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Sentencia CL-512-15 — Registro 6797

Resumen

Segunda instancia confirmó sin lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de las prestaciones laborales, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios más costas del juicio

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que en la forma que el Recurrente formula el motivo de casación anteriormente referido, impide que este Tribunal entre en su análisis, ya que en su explicación hace alusión al material probatorio, cuando su vinculación al mismo solo procede por el ataque al fallo por la vía de la infracción indirecta, a través de los errores de hecho o de derecho y no cuando se invoca la violación directa por falta de aplicación.- "

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el error de hecho es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en si misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario. [1] Del análisis del expediente de mérito, este Tribunal observa que el ad-quem analizó la prueba en su conjunto valorándola atendiendo a las reglas de la sana crítica y del conocimiento, formando libremente su convencimiento sin sujeción a la tarifa legal de pruebas.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., dieciséis de mayo de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha catorce de diciembre de dos mil quince, por el Abogado SANTIAGO ALONSO MORALES CHAVARRIA, mayor de edad, soltero, hondureño y de este domicilio; en su condición de representante procesal del señor MIGUEL RAFAEL GALO SAUCEDA; además, es parte recurrida la SOCIEDAD ALCANCE, S.A. de C.V., representado en juicio por el Abogado PABLO EMILIO REYES THEODORE, en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de las prestaciones laborales, salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios más costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veintinueve de septiembre de dos mil catorce, por el señor MIGUEL RAFAEL GALO SAUCEDA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, contra la SOCIEDAD ALCANCE, S.A. de C.V., por medio de su Gerente General, señor FABIO LENIN TABORA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dieciséis de septiembre de dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha veintiuno de julio de dos mil quince, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, misma que: “ FALLA: Declarando: 1) SIN LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el Pago de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales promovida por MIGUEL RAFAEL GALO SAUCEDA en contra de la Sociedad Mercantil denominada ALCANCE S.A. de C.V. por medio de su Gerente General el señor FABIO LENIN TABORA. 2) ABSUELVE a la Sociedad Mercantil denominada ALCANCE S.A. de C.V. de pagar al demandante MIGUEL RAFAEL GALO SAUCEDA el preaviso, auxilio de cesantía auxilio de cesantía proporcional y los salarios dejados de percibir. 3) CONDENA a la Sociedad Mercantil denominada ALCANCE S.A. de C.V. a pagar la demandante MIGUEL RAFAEL GALO SAUCEDA la cantidad de VEINTIDOS MIS SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON SESENTA Y OCHO LEMPIRAS (L 22,746.68) por los conceptos siguientes: VACACIONES adeudadas L 6,228.30, VACACIONES PROPORCIONALES L 10,054.66 Y DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL L 6,463.66. SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.-El demandante manifestó en el escrito de su acción, que inició su relación laboral el dieciocho de noviembre de dos mil once, desempeñando como último cargo el de Gestor de Cobros, el día treinta de junio de dos mil catorce, fue despedido por el Oficial de Relaciones Laborales indicándole que a partir de la fecha quedaba despedido por dar a conocer asuntos de carácter reservado y violar el secreto bancario, por el envió el día cinco de junio de dos mil catorce, de información personal de la clienta FATIMA DELFINA CRUZ MONTES, mediante mensaje de texto a un tercero, no siendo autorización de la empresa, fundamentándose en el artículo 112 inciso f) del Código del Trabajo, 48 numeral 17, 51 del Reglamento Interno de Trabajo de la demandada, no siendo cierto, violentándole así el derecho de defensa para desvirtuar lo que se le imputaba, por lo que acudió a las oficinas de la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad Social, para llegar a un acuerdo conciliatorio no llevándose a cabo y continuando el trámite de ley.- 2.- La parte demandada, SOCIEDAD ALCANCE, S.A de C.V., contestó dicha demanda señalando que la relación existente era por tiempo definido, realizándole varios llamados de atención por escrito en virtud que incumplió a sus labores e inobservancias a las normas y procedimientos de los diferentes procesos internos, por lo que el día diecisiete de junio de dos mil catorce, fue citado en legal y debida forma, de acuerdo al artículo 53 del Reglamento Interno de Trabajo, para que el día siguiente compareciera a audiencia de descargo, no pudiendo justificar las faltas cometidas, por lo cual se determinó finalizar la relación, teniendo justa causa.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veintiuno de julio de dos mil quince, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda de mérito; absolviendo a la empresa del pago de preaviso, auxilio de cesantía, auxilio de cesantía proporcional y los salarios dejados de percibir; condenando a la empresa al pago de L. 22,746.68, en concepto de VACACIONES adeudadas L.6,228.30, VACACIONES PROPORCIONALES L.10,054.66 Y DECIMO TERCER MES PROPORCIONAL L.6,463.6, SIN COSTAS; bajo el criterio que se cumplió en la nota de despido con lo establecido en el artículo 117 del Código del Trabajo, por probarse la justa causa para la terminación laboral por lo cual no se violentó el ordenamiento jurídico.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha dieciséis de septiembre de dos mil quince, dictó sentencia CONFIRMANDO la profería por el a quo, sin costas; bajo el criterio que obran distintos llamados de atención por haber brindado información de distintos clientes a terceras personas sobre saldos de tarjetas de crédito, siendo una falta grave, reincidente en la misma, por lo cual se le llevó a cabo la audiencia de descargo en la cual expresó que se brindó la información de manera involuntaria debido a la presión por llegar a la meta asignada, no desvirtuando lo que se le imputaba, teniendo así justa causa para el despido.- 5.- Mediante auto de fecha cinco de noviembre de dos mil quince, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado SANTIAGO ALONSO MORALES CHAVARRIA, en su condición de representante procesal del señor MIGUEL RAFAEL GALO SAUCEDA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha catorce de diciembre de dos mil quince, compareció ante éste Tribunal el Abogado SANTIAGO ALONSO MORALES CHAVARRIA, en su condición de representante procesal del señor MIGUEL RAFAEL GALO SAUCEDA, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de la misma fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha diecinueve de enero de dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado PABLO EMILIO REYES THEODORE, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7.- Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la finalidad del recurso de casación es la unificación de la jurisprudencia nacional tal como lo establece el artículo 764 primer párrafo del Código del Trabajo, no constituye una tercera instancia que permita un discurso atropellado, alegaciones extensas y argumentos desordenados. Por ello este Tribunal, afincado al sistema constitucional y legal y adoptando una cultura de respeto y cumplimiento a los tratados y convenios internacionales suscritos por el País, tiene dicho que la demanda de casación está sometida a un conjunto de formalidades para que sea atendible. Se ha establecido también que esos precisos requerimientos de técnica, más que un culto a la formalidad son supuestos esenciales de la racionalidad del recurso de casación, constituyen su debido proceso y son imprescindibles para que no se desnaturalice.- II.- Que el Abogado SANTIAGO ALONSO MORALES CHAVARRIA, en su primer motivo expresa: “acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por violación directa por falta de aplicación de los artículos 113 párrafo primero y tercero letra a), 116 párrafo primero y letra e) y artículo 120 letra c) del Código del Trabajo, en relación con el artículo 117 del mismo cuerpo legal. PRECEPTO AUTORIZANTE: este motivo de Casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código de Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: la violación directa de la ley ocurre cuando a un hecho que no se discute o debidamente probado se deja de aplicar la norma que lo regula en un caso concreto.- En autos es un hecho aceptado y probado por las partes, que la sociedad denominada ALCANCE, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (ALCANCE, S. A. de C. V.), por medio de su Gerente General y Representante Legal el señor Fabio Lenin Tabora, despidió de forma directa e injustificada, al señor Miguel Rafael Galo Sauceda, a partir del 30 de junio de 2014, (ver folio 5 de primera pieza de autos) y en esa nota de despido, no se consigna en qué consistió la supuesta violación a un secreto bancario, tampoco señala en qué consistió el supuesto perjuicio ocasionado a la empresa ni señala cuál es el contenido de un mensaje de texto. Existe jurisprudencia de los juzgados del Trabajo, Corte de Apelaciones del Trabajo y esta Corte Suprema, en el sentido que el contrato de trabajo debe ejecutarse de buena fe, sin que sea permitida la sorpresa entre contratantes, de modo que con toda lealtad, debe expresarse, por uno de ellos, al otro, cuáles son los motivos determinantes de una extinción unilateral y así evitar sorpresas que produzca indefensión al trabajador, como en el caso que nos ocupa y esa manifestación se debe hacer en el momento que se efectúa la terminación del contrato; por lo tanto, peca contra la buena fe, el que con posterioridad a la extinción del convenio, aduzca por cualquier de las partes, razones, hechos o motivos que justifiquen esa terminación unilateral o que en juicio se invoquen una nuevas, no alegadas en el momento de provocarse la ruptura, en violación a lo dispuesto en el artículo 117 del Código del Trabajo, pues las causales invocadas, se pueden denominar como imprecisas, injustas y con notoria falta de motivación, ya que no basta indicar una supuesta causa, sino que también se debe indicar en qué consistió, cuando ocurrió y en qué circunstancias precisas de tiempo, lugar y modo fue que ocurrieron, haciendo imputaciones, aclaraciones y más aún, señalando fechas si es el caso. De lo anterior, el Ad-Quem en abierta violación a la Ley, en los considerando 10, 11 y 12 de la sentencia impugnada y al hacer suyo los argumentos y fundamentos legales del Juzgador, justificó el despido por un hecho posterior a la terminación del contrato, en el sentido que el demandante brindó información de clientes a terceras personas, sobre saldos de tarjetas de crédito, cuando en la nota de despido no se expuso en forma clara esa supuesta falta ni tampoco qué contenía el mensaje de texto (ver folios 38 y 39 de primera pieza de autos, número 4 de la prueba reconocimiento judicial admitido a la parte demandante), e hizo caso omiso a lo probado en juicio, al no observar lo que establece el artículo 117 del Código de Trabajo y consecuentemente a la negación de las prestaciones e indemnizaciones laborales determinados en el plan de la demanda.- Por lo expuesto procede se CASE la sentencia recurrida por este primer motivo.”.- III.- Que en la forma que el Recurrente formula el motivo de casación anteriormente referido, impide que este Tribunal entre en su análisis, ya que en su explicación hace alusión al material probatorio, cuando su vinculación al mismo solo procede por el ataque al fallo por la vía de la infracción indirecta, a través de los errores de hecho o de derecho y no cuando se invoca la violación directa por falta de aplicación.- IV.- Que en el segundo motivo se alega: “ser la sentencia impugnada violatoria de ley por infracción indirecta por error de hecho proveniente de la apreciación errónea del medio de prueba consistente en documentos privados propuesto por la parte demandada y admitido, los cuales corren agregados a folios 31 al 34 de primera pieza de autos. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS: las normas sustantivas de orden nacional violadas están contenidas en los artículos 113 interpretado párrafo segundo y tercero literal b), 116 párrafo primero y letra e), 120 letra c) y 117 del Código del Trabajo. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON DE MEDIO PARA LA VIOLACIÓN DE LA NORMA SUSTANTIVA SEÑALADA: las normas procesales que sirvieron de medio para la violación de las normas sustantivas señaladas están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE: este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. MEDIO DE PRUEBA APRECIADO ERRONEAMENTE: es el medio de prueba Documentos Privados, propuesto por la parte demandada y admitido, el cual corre agregado a folios 31 al 34 de primera pieza de autos, en relación a los siguientes documentos: 1. llamado de atención dirigido al demandante, del 11 de febrero de 2013, a folio 31; 2. llamado de atención dirigido al demandante, del 17 de febrero de 2014, a folio 32; 3. llamado de atención dirigido al demandante, del 27 de febrero de 2014, a folio 33; y, 4. llamado de atención dirigido al demandante, del 14 de marzo de 2014; a folio 34. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: el Ad-Quem en el fallo impugnado al haber confirmado la sentencia de primera instancia, ha apreciado erróneamente la prueba singularizada, admitida a la parte demandada y se explica así: En el considerando 10 de la sentencia impugnada, el Ad-Quem, establece que a folios 30 al 34 obran distintos llamados de atención, que se le hicieran al demandante, por haber brindado información de distintos clientes a terceras personas, sobre saldos de tarjetas de crédito; pero al revisar los folios y los documentos, se desprende que solo el documento que corre agregado a folio 30 se refiere a un llamado de atención dirigido a mi representado, por brindar información de clientes a terceros; en cambio los documentos que corren agregados a folios del 31 al 34 se refieren a otro tipo de llamados de atención; en consecuencia, la apreciación errónea de los documentos que corren a folios del 31 al 34, estriba en que el Ad-quem, validó el despido del demandante, argumentando que los llamados de atención contenidos en estos documentos, eran por la misma falta, en clara violación del artículo 117 del Código del Trabajo, lo que ocasionó que al demandante, se le haya privado de los derechos que derivan en las normas contenidas en el Código de Trabajo específicamente en los articulo 113 interpretado párrafo segundo y tercero literal b), 116 párrafo primero y letra e), 120 letra c)del Código del Trabajo, todo en virtud de haberse acreditado la ilegalidad de la cancelación del contrato de trabajo.- La Corte sentenciadora, al confirmar el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia, incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente el medio probatorio singularizado; reitero, de que si bien es cierto, el Juez no estará sujeto a la tarifa legal de pruebas y por lo tanto formará libremente su convencimiento, sin embargo, si debe inspirarse en los principios científicos que informan la crítica de las pruebas y atendiendo las circunstancias relevantes del pleito y a la conducta procesal observada por las partes; además, al proferir su decisión, debe analizar todas las pruebas allegadas en tiempo, tal como lo ordenan los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo, reglas procesales que debió haber observado la Corte recurrida y al no hacerlo, incurrió en error de hecho por la apreciación errónea del medio de prueba que he singularizado, en relación a las demás prueba en su conjunto y por ende le llevó a la violación de las normas sustantivas referidas. Por lo expuesto procede se CASE la sentencia recurrida en este segundo motivo.”.- V.- Que el error de hecho es una creencia o noción equivocada del juez frente a los hechos revelados por la prueba, la demanda o la contestación, que se percibe de forma inmediata y conlleva a la violación indirecta de la ley. Para que se configure la violación de la ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: a) debe existir una mala o falta de apreciación de la prueba; b) esa mala apreciación debe ser originada por un error de hecho, es decir, respecto de la prueba considerada en si misma y no con relación a las normas legales que reglamentan la prueba; c) ese error de hecho debe generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la ley sustantiva; d) que el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba de que se trate, como ocurriría si en la sentencia se admite por probado un hecho que en realidad no está demostrado o al contrario. [1] Del análisis del expediente de mérito, este Tribunal observa que el ad-quem analizó la prueba en su conjunto valorándola atendiendo a las reglas de la sana crítica y del conocimiento, formando libremente su convencimiento sin sujeción a la tarifa legal de pruebas.- VI.- En lo atinente a la libre apreciación de los medios instructorios, tanto la Doctrina como la jurisprudencia han reiterado que la evaluación de ese material probatorio hecha por el sentenciador de instancia es intocable, no puede destruirse en casación, aún cuando no se esté de acuerdo con ella, salvo el caso excepcional de error evidente de hecho, es decir, que la libertad del tribunal para estimar los medios de prueba solo tiene el límite que le demarca lo absurdo de la conclusión a que lo lleva un error en la apreciación probatoria, entendiéndose por conclusión absurda lo que repugna a la razón natural. Asimismo, sostiene la doctrina que los cargos por error de hecho no pueden prosperar cuando se trata de que en casos dudosos el tribunal haya hecho la crítica de las pruebas y haya considerado demostrado un extremo dudoso, sino cuando lo aceptado es abiertamente contrario a lo probado en el juicio, lo que a criterio de este Tribunal de Casación, no es la situación que se observa en el sub-júdice; por otro lado, se invoca entre otras normas sustantivas infringidas, el artículo 113 interpretado párrafo segundo y tercero literal b) del Código del Trabajo, disposición que no encuadra en el presente caso, ya que lo reclamado por el actor es el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales y no la reinstalación a su puesto de trabajo, por lo menos en igualdad de condiciones, que es la situación jurídica que regula la misma; por todo lo anterior, tampoco este motivo resulta estimable.- VII.- Por las razones antes expuestas es procedente desestimar la pretensión que encierran los dos motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil, 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en sus dos motivos. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los nueve días del mes de junio del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 512-15.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

[1] Ver sentencia del 10 de marzo del 2015 dictada en el expediente SL 598-13.