Sentencia CL-494-15 — Registro 6656
Resumen
Segunda instancia revocó, declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo en virtud de despido directo, ilegal e injusto, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el Ad quem debe observar el debido proceso, que incluye entre otros, motivar y explicar suficientemente sus resoluciones y por el deber de congruencia procesal resolver conforme a las pretensiones y hechos debatidos.- VIII. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- IX. Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieran denunciado por el recurrente.- X. Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
"Que la sentencia pronunciada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veinticuatro de septiembre de dos mil quince, revocó la proferida en primera instancia por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colón, en fecha catorce de mayo de dos mil quince;concluyendo que la demandada actúo dentro del canon de la ley al realizar el despido directo al demandante, por el incumplimiento sostenido del horario de trabajo hasta el mes de septiembre que produjo un deficitario desempeño de la labor encomendada; sin embargo, dicho órgano jurisdiccional se aleja de su deber de resolver el litigio en forma congruente, es decir conforme los hechos y pretensiones alegados por las partes, ya que la demanda instaurada por el demandante es para que el patrono pruebe la justa causa en que fundó el despido, en adición la notificación que realice el patrono para la terminación del contrato de trabajo debe formularse en base al artículo 117 del Código de Trabajo estableciendo la causa o motivo que lo mueve a tomar esa determinación."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 112, literal h) (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 117 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: De la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veinticinco de abril de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha veintiséis de noviembre de dos mil quince, por el recurrente, Abogado ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLEN, mayor de edad, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del señor JOSE MAURICIO MANAIZA TOBAR; además es parte recurrida, la CORPORACION MUNICIPAL DE LIMON, DEPARTAMENTO DE COLON, representada en juicio por el Abogado CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el reintegro al trabajo en virtud de despido directo, ilegal e injusto, pago de salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios, costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colón, en fecha veintiséis de noviembre de dos mil catorce, por el señor JOSE MAURICIO MANAIZA TOBAR, mayor de edad, Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, hondureño y con domicilio en el Municipio de Limón, Departamento de Colón, contra la CORPORACION MUNICIPAL DE LIMON, DEPARTAMENTO DE COLON, por medio de su Alcalde Municipal, señor JORGE ORLANDO MARTINEZ TORRES, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en el Municipio de Limón, Departamento de Colón.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil quince, dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que falló REVOCANDO la sentencia de fecha catorce de mayo de dos mil quince, proferida por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colón, en el sentido de declarar SIN LUGAR la demanda laboral promovida por el señor JOSÉ MAURICIO MANAIZA TOBAR, contra la CORPORACION MUNICIPAL DE LIMON, DEPARTAMENTO DE COLON; CONDENÓ a la demandada al pago a favor del demandante los valores que se desprenden por derechos adquiridos en la relación de trabajo, por la cantidad de L.12,631.66, por los conceptos de: a) vacaciones L.3,666.67; b) vacaciones proporcionales: L.3,494.33; c) decimo tercer mes de salario proporcional: L.4,110.33 y d) decimo cuarto mes de salario proporcional: L.1,360.33.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la demandada en fecha 16 de octubre de 2007, mediante contrato verbal con la Corporación Municipal de Limón, Colón, en el cargo de Jefe de la Sección de Catastro Municipal, devengando un salario mensual de L.5,000.00; que el demandante durante el desempeño de su trabajo fue responsable, eficiente, leal, respetuoso, ordenado y sin lapsos de tiempo dejados de laborar de manera injustificada, razón por la cual el demandante nunca fue objeto de ninguna amonestación de carácter disciplinario, pero de manera sorprendente el demandante recibió en fecha 25 de septiembre de 2014, nota de despido sin justificación alguna constituyendo de esta manera una vulneración a los derechos del demandante; en ningún momento se realizó algún llamado de atención de manera verbal o por escrito al demandante, violentando la normativa establecida en el artículo 112 del Código del Trabajo, el cual señala cuales son las causas justas que facultan al empleador para dar por terminado de manera unilateral el contrato de trabajo.- 2. La parte demandada, la CORPORACION MUNICIPAL DE LIMON, DEPARTAMENTO DE COLON, contestó dicha demanda señalando que el demandante fue contratado como Jefe del Departamento de Catastro, tal y como se comprueba con la planilla que se acompaña y que dentro de sus funciones está la de realizar 7 reuniones una por mes en todas las comunidades de Limón, Colón, ejecutar el levantamiento catastral de bienes inmuebles del municipio, mantener actualizada la base de datos de los contribuyentes etc.; asimismo que después de analizar de manera minuciosa y tomando en consideración que el demandante es maestro auxiliar activo y que se desempeña como tal en el Instituto de Educación Secundaria ABEL GONZALES sita en el Municipio de Limón, Colón, en un horario de lunes a viernes en un horario de 7:00 a 9:00 de la mañana en la jornada matutina y de 12:40 a 4:00 de la tarde en la jornada vespertina y que en vista de que no contaba con licencia para no presentarse a trabajar en la Corporación Municipal, es por tal motivo que se tomó la decisión de rescindir de las labores en dicha Municipalidad, siendo esta causal del despido como lo regula el artículo 98 numeral 1 y 5; 112 inciso j) y l) del Código del Trabajo, lo que originó que el demandante no ejecutara por si mismo el trabajo con la mayor eficiencia cuidado y esmero, en el tiempo, lugar y condiciones convenidas, disminuyendo el ritmo de ejecución del trabajo; que el artículo 100 de la Ley de Municipalidades le da la facultad al señor Alcalde en destituir al personal de conformidad con la ley, como en el presente caso, y con el objeto de evitar un futuro reparo por estar pagando a un empleado que no desempeña al 100% y con eficiencia el puesto de trabajo, no cumpliendo a cabalidad las metas del Manual de Puestos y Salarios, ya que existe incompatibilidad de horarios como se explicó anteriormente es por tal razón que no podría el demandante solicitar el reintegro.- 3. El Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colón, en fecha catorce de mayo de dos mil quince, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral de reintegro al trabajo, pago de salarios dejados de percibir, promovida por el señor José Mauricio Manaiza Tobar, contra la Corporación Municipal de Limón, Departamento de Colón, sin costas; bajo el criterio que el apoderado demandante propuso la declaración de Selvin Castillo Martínez y Concepción Abiely Avila, testigos que a criterio fueron contestes en sus dichos, acreditando con su declaración que el demandante era una persona hábil y eficiente en el desempeño de sus labores; en relación al trabajo realizado por el demandante como Maestro Auxiliar del Instituto Secundario ABEL GONZALES con los medios de prueba documentales consistentes en los horarios individuales de clases de las jornadas matutinas y vespertinas, aunado a las declaraciones de los testigos propuestos por la parte demandante, éste Tribunal es de la opinión de que los testigos siendo conocedores de los hechos está habilitado por ser trabajador al servicio del patrono, en consecuencia es procedente creer que el demandante si cumplía con la jornada laboral dentro de la Municipalidad de Limón, en el horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. laborando corrido la hora del almuerzo de 12:00 a 1:00 saliendo a las 3:00 de la tarde; haciendo un análisis de las pruebas allegadas al juicio es de la opinión que la demandada no tuvo justas causas para dar por terminada la relación de trabajo que mantenía con el demandante en consecuencia es procedente declarar con lugar la demanda de que se ha hecho merito.- 4. La Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veinticuatro de septiembre de dos mil quince, dictó sentencia revocando la proferida en primera instancia, en el sentido de declarar sin lugar la demanda laboral promovida por el señor José Mauricio Manaiza Tobar, contra la Corporación Municipal de Limón, Departamento de Colón; condenando a la demandada al pago a favor del demandante los valores que se desprenden por derechos adquiridos en la relación de trabajo, por la cantidad de L.12,631.66, por los conceptos de vacaciones, vacaciones proporcionales, decimo tercer mes de salario proporcional y decimo cuarto mes de salario proporcional; bajo el criterio que se ha probado la relación de trabajo entre el demandante y la Municipalidad, sin que haya sido regida por un contrato de trabajo escrito, tal y como lo exige la ley, por lo que en principio todas las estipulaciones de trabajo señaladas por el demandante deben de ser tomadas por ciertas, salvo aquellas que haya prueba en contrario al respecto en el proceso laboral; de éste modo se fijan como estipulaciones de trabajo en este caso, el inicio de la relación de trabajo fue el 16 de octubre de 2007, como lo indica el demandante y probado así por el oficio del Jefe de Recursos Humanos de la Municipalidad; el demandante fue contratado para trabajar como Jefe del Departamento de Catastro de la Municipalidad de Limón, debiendo cumplir con las funciones y obligaciones establecidos en el Manual de Puestos y Salarios aprobado por la Corporación Municipal, con el horario de trabajo del demandante, el cual estaba claramente definido, dispuesto en un horario de 08:00 a.m. a 04:00 p.m., con un receso de 12:00 m a 01:00 p.m. para el almuerzo y con un salario de L.5,500.00, probado con la planilla del mes de agosto de 2014 y así señalado por el propio demandante en su acción laboral; en el caso de mérito ha sido probado por la parte demandada que el despido realizado al trabajador es justificado, señalando el artículo 112 del Código del Trabajo que son causas justas que facultan al patrono para dar por terminado el contrato de trabajo, sin responsabilidad de su parte, entre otras, la violación grave de las obligaciones o prohibiciones que le incumben al trabajador; obligaciones establecidas en el artículo 97 del mismo cuerpo legal, entre las cuales está la de ejecutar por sí mismo, con la mayor eficiencia, cuidado y esmero, en el tiempo, lugar y condiciones convenidos; y prohibiciones establecidas en el artículo 98, siendo una de ellas la de faltar al trabajo, abandonarlo en horas de labor, sin justa causa de impedimento o sin permiso del patrono; la prueba reproducida en el proceso laboral reporta que el demandante (Trabajador), laborando para la Alcaldía Municipal y teniendo un horario rígido (08:00 a.m. a 04:00 p.m.), aceptó un segundo trabajo como docente en un Centro Educativo, cuyo horario resultó colisionante en ciertos días en horas de la mañana y todos los días en horas de la tarde; el trabajador opto por cumplir con su trabajo como docente, ausentándose de su puesto de trabajo como Jefe de Catastro sin permiso del patrono, lo cual realizó de manera sostenida desde el año 2012 hasta el mes de septiembre del 2014, momento en que fue despedido; en ese sentido el demandante no está facultado para definir el horario de trabajo que iba a cumplir, sino de más bien estaba obligado a observar aquel que le había definido la Municipalidad de Limón, máxime cuando la labor a desempeñar era como Jefe de Catastro que requiere su presencia en la oficina para la atención al público y demás funciones definidas en el Manual de Puestos y Salarios; que la demandada actúo dentro del canon de la ley al realizar el despido directo al demandante, por el incumplimiento sostenido del horario de trabajo hasta el mes de septiembre que produjo un deficitario desempeño de la labor encomendada; acción de despido justificada que fue realizada dentro del término señalado en el artículo 863 del Código del Trabajo, por cuanto aún para el mes agosto y septiembre del 2014, el trabajador seguía incumplimiento el horario.- 5. Mediante auto de fecha dieciséis de octubre de dos mil quince, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado CAMILO AMELEC PERALTA HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del señor JOSE MAURICIO MANAIZA TOBAR, contra la sentencia dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintiséis de noviembre de dos mil quince, compareció ante éste Tribunal el Abogado ROLANDO ISRAEL PORTILLO GUILLEN, formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha catorce de diciembre de dos mil quince, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado CESAR ANTONIO GARRIDO CHIRINOS, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II. Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI. Que la sentencia pronunciada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veinticuatro de septiembre de dos mil quince, revocó la proferida en primera instancia por el Juzgado de Letras Seccional de Trujillo, Departamento de Colón, en fecha catorce de mayo de dos mil quince;concluyendo que la demandada actúo dentro del canon de la ley al realizar el despido directo al demandante, por el incumplimiento sostenido del horario de trabajo hasta el mes de septiembre que produjo un deficitario desempeño de la labor encomendada; sin embargo, dicho órgano jurisdiccional se aleja de su deber de resolver el litigio en forma congruente, es decir conforme los hechos y pretensiones alegados por las partes, ya que la demanda instaurada por el demandante es para que el patrono pruebe la justa causa en que fundó el despido, en adición la notificación que realice el patrono para la terminación del contrato de trabajo debe formularse en base al artículo 117 del Código de Trabajo estableciendo la causa o motivo que lo mueve a tomar esa determinación.- VII. Que el Ad quem debe observar el debido proceso, que incluye entre otros, motivar y explicar suficientemente sus resoluciones y por el deber de congruencia procesal resolver conforme a las pretensiones y hechos debatidos.- VIII. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- IX. Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieran denunciado por el recurrente.- X. Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, ésta última disposición en relación al artículo 200, 207 numeral 1), 701 numeral 3) y 931 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte Segunda de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veinticuatro de septiembre de dos mil quince, visible a folios 8 al 16 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la infracción, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR.- MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS.- FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintinueve días del mes de mayo del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha veinticinco de abril de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 494-15.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
9