Sentencia CL-524-15 — Registro 7021
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para pago de prestaciones laborales por despido injusto, vacaciones adeudadas y proporcionales, treceavo y catorceavo mes de salario causado y proporcional, reajuste del salario mínimo en los dos últimos años
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de que la norma que se estima infringida (artículo 135 del Código de Trabajo) por aplicación indebida, si bien ha sido incorporado dentro de las disposiciones en la parte dispositiva por un lapsus calami, no ha sido fundamento de derecho en la resolución del Ad Quem, por lo tanto no resulta atendible éste cargo.- IV. Que el recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Ser la sentencia violatoria del artículo 117 del Código del Trabajo, por APRECIACION ERRONEA POR ERROR DE HECHO de las pruebas que se singularizan a continuación: A) El Acta de doce de mayo del dos mil catorce levantada por el Inspector de Trabajo Abogado DANY ALBERTO GARCIA A., en la Municipalidad de Omoa a petición de la trabajadora; (Folio 7). B) El Acta de once de junio del dos mil catorce, levantada por el Procurador del Trabajo de Puerto Cortés, Abogado ALEX FERNANDO HILSACA, donde consta la comparecencia de mi representada y del señor VICE ALCALDE DE OMOA. (Folio 8). C) Copia del Acta No. 125-2011, de uno de abril del 2011, donde consta el nombramiento de la Licenciada JULIA SECILIA ALTAMIRANO GARCIA, como trabajadora del a Corporación Municipal de Omoa. (Folios 67, 68, 69 y 70). PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1, párrafo segundo del Código del Trabajo. PRECEPTO PROCESAL AUTORIZANTE: Los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA VIOLACION A) El Acta de doce de mayo del dos mil catorce levantada por el Inspector de Trabajo Abogado DANY ALBERTO GARCIA A., en la Municipalidad de Omoa a petición de la trabajadora; (Folio 7), comprueba la relación laboral existente entre la demandante y la demandada, así como el despido que se le hizo. B) El Acta de once de junio del dos mil catorce, levantada por el Procurador del Trabajo de Puerto Cortés, Abogado ALEX FERNANDO HILSACA, donde consta la comparecencia de mi representada y del señor VICE ALCALDE DE OMOA, confirma la existencia de la relación laboral entre ambas partes. (Folio 8). C) Copia del Acta No. 125-2011, de uno de abril del 2011, donde consta el nombramiento de la Licenciada JULIA SECILIA ALTAMIRANO GARCIA, como trabajadora de la Corporación Municipal de Omoa, el cual fue ratificado por el señor Alcalde Municipal en la misma sesión, así como el salario y horario de trabajo. (Folios 67, 68, 69 y 70). Todos los documentos en referencia fueron apreciados erróneamente por error de hecho por la Honorable Corte de apelaciones del Trabajo pues concluye que a la demandante no le corresponde el salario mínimo como Profesional del Derecho y la considera una trabajadora común, no obstante ser una Profesional del Derecho y desempeñar el cargo de Asesora Legal en el Departamento de la Mujer. De haberse apreciado correctamente las pruebas antes mencionadas la sentencia hubiera declarado con lugar el Recurso de Apelación y el reajuste del salario demandado por la trabajadora.”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no demuestra el error evidente en que incurrió el Juzgador, ya que la prueba singularizada no va en armonía de lo preceptuado con la norma invocada como violada de forma indirecta, siendo que ésta establece los requisitos esenciales que debe contener la notificación del despido; y, b) formula alegatos propios de instancia.-"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los siete días del mes de junio del dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha seis de enero del año dos mil dieciséis, Abogado JAIME AGUILAR SMITH, en su condición de representante procesal de la señora JULIA SECILIA ALTAMIRANO GARCIA, además es parte recurrida la CORPORACION MUNICIPAL DE OMOA representado en juicio por el Abogado DAVID MOLINA PINEDA. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para pago de prestaciones laborales por despido injusto, vacaciones adeudadas y proporcionales, treceavo y catorceavo mes de salario causado y proporcional, reajuste del salario mínimo en los dos últimos años, más las costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de la ciudad de Puerto Cortés, departamento de Cortés, en fecha veintisiete de junio del año dos mil catorce, por la señora JULIA SECILIA ALTAMIRANO GARCIA, mayor de edad, soltera, Licenciada en Derecho y de este domicilio, contra la CORPORACION MUNICIPAL DE OMOA, por medio del señor Alcalde Municipal, RICARDO ALVARADO ESCOBAR, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha lunes cinco de octubre del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo, San Pedro Sula, Cortés, que falló confirmando la sentencia de fecha cinco del mes de agosto del año dos mil quince, proferida por el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de la ciudad de Puerto Cortés, departamento de Cortés, misma que: “FALLA: 1).- DECLARA SIN LUGAR LA EXCEPCION DE FALTA DE LEGITIMACIÓN ORDINARIA ACTIVA Y PASIVA INTERPUESTA POR EL APODERADO LEGAL DEMANDADO.- SIN COSTAS.- 2).- DECLARA SIN LUGAR LA DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR LA LICENCIADA JULIA SECILIA ALTAMIRANO GARCIA, CONTRA LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE OMOA, REPRESENTADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL EL SEÑOR RICARDO ALVARADO ESCOBAR, EN CUANTO AL REAJUSTE DEL SALARIO DE LA DEMANDANTE AL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 89 DEL ARANCEL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO.- SIN COSTAS. 3).- DECLARAR CON LUGAR LA DEMANDA LABORAL PROMOVIDA POR LA LICENCIADA JULIA SECILIA ALTAMIRANO GARCIA, CONTRA LA CORPORACION MUNICIPAL DE OMOA, REPRESENTADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL EL SEÑOR RICARDO ALVARADO ESCOBAR PARA EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES, VACACIONES ADEUDADAS Y PROPORCIONALES, DECIMO TERCER Y DECIMO CUARTO MES DE SALARIO CAUSADO Y PROPORCIONAL Y REAJUSTE DEL SALARIO MÍNIMO ESTABLECIDO POR EL GOBIERNO CENTRAL, EN LOS 1)OS ÚLTIMOS AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL DESPIDO.- SIN COSTAS.- EN CONSECUENCIA: 1).- ABSUELVE A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE OMOA, REPRESENTADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL EL SEÑOR RICARDO ALVARADO ESCOBAR AL PAGO POR REAJUSTE DEL SALARIO DE LA DEMANDANTE AL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 89 DEL ARANCEL DEL PROFESIONAL DEL DERECHO.- 2).- CONDENA A LA CORPORACIÓN MUNICIPAL DE OMOA, REPRESENTADA POR EL ALCALDE MUNICIPAL EL SEÑOR RICARDO ALVARADO ESCOBAR AL PAGO DE LOS CONCEPTOS SIGUIENTES: PREAVISO: (DOS MESES) LPS.17,669.64; AUXILIO DE CESANTÍA (3 MESES): LPS.26,504.46; AUXILIO DE CESANTÍA PROPORCIONAL (2.5 DÍAS) LPS.736.23; VACACIONES AÑO 2012-2013 (12 DÍAS) LPS.3,347.52; VACACIONES AÑO 2013-2014 (15 DÍAS): LPS.4,417.35: VACACIONES PROPORCIONALES 2014-2015 (1.67 DÍAS) LPS.491.80; DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO DE AGUINALDO AÑO 2012 LPS.7006.21, DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO DE AGUINALDO AÑO 2013 LPS.-7,507.15; DÉCIMO TERCER MES EN CONCEPTO DE AGUINALDO AÑO 2014 PROPORCIONAL LPS.(10 DÍAS) LPS.2,525.20; DÉCIMO CUARTO MES EN CONCEPTO DE COMPENSACIÓN SOCIAL AÑO 2011-2012 LPS.7006.21; DÉCIMO CUARTO MES EN CONCEPTO DE COMPENSAC1ON SOCIAL AÑO 2012-2013 LPS.7,507.15; DÉCIMO CUARTO MES EN CONCEPTO DE COMPENSACIÓN SOCIAL AÑ02013- 2014 PROPORCIONAL LPS.6,338.00; HACIENDO UN TOTAL DE NOVENTA Y UN MIL SESENTA Y SEIS LEMPIRAS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS (LPS.91,066.92), MAS REAJUSTE AL SALARIO MÍNIMO DECRETADO POR EL GOBIERNO CENTRAL AÑO 2012 LPS.18,074.52, AÑO 2013 LPS.24,085.80, AÑO 2014 LPS.8,421.88, SUMANDO UN TOTAL DE CINCUENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON VEINTE CENTAVOS (LPS.50,582.20) HACIENDO UN GRAN TOTAL DE CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON DOCE CENTAVOS (LPS.141,649.12).- MAS A TITULO DE DAÑOS Y PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA QUE QUEDE FIRME LA PRESENTE SENTENCIA, SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante expresó en el escrito de su acción, que fue contratada verbalmente por tiempo indefinido en el puesto de Asesora Legal en la Oficina Municipal de la Mujer, el 1 de abril del año 2011, con un horario de trabajo de lunes a viernes de 8:00 am a 12:00 pm., y 1:00 pm en adelante, realizaba trámites en la Fiscalía, Dirección General de Investigación Criminal y cualquier otra dependencia, sin hora de salida, devengando un salario de L. 5,500.00 mensuales, donde según la expresión de la demandada nunca se le pagó salario mínimo, vacaciones, décimo tercer y décimo cuarto mes de salario. Posteriormente, en fecha 30 de abril del año 2014, mediante una llamada telefónica, el señor Leonardo Serrano Portillo en su condición de Jefe de Recursos Humanos de la demandada le comunicó que ya no trabajaba mas para la demandada, sin que este le expresara el motivo de su despido. En vista de lo anterior el 12 de mayo del año 2014, la demandante se presentó ante la municipalidad de Omoa, acompañada de un Inspector de Trabajo, a efecto de constatar el despido verbal del que fue objeto, una vez presentes en la empresa demandada, fueron atendidos por el antes mencionado Jefe de Recursos Humanos que negó que en ningún momento fue despedida verbalmente.- 2. La parte demandada, la Corporación Municipal de Omoa, contestó dicha demanda, señalando que la demandante empezó a laborar para el Centro de Salud el uno de abril del dos mil once, labor que consistía en prestar sus servicios como asesora legal de la Oficina Municipal de la Mujer; esta institución la contrató para que desempeñara dicha labor, y fue el referido Centro de Salud, y no la Municipalidad de Omoa quien la contrató, ya que para representar a la demandada, ésta debió contar con un poder general para pleitos, previa la suscripción de un contrato por prestación de servicios profesionales, y también aparecer en las planillas de pago de salario, así como en las planillas del Seguro Social, cosa que jamás sucedió, pues la demandante jamás la contrató como su empleada, por ende, no pudo haberla despedido y siendo que ésta no la contrató no tiene ninguna responsabilidad laboral e indemnizatoria que cumplir para con la demandante. Por otra parte, la demandante considera equivocadamente que fue la parte demandada quien la despidió, aseveración que no es cierta, pues jamás le pagó una remuneración debido a que nunca existió una relación de trabajo con ella; es decir, que la demandante jamás fue empleada o asalariada de la institución. Finalmente, es preciso mencionar que la demandante no fue contratada verbalmente, ni existió subordinación alguna, tampoco le pagó un salario por la retribución de un servicio, de lo que se deduce que, por la falta de estos tres elementos, no existe contrato entre las partes por lo que nunca pudo haberla despedido.- 3. El Juzgado de Letras Seccional del Trabajo de la ciudad de Puerto Cortés, departamento de Cortés, en fecha veintisiete de junio del año dos mil catorce, dictó sentencia declarando Con Lugar la demanda ordinaria laboral promovida por JULIA SECILIA ALTAMIRANO GARCIA, contra la CORPORACION MUNICIPAL DE OMOA; bajo el criterio que el Artículo 20 del Código del Trabajo ya establece los elementos esenciales para que exista Contrato de Trabajo, y siendo que el mismo es aplicable en el presente caso, pues se ha constatado la existencia de la relación laboral del demandante con la parte demandada; asimismo, en su Artículo 21 establece 1 presunción legal de que toda relación laboral está regida por un Contrato de Trabajo y el Artículo 30 establece que la inexistencia de dicho contrato por escrito es imputable al patrono y se presume que son ciertas las estipulaciones alegadas por el trabajador, por lo que al no existir Contrato de Trabajo por escrito suscrito entre las partes en el presente caso, es procedente declarar sin Lugar la presente demanda. En cuanto a la Excepción de Falta de Legitimación Ordinaria Activa y Pasiva interpuesta por el apoderado legal demandado. La Constitución de la República ya establece en su Artículo 129 la estabilidad laboral, la cual solamente puede verse perturbada cuando haya acaecido un acto o falta comprobada del trabajador que se encuentre prohibida por la Leyes laborales o reglamento interno de trabajo, lo cual no ha sucedido en el presente caso, pues la parte demandada terminó la relación laboral con el demandante sin justa causa.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha cinco de octubre del año dos mil quince, dictó sentencia confirmando la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que la parte actora recurre ante ésta instancia únicamente en lo que respecta al ajuste de salario mínimo por cuanto considera que éste debe ser en base al arancel del Profesional del Derecho y no en el fijado por el Estado mediante acuerdos Ejecutivos como lo reconociera la iudex aquo; a este respecto y a pesar que no fuera cuestionado en el proceso, es necesario mencionar que, las partes pactaron el salario por medio tiempo de servicio según consta de las planillas agregadas al proceso y que bajo esas condiciones no era inferior al mínimo legal autorizado por el Estado; y, que del proceso no se establecen las causas que pudieran haberse considerado para el reclamo del pago del salario mínimo mensual autorizado por el citado artículo 89 del Arancel del Profesional del Derecho, la condición de profesional del derecho de la actora no fue un elemento sujeto a discusión o prueba en el mismo, a ello se suma lo que esta alzada ha dejado establecido en las ejecutorias que se registran bajo los números 8348, 8352, 0501.2015-169, el citado arancel “No tiene el rango Ley, puesto que el origen, discusión y aprobación de su contenido no ha sido efectuada a través del órgano competente (Congreso Nacional), y no se ha dado cumplimiento con los procedimientos previstos en la constitución de la República para la formación de la Ley”, circunstancia ésta por la que no es posible atender los argumentos del recurrente a éste respecto-Segundo: Para que la terminación del contrato de trabajo produzca la obligación de pago establecida en el artículo 120 del Código del Trabajo se requiere, que el despido provenga de un acto de la patronal sin causa justificada, o de un acto del trabajador provocado por el incumplimiento de obligaciones patronales que impiden la continuidad de la relación mediante el denominado despido indirecto; en cualquiera de esos casos el perfeccionamiento de la ruptura laboral requiere la declaración de ése propósito, que empieza a surtir efectos a partir del momento en que uno u otro recibe la comunicación, la recepción de la declaración disolutiva de voluntad es la que perfecciona el acto jurídico, así se establece del contenido del artículo 113 y del 115 del Código del Trabajo; en el sub judice, pese a la aseveración del agravio señalado por el apoderado demandado, del proceso si es posible constatar la existencia de la terminación del contrato de trabajo por un acto de la patronal, el gerente de recursos humanos no haya expresado de manera clara tal decisión, si es posible deducirla del contenido de las planillas de pago en las que consta que el último pago recibido por la actora fue durante el mes de abril y posterior a ello, no consta que la demandada haya realizado actividades para constatar abandono por parte de la trabajadora, de ahí que a no dudar la terminación del contrato se produjo el día 30 de abril tal y como lo asegurara la trabajadora. Analizados los anteriores cargos a la luz de los principios y disposiciones legales aplicables al caso, en concordancia con el sistema de libre apreciación de la prueba, es visto el despido verbal ejecutado por la demandada; sin que sea posible considerar el otorgamiento del salario mínimo establecido por el arancel para los profesionales del derecho, de tal manera que son correctas las valoraciones efectuadas por el A-quo, en razón de lo cual no resultan atendibles los argumentos esgrimidos por los recurrentes a ese respecto, por lo que procede la confirmación del fallo objeto de recurso.- 5. Mediante auto de fecha nueve de noviembre del año dos mil quince, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JAIME AGUILAR SMITH, en su condición de representante procesal de la señora JULIA SECILIA ALTAMIRANO GARCIA, contra la sentencia dictada por la Corte Apelaciones del Trabajo, San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha seis de enero del año dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal el Abogado JAIME AGUILAR SMITH, en su condición de representante procesal de la señora JULIA SECILIA ALTAMIRANO GARCIA, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha seis de enero del año dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado conferido al recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veintidós de febrero del año dos mil dieciséis, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por el Abogado DAVID MOLINA PINEDA, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO: I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado JAIME AGUILAR SMITH, en su primer motivo de casación alega: “Ser la sentencia violatoria del artículo 135, en todos sus párrafos del Código del Trabajo, por APLICACIÓN INDEBIDA. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1, párrafo primero del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA VIOLACION. El artículo 135 del Código del Trabajo en su primer párrafo establece: “TODA TRABAJADORA EN ESTADO DE GRAVIDEZ GOZARA DE DESCANSO FORZOSO, RETRIBUIDO DEL MISMO MODO QUE SU TRABAJO, DURANTE LAS CUATRO (4) SEMANAS QUE PROCEDAN AL PARTAO Y LAS SEIS (6) QUE LE SIGAN Y CONSERVARA EL EMPLEO Y TODOS LOS DERECHOS CORRESPONDIENTES A SU CONTRATO DE TRABAJO.” En los demás párrafos el mismo artículo continúa refiriéndose a los derechos de la trabajadora en estado de embarazo. Resulta que en ningún momento la trabajadora alegó estar en estado de embarazo o haber sido despedida por tal razón y por tanto la disposición del artículo 135 en todos sus párrafos del Código del Trabajo se aplica indebidamente en la sentencia impugnada. La disposición aplicable es la contenida en los artículos 328 del Código del Trabajo y 89 del Arancel del Profesional del Derecho. El artículo 328 del Código del Trabajo indica que los trabajadores permanentes que por disposición legal o por acuerdo con los patronos laboren menos de cuarenta y cuatro (44) horas en la semana, tienen derecho de percibir íntegro el salario correspondiente a la semana ordinaria diurna. En comunión con dicho artículo, el 89 del Arancel del Profesional del Derecho menciona que el Profesional del Derecho que labora permanentemente a tiempo completo en instituciones públicas descentralizadas o cualquiera de los Poderes del Estado devengara un sueldo mínimo mensual de L. 21,000.00 y aumentos anuales de acuerdo al índice inflacionario establecido por el Banco Central de Honduras. Las disposiciones anteriores debieron aplicarse por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo y declarar con lugar el recurso de Apelación.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de que la norma que se estima infringida (artículo 135 del Código de Trabajo) por aplicación indebida, si bien ha sido incorporado dentro de las disposiciones en la parte dispositiva por un lapsus calami, no ha sido fundamento de derecho en la resolución del Ad Quem, por lo tanto no resulta atendible éste cargo.- IV. Que el recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Ser la sentencia violatoria del artículo 117 del Código del Trabajo, por APRECIACION ERRONEA POR ERROR DE HECHO de las pruebas que se singularizan a continuación: A) El Acta de doce de mayo del dos mil catorce levantada por el Inspector de Trabajo Abogado DANY ALBERTO GARCIA A., en la Municipalidad de Omoa a petición de la trabajadora; (Folio 7). B) El Acta de once de junio del dos mil catorce, levantada por el Procurador del Trabajo de Puerto Cortés, Abogado ALEX FERNANDO HILSACA, donde consta la comparecencia de mi representada y del señor VICE ALCALDE DE OMOA. (Folio 8). C) Copia del Acta No. 125-2011, de uno de abril del 2011, donde consta el nombramiento de la Licenciada JULIA SECILIA ALTAMIRANO GARCIA, como trabajadora del a Corporación Municipal de Omoa. (Folios 67, 68, 69 y 70). PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral 1, párrafo segundo del Código del Trabajo. PRECEPTO PROCESAL AUTORIZANTE: Los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA VIOLACION A) El Acta de doce de mayo del dos mil catorce levantada por el Inspector de Trabajo Abogado DANY ALBERTO GARCIA A., en la Municipalidad de Omoa a petición de la trabajadora; (Folio 7), comprueba la relación laboral existente entre la demandante y la demandada, así como el despido que se le hizo. B) El Acta de once de junio del dos mil catorce, levantada por el Procurador del Trabajo de Puerto Cortés, Abogado ALEX FERNANDO HILSACA, donde consta la comparecencia de mi representada y del señor VICE ALCALDE DE OMOA, confirma la existencia de la relación laboral entre ambas partes. (Folio 8). C) Copia del Acta No. 125-2011, de uno de abril del 2011, donde consta el nombramiento de la Licenciada JULIA SECILIA ALTAMIRANO GARCIA, como trabajadora de la Corporación Municipal de Omoa, el cual fue ratificado por el señor Alcalde Municipal en la misma sesión, así como el salario y horario de trabajo. (Folios 67, 68, 69 y 70). Todos los documentos en referencia fueron apreciados erróneamente por error de hecho por la Honorable Corte de apelaciones del Trabajo pues concluye que a la demandante no le corresponde el salario mínimo como Profesional del Derecho y la considera una trabajadora común, no obstante ser una Profesional del Derecho y desempeñar el cargo de Asesora Legal en el Departamento de la Mujer. De haberse apreciado correctamente las pruebas antes mencionadas la sentencia hubiera declarado con lugar el Recurso de Apelación y el reajuste del salario demandado por la trabajadora.”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) no demuestra el error evidente en que incurrió el Juzgador, ya que la prueba singularizada no va en armonía de lo preceptuado con la norma invocada como violada de forma indirecta, siendo que ésta establece los requisitos esenciales que debe contener la notificación del despido; y, b) formula alegatos propios de instancia.- VI.- El impetrante alega nulidad subsidiaria la cual aduce que: “SE SOLICITA QUE DE OFICIO SE DECRETE LA NULIDAD SUBSIDIARIA DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA HONORABLE CORTE DE APELACIONES DEL TRABAJO EL LUNES CINCO DE OCTUBRE DEL DOS MIL QUINCE. El Código Procesal Civil refiriéndose al CONTENIDO FORMAL DE LAS SENTENCIAS, en su artículo 200 numeral 1, letra c, establece: “EN LOS FUNDAMENTOS DE DERECHO SE EXPRESARAN, EN PARRAFOS SEPARADOS Y NUMERADOS, LOS PUNTOS DE DERECHO FIJADOS POR LAS PARTES Y DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS, DANDO LAS RAZONES Y FUNDAMENTOS LEGALES DEL FALLO QUE HAYA DE DICTARSE, CON EXPRESION CONCRETA DE LAS NORMAS JURIDICAS APLICABLES AL CASO” La sentencia dictada el lunes cinco de octubre del 2015 por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo, no expresa cuales son las normas jurídicas concretas aplicables al caso para declarar sin lugar la apelación pues solo menciona los artículos 1, 3, 4, 5, 18, 117, 135, 664, 665, 666 letra b), 672, 686, 699, 738, 739, y 858 del Código del Trabajo los cuales son generales y no pueden ser violados para efectos de Casación así como tampoco sirven para declarar sin lugar la apelación. Los artículos 664, 665, 666 letra b), 672, 686, 686, 699, 738, 739 y 858 del Código del Trabajo, son normas de procedimiento. QUE EN FORMA ALGUNA SIRVEN PARA “DECLARAR EN FORMA CONCRETA SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL PARA EL REAJUSTE DE SALARIO MINIMO A UN PROFESIONAL DEL DERECHO.” Al no cumplir la sentencia con los requisitos formales antes mencionados se vuelve nula, lo cual puede declararse aún de oficio por ésta Honorable Corte como lo establecen los artículos 1586 numerales 1 y 2, y 1589 del Código Civil, relacionados con el artículo 858 del Código del Trabajo.”.- VII. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio, de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal, de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente caso, éste Tribunal no estima que se ha violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de haberse considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas, resultando inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- VIII. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos de casación y sin lugar la nulidad solicitada de forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus dos motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad solicitada de forma subsidiaria. 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CÀCERES CASTELLANOS; FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
En la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes de junio del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha siete de junio de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 524-15.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
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