Sentencia CL-487-16 — Registro 6967
Resumen
Segunda instancia declaró con lugar el recurso de apelación revocando la sentencia y declarando con lugar la la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo por despido arbitrario, ilegal e injusto, pago de salarios dejados de percibir
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que no puede prosperar el cargo que antecede, ya que éste Tribunal ha venido señalando conforme con la Doctrina y como tiene establecido la jurisprudencia, respetuosa de los principios que gobiernan este recurso, que el error de hecho en la apreciación de las pruebas que conduce a la violación de la ley sustantiva y autoriza al tribunal de casación para casar el fallo impugnado, solo procede cuando el mismo resulta evidente o manifiesto, esto es, tan de bulto o notorio que sin mayor esfuerzo, ni raciocinio y sin necesidad de acudir a hipótesis, conjeturas o deducciones más o menos razonables, se imponga a la mente. En el presente caso, no se observa error en la apreciación de la prueba, por ende el Tribunal de segundo grado estimó de conformidad a la libre formación de su convencimiento el carácter de injusto e ilegal el despido de la demandante.- "
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 738 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., dos de agosto del dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha tres de abril de dos mil diecisiete, por el Abogado LUIS ALBERTO ROVELO HERNANDEZ, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), como recurrente; además es parte recurrida, la señora LILIANS SUYAPA AGUILAR BANEGAS, representada en juicio por el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo por despido arbitrario, ilegal e injusto, pago de salarios dejados de percibir, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintiséis de enero de dos mil quince, por la señora LILIANS SUYAPA AGUILAR BANEGAS, mayor de edad, soltera, Perito Mercantil y Contador Público, hondureña y de este domicilio, contra el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), por medio de su representante legal, señor ERNESTO EMILIO CARIAS, mayor de edad, casado, Licenciado en Finanzas, hondureño y de este domicilio.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha veintiocho de julio de dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, misma que: “FALLA: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES; 2) REFORMAR la sentencia definitiva de fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en el sentido siguiente: REVOCAR los numerales 1) y 2) los cuales deberán leerse de la siguiente manera: “1) DECLARAR CON LUGAR la demanda ordinaria laboral promovida por la señora LILIANS SUYAPA AGUILAR BANEGAS contra el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (IMPREMA), representado por el señor ERNESTO EMILIO CARIAS CORRALES; 2) CONDENANDO AL INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (IMPREMA), representado por el señor ERNESTO EMILIO CARIAS CORRALES a REINTEGRAR a la señora LILIANS SUYAPA AGUILAR BANEGAS, a su puesto de trabajo que tenía al momento del despido, así como al pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que sea reinstalada y al pago de los derechos que se hayan originados por la contratación colectiva durante la tramitación del juicio.- SIN COSTAS en esta instancia.”.- Todo en la DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE REINTEGRO POR DESPIDO ARBITRARIO, ILEGAL E INJUSTO, PAGO DE SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DEL DESPIDO HASTA EL DIA EN QUE EN CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA CONDENATORIA SEA REINSTALADA EN EL CARGO QUE OCUPABA CUANDO FUE DESPEDIDA U OTRO DE IGUAL O MEJOR CATEGORIA, promovido por la señora LILIANS SUYAPA AGUILAR BANEGAS contra el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (IMPREMA), representado por el señor ERNESTO EMILIO CARIAS CORRALES, en su condición de Presidente de Director Ejecutivo.- 3) SIN COSTAS en esta instancia”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA), el 19 de marzo de 1991, en el cargo de Analista de Beneficios, Departamento de Prestaciones Sociales, devengando un salario de L.19,868.23; no obstante lo anterior el día 5 de diciembre del año 2014, la demandante recibió de manera intempestiva una nota donde se le comunicaba la terminación de la relación laboral de manera unilateral por parte del Jefe del Departamento donde laboraba. El despido de mérito es porque supuestamente el día martes 11 de noviembre del año 2014 la demandante abandonó sus labores en horas laborables y sin permiso autorizado del patrono para trasladarse al parqueo de la institución a celebrar ilegalmente una asamblea informativa convocada por el Sindicato de ésta institución, fundamentándose la institución demandada en el artículo 98 numeral 1) del Código de Trabajo, en relación con el artículo 112 literal l) del mismo texto legal. Por la supuesta falta cometida la demandante previo a su despido fue convocada en grupo a una audiencia de descargos supuestamente en cumplimiento de disposiciones reglamentarias y para que ejercitara su derecho de defensa, sin embargo tal derecho se le violentó debido a que el proceso fue dirigido y evacuada por una persona que no es empleada ni funcionario de la institución y carente de las facultades para realizar dicho acto administrativo como lo es el Abogado Luis Alberto Rovelo, quién si bien es cierto ostenta el cargo de Asesor del Directorio de Especialistas no menos es cierto que tratándose de una audiencia de descargos es un acto administrativo que debe ser dirigido y evacuada por quién tiene la competencia, facultad que carece el Abogado Rovelo. Que el 5 de diciembre del año 2014 sorpresivamente fue notificado su despido, suscribiendo dicho despido el Jefe de Prestaciones Sociales el cual no está facultado para realizar tal acto y por ello es vinculante con lo expresado anteriormente siendo nulo de pleno derecho ya que el artículo 117 del Código del Trabajo, sostiene que el despido debe hacerse personalmente a la otra parte, es decir quién ostenta la representación legal. Que a una cantidad considerable de trabajadores que fueron objeto de investigación mediante audiencias dirigidas y evacuadas por el Abg. Luis Alberto Rovelo, les ofrecieron el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales completas supuestamente para evitar despidos injustificados los que presionados por este motivo aceptaron dichos pagos con lo que de manera expresa o tácita según sea el caso aceptaron que el despido era ilegal y arbitrario sumado a ello que el sindicato solicitó la intervención de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social para que mediara en la solución del conflicto y después de varias reuniones se convino reintegrar a 56 trabajadores con la propuesta de que el INPREMA a través del Directorio de Especialistas de que la reinstalación o reintegro de estos trabajadores se hacía siempre y cuando que éstos acepten sin ninguna reserva la aplicación de una medida disciplinaria consistente en la suspensión sin goce de salario por el término de cuatro días, todo ello quedó plasmado en el Acuerdo Conciliatorio del mes de enero del año 2015, y en el numeral 4) de la misma acta el Directorio de Especialistas ofrece el pago de las prestaciones laborales a los trabajadores no reintegrados siempre y cuando dicho decisión la tomara el trabajador dentro del término de 10 días hábiles supuestamente contados desde la suscripción del acta de mérito. Tratándose de una Asamblea Informativa convocada por el Sindicato conlleva si fuera el caso, a que incurrieran en la causal de despido contenida en el artículo 112 literal l) en relación con el artículo 98 numeral 5) del Código del Trabajo.- 2. La parte demandada, el INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), contestó dicha demanda señalando que se acepta la relación de trabajo y el puesto desempeñado por la demandante, rechazando el resto de los extremos de la demanda, y estableciendo como defensa, que el despido se llevó a cabo porque la demandante el día 11 de noviembre del año 2014 aproximadamente a las 9:20 a.m. la demandante junto con un grupo de compañeros de trabajo abandonaron sus puestos de trabajo y además suspendieron intempestivamente sus labores de trabajo dentro de su jornada de trabajo. En consecuencia a lo anterior, y siendo que a la institución demandada no le fue comunicada dicha suspensión intempestiva de labores y el abandono de sus puestos de trabajo, se procedió a levantar un acta de inspección a través de la Inspectora de Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Seguridad Social, con el único fin de garantizarles a los trabajadores manifestantes su derecho constitucional de defensa avocándose dicha inspectora con el señor Roberto Sevilla, en su condición de Presidente del SITRAINPREMA, quién manifestó que no había sido la junta directiva sino que la Asamblea Informativa la que había tomado la determinación de hacer una suspensión de labores. Como se podrá apreciar las normas legales no se ligan íntimamente como lo pretende hacer ver la actora, las normas legales se relacionan, por tal razón su análisis jurídico es equivocado y carece de fundamento, ya que, la falta grave cometida por la parte actora denominada abandono de su puesto de trabajo está debidamente tipificada en el Código del Trabajo y no merece interpretaciones o deducciones ilógicas, pues es clara y no da lugar a la duda. Con relación a lo manifestado por la demandante, respecto a que el despido es nulo de pleno de derecho por haber sido suscrito por el Jefe del Departamento de Prestaciones Sociales persona que no está facultada para realizar tal acto, al respecto la legislación laboral hondureña en su Art. 6 regula la representación de los patronos y las obligaciones a éstos en sus relaciones con los demás trabajadores. Ya la jurisprudencia ha resuelto en este tipo de casos que la intención del legislador o el espíritu de la norma fue considerar que las sanciones disciplinarias como ser el despido practicado directamente al trabajador (que es precisamente el caso bajo estudio), cuando se hace por una persona que representa al patrono en virtud del cargo que ocupan en la institución o empresa se entienden que “actúan de conformidad con la voluntad del patrono”. Razón por la cual, es irrelevante pronunciarse sobre el mismo, ya que, de ser así, se estaría sentando un precedente funesto para el derecho procesal laboral, en vista de que los inspectores del trabajo normalmente y por ejemplo constatan los despidos verbales con los Jefes de Recursos Humanos o con otras jefaturas en los distintos departamentos u oficinas de las sociedades mercantiles y se les da el trámite legal correspondiente.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo del Departamento de Francisco Morazán, en fecha veintitrés de mayo de dos mil dieciséis, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la señora Lilians Suyapa Aguilar Banegas, contra el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA); absolviendo a la institución demandada de toda responsabilidad proveniente del presente juicio, sin costas; bajo el criterio que en el caso de autos, es un hecho probado que la demandante ( ver folio 64 al 66), el 11 de noviembre del año 2014, hizo suspensión de labores para asistir a una asamblea informativa, sin embargo, no existe en los autos, el acuerdo tomado entre la dirección de la institución y los directivos del sindicato para llevar a cabo la llamada asamblea informativa, lo cual configuró la suspensión en forma intempestiva de la demandante de su puesto trabajo, justificando que el patrono para garantizar el derecho de defensa convocó a la demandante para ser escuchada en una audiencia de descargos, en la cual la trabajadora no justificó la ausencia a su trabajo lo cual motivó al patrono para despedirla, por lo que dicho despido a criterio no contiene vicios de nulidad ya que no fue aportado el respectivo Reglamento de Trabajo que indique quienes son las personas legitimadas para despedir a los trabajadores y además la nota de despido si bien esta dirigida a la demandante no hace alusión al puesto que ocupa y no se encuentra en los autos prueba alguna que demuestre lo contrario.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha veintiocho de julio de dos mil dieciséis, dictó sentencia reformando la proferida en primera instancia, en el sentido de declarar con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la señora Lilians Suyapa Aguilar Banegas, contra el Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (INPREMA); condenando a la institución demandada a reintegrar a la demandante a su puesto de trabajo que tenía al momento del despido, así como al pago de los salarios dejados de percibir y al pago de los derechos que se hayan originado por la contratación colectiva durante la tramitación del juicio, sin costas; bajo el criterio que de la revisión de los autos se desprende que la suspensión de labores en el INPREMA realizada el martes 11 de noviembre de 2014, fue solamente de cincuenta minutos; por lo tanto no se puede hablar de abandono de sus labores por parte de la demandante, por lo que la sanción impuesta de despido es desproporcional a la falta cometida, pudiendo haber sido sancionada con una amonestación por escrito, con una deducción de salario o una suspensión de labores por un día, etc.- 5. Mediante auto de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado LUIS ALBERTO ROVELO HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha tres de abril de dos mil diecisiete, compareció ante éste Tribunal el Abogado LUIS ALBERTO ROVELO HERNANDEZ, en su condición de representante procesal del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISION DEL MAGISTERIO (INPREMA), formalizando su demanda, exponiendo un único motivo de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha dieciocho de abril de dos mil diecisiete, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JOSE RAMON LAMOTHE ROSALES, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado LUIS ALBERTO ROVELO HERNANDEZ, en su único motivo de casación alega lo siguiente: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de Ley sustantiva nacional y de índole laboral, por infracción indirecta por la apreciación errónea del medio de prueba documental admitido a la parte demandante, que adelante se singularizan en relación a la demás prueba en su conjunto y que hizo incurrir en error de hecho que aparece manifiesto en los autos, y que llevó en forma indirecta a la Corte Sentenciadora a la violación del artículo 113 párrafo primero, interpretado, en relación con el artículo 60 de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo está comprendido en el artículo 765 numeral primero, párrafo segundo del Código del Trabajo. NORMAS ADJETIVAS QUE SIRVIERON DE MEDIO: Las normas adjetivas que sirvieron de medio para la violación de las sustantivas señaladas, están contenidas en los artículos 738 y 739 del Código del Trabajo. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE: Singularizo las pruebas erróneamente apreciadas, de la siguiente manera: LA DOCUMENTAL PUBLICA: admitida a la parte demandante que se refiere al ACTA DE ACUERDO CONCILIATORIO, celebrada en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán en fecha doce (12) de enero del año dos mil quince (2015) entre los señores Carlos Alberto Madero Erazo y Gina Hernández Martínez, Secretario de Trabajo y Seguridad Social y Directora General del Trabajo respectivamente, y los señores Ernesto Emilio Carias Corrales, Nessy Martínez y Geovanny Guifarro, en su condición de Director Presidente y Directores Especialistas del INSTITUTO NACIONAL DE PREVISIÓN DEL MAGISTERIO (INPREMA), respectivamente y los señores José Roberto Reyes, Roberto Sevilla, Daniel Montalván, Mario Hernández, Arnoldo Aguilar, Gladys Waleska Duron, Carlos García, Ana Maribel Cubas, Delver García y Walter Dario Paredes en su condición de miembros de la Junta Directiva del Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Previsión del Magisterio (SITRAINPREMA)., (Ver folio 18 al 23 de la primera pieza procesal, en relación con la prueba en su conjunto. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO: La Corte sentenciadora, al REVOCAR por unanimidad de votos el fallo dictado por el Juzgado de primera Instancia, manifiestamente incurrió en error de hecho, al apreciar erróneamente el medio de prueba señalado anteriormente y admitido a la parte demandante, en relación a los demás medios de prueba en su conjunto, ya que si bien es cierto, el Juzgador no está sujeto a la tarifa legal de las pruebas, sino que forma libremente su convencimiento, inspirándose en los principios científicos que informan la sana crítica de la prueba, tal y como está consagrado en el artículo 739 del Código de Trabajo, ésta disposición no impide de manera alguna que el Tribunal se coloque en una posición de profundo análisis para poder llegar a la verdad de los hechos e impartir justicia aplicando la Ley, por lo que deviene obligado a efectuar la apreciación de las pruebas en su conjunto o sea ello es una obligación insoslayable y esa apreciación debe ser acertada y completa. En el caso en particular si se hubiese apreciado correctamente por parte del Tribunal recurrido el medio de prueba señalado, se hubiera dado por establecido en forma indubitable que en el ACTA DE ACUERDO CONCILIATORIO no hubo tal acto discriminatorio o de marginamiento, puesto que la demandada a través de su Director Presidente, señor ERNESTO EMILIO CARIAS expuso que procedió al despido con justa causa de ciento cinco (105) trabajadores del INPREMA, el 05 de diciembre del 2014 y, que al solo efecto conciliatorio ofrece: “1. Del total del número de trabajadores despedidos, reinstalar a sus puestos de trabajo, a partir del trece (13) de enero del 2015 a los siguientes trabajadores..., 2..., 3..., 4. Frente a nuestra posición legal de considerar la existencia de la justa causa que motivo los despidos, siempre con el ánimo conciliatorio, el Directorio ofreció bajo la mejor modalidad legal por estar en el proceso de reorganización administrativa, hacer efectivo el pago de las prestaciones e indemnizaciones laborales a todos los reclamantes propuesta que no fructifico pero que concluyo con el resultado del arreglo conciliatorio que consta en la presente acta, por lo que queremos dejar de buena voluntad y con el mismo animo conciliatorio, constancia que dentro de un término prudencial de diez (10) días hábiles, contados a partir de esta misma fecha, estaremos con la voluntad y el ánimo de mantener nuestra propuesta para aquellos trabajadores que no forman parte del grupo a reinstalar, sin que se considere esto como parte o una obligación resultado del arreglos conciliatorio, SINO QUE ALGO DE NUESTRO PROPIO ALBEDRIO....,”. (Las negrillas, mayúsculas y los puntos suspensivos son míos). Del extremo que antecede, se aprecia que dicho medio de prueba lo que revela es que el INPREMA actuó bajo el amparo al principio que reza: Que los empleadores tendrán la libre administración de sus bienes y recursos con el fin de obtener el máximo beneficio posible tanto en lo económico como en lo social, y que dicho ofrecimiento conciliatorio no tiene ninguna relación con un acto de discriminación de raza, sexo, religión, color, afiliación política, clase o cualquier otra contemplada en la Constitución de la República y los Convenios Internacionales, ya que, el día 05 de diciembre del 2014 se procedió al despido ciento cinco (105) trabajadores del INPREMA por igual y con justa causa legal por haber abandonado sus puestos de trabajo y suspender intempestivamente sus labores el día 11 de noviembre del 2014, sin que operaran en dicha sanción administrativa preferencias y/o privilegios a favor de alguien en particular, aunado a esto, mi representada muy respetuosa de la ley y previo a su despido convoco en partes y en diferentes fechas a los ciento cinco (105) trabajadores a una audiencia de descargos la que tenía como propósito garantizarles el derecho Constitucional de defensa procediendo a contestar todos los asambleístas al ser interrogados sobre el porqué abandonaron sus puestos de trabajo y suspendieron intempestivamente sus labores “NO SE NO RECUERDO”. De acuerdo al extremo que antecede, a pedido del SITRAINPREMA y con la mediación del Secretario de Estado en los despachos del trabajo, el día 12 de enero del 2015 se levantó el acta del acuerdo conciliatorio bajo el propio albedrio de los representantes de la demandada y ahí se ofreció mediante arreglo conciliatorio el reintegro de un grupo de trabajadores y se fijó una fecha límite para aquellos que no formaran parte del grupo a reintegrar y optaran por el pago de sus prestaciones laborales, sin que esto signifique actos discriminatorios o de marginamiento, puesto que como se repite la misma se levantó y conto con la aprobación del Estado de Honduras a través del Secretario de Estado en los despachos de Trabajo y Seguridad Social, Señor Carlos Alberto Madero Erazo. Lo que llevó en forma indirecta a la Corte sentenciadora a la violación de los artículos 113 párrafo primero, al negar a mi representada la justa causa y la legalidad de la sanción del despido invocada a los demandantes, donde claramente se apreció tanto en la forma y términos del despido que no se procedió al mismo con preferencias y privilegios para con algunos trabajadores de la institución demandada”.”.- III. Que no puede prosperar el cargo que antecede, ya que éste Tribunal ha venido señalando conforme con la Doctrina y como tiene establecido la jurisprudencia, respetuosa de los principios que gobiernan este recurso, que el error de hecho en la apreciación de las pruebas que conduce a la violación de la ley sustantiva y autoriza al tribunal de casación para casar el fallo impugnado, solo procede cuando el mismo resulta evidente o manifiesto, esto es, tan de bulto o notorio que sin mayor esfuerzo, ni raciocinio y sin necesidad de acudir a hipótesis, conjeturas o deducciones más o menos razonables, se imponga a la mente. En el presente caso, no se observa error en la apreciación de la prueba, por ende el Tribunal de segundo grado estimó de conformidad a la libre formación de su convencimiento el carácter de injusto e ilegal el despido de la demandante.- IV. Que por las razones antes expuestas es procedente desestimar el recurso de mérito en la pretensión que encierra el único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 117, 664, 665, 666 letra c), 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se hace mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los Tribunales de su procedencia. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. RINA AUXILIADORA ALVARADO MORENO. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los seis días del mes de noviembre del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha dos de agosto de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 487-16.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO
SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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