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Sentencia CL-531-15 — Registro 7022

Resumen

Segunda instancia confirmo sin lugar la demanda para que el patrono pruebe la justa causa del despido y en consecuencia pague las prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos, salarios dejados de percibir, reajuste de salario mínimo de conformidad al arancel del Colegio Médico de Honduras

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

"Que la sentencia pronunciada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha 13 de octubre de 2015, confirma la dictada por el Juzgado de Letras de la sección judicial de La Ceiba, Atlántida, de fecha 28 de agosto de 2015, la cual ha declarado con lugar la excepción perentoria de prescripción de la acción, sin lugar la demanda ordinaria laboral y absuelve a la demandada del pago de los conceptos reclamados; bajo el criterio que la demanda se entabló dos meses después de que se agotara la vía administrativa, por lo que con base a los artículos 864 y 868 del Código del Trabajo les prescribió su acción;  sin embargo, al emitir su decisión no se pronuncia ni reconoce los derechos adquiridos que corresponden a los trabajadores de conformidad con la Ley.- VII.- Los derechos adquiridos son aquellos que se originan de una situación jurídica indudable y que no es una expectativa, por lo tanto de pertenencia a un titular a quien la Ley  laboral le prohíbe su renuncia, razón por la que éste derecho debe ser respetado y no vulnerado; los conceptos por derechos adquiridos deben ser contemplados en la decisión judicial independientemente de la forma de la terminación de la relación laboral y de que hayan sido solicitados o no, salvo que éstos  se encuentren efectivamente satisfechos y que conste en los autos tal circunstancia o que se determine la inexistencia de relación laboral entre las partes.- VIII.- Que el artículo 2 de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central (Decreto 220-2003 del 19 de diciembre del 2003 publicada en La Gaceta el 12 de enero del 2004) define que Derecho Adquirido es todo derecho o beneficio conferido por la Constitución y las Leyes, reglamentos o acuerdos legalmente suscrito entre partes, siempre y cuando estos, por su efectivo ejercicio, hayan sido incorporados al patrimonio personal del sujeto o beneficiario designado por la Ley, para su beneficio y para subvenir sus necesidades morales y materiales.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 123 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

...."Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.-               X.- Que conforme con el Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria en materia laboral, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubiesen sido denunciados por el recurrente.-               XI.- Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, a efecto de que el Ad-quem proceda a enmendar lo actuado"

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

.."Que la sentencia pronunciada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha 13 de octubre de 2015, confirma la dictada por el Juzgado de Letras de la sección judicial de La Ceiba, Atlántida, de fecha 28 de agosto de 2015, la cual ha declarado con lugar la excepción perentoria de prescripción de la acción, sin lugar la demanda ordinaria laboral y absuelve a la demandada del pago de los conceptos reclamados; bajo el criterio que la demanda se entabló dos meses después de que se agotara la vía administrativa, por lo que con base a los artículos 864 y 868 del Código del Trabajo les prescribió su acción; sin embargo, al emitir su decisión no se pronuncia ni reconoce los derechos adquiridos que corresponden a los trabajadores de conformidad con la Ley.- VII.- Los derechos adquiridos son aquellos que se originan de una situación jurídica indudable y que no es una expectativa, por lo tanto de pertenencia a un titular a quien la Ley laboral le prohíbe su renuncia, razón por la que éste derecho debe ser respetado y no vulnerado; los conceptos por derechos adquiridos deben ser contemplados en la decisión judicial independientemente de la forma de la terminación de la relación laboral y de que hayan sido solicitados o no, salvo que éstos se encuentren efectivamente satisfechos y que conste en los autos tal circunstancia o que se determine la inexistencia de relación laboral entre las partes.- VIII.- Que el artículo 2 de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central (Decreto 220-2003 del 19 de diciembre del 2003 publicada en La Gaceta el 12 de enero del 2004) define que Derecho Adquirido es todo derecho o beneficio conferido por la Constitución y las Leyes, reglamentos o acuerdos legalmente suscrito entre partes, siempre y cuando estos, por su efectivo ejercicio, hayan sido incorporados al patrimonio personal del sujeto o beneficiario designado por la Ley, para su beneficio y para subvenir sus necesidades morales y materiales.- IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- "..

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 123 (Jerarquía Ordinaria)
  • Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central Decreto 220-2003, art. 2 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

.."Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X.- Que conforme con el Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria en materia laboral, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubiesen sido denunciados por el recurrente.- XI.- Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, a efecto de que el Ad-quem proceda a enmendar lo actuado."

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 123 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 214, numeral 2 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinticuatro de marzo del año dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha ocho de enero del año dos mil dieciséis, por el recurrente Abogado HENRY MAURICIO LUJAN MENCIAS, en su condición de representante procesal de HELEN YARITZA LOPEZ DEL CID y MARIANA WALESKA LAINEZ SANTOS, además es parte recurrida INVERSIONES MEDICAL CENTER H & H representadas en juicio por el señor WILFREDO ANTONIO HANDAL HANDAL.- OBJETO DEL PROCESO: para que el patrono pruebe la justa causa del despido y en consecuencia pague las Prestaciones e Indemnizaciones Laborales, Derechos Adquiridos, Salarios dejados de Percibir, reajuste de salario mínimo de conformidad al arancel del Colegio Médico de Honduras, Costas, promovida ante el Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida , en fecha veinte de febrero del año dos mil catorce, por las señoras HELEN YARITZA LOPEZ DEL CID y MARIANA WALESKA LAINEZ SANTOS, quienes son mayores de edad, soltera y casada, respectivamente, hondureñas y con domicilio de la Ceiba, contra INVERSIONES MEDICAL CENTER H & H, por medio del señor WILFREDO ANTONIO HANDAL HANDAL, mayor de edad, hondureño, Radiólogo, casado. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha trece de octubre del año dos mil quince, dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, que falló confirmando la sentencia de fecha trece de octubre del año dos mil quince, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de la Ceiba, departamento de Atlántida, misma que: “CON LUGAR la Excepción Perentoria de Prescripción de la Acción opuesta por la representante procesal de la parte demandada; en consecuencia declara SIN LUGAR la demanda de mérito promovida por las señoras HELEN YARITZA LOPEZ DEL CID y MARIANA WALESKA LAINES SANTOS contra la empresa mercantil INVERSIONES MEDICAL CENTER H & H, a través del señor WILFREDO ANTONIO HANDAL HANDAL, en su condición de Administrador Único de dicha empresa, para que el patrono pruebe la justa causa de sus despidos, caso contrario les pague sus prestaciones laborales, derechos adquiridos, reajuste del salario mínimo de conformidad al Estatuto del Arancel del Colegio Médico de Honduras y costas del juicio y consecuentemente ABSUELVE a dicha empresa por medio de su administrador señor WILFREDO ANTONIO HANDAL HANDAL del presente reclamo laboral.- SEGUNDO: SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante expresó en el escrito de su acción, que ambas iniciaron su relación de trabajo con la Empresa denominada Inversiones Medical Center H & H en fecha 01 de Marzo del año 2012, teniendo una antigüedad de un año, cinco meses y veintinueve días, siendo contratadas verbalmente por la señora Sandra Esmerita Martínez Ártica, en su condición de Gerente de operaciones y quien es la persona encargada de contratar al personal, las demandantes mantienen un contrato vigente con la empresa denominada SOLUCIONES DE RECURSOS HUMANOS,S.A, fueron contratadas para desempeñar el cargo de médicos permanentes, devengando actualmente un salario base de L.10,000.00 Jornada Normal, más L.700.00 por guardia de veinticuatro (24) horas de trabajo, más un bono de Cuarenta Lempiras L.40.00 por cada paciente ingresado, teniendo un horario de trabajo de Lunes a Viernes de 1:00 P.M. a 7:00 P.M con turnos de 7:00 PM a 7:00 AM y los fines de semana de Sábado 8:00 AM a Domingo 8:00 A.M. Estas fueron despedidas de forma verbal e injusta por la Licenciada Sandra Esmerita Martínez Artica el día veintinueve 29 de Agosto del año 2013, de forma verbal e injusta, sin darles una justa causa solamente llego a informarles que estaban despedidas por decisión del señor Wilfredo Antonio Handal Handal, en su condición de Administrador Único y les comunicó que para seguir laborando en la su centro médico, tenían que declararse como Comerciantes Individuales y proceder a firmar un Contrato Mercantil, situación que no quisieron aceptar por ser empleadas de la empresa demandada, cumpliendo de forma responsable con lo estipulado en el Artículo 20 de Código del Trabajo.- 2. La parte demandada, Inversiones Medical Center H & H, contestó dicha demanda señalando que la relación que mantiene la empresa demandada con los médicos y especialistas es de carácter mercantil, por lo que a estos se les paga sus honorarios profesionales. Por otra parte la demandada consideró oportuno establecer que la empresa Soluciones de Recursos Humanos se encarga de vender el servicio de personal a la empresa demandada por lo que debería ser ésta la empresa contra quien se dirija la presente demanda y es por lo que se entiende que las hoy demandantes no guardaban ningún tipo de relación con la parte demandada.- 3. El Juzgado de Letras de la Sección Judicial de la Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veintiocho de agosto del año dos mil quince, dictó sentencia declarando Sin Lugar la demanda ordinaria laboral promovida por HELEN YARITZA LOPEZ DEL CID y MARIANA WALESKA LAINEZ SANTOS, contra INVERSIONES MEDICAL CENTER H & H, a través del señor WILFREDO ANTONIO HANDAL HANDAL; bajo el criterio que de la Excepción Perentoria opuesta, se estableció que las señoras demandantes alegaron que fueron despedidas de sus labores en fecha 29 de agosto del 2013. Según los documentos presentados con la demanda, los cuales se refieren a solicitud de servicios de un Inspector de Trabajo y cédulas de citaciones, se acredita que las señoras demandantes comparecieron por primera vez ante la Autoridad Administrativa en fecha 2 y 4 de septiembre del 2013, transcurriendo del 29 de agosto 2013, al 4 de septiembre de dicho año, seis días, aquí se interrumpe el término de la prescripción y según las actas de comparecencia ante la Procuraduría Regional del Trabajo, dejan a las demandantes en libertad para acudir a la instancia judicial, en fecha 10 de diciembre del 2013, y a partir de esta fecha comienza de nuevo a correr el término de los dos meses calendarios; según el presentado de la demanda, las demandantes comparecen ante instancia judicial en fecha 20 de febrero del 2014, transcurriendo desde el 10 de diciembre 2013, al 20 de febrero 2014, mas de los 2 meses que señala nuestra legislación laboral, por lo que los derechos y acciones que reclaman en el presente juicio, las señoras Helen Yaritza Lopez Del Cid y Mariana Waleska Laínez Santos ha prescrito.- 4. La Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha trece de octubre del año dos mil quince, dictó sentencia confirmando la proferida por el A quo, sin costas; bajo el criterio que de acuerdo a lo establecido en el artículo 864 del Código del Trabajo, que establece: “Los derechos y acciones de los trabajadores para reclamar contra los despidos injustificados que se les hagan o contra las correcciones disciplinarias que se les apliquen, prescriben en el término de dos (2) meses contados a partir de la terminación del contrato o desde que se le impusieron dichas correcciones, respectivamente.” En este mismo orden de ideas, el artículo 124. 4 del Código Procesal Civil, reza: “Los plazos señalados por meses o por años se computarán de fecha a fecha. Cuando en el mes del vencimiento no hubiera día equivalente al inicial del cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes”. Con relación al plazo consignado, hay que aclarar que 2 meses no equivale, ni es sinónimo de 60 días, los meses son meses y como explica el artículo 124.4 del Código Procesal Civil se computan de fecha a fecha. En el caso de autos se puede ver que las demandantes manifestaron que fueron despedidas el 29 de agosto del año 2013, a partir de allí y según el artículo 864 del Código del Trabajo contaban con dos meses para reclamar el despido que consideran injustificado, es decir que los dos meses se vencían el día martes 29 de octubre de ese año, sin embargo, las demandantes solicitaron la intervención de la autoridad administrativa, con lo cual y por efecto del precitado artículo, interrumpieron la prescripción, lo que implica que el plazo transcurrido queda inutilizado, abriendo uno nuevo, con duración íntegra, estas características lo hacen diferente a la suspensión. Consta de autos que la Secretaría del Trabajo a través de la Inspectoría del Trabajo en fecha 10 de diciembre del año 2013 dejó en libertad a las ahora demandantes para que acudieran a hacer uso de su derecho en otras instancias como la judicial, tal cual lo hicieron el día 20 de febrero del año 2014. Como el efecto de la interrupción es inutilizar el plazo ya transcurrido naciendo uno nuevo, tenemos que los dos meses que se refiere el artículo en referencia, comenzó a correr el día 11 de diciembre del año 2013y es a partir de esa fecha que comienza de nuevo, por lo cual las demandantes tenían plazo para presentar la demanda hasta el día martes 11 de febrero del año 2014; para verificar lo antes relacionados hacemos una simple operación matemática, siendo que la demanda fue presentada en fecha 20 de febrero del año 2014 es decir la misma fue presentada 9 días después de los dos meses que la ley les permite.- 5. Mediante auto de fecha nueve de noviembre del año dos mil quince, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado HENRY MAURICIO LUJAN MENCIAS, en su condición de representante procesal de HELEN YARITZA LOPEZ DEL CID y MARIANA WALESKA LAINEZ SANTOS, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a el recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha ocho de enero del año dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal el abogado HENRY MAURICIO LUJAN MENCIAS, en su condición de representante procesal de HELEN YARITZA LOPEZ DEL CID y MARIANA WALESKA LAINEZ SANTOS, formalizando su demanda, exponiendo un motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha ocho de enero del año dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado conferido a el Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintidós de febrero del año dos mil dieciséis, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por la abogada ALIX MARIELA RODRIGUEZ, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II.- Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III.- Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV.- Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V.- Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI.- Que la sentencia pronunciada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, departamento de Atlántida, en fecha 13 de octubre de 2015, confirma la dictada por el Juzgado de Letras de la sección judicial de La Ceiba, Atlántida, de fecha 28 de agosto de 2015, la cual ha declarado con lugar la excepción perentoria de prescripción de la acción, sin lugar la demanda ordinaria laboral y absuelve a la demandada del pago de los conceptos reclamados; bajo el criterio que la demanda se entabló dos meses después de que se agotara la vía administrativa, por lo que con base a los artículos 864 y 868 del Código del Trabajo les prescribió su acción; sin embargo, al emitir su decisión no se pronuncia ni reconoce los derechos adquiridos que corresponden a los trabajadores de conformidad con la Ley.- VII.- Los derechos adquiridos son aquellos que se originan de una situación jurídica indudable y que no es una expectativa, por lo tanto de pertenencia a un titular a quien la Ley laboral le prohíbe su renuncia, razón por la que éste derecho debe ser respetado y no vulnerado; los conceptos por derechos adquiridos deben ser contemplados en la decisión judicial independientemente de la forma de la terminación de la relación laboral y de que hayan sido solicitados o no, salvo que éstos se encuentren efectivamente satisfechos y que conste en los autos tal circunstancia o que se determine la inexistencia de relación laboral entre las partes.- VIII.- Que el artículo 2 de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central (Decreto 220-2003 del 19 de diciembre del 2003 publicada en La Gaceta el 12 de enero del 2004) define que Derecho Adquirido es todo derecho o beneficio conferido por la Constitución y las Leyes, reglamentos o acuerdos legalmente suscrito entre partes, siempre y cuando estos, por su efectivo ejercicio, hayan sido incorporados al patrimonio personal del sujeto o beneficiario designado por la Ley, para su beneficio y para subvenir sus necesidades morales y materiales.- IX.- Que las sentencias deben ser claras, precisas y exhaustivas con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X.- Que conforme con el Código Procesal Civil, aplicable en forma supletoria en materia laboral, el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio, aunque no hubiesen sido denunciados por el recurrente.- XI.- Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida, a efecto de que el Ad-quem proceda a enmendar lo actuado.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 129, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, ésta última disposición en relación a los artículos 200 y 701 numeral 3) del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 39 y 43 de la Ley de Salario Mínimo; 2 de la Ley de Reordenamiento del Sistema Retributivo del Gobierno Central 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, de fecha 13 de octubre de 2015, visible a folios 12 al 16 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecisiete días del mes de abril del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 531-15.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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