Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-495-15 — Registro 6796

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el Pago de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales, interpuesta

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) señala al mismo tiempo dos formas distintas de violar la ley, ya que por un lado indica la aplicación indebida y por otro, el error de hecho derivado de falta de apreciación de prueba, cuando lo correcto es hacerlo en forma separada e independiente, ya que cada una tiene connotaciones diferentes; b) invoca dos preceptos autorizantes, cuando lo indicado era formular uno solo; y, c) formula alegatos propios de instancia"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., siete de junio del año dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha diecinueve de noviembre del año dos mil quince, compareció ante éste Tribunal la Abogada MARILUZ MARTINEZ MEJIA, hondureña, mayor de edad, soltera y de este domicilio en su condición de representante procesal del Estado de Honduras; en relación a la demanda ordinaria laboral para el Pago de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha tres de junio del año dos mil trece, por la Señora XINIA GABRIELA VALLE CASTILLO, mayor de edad, casada, Licenciada en Comercio Internacional, hondureña, con domicilio en la Residencial La Hacienda, calle la Estancia, casa N° 5 de la Ciudad de Tegucigalpa; M.D.C, contra EL ESTADO DE HONDURAS, por medio de actuaciones realizadas en la Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda, representado por la señora Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO, quien es mayor de edad, casada, Hondureña y de este domicilio, generales. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha catorce de abril de dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló confirmando la sentencia de fecha veinticuatro de junio del año dos mil quince, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, misma que: “FALLA: 1.- Declarar SIN LUGAR el DEFECTO MATERIAL DE PRESCRIPCION opuesto por la Representante Procesal de la parte demandada. II.- Declarar CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de Prestaciones e indemnizaciones Laborales, salarios adeudados y Salarios Dejados de Percibir; instaurada por la Señora XINIA GABRIELA VALLE CASTILLO; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal señora Procuradora General de la República Abogada ETHEL SUYAPA DERAS ENAMORADO; II.- Condenar: AL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Lega! señora Procuradora General de la República Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO a pagar a XINIA GABRIELA VALLE CASTILLO; la suma de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS; (Lps. 447,541.82) por los conceptos de: Preaviso Lps. 70,000.00; Auxilio de Cesantía Lps. 245,000.00; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps. 2,625.01; Vacaciones Lps. 46,666.80; Vacaciones Proporcionales Lps. 1,750.01; Aguinaldo Proporcional Lps. 4,750.00; Décimo Cuarto Mes Proporcional Lps. 19,750.00; Salario adeudado Lps. 57,000.00; Más a titulo de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que cause ejecutoria la sentencia. III.- SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifestó en el escrito de su acción, que laboró para la Secretaría de Obras Públicas Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), mediante la figura de contratos de servicios profesionales a partir del 1 de febrero del 2006, desempeñándose en el cargo de Directora de Movilización Externa y Movilización de Recursos, devengando un salario mensual de L. 30,000.00; pero el 27 de febrero del año del 2013 el Abogado Omar Valladares, le expresó ante los servicios de un Inspector de Trabajo que fue cancelada de su puesto de trabajo y que su contrato vencía el 31 de diciembre del año 2012, el 18 de diciembre del 2012, sin que le comunicaran de su despido, por lo que continuó asistiendo a su puesto de trabajo hasta el 27 de febrero del año 2013, desarrollando sus funciones de manera habitual.- 2. La parte demandada, el Estado de Honduras, contestó dicha demanda señalando que: si bien la parte demandante sostuvo una relación laboral con la demandada, a partir del 1 de febrero del año 2006, esta no desempeñaba el cargo de Directora de Movilización Externa y Movilización de Recursos, esta fue contratada mediante contrato de Servicios Profesionales para desempeñarse como Asesor Técnico. Continuó manifestando la demandada que las pretensiones de la parte actora son improcedentes debido a que no ha habido despido alguno, sino que el Contrato de Servicios Profesionales mediante el cual se regía la relación laboral entre las partes era por tiempo definido, y al llegar el acaecimiento de la fecha de la finalización del mismo, ambas partes quedan liberadas de responsabilidad, por lo que se entiende que ésta no fue despedida; y por ser un contrato de servicios profesionales el que regía a las partes, los conflictos que surjan a partir del mismo deberán dirimirse ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, así como lo indica la cláusula décimo segunda del contrato de servicios profesionales relacionado. Por otra parte la demandada alegó que la parte actora dejó prescribir el término que faculta la Ley para el agotamiento de la vía administrativa al haber cumplimentado la misma después del plazo previsto en la Ley, el cual como se conoce es de 60 días, y la demandante realizó tal diligencia 5 meses y 3 días después de lo establecido, y si bien la demandante manifestó haber presentado el reclamo administrativo ante la Secretaría del trabajo y Seguridad Social y que este se dio por agotado el 09 de abril del 2013, por lo que si la finalización del contrato el 31 de diciembre del 2012 transcurrieron 76 días después de haber finalizado el Contrato de Servicios Profesionales, prescribiéndole el derecho para agotar la vía administrativa.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veinticuatro de junio del año dos mil quince, dictó sentencia declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral interpuesta, condenar al Estado de Honduras, a pagar a la Señora Xinia Gabriela Valle Castillo, L. 447,541.82, por los conceptos de: Preaviso L. 70,000.00; Auxilio de Cesantía L. 245,000.00; Auxilio de Cesantía Proporcional L. 2,625.01; Vacaciones L. 46,666.80; Vacaciones Proporcionales L. 1,750.01; Aguinaldo Proporcional L. 4,750.00; Décimo Cuarto Mes Proporcional L. 19,750.00; Salario adeudado L. 57,000.00; Más a título de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que cause ejecutoria la sentencia. III.- SIN COSTAS; bajo el criterio que son nulos ipso jure todos los actos y estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el Código del Trabajo, sus Reglamentos o las demás Leyes de Trabajo y Previsión Social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera. Los Contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen a la materia de trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas. El tiempo de servicio se contará desde la fecha de inicio de la relación laboral, aunque no coincida con la del otorgamiento del contrato escrito. En consecuencia los Contratos a plazo fijo para obra determinada tienen el carácter de excepción y solo pueden celebrarse en los casos en que así lo exija la naturaleza accidental o temporal del servicio; y de acuerdo a las estipulaciones antes expresadas es claro deducir que a la Señora Valle Castillo le corresponde la calidad de empleada permanente y por lo tanto puede demandar el pago de Prestaciones e Indemnizaciones laborales dada la naturaleza del puesto de trabajo, por ser este de carácter permanente y continuo en la empresa, y habiendo sido dilucidado que el contrato en referencia se ha celebrado por tiempo indefinido, Que dilucidar si el despido fue justificado o si por el contrario se efectuó de manera ilegal e injustificada, y con respecto a esto la jurisprudencia materia laboral establece que en toda terminación de contrato de trabajo, la parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo debe de dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte debe expresarse con claridad la causa o motivo que lo mueve a tomar esa determinación, así mismo se deberá indicar concretamente el día, fecha y año en que ocurrió la supuesta falta, para poder establecer los términos legales; después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos, y en el caso de autos, existe una violación al artículo 117 de nuestro Código del Trabajo ya que no se le notificó de manera personal su terminación de la relación laboral a la Señora Xinia Valle Castillo tal y como se acredita con la Constancia por el Suscrito Asesor Legal de la Sub-Gerencia de Recursos Humanos de la Secretaría de Estado en los Despachos de Obras Públicas, Transporte y Vivienda en la cual hace constar: Que la Señora Xinia Gabriela Valle se le buscó diligentemente los días 18, 19 y 20 del presente mes para hacerle entrega de la notificación de la terminación de su contrato por prestación de servicios, en vista de no encontrarse en su puesto de trabajo y dentro de las instalaciones de esta Secretaría de Estado, de fecha 21 de diciembre de 2012; por lo que la Señora Valle Castillo solicitó los servicios de un Inspector en fecha 25 de febrero del año 2013; por lo que en fecha 27 de febrero del año 2013 se levanta Acta por parte del Inspector de Trabajo Godofredo Emilio Murillo; en la cual al cederle el uso de la palabra al Abogado Omar Valladares en su condición de Asesor Legal de la Sub. Gerencia de Recursos Humanos del Centro de Trabajo quien al hacer el uso de la palabra manifestó que la demandante fue cancelada, su contrato que venció el 31 de diciembre de 2012 y es por las razones antes expuestas que se procede declarar Con Lugar la demanda de que se ha hecho merito, y por lo tanto, para la elaboración del cálculo de prestaciones laborales que corresponden a la Señora Xinia Gabriela Valle Castillo se realizará en base a los siguientes datos: Fecha de inicio: El 01 de febrero de 2006 y fecha de finalización: El 27 de febrero de 2013; asimismo el Salario Ordinario Mensual la suma de Lps. 3o,ooo.oo; datos que aparecen a folios 103, 42, 58, de los autos. En el Acápite “Cuantía de la Demanda”, también reclama el pago de Vacaciones causadas y proporcionales, aguinaldo proporcional, décimo cuarto mes proporcional, Salario Adeudado. Que en relación al reclamo de Derechos Adquiridos es procedente declarar Con Lugar estos reclamos, dado que el patrono está en la obligación de pagar los derechos adquiridos a sus trabajadores independientemente de la forma en que se dé por terminada la relación de trabajo, ya que los mismos son derechos irrenunciables previamente establecidos en normas especiales, y durante el transcurso del juicio el patrono no ha probado haber pagado estos valores al trabajador y en cuanto al pago de salario adeudado procede declarar Con Lugar el mismo ya que se encuentra acreditado en autos a folios 61 al 72 de los autos que la Señora VALLE CASTILLO laboró hasta el 27 de febrero de 2015. En cuanto al Defecto Procesal de Prescripción opuesto por la Representante Procesal de la parte demandada, se acreditó que en fecha 27 de febrero del año 2014 se levantó Acta por parte del Inspector de Trabajo en la cual el Abogado Omar Valladares manifiesta que la Señora Xinia Gabriela Valle Castillo fue cancelada el 31 de diciembre de 2012; en fecha 18 de marzo del año 2013 se instauró el reclamo ante la vía administrativa; el 09 de abril de 2013 se da por agotado el trámite administrativo y comparece a este Tribunal presentando su demanda en fecha 03 de junio del año 2013, por lo que lo hizo dentro del término que señala el artículo 867 del Código del Trabajo; por lo que procede declarar Sin Lugar el Defecto Material De Prescripción opuesto por la Representante Procesal de la parte demandada.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha catorce de abril de dos mil quince, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio; Que en la primera pieza del expediente corren agregados las copias de los contratos de trabajo por tiempo determinado, celebrados entre el Estado de Honduras y la demandante, con los que se acreditan que la demandante prestó sus servicios como Asesor Técnico, al estar acreditado la existencia de varios contratos de trabajo por servicios profesionales celebrados, en los que se estableció que la función a realizar por la demandante como ASESOR TECNICO, función que siempre fue la misma durante el período de tiempo por el cual se celebraron los contratos de trabajo, existiendo además los otros elementos para considerar la relación laboral como permanente, es decir, subordinación y dependencia del patrono, sujeta a un horario de trabajo y a una remuneración, por lo que no cabe duda a este Tribunal de Alzada, que la relación existente entre el Estado de Honduras y la señora Xinia Gabriela Valle Castillo, era por tiempo indeterminado.- 5. Mediante auto de fecha dieciséis de octubre del año dos mil quince, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada MARILUZ MARTINEZ MEJIA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a el recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha diecinueve de noviembre del año dos mil quince, compareció ante éste Tribunal la Abogada MARILUZ MARTINEZ MEJIA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha diecinueve de noviembre del año dos mil quince, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha nueve de octubre del año dos mil quince, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado YAMIR LISANDRO REYES ALVARADO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que la Abogada MARILUZ MARTINEZ MEJIA, en el único motivo de casación alega: “Acuso la Sentencia recurrida por ser violatoria a la Ley Sustantiva de Orden Nacional por aplicación indebida proveniente de la falta de apreciación del medio de prueba 1 DOCUMENTAL: Consistente en el último Contrato de Servicios Profesionales que obra en el expediente de primera instancia, en relación con las demás pruebas en su conjunto, que hizo al Juzgador incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en autos y que lo llevo a la violación del artículo 113 literal b) del Código del Trabajo, en relación con el artículo 117 del cuerpo lega, y los artículos 46 literal c), 47 párrafo final del Código del Trabajo, en relación con los artículos 256 y 364 de la Constitución de la República, articulo 1 y 94 de la Ley de Contratación del Estado, articulo 200 párrafo primero y 201 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil, artículos 3, 5, 13 numeral 2 y 3, y 479 numeral 2 y 3 del Código Procesal Civil. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el artículo 765 párrafo primero, ordinal primero del Código del Trabajo. NORMAS PROCESALES QUE SIRVIERON PARA LA VIOLACION. Las normas procesales que llevaron a la violación sustantivas señaladas, son los artículo 738 739 del Código del Trabajo. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo se encuentra comprendido en el artículo 765 ordinal primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. La Corte Sentenciadora al confirmar la Sentencia dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo, incurrió en error de hecho, al dejar de apreciar al Medio Probatorio denominado DOCUMENTAL, consistente en el último Contrato de Servicios Profesionales suscrito con la demandante que obra en folios del 46 al 50, expediente de primera instancia. Limitándose únicamente a describir la proposición del referido medio probatorio y a indicar su número de folio. Sin hacer referencia alguna a que este en su “CLAUSULA TERCERA DURACION DE VIGENCIA DEL CONTRATO, “EL CONTRATISTA “prestara sus servicios profesionales por un periodo de DOS MESES Y VEINTINUEVE DIAS, contados a partir de la fecha 02 de octubre al 31 de diciembre del 2012.- este contrato tendrá validez una vez suscrito por las partes contratantes y ser aprobado mediante el acuerdo correspondiente.- encontrándonos ante un contrato por tiempo determinado, al cual no les aplicable, lo establecido en el artículo 117 del Código del Trabajo mismo que si opera para relaciones por tiempo indeterminado; pero que de igual manera de conformidad a lo establecido en el párrafo segundo del artículo 118 del mismo cuerpo legal, lo que procede es una sanción pecuniaria y no un reconocimiento de una relación laboral de forma permanente mucho menos el pago de salarios dejados de percibir. Entendiéndose de lo anteriormente expuesto que el referido contrato, posee el carácter excepcional de los contratos de tiempo limitado o fijo plasmado en el articulo 46 literal c) y 47 párrafo final del Código del Trabajo. Aunándose a ello que tales contratos, se rigen por la Ley de Contratación del Estado, ya que el Capítulo Vil de esta, específicamente en su artículo 94, los describe como Contratos de Consultoría. De igual manera el Reglamento de la Ley de Servicio Civil en su CAPITULO XX CONTRATOS DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS, en su artículo 200 párrafo primero establece que “Las Secretarias de Estado y los organismos desconcentrados podrán suscribir contratos de servicios profesionales y técnicos con personas naturales cuando las labores asignadas no pueden ser realizadas por los empleados regulares o de carrera, ya fuere por la especialidad de las labores o por su razón calificada... “.Y en su artículo 201 dicho Reglamento ordena:” Para la validez de estos contratos deberán observarse las normas presupuestarias; no podrá suscribirse contrato alguno si no hubiera disponibilidad suficiente en la correspondiente asignación para gastos del ejercicio fiscal que corresponda. La contravención de lo acá dispuesto hará incurrir en responsabilidad”. En el presente caso esta recurrente acredito fehacientemente con el Medio de Prueba denominado DOCUMENTAL, de que lo que existió fue la terminación de la relación contractual por mutuo consentimiento de las partes por haber acaecido la fecha para su finalización según lo convenido, NO EXISTIENDO DESPIDO, sin embargo se hace la observación Honorable Corte, que el contrato de trabajo debe ejecutarse de buena fe, sin que sea permitido peca contra la buena fe el que con posterioridad a la extinción del contrato se aduzcan por cualquiera de las partes, razones, Hechos o motivos a la sorpresa entre ambas partes contratantes, de modo que toda lealtad debe expresarse por uno de ellos al otro, los cuales son los motivos determinantes de la extinción y esta manifestación debe expresarse en el memento de efectuarse la terminación del contrato por lo tanto únicamente valora la parte que a su criterio favorece a la demandante. Contraviniendo así lo dispuesto en los artículos 3, 5, 13, numeral 2 y 3, y 479 numeral 2 y 3 del Código procesal Civil, lo que hizo incurrir a la Corte de acusada en error de hecho que aparece manifiesto de los autos, llevándola a la aplicación indebida de los arícalos 113 interpretado por el Decreto Legislativo 89, de fecha 24 de noviembre de 1969, y del artículo 117 del mismo cuerpo legal. Concluyéndose de lo anterior que la normativa jurídica que la Corte de Acusada HA APLICADO al presente caso, lo han sido de manera INDEBIDA. A este respecto la doctrina refiere que la Violación se produce cuando existiendo un hecho que no se discuta o que este debidamente comprobado, debía de aplicar la norma que lo regula o cuando al contrario, se aplica un hecho inexistente. Por lo anteriormente expuesto, procede Honorable Corte casar la sentencia en el presente motivo.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) señala al mismo tiempo dos formas distintas de violar la ley, ya que por un lado indica la aplicación indebida y por otro, el error de hecho derivado de falta de apreciación de prueba, cuando lo correcto es hacerlo en forma separada e independiente, ya que cada una tiene connotaciones diferentes; b) invoca dos preceptos autorizantes, cuando lo indicado era formular uno solo; y, c) formula alegatos propios de instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE.- NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CÀCERES CASTELLANOS; FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

En la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintiún días del mes de junio del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha siete de junio de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 495-15.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ,

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

11