Sentencia CL-509-15 — Registro 7014
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir por incumplimiento del contrato de trabajo
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) se acusa a la sentencia impugnada de ser: “…. violatoria de la ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea.”, pero es el caso, que los conceptos de violación a la ley señalados debieron ser formulados en forma separada e independiente, por ser excluyentes entre sí; b) se omite la norma de naturaleza sustancial del orden nacional que se considere infringida de conformidad a lo dispuesto en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; c) en el desarrollo se alude a los artículos 2 y 46 del Código del Trabajo, que no fueron señalados como infringidos o relacionados en la formulación del motivo; y, d) se realizan inapropiados alegatos de instancia.- IV. Doctrinalmente se ha establecido que los conceptos de violación a la ley se deben de indicar con precisión, cuidando de no agrupar en el mismo cargo conceptos incompatibles, porque cada uno de ellos tiene una motivación distinta y excluyente de los otros. Si no se aplicó la norma, no se puede decir que hubo interpretación errónea o que se aplicó indebidamente, porque estas afirmaciones son contradictorias."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinticuatro de marzo del año dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha ocho de diciembre de dos mil quince, por la recurrente, Abogada MARIA ANGELA DOMINGUEZ VELASQUEZ, mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio, en su condición de representante procesal del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD; además es parte recurrida la señora MILLYZZEN MARIA SUAREZ RAMÍREZ, representada en juicio por la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios dejados de percibir por incumplimiento del contrato de trabajo, costas del juicio, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha quince de diciembre de dos mil nueve, por los Abogados JORGE ALBERTO HERRERA FLORES y FERNANDO JOSÉ SUAREZ RAMÍREZ, ambos mayores de edad, solteros, hondureños y de este domicilio, en su condición de representantes procesales de la señora MILLYZZEN MARIA SUAREZ RAMÍREZ, mayor de edad, casada, Arquitecto, hondureña y de este domicilio, contra el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, por medio de su Presidenta del Consejo Directivo, señora DEYSI RODRIGUEZ, mayor de edad, casada, Abogada, hondureña y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha dieciséis de septiembre de dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha cuatro de agosto de dos mil quince, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, misma que declaró CON LUGAR la demanda promovida por la señora MILLYZZEN MARIA SUAREZ RAMIREZ, contra el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, en consecuencia, CONDENA al demandado al pago a favor de la demandante la cantidad de L.81,750.10 por los siguientes conceptos: preaviso L.28,000.00; cesantía L.28,000.00; auxilio de cesantía proporcional L.10,500.07; décimo tercer mes proporcional L.8,000.00; décimo cuarto mes proporcional L.2,000.00; vacaciones proporcionales L.5,250.00, más el pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha del despido hasta la fecha en que sea firme la sentencia condenatoria, sin costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la institución demandada, en fecha 20 de noviembre del año 2007, siendo contratada mediante la figura de contrato de trabajo por tiempo determinado, devengando en los últimos seis meses L.12,000.00; durante laboró en dicha institución desarrolló sus actividades eficientemente sin tener ningún tipo de problema en el trabajo, pero en fecha 31 de agosto de 2009, la demandante recibió notificación de despido en la cual se le comunicaba que se daba por terminada la relación laboral que tenía con la institución demandada, a partir de esa fecha, vulnerando el principio a la estabilidad laboral garantizada en la Constitución de la República y las demás leyes laborales vigentes del país; se debe aclarar que la demandante tenía contrato a término y que el mismo no se había vencido ya que la vigencia era hasta el 30 de septiembre del año 2009 y fue despedida el 31 de agosto de 2009, violentándose con ello el derecho de la estabilidad laboral; que el puesto por el cual se desempeñaba la demandante era de naturaleza permanente, a tal grado que en el mismo contrato a pesar de ser la denominación de servicios profesionales, establecía un horario, salario, décimo tercer mes, décimo cuarto y que el nombre que se le dio al contrato es únicamente con la intensión de negarle los derechos laborales que a la demandante le correspondían como trabajadora, ya que según el artículo 20 del Código de Trabajo, que para que exista contrato de individual de trabajo debe de darse tres elementos: a) la actividad personal del trabajador, es decir, realizada por sí mismo; b) la continuada subordinación o dependencia del trabajador respecto del patrono, que faculta a éste para exigirle el cumplimiento de órdenes, en cualquier momento en cuanto el modo, tiempo o cantidad de trabajo, e imponerle reglamentos, la cual debe mantenerse por todo el tiempo de duración del contrato; y, c) un salario como retribución del servicio; por lo que se entiende que existió contrato de trabajo y no deja de serlo por razón del nombre que se le dé, ni de otras condiciones o modalidades que se le agreguen, agotándose el trámite administrativo correspondiente, sin llegar a ningún acuerdo conciliatorio con la institución demandada.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contestó dicha demanda señalando que la relación de servicios que tenía con la demandante, se rigió por medio de un Contrato de Servicios Profesionales vigente hasta el 31 de agosto del 2009, expresamente convenido por las partes, por lo tanto ley entre las partes, así encontrándose en el caso de mérito ante una inminente terminación de contrato acaecida en la fecha estipulada para su vencimiento, consentido previa y libremente sin objeción alguna de su parte, pues era del conocimiento previo de la hoy demandante la fecha de finalización de la relación contractual con el demandado, pues al ser un contrato de índole administrativo, la administración pública está sujeta a normas y no puede otorgar derechos que únicamente otorga a los empleados con nombramiento, por otra parte, la actora de la demanda en su reclamo, al querer incluir dentro de los preceptos del Código de Trabajo, no cabe duda únicamente se incluye con el ánimo de sorprender en el análisis al examinador del proceso, el cual solo es aplicable únicamente en aquellos casos en que no existe una ley especial bajo la cual se nombra el personal considerado como empleado permanente en la administración pública, no siendo este el caso de la demandante, pues estos eran regidos por un contrato a término regulado por las cláusulas contractuales consentida y aceptada por las partes y que si su intención era alegar la normativa del Código del Trabajo, hubiera presentado su reclamo oportuno dentro del marco de lo que establece el artículo 867 del Código del Trabajo, derecho éste que la demandante dejó expirar fatalmente en el presente caso; lo que en concordancia al principio de la libre contratación y al amparo de lo que establece el artículo 46 literal b) del Código del Trabajo que a la letra dice: “El contrato individual de trabajo puede ser: a)…, b) Por tiempo limitado, cuando se específica fecha para su terminación...”, como sucedió en el caso de la demandante, siendo una relación enmarcada en contratos administrativos de servicios profesionales, por lo tanto no existe ninguna obligación de carácter laboral como lo aduce la demandante, al considerar que la misma únicamente obedece a una prestación de servicios de carácter técnico-administrativo, modalidad que aceptó y consistió desde su inicio la demandante, sin objeción alguna de su parte en tiempo y forma ante autoridad respectiva.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha cuatro de agosto de dos mil quince, dictó sentencia declarando con lugar la demanda promovida por la señora Millyzzen María Suarez Ramírez, contra el Instituto de la Propiedad; condenando al demandado al pago a favor de la demandante la cantidad de L.81,750.10 por los conceptos de preaviso, cesantía, auxilio de cesantía proporcional, décimo tercer mes proporcional, décimo cuarto mes proporcional, vacaciones proporcionales, más el pago de salarios dejados de percibir, sin costas; bajo el criterio que corresponde la prueba del derecho violado al trabajador y la justificación del despido al empleador, y en el caso de autos es preciso establecer que de la revisión de los antecedentes el empleador no probó la justa causa del despido, que la Constitución de la República garantiza la estabilidad laboral y dado las circunstancias de los hechos controvertidos se desprende que entre la demandante y el demandado existió una contínua relación de trabajo, esto también al tenor de lo establecido en el artículo 47 del Código del Trabajo; en relación a lo antes señalado y haciendo un análisis de hechos en controversia, fundamentación jurídica aplicada al caso concreto, y las pruebas aportadas al juicio se encuentra ante una relación laboral contínua de trabajo independientemente que a sus contratos se les denominara contratos de servicios profesionales, sumado a ello la nota de despido no señala causa justa que haya dado origen al despido vulnerando principios y normas laborales, volviendo el despido ilegal e injustificado, siendo procedente declarar con lugar la demanda de mérito.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha dieciséis de septiembre de dos mil quince, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que con la prueba documental aportada al proceso, se pudo establecer que la demandante fue despedida mediante nota de fecha 31 de agosto del año 2009, en la cual únicamente le notifican que de conformidad a lo establecido en la cláusula décima primera del último contrato, la institución ha determinado a partir de esta fecha, dar por cancelada toda relación laboral entre ambas partes, por lo tanto su contrato no sería renovado, sin indicarle ninguna causal justa de las establecidas en el Código del Trabajo, por lo que es procedente declarar con lugar la demanda de que se ha hecho mérito; que aún y cuando en el contrato celebrado por ambas partes se establezca que el contrato podrá ser rescindido por el Instituto de la Propiedad en el tiempo que estime conveniente, sin embargo se está ante una relación de carácter eminentemente laboral y ya el Código del Trabajo es claro al establecer, que se considera nula cualquier cláusula que venga a disminuir, renunciar o tergiversar derechos de los trabajadores y también establece que, en caso de conflicto entre las leyes de trabajo o de previsión social con las de cualquier otra índole, deben de predominar las primeras.- 5. Mediante auto de fecha cinco de noviembre de dos mil quince, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MARIA ANGELA DOMINGUEZ VELASQUEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha ocho de diciembre de dos mil quince, compareció ante este Tribunal la Abogada MARIA ANGELA DOMINGUEZ VELASQUEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha catorce de enero de dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte de la Abogada DIANA MELISSA PINEDA SALGADO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando este Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada MARIA ANGELA DOMINGUEZ VELASQUEZ, en un primer y único motivo de casación alega: “Ser la Sentencia violatoria de la ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea”. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de Casación se encuentra comprendido en el numeral 1 del Artículo 765 CAUSALES DE CASACION, del Código de Trabajo, que a la letra dice “1. Ser la Sentencia violatoria de Ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea.” EXPLICACIÓN DE LA VIOLACION: La Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán Fallo definitivo y unánime de votos dictado en fecha dieciséis (16) de septiembre del año dos mil quince (2015), en su acápite I, FALLA: CONFIRMANDO la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, de fecha cuatro de agosto del año dos mil quince, visible a folios del 154 al 157 de la primera pieza de autos, lo cual es objeto de nuestro Recurso de Casación, en virtud Honorables Magistrados que el Fallo recurrido de la Corte de Apelaciones del Trabajo contiene mal aplicación de la Ley, es decir, hay error en la aplicación de la norma de derecho, contenida en el Artículo 47 del Código de Trabajo” Los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen o la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas” otorgando con ello prestaciones al Trabajador por contrato, pero tanto el Juzgado A-quo como el Ad- Quem han mal interpretado la norma puesto que la Relación laboral que existió entre el Demandante y mi representada estaba sujeto a un Régimen de Contrato de Servicios Profesionales, regido por las Leyes Administrativas y las clausulas contractuales contenidas en el mismo, y no por las Leyes Laborales como erróneamente se ha aplicado a este caso, y como así lo establece el Artículo 2 del Código de Trabajo Vigente: “ Son de orden publico las disposiciones contenidas en el presente Código y obligan a todas las empresas, explotaciones o establecimientos así como a las personas naturales. Se exceptúan: 1)...2) Los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales.” misma relación que era por tiempo transitorio y determinado, y al no ser una relación permanente, no ameritaba expresar causa alguna pues además de haber concluido su contrato por haber llegado a su fecha de finalización ya establecía en la Clausula Tercera, hace referencia que dicho contrato no será renovado “Sin mediar alguna causa”, así mismo en el contrato se manifiesta su consentimiento en las clausulas contentivas del mismo, y por lo tanto el contrato con la totalidad de sus clausulas se convierte en Ley entre las partes por lo que el Ad-Quem también violenta la Pacta Sunt Servanda debe ser fielmente cumplida por las partes de acuerdo con lo pactado, de acuerdo a las normas de Autonomía de la Voluntad de las partes.”.- III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) se acusa a la sentencia impugnada de ser: “…. violatoria de la ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea.”, pero es el caso, que los conceptos de violación a la ley señalados debieron ser formulados en forma separada e independiente, por ser excluyentes entre sí; b) se omite la norma de naturaleza sustancial del orden nacional que se considere infringida de conformidad a lo dispuesto en el artículo 769 numeral 5) literal a) del Código del Trabajo; c) en el desarrollo se alude a los artículos 2 y 46 del Código del Trabajo, que no fueron señalados como infringidos o relacionados en la formulación del motivo; y, d) se realizan inapropiados alegatos de instancia.- IV. Doctrinalmente se ha establecido que los conceptos de violación a la ley se deben de indicar con precisión, cuidando de no agrupar en el mismo cargo conceptos incompatibles, porque cada uno de ellos tiene una motivación distinta y excluyente de los otros. Si no se aplicó la norma, no se puede decir que hubo interpretación errónea o que se aplicó indebidamente, porque estas afirmaciones son contradictorias.- V. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su primer y único motivo de casación. 2). SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los diecisiete días del mes de abril del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 509-15.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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