código de Trabajo, todo lo cual no resulta congruente y vicia de nulidad el fallo dictado al violentarse principios de igualdad, proporcionalidad y estabilidad laboral."...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X. Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- XI. Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida."..

Legislación citada

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., dieciséis de mayo de dos mil diecisiete. VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha cinco de enero de dos mil dieciséis, por la recurrente, Abogada ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNANDEZ, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal de la señora GLORIA DEL CARMEN VALLECILLO VALDEZ; además es parte recurrida, el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), representado en juicio por el Abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones, por despido directo, ilegal e injusto, pago de aumentos salariales, bonificaciones y demás derechos que se produjeran durante la secuela del juicio, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha tres de abril de dos mil catorce, por la señora GLORIA DEL CARMEN VALLECILLO VALDEZ, mayor de edad, soltera, Abogada, hondureña y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), por medio de su Director Ejecutivo señor JORGE ARTURO REINA GARCÍA, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, hondureño y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha cinco de octubre de dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha cinco de agosto de dos mil quince, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que declaró SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora GLORIA DEL CARMEN VALLECILLO VALDEZ, contra el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.); ABSOLVIENDO al demandado de toda responsabilidad en el presente juicio, sin perjuicio de los derechos laborales que el empleador ya le ha reconocido a la trabajadora en la nota de despido directo, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la institución demandada el 5 de junio de 2001, en el puesto de Oficial Civil Departamental de Cortés, devengando un último salario ordinario mensual de L.23,738.00; que mediante Acuerdo número 020-2014 la demandante fue cancelada del cargo que desempeñaba, efectivo a partir del 17 de enero de 2014, sin expresar con precisión la causa o motivo que llevó a la institución demandada a dar por terminada la relación de trabajo, tal como lo establece el artículo 117 del Código del Trabajo; el despido el que hace alusión la demandante, únicamente se invoca como causal, “el haber resuelto favorablemente aceptando como representante legal a la Abogada Elizabeth Almendarez Pérez, de los señores Denis Antonio Cruz Flores y Cristian Antonio Cruz Flores en el expediente No.DEN-197-IG-2013 que contiene las resoluciones No. 0501-2013-01445 y 0501-2013-01446…”, en consecuencia como bien se podrá observar, en el defectuoso documento de despido no se precisa uno de los elementos torales que debe contener dicho documento de terminación laboral y éste corresponde a la fecha en que se cometió la supuesta falta, cabe preguntarse, porque se omitió la fecha de la supuesta falta. Que en correcta aplicación de los artículos 862 y 863 del Código de Trabajo vigente, se considera que la demandada dejó pasar la prescripción para llevar a cabo la acción de despido reflejada en acuerdo de cancelación de fecha 17 de enero del 2014, en vista que en fecha 27 de septiembre del 2013, la señora Elizabeth Almendarez Pérez, actuando en representación del señor Denis Antonio Cruz Flores, con un poder de representación y administración otorgado en la ciudad de Miami, Florida de los Estado Unidos de Norte América, compareció ante el Oficial Civil Departamental, de San Pedro Sula, Cortés, solicitando rectificación del acta de nacimiento de los señores Cristian Antonio Cruz Flores y Denis Antonio Cruz Flores, resolviendo declarar con lugar la solicitud de rectificación de acta de nacimiento presentada por la señora Elizabeth Almendarez Pérez; en fecha 27 de septiembre del 2013, la demandante extendió el respectivo aviso referente a la rectificación del acta de nacimiento, al efecto de garantizar el ejercicio del derecho de oposición; posteriormente fue notificado por el Registrador Civil Municipal del Municipio de Villanueva, Departamento de Cortés a la Oficial Civil Departamental de San Pedro Sula, indicando que no se presentó oposición; en fecha 17 de octubre del 2013, se libró comunicación al señor Registrador Civil Municipal de Villanueva, Departamento de Cortés, al efecto de que éste procediera a dar estricto cumplimento a la resolución que declaraba con lugar la solicitud de rectificación de acta de nacimiento presentada por la señora Elizabeth Almendarez Pérez; en fecha 9 de diciembre del 2013, les fueron entregados al Licenciado Jorge Fernando Martínez Gaborel, en su calidad de Sub-Inspector los expedientes No. 0501-2013-01445 y 0501-2013-01446 de rectificación del año 2013 los cuales son requeridos por la Inspectoria General por motivo de investigación; el 13 de diciembre del 2013, después de haberse transcurrido más del mes que otorga el artículo 863 del Código del Trabajo para disciplinar las faltas cometidas por los trabajadores, la demandante fue convocada a una audiencia de descargos para tratar actos de procuración de la señora Elizabeth Almendarez Pérez y el 17 de enero del 2014, le fue notificada la nota de despido derivado de los hechos y acontecimientos antes descritos, el cual se podrá apreciar que a la demandada le venció el término fatal de un mes que le da la ley en el artículo 863 del Código del Trabajo, para proceder al despido a partir de ese momento la demandada contaba únicamente con un mes para proceder al despido o acuerdo de cancelación, sin embargo, al llevar a cabo ese injusto e ilegal despido en fecha 17 de enero del 2014, se divisa palpablemente que a la demandada le transcurrieron más de 4 meses para proceder a dicha cancelación, lo que convierte la misma no solo en injusta sino además ilegal, agotándose el trámite administrativo correspondiente, sin ningún resultado conciliatorio.- 2. La parte demandada, el REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS (R.N.P.), contestó dicha demanda señalando que la demandante fue cancelada por despido de su cargo como Oficial Civil Departamental del Departamento de Cortés, con sede en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, por el Registro Nacional de las Personas, y sin responsabilidad alguna para la institución, en virtud de la falta grave cometida por dicha empleada en el desempeño de sus funciones consistente la misma en los hechos siguientes: “Haber resuelto favorablemente aceptando como Representante Legal a la Abogada Elizabeth Almendarez Pérez, de los señores Denis Antonio Cruz Flores y Cristian Antonio Cruz Flores, en el Expediente No. DEN-197-IG-2013 que contiene las resoluciones No. 0501-2013-01445 y 0501-2013-01446 de rectificaciones de las actas de nacimiento de los ciudadanos Denis Antonio Cruz Flores y Cristian Antonio Cruz Flores, ubicados en el tomo No. 422, folio No. 349, acta No. 01862 del año 1972 y tomo No. 71, folio No. 85, acta No. 00593 del año 1990”, teniendo conocimiento pleno que la Abogada Almendarez también ostentaba el cargo de Oficial Civil Departamental del Departamento de Cortés, con sede en la ciudad de San Pedro Sula, siendo su compañera de trabajo y que el artículo 30 numeral 12) del Reglamento de la Ley del Registro Nacional de las Personas, prohíbe a los Oficiales Civiles, realizar actos de procuración, lo cual para ésta clase de trámites, se necesita que la persona solicitante lo haga personalmente a través de un Profesional del Derecho. Todo lo anteriormente relacionado está debidamente probado en la investigación realizada plasmada en la documentación que obra en el expediente, según informe No.01-10-2014 rendido por la Inspectoría General del Registro Nacional de las Personas, quedando claro que el Directorio del RNP de acuerdo a la Ley, es el único patrono y autoridad nominadora que faculta para dar por terminado el contrato de trabajo sin responsabilidad para el mismo, con lo que se comprueba en éste caso, que dicha empleada no observó lo establecido en el Reglamento Interno de Trabajo del Personal de la institución, la Ley del RNP y el Código de Trabajo, por haber violentado las obligaciones y prohibiciones que le incumben en razón del cargo que ha venido desempeñando, haberse extralimitado en el desempeño de su cargo o de sus funciones por haber resuelto favorablemente al tener como representante legal de los señores mencionados en el expediente relacionado a la Abogada Elizabeth Almendarez Pérez, siendo ésta empleada del Registro Nacional de las Personas. Siendo que la demandante en la evacuación del acta de descargo que se levantó, no pudo desvanecer la falta grave que se le imputaba en el desempeño de su cargo y que se ha mencionado anteriormente y estando plenamente probado y que constituye falta grave que conllevó a la cancelación por despido de la demandante sin responsabilidad para el Registro Nacional de las Personas.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cinco de agosto de dos mil quince, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la señora Gloria del Carmen Vallecillo Valdez, contra el Registro Nacional de las Personas (R.N.P.); absolviendo al demandado de toda responsabilidad en el presente juicio, sin perjuicio de los derechos laborales que el empleador ya le ha reconocido a la trabajadora en la nota de despido directo, sin costas; bajo el criterio que revisado que ha sido el expediente de mérito y la prueba aportada por las partes, es de aclarar que uno de los puntos de la nota de despido lo constituye el fundamento legal del RNP para cancelar por despido a la demandante, siendo éste la investigación realizada por la Inspectoría General del Registro Nacional de las Personas y su respectivo informe, mismo que aparece a folio numero 93 de autos, y es el que da pauta a la institución demandada a aplicar las sanciones administrativas que correspondan conforme a la ley; es así que dicha etapa investigativa concluye con las consideraciones legales y la recomendación dada al empleador a través de un informe de este órgano administrativo y donde se establece o no la responsabilidad administrativa, obedeciendo esta situación a que el RNP y sus diferentes órganos están regidos por reglamentos internos que hay que cumplir conforme a lo establecido en el artículo 119 de la Ley del Registro Nacional de las Personas; 76 y 77 del Reglamento Interno de Trabajo del Personal del RNP, por lo que en este caso concreto, es desde el momento en que el órgano administrativo de la Inspectoría General del RNP que traslada el informe investigativo y su recomendación al Directorio Ejecutivo para que proceda aplicar las sanciones que se consideren oportunas conforme a la ley, es que se define o determina el grado o no de la falta que se le imputa al trabajador; coligiéndose, que para el presente caso de autos es a partir de este informe donde empleador determina que la demandante ha incurrido en falta grave, por lo que dicho informe tiene fecha 8 de enero del 2014 y el despido surtió los efectos legales a partir del 17 de enero del 2014, es decir, dentro del término legal que establece el artículo 863 del Código del Trabajo, para que el patrono ejerza sus derechos contra los trabajadores sin responsabilidad de su parte, de todo lo anterior se deduce que la demanda que nos ocupa debe ser declarada sin lugar, sin perjuicio de los derechos ya reconocidos por el empleador en la nota de despido.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha cinco de octubre de dos mil quince, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que según lo establecido en el artículo 97 del Código del Trabajo, el trabajador debe desempeñar su trabajo con la mayor eficiencia, cuidado y esmero; que la demandante en la audiencia de descargo reconoció haber aceptado como representante legal a la Abogada Elizabeth Almendarez Pérez, Oficial Civil Departamental de Cortés, en las resoluciones No. 0501-2013-01445 y 0501-201-01446 de rectificaciones de las actas de nacimiento de los ciudadanos Denis Antonio Cruz Flores y Cristian Antonio Cruz Flores; acta de descargo en la que la demandante aceptó que la Abogada Elizabeth Almendarez Pérez es su compañera de trabajo y que la tuvo como representante no como apoderada legal, y quién le solicitó resolver dichos casos como lo hubiese hecho cualquier persona natural, ya que considera que no ha ejercido actos de procuración y que no hizo uso del poder en calidad de Abogada; que también consta el acta de descargo de la Abogada Elizabeth Almendarez Pérez (folio 45), quién aceptó que el padre de Denis Antonio Cruz Flores le otorgó un poder para que pudiera arreglarle el problema de su hijo quién tenía dos inscripciones de nacimiento, por lo que a criterio, la demandante si tenía conocimiento que la Abogada Elizabeth Almendarez Pérez, ostentaba un poder de representación y que al ser compañeras de trabajo, la demandante no podía ni debía tener como representante de los señores Denis Antonio Cruz Flores y Cristian Antonio Cruz Flores, y a sabiendas de ello, la tuvo como representante tal como ella lo acepta, lo cual le estaba vedado por ley.- 5. Mediante auto de fecha trece de noviembre de dos mil quince, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNANDEZ, en su condición de representante procesal de la señora GLORIA DEL CARMEN VALLECILLO VALDEZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha cinco de enero de dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal la Abogada ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNANDEZ, en su condición de representante procesal de la señora GLORIA DEL CARMEN VALLECILLO VALDEZ, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha cinco de enero de dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado RIGOBERTO CERRATO RAMIREZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II. Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI. Que la Abogada ARGEL ALEJANDRA ROVELO HERNANDEZ, de forma subsidiaria solicita la nulidad de las actuaciones de la forma siguiente: “Tal como se ha expuesto en los motivos que anteceden, la Corte recurrida ha dictado un fallo incongruente porque la resolución es imprecisa en referencia a otros precedentes y alejada completamente de los lineamientos que exigen los artículos 206 y 207 del Código Procesal Civil vigente, nótese que la pretensión de la demandante va orientada a unificar criterios en cuanto al fallo emitido por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán en el expediente 9109-2015 que conoció el recurso de apelación interpuesto por el apoderado legal de REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, en la demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo, promovida por la señora ELIZABETH ALMENDAREZ PEREZ, en el cual la Corte Recurrida en el expediente en mención ha dejado sentado el precedente al precisar lo siguiente: “Que se ha acreditado en autos que la falta cometida por la señora ELIZABETH ALMENDAREZ PEREZ, debió ser sancionada con una suspensión de su cargo por ocho días sin goce de sueldo, y no por el despido, que es la sanción máxima establecida, por lo que no hay proporcionalidad en las sanciones impuestas a los señores MIGUEL ANGEL ZELAYA VILLAFRANCA Y EDSON ROBERTO LABORIEL ALVAREZ y la demandante., por lo que este tribunal de alzada estima que la motivación y resolución dictada por el A-quo es correcta y apegada a derecho, por lo que procede su confirmatoria”. De acuerdo con el precedente anteriormente citado, el fallo recurrido solo se limito a concluir que la parte demandada no debe reintegrar a la trabajadora demandante en vista que en el acta de descargos acepto que la abogada ELIZABETH ALMENDARES PEREZ es su compañera de trabajo y que la tuvo como representante no como apoderada legal, y quien le solicito resolver dichos casos como lo hubiese hecho cualquier persona natural, ya que considera que no ha ejercido actos de procuración. Asimismo, es importante recalcar que ha sido criterio de esta Honorable Sala Laboral — Contencioso, en la CASACION No. 326-09 en el juicio laboral promovido por el señor CARLOS ARNULFO MARTINEZ ROJAS contra la CERVECERIA HONDUREÑA S.A., al precisar lo siguiente: “Que para este Tribunal, en el caso de estudio, de la falta cometida por el trabajador CARLOS ARNULFO MARTINEZ BORJAS, han existido como precedentes casos iguales o más gravosos para los intereses de la empresa demandada, la misma ha actuado y sentado la pauta de proceder de diferente manera, aplicando las medidas disciplinarias de forma correctiva, siendo la conclusión, que por un lado, aparece documentada que dicha falta no ha sido calificada de gravedad, porque no se perjudica u obstaculiza la marcha correcta de las operaciones de la empresa; y por otro, que existe desproporción y desigualdad en cuanto a la imposición de la sanción más gravosa de despido aplicada al demandante, tal como se ha expuesto en el considerando anterior”.- Asimismo, también es criterio de esta Sala Laboral “Que ante la invocación de una causa de discriminación por parte del Trabajador es el empresario o patrono quien debe asumir la carga de probar los hechos generadores de extinción o de no existencia de dicha conducta, pero el denunciante debe de acompañar un indicio fáctico que le sirva para la inversión de la carga de la prueba, ya que no basta el simple hecho de alegarla, sino que es necesario que se acredite la presencia de circunstancias que constituyan indicios racionales de que está en juego el factor que determina la igualdad y es a partir de tales circunstancias cuando el empresario deberá destruir la presunción probando que existe causa justificada suficiente”. Tal y como se ha expuesto anteriormente la demandante exigió el reintegro a su trabajo alegando actos discriminatorios a consecuencia de que a otros compañeros de trabajo se les ha suspendido de su puesto de trabajo hasta por 8 días sin goce de sueldo, por ejercer actos de procuración, razón por lo que convierte su despido es injusto e ilegal, por lo que, la corte recurrida devenía obligada hacer la respectiva separación al momento de su pronunciamiento sobre cada uno de ellos, es decir, sobre lo justo y la legal en referencia a los actos discriminatorios invocados, así mismo, hacer los razonamientos facticos y jurídicos del pleito, que conducen a la apreciación y valoración de la prueba, hecho que no hizo. Por lo antes expuesto y en virtud de que el fallo en el caso de merito no es congruente con las pretensiones deducidas en juicio, es por ello, que procede se anule el fallo recurrido, a efecto de que dicho Tribunal proceda de conformidad a derecho, ya que todo ello indica que dicho Tribunal infringió el artículo 206 y 207 del Código de Procesal Civil, en virtud de que dicha sentencia no resulta clara, precisa ni congruente con las cuestiones del debate y las pretensiones deducidas oportunamente en dichas diligencias.”.- VII. Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de ésta Sección Judicial, en fecha 5 de octubre de 2015, confirma el fallo definitivo dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, que declaró sin lugar la demanda y absolvió de toda responsabilidad a la parte demandada, bajo el criterio que según lo establecido en el artículo 97 del Código del Trabajo, el trabajador debe desempeñar su trabajo con la mayor eficiencia, cuidado y esmero; que la demandante en la audiencia de descargo reconoció haber aceptado como representante legal a la Abogada Elizabeth Almendarez Pérez, Oficial Civil Departamental de Cortés, en las resoluciones No. 0501-2013-01445 y 0501-201-01446 de rectificaciones de las actas de nacimiento de los ciudadanos Denis Antonio Cruz Flores y Cristian Antonio Cruz Flores; acta de descargo en la que la demandante aceptó que la Abogada Elizabeth Almendarez Pérez es su compañera de trabajo y que la tuvo como representante no como apoderada legal, y quién le solicitó resolver dichos casos como lo hubiese hecho cualquier persona natural, ya que considera que no ha ejercido actos de procuración y que no hizo uso del poder en calidad de Abogada; que también consta el acta de descargo de la Abogada Elizabeth Almendarez Pérez (folio 45), quién aceptó que el padre de Denis Antonio Cruz Flores le otorgó un poder para que pudiera arreglarle el problema de su hijo quién tenía dos inscripciones de nacimiento, por lo que a criterio, la demandante si tenía conocimiento que la Abogada Elizabeth Almendarez Pérez, ostentaba un poder de representación y que al ser compañeras de trabajo, la demandante no podía ni debía tener como representante de los señores Denis Antonio Cruz Flores y Cristian Antonio Cruz Flores, y a sabiendas de ello, la tuvo como representante tal como ella lo acepta, lo cual le estaba vedado por ley.- VIII. Que efectivamente se aprecia que dicha resolución no se dictó con base a los principios de igualdad y de seguridad jurídica, al constatarse que el tribunal recurrido en otro caso similar conocido por la misma situación fáctica (expediente CL171-2015) lo resolvió con un criterio diferente al que nos ocupa, aplicando en ese asunto el tema de la proporcionalidad de la sanción impuesta, entendiéndose que el despido es la sanción máxima que solo cabe cuando ya no es posible el sostenimiento de la relación laboral, tomando como referencia lo dispuesto en el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo OIT y la Recomendación 166 aplicables con base al artículo 18 del Código de Trabajo, todo lo cual no resulta congruente y vicia de nulidad el fallo dictado al violentarse principios de igualdad, proporcionalidad y estabilidad laboral.- IX. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X. Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella, y debe cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- XI. Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 numeral 1), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, ésta última disposición en relación al artículo 190 del Código de Procedimientos Civiles; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta Sección Judicial, en fecha 5 de octubre de 2015, visible a folios doce (12) al diecisiete (17) de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los siete días del mes de junio del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 538-15.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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