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Sentencia CL-465-15 — Registro 6794

Resumen

Segunda instancia confirmó sin lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones a las que tenía al momento del despido, pago de salarios dejados de percibir

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

.." Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) que la norma citada si bien es cierto forma parte del cuerpo de las normas sustantivas de índole laboral, la misma cuenta con párrafos y numerales, los cuales hacen referencia a distintas situaciones jurídicas que el Impetrante debió indicar para claridad del cargo; b) no señala normas procesales; y, c) en su formulación señala que el error de hecho proviene por la apreciación errónea de un documento singularizado, pero en la explicación adiciona otra prueba, que es la testifical, lo cual se traduce en falta de precisión, aparte de que ese tipo de material probatorio, no puede ser objeto de ataque en este extraordinario recurso, por no ser reglado y quedar a la libre formación del convencimiento del juzgador"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintiuno de febrero de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha veintiséis de noviembre de dos mil quince, por el recurrente, Abogado DENIS MAURICIO CORDOVA PINEDA, mayor de edad, casado, hondureño y con domicilio en la ciudad de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, en su condición de representante procesal del señor CARLOS PORFIRIO ESCOTO HERRERA; además es parte recurrida la empresa mercantil MINERALES DE OCCIDENTE S.A. (MINOSA), también conocida como AURA MINERALES INC., representada en juicio por el Abogado NELSON OVIDIO LARA ERAZO. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo en iguales o mejores condiciones a las que tenía al momento del despido, pago de salarios dejados de percibir, interpuesta ante el Juzgado Segundo de Letras Seccional de Santa Rosa de Copán, en fecha diecinueve de marzo de dos mil quince, por el señor CARLOS PORFIRIO ESCOTO HERRERA, mayor de edad, casado, Ingeniero en Negocios, hondureño y con domicilio en la ciudad de Santa Rosa de Copán, Departamento de Copán, contra la empresa mercantil MINERALES DE OCCIDENTE S.A. (MINOSA), también conocida como AURA MINERALES INC., por medio de su representante legal señor MONTY WILLIAM REED, mayor de edad, casado, Geólogo y de nacionalidad estadounidense.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha once de septiembre de dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, que falló CONFIRMANDO la sentencia de fecha tres de agosto de dos mil quince, proferida por el Juzgado Segundo de Letras Seccional de Santa Rosa de Copán, misma que declaró SIN LUGAR la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo y pago de salarios dejados de percibir, promovida por el señor CARLOS PORFIRIO ESCOTO HERRERA, contra la empresa mercantil MINERALES DE OCCIDENTE S.A. (MINOSA), también conocida como AURA MINERALES INC., con costas.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la demandada en fecha 11 de febrero de 2013, firmando el respectivo Contrato de Trabajo hasta el día 21 de febrero del mismo año, desempeñándose a la fecha del despido en el cargo de Superintendente de Logística en el Departamento de Compras y Almacén, devengando un salario promedio mensual de L.75,356.00, siendo despedido de manera arbitraria en fecha 11 de marzo del 2015; el 19 de febrero del 2015, según el proceso de investigación para la aplicación de la sanción disciplinaria, el señor Javier Trigueros Saavedra, denunció que el demandante le cobró al contratista Ricardo Portillo Guevara, una mordida por la ejecución del contrato de la Fase en San Andrés, manifestando que le entregaron al demandante en una Gasolinera en Cucuyagua, un monto de L.50,000.00 en efectivo y también presentó un depósito de fecha 19 de julio de 2014, a nombre del demandante en su cuenta de Banco Atlántida número 7200657109 por otro monto de L.50,000.00, esta denuncia quedó plasmada en el acta de inspección del trabajo levantada por el Jefe Regional de la Inspectoría del Trabajo de Santa Rosa de Copán, Abogado Cristian Torres; el 11 de marzo del 2015 se procedió a levantar la audiencia de descargos para que el demandante hiciera uso de su Derecho de Defensa, manifestando el mismo, que el valor recibido de L.50,000.00 era un préstamo personal otorgado por parte del señor Ricardo Portillo Guevara; conforme a la declaración tomada a dicho señor, el mismo manifestó que efectivamente el demandante le pidió el 2% del contrato para que pudiera ejecutar el contrato de fase en la Aldea de San Andrés, pero que el señor Portillo Guevara solo le podía dar L.200,000.00 de los cuales manifestó que le entregaría L. 50,000.00 en efectivo en una gasolinera en Cucuyagua y otros L. 50,000.00 se los depositaria a su cuenta personal de Banco Atlántida; que al momento de efectuarse el despido unilateralmente por voluntad de la Gerente de Recursos Humanos, en fecha 11 de marzo del año 2015, le entregó al demandante la carta de despido invocando argumentos falsos y calumniosos en contra del mismo, reservando el derecho a interponer las acciones penales correspondientes; siendo el caso que la Gerente de Recursos Humanos Isis Matamoros, fue investigadora, juez y parte para el injusto despido, el cual se realizó de manera “Express” ya que se le citó al demandante para una audiencia de descargo el mismo día de su celebración, sin conceder el término reglamentario de 24 horas para preparar su defensa y presentar las pruebas necesarias en el descargo de las faltas falsamente imputadas, ni tampoco se le notificó el Derecho de estar acompañado de un testigo a la referida audiencia, procediendo a notificarle e1 despido injusto minutos después de haberse celebrado la irregular audiencia de descargo, obviando analizar los argumentos que presentó el demandante en su defensa, sin tan siquiera consultar al Gerente General de la empresa, señor Monty Reed, quién se encontraba fuera del país en ese momento; el 3 de febrero de 2015, el señor Javier Trigueros Saavedra, ex empleado de Minerales de Occidente S.A., cometió una falta laboral muy grave, al irrespetar a un compañero de trabajo señor Ulises Portillo, con palabras soeces y siendo el demandante testigo presencial de tal agresión verbal quién declaró ante el Inspector de Trabajo sobre lo sucedido, confirmando los agravios cometidos por el señor Trigueros Saavedra, siendo despedido por parte de la empresa de manera directa y justificada a dicho señor, y teniendo el conocimiento de la declaración en su contra, el señor Trigueros en una acción baja de venganza interpuso denuncia ante la empresa de un supuesto soborno cometido por el demandante, lo cual se rechaza de manera categórica en virtud de ser totalmente falso; lamentablemente la empresa Minerales de Occidente se ha valido de la referida denuncia en contra del demandante para despedirlo de manera injusta e ilegal, cuando en ningún momento el demandante efectuó la acción que falsamente se le imputa, a razón de que no valía la pena de parte del demandante de poner en riesgo el buen empleo que tenía con la demandada, gozando de un buen salario y de las prebendas que la empresa le otorgaba, ni mucho menos poner en riesgo el ingreso que sustentaba su familia, ya que el demandante es una persona honrada y honesta, con principio morales y espirituales.- 2. La parte demandada, la empresa mercantil MINERALES DE OCCIDENTE S.A. (MINOSA), también conocida como AURA MINERALES INC., contestó dicha demanda señalando que el demandante se desempeñaba en el puesto de Superintendente de Logística, habiéndosele imputado el cargo de haber recibido la cantidad de L.50,000.00 mediante depósito bancario realizado por el señor Ricardo Portillo a la cuenta de ahorros personal del ahora demandante número 7200657109 de Banco Atlántida S.A. según denuncia recibida en fecha 19 de febrero de 2015, a efecto de favorecer al señor Ricardo Portillo Guevara como Contratista de MINOSA; en virtud de la denuncia antes relacionada se procedió a llevar el proceso de investigación correspondiente, culminando con la audiencia de descargo respectiva a efecto de que el denunciado Carlos Porfirio Escoto Herrera, expresara lo que considerara a su favor para desvanecer los hechos denunciados en su contra; en la referida audiencia de descargo a criterio del patrono el ahora demandante no logró desvanecer lo aseverado por el contratista Ricardo Portillo Guevara y el testigo Javier Trigueros Saavedra por lo que se procedió a su despido al considerar que el demandante le pidió de manera indebida al contratista el 2% de una contrato que se le adjudicó, habiéndole respondido el señor Ricardo Portillo que le podía dar únicamente L.200,000.00 de los cuales le entregó L.50,000.00 en efectivo en una gasolinera en Cucuyagua, Copán y otros L.50,000.00 mediante depósito a la cuenta de ahorros del demandante de lo cual MINOSA tiene terminantemente prohibido recibir pagos por contratos que se ejecuten en la empresa, constituyéndose en consecuencia un cobro indebido y un grave incumplimiento a las obligaciones y prohibiciones que como trabajador le correspondían, no demostrando buenas costumbres y conducta ejemplar en el servicio.- 3. El Juzgado Segundo de Letras Seccional de Santa Rosa de Copán, en fecha tres de agosto de dos mil quince, dictó sentencia declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral para el reintegro al puesto de trabajo y pago de salarios dejados de percibir, promovida por el señor Carlos Porfirio Escoto Herrera, contra la empresa mercantil MINERALES DE OCCIDENTE S.A. (MINOSA), también conocida como AURA MINERALES INC., con costas; bajo el criterio que el artículo 97 del Código del Trabajo vigente, establece que son obligaciones del trabajador: “Realizar personalmente la labor en los términos estipulados; observar los preceptos del reglamento y acatar y cumplir las órdenes e instrucciones que de modo particular les imparta el patrono a sus representantes, según el orden Jerárquico establecido”, que se ha logrado acreditar con los medios de prueba ya analizados, que la Empresa Mercantil MINERALES DE OCCIDENTE S.A., prohibía a sus empleados pedir dinero a los contratistas que realizaran trabajos relacionados a la empresa, acatamiento éste, que según lo probado, no obedeció el señor Carlos Porfirio Escoto Herrera, quién recibió dinero del señor Ricardo Portillo Guevara, supuestamente por haber sido adjudicatario de un Contrato con la empresa demandada; según el artículo antes mencionado en el numeral 3 establece: “Observar buenas costumbres y conducta ejemplar durante el servicio”, se debe saber que son buenas costumbres y conducta, por lo que se entiende por buena conducta las llegadas tempranos a la oficina, el cumplimiento del horario de trabajo, el cumplimiento de los trabajos y metas de la empresa mercantil, y por buenas costumbres los diferentes actos morales que se cumplen en forma normal dentro de la empresa mercantil, por lo tanto no caben las diferentes prebendas que pueda otorgar una persona natural o jurídica a un trabajador por los supuestos beneficios que pudiera recibir, éste es el acto que se desvalora y que no puede aceptarse como un acto de buenas costumbres de recibir sin motivo aparente una remuneración económica de una persona interesada en que las decisiones de la empresa mercantil le favorezcan; por lo que todo trabajador debe cumplir también con lo establecido en el numeral 13 del artículo 97 del Código del Trabajo que dice:“Cumplir las demás obligaciones que les impongan este código, las leyes y reglamentos de trabajo”, se ha acreditado que el señor Carlos Porfirio Escoto Herrera, no cumplió con el reglamento y disposiciones que se le impusieron en el contrato de trabajo, ya que como quedó demostrado el mismo le pidió al señor Ricardo Portillo Guevara, una cantidad de dinero que no estaba dentro de las solicitudes que el mismo podía realizar; también se regula a partir del artículo 87 del Código del Trabajo el reglamento de trabajo y establece que es el conjunto de normas obligatorias que determinan las condiciones a que debe sujetarse el patrono y sus trabajadores en la prestación del servicio, asimismo, se establece dentro de este capítulo V, que el reglamento de trabajo debe ser sometido para su aprobación por la Secretaría del Trabajo que es la encargada de realizarlo; el reglamento interno de la empresa en su artículo 64, literal “K” establece que son obligaciones del trabajador “Observar buenas costumbres y conducta ejemplar durante el servicio” y en el artículo 65 literal “D” establece las prohibiciones como ser “Realizar actos que estén reñidos con la ética, la moral y las buenas costumbres”, el cual no cabe dudas que una conducta prohibida y que lleva a la falta de ética, es solicitar a un Contratista el pago de una cantidad de dinero, en este caso requerido por el señor Carlos Porfirio Escoto Herrera, al contratista Ricardo Portillo Guevara, por un supuesto contrato otorgado a su favor; que en base al artículo 80 del Reglamento Interno de la empresa mercantil Minerales de Occidente, el estudio, clasificación y evaluación de las faltas estarán a cargo de Recursos Humanos y de todos los que tengan la calidad de representantes del empleador, durante la audiencia de descargo y el libramiento del oficio de despido, se observó que estuvo presente la jefe de personal o sus representantes, cumpliéndose por lo tanto con lo establecido en las leyes y reglamento interno de trabajo.- 4. La Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, en fecha once de septiembre de dos mil quince, dictó sentencia confirmando la proferida en primera instancia, sin costas; bajo el criterio que lo medular del asunto es determinar si efectivamente el actor cuando se desempeñó como empleado de la empresa demandada, actuó de manera incorrecta y en violación al reglamento interno de la empresa, al recibir una cantidad de dinero, en concepto de soborno, para agilizar la ejecución de un contrato ganado lícitamente y dentro de un proceso de licitación interno (en la empresa demandada); el argumento del actor, por medio de su apoderado procesal, es que nunca recibió el aludido soborno, sino un préstamo personal del señor Ricardo Portillo, en razón de una necesidad familiar, consecuentemente, el que la empresa le hubiere seguido procedimiento disciplinario y posteriormente despedirlo, le causa perjuicio, y es por lo que pide ser restituido en su empleo, debiéndosele pagar los salarios dejados de percibir, en concepto de daños y perjuicios; considera el demandante, que la sentencia mediante la cual se desestimó su pretensión, le causa perjuicio debido a que el A-quo valoró o dejó de valorar elementos de prueba que ratifican su pretensión, tal fue el caso de los testimonios de Javier Trigueros Saavedra y Ricardo Portillo Guevara, testigos que fueron tachados, sin embargo, se desestimó esa tacha; el sustento legal para tacharlos, fue que con respecto al señor Trigueros, hay enemistad manifiesta debido a que por una deposición del actor, rendida en un procedimiento disciplinario, fue despedido de la ahora empresa demandada, consecuentemente, considera, como un acto de venganza, servirle de testigo a la empresa para causarle perjuicio; igual postura mantiene el recurrente con la deposición del señor Portillo, debido a que tiene interés, al ser dueño de la empresa que ejecutó el contrato por el cual se supone recibió el soborno; de acuerdo a la legislación adjetiva civil, que como norma supletoria se utiliza en el proceso laboral, el sustento legal de las tachas opuestas por el actor, están en el artículo 312 numeral 1, literales “c” y “d”; ahora bien, no queda duda en cuanto a que el testimonio del señor Portillo Guevara no solo es idóneo, sino de vital importancia, tomando en consideración que solamente él puede establecer si el demandante en efecto le solicitó el pago de una determinada suma de dinero, para facilitar la ejecución de un contrato, o si le facilitó (el señor Portillo) al demandante, una determinada suma de dinero en concepto de préstamo, es decir, solo él puede ratificar una de las dos posturas que sostiene las partes en contienda; en ese sentido, cuando se analiza la deposición del señor Portillo Guevara, con indicación de fechas, dejó en claro que el actor le solicitó un porcentaje para agilizar la ejecución de un contrato que él (Portillo Guevara) lícitamente había obtenido para la realización de trabajos en beneficio de la empresa minera, estableciendo que la “negociación” celebrada entre ellos (Portillo y Escoto), concluyó en que el señor Portillo Guevara le entregaría la cantidad de doscientos mil lempiras (L.200,000.00), de los cuales fue claro y enfático, en que en un mismo día le entregó al señor Escoto, la cantidad de L.50,000.00 en efectivo, señalando una empresa despachadora de combustibles ubicada en la comunidad de Cucuyagua, Copán, como el lugar donde personalmente le hizo entrega del efectivo, y que L.50,000.00 más, se los depositó en una cuenta de ahorro que el señor Escoto tenía aperturada en Banco Atlántida; lo referente al dinero entregado de manera personal y en efectivo, no hay nada que lo ratifique, más que el dicho del señor Portillo, pero respecto de depósito en una institución bancaria, se presentó como prueba el comprobante de depósito de fecha 19 de Julio de 2014, mismo que fue aceptado por el demandante, pero dijo, en calidad de préstamo, situación que negó el señor Portillo Guevara, en cuanto a que, nunca le ha prestado esa cantidad de dinero, sino que ratificó la postura que ese dinero, lo depositó debido a la exigencia planteada por el señor Escoto, para la ejecución de un contrato; respecto de la prueba documental y reconocimientos judiciales, mediante los cuales se acreditó que en la cuenta personal del señor Escoto, había depósitos hechos por otros contratistas que laboran para la empresa minera; el actor justificó que el dinero que le depositó en su cuenta el señor Portillo Guevara, es producto de un préstamo, y con el depósito realizado por el (demandante) en fecha 3 de marzo de 2015, acreditó el pago del mismo y por lo tanto, ratifica su postura; se debe decir, que aún y cuando existe el depósito de L.50,000.00 hecho por el demandante a favor del señor Portillo Guevara, en nada demerita la deposición vertida por Ricardo Portillo, en cuanto a que, nunca le hizo un préstamo al señor Escoto; ese comprobante de depósito, por si solo no ratifica el alegato del actor, más, cuando ese depósito se hizo días antes de promoverse la demanda; necesariamente, debía el demandante, probar documentalmente, que el dinero depositado por el señor Portillo Guevara, en una cuenta personal suya, era producto de un préstamo, y eso ocurre solo con documentos, como ser un pagare, un recibo, o, un simple documento privado, donde conste efectivamente, que el señor Portillo Guevara, se comprometió a prestarle los L.50,000.00 que posteriormente depósito al señor Escoto, porque su dicho (del actor), y el comprobante al que hace alusión (folio 38), en nada abona a su causa (del demandante), consecuentemente, el Juez, al restarle valor probatorio y no tener por acreditado el “préstamo” que se dice le hizo el señor Portillo al demandante, esta justificado, debido a que no hay sustento probatorio que refuerce ese argumento del actor, y esto sí era su obligación probarlo; habiéndose denunciado un posible acto indebido del trabajador Carlos Porfirio Escoto, la empresa minera, decide iniciar un procedimiento disciplinario de conformidad a lo que regula el reglamento del trabajo, para lo cual fue llamado a la respectiva audiencia de descargo (folio 256 y siguientes), donde se arguyó de parte del ahora demandante, que era una intriga del señor Trigueros, y que la cantidad de dinero recibida por parte del señor Ricardo Portillo Guevara, era en concepto de préstamo, sin presentar prueba al respecto, al igual que aconteció en el presente juicio; esa audiencia se celebró ante la presencia de testigos y la encargada del departamento de recursos humanos de la empresa demandada, tal y como lo manda el reglamento, al final de esta audiencia, la empresa demandada en base al artículo 80 de dicho reglamento, consideró que el trabajador, había incurrido en una falta muy grave, fundamentándose en el artículo 81 numerales 2 y 10 del citado reglamento, que considera como faltas muy graves, la falta de honradez y rectitud y el aceptar comisiones, compensación o incentivos de parte de sujetos (naturales o jurídicos) con actividades propias de la empresa, por lo que, en aplicación del artículo 99 numeral 11 del Reglamento Interno, se procedió a dar por finalizada la relación laboral; con lo anterior, se concluye que de acuerdo al reglamento interno de trabajo de la institución demandada, al ser considerado el proceder del trabajador como falta grave, tiene como sanción el despido, relacionado esto, con lo establecido en el artículo 112 literal “l” del Código del Trabajo; en consecuencia, y en razón de toda la prueba aportada, evacuada y analizada, se arriba a la conclusión que la decisión de la empresa Minerales de Occidente, de despedir a Carlos Porfirio Escoto fue correcta y legal al tenor de lo que establecen tanto el reglamento interno de trabajo de dicha institución, como el Código del Trabajo, por lo tanto, sin responsabilidad alguna para la institución demandada, debiéndose entonces, confirmar la sentencia dictada por el a quo.- 5. Mediante auto de fecha dieciséis de octubre de dos mil quince, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado DENIS MAURICIO CORDOVA PINEDA, en su condición de representante procesal del señor CARLOS PORFIRIO ESCOTO HERRERA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de la Sección Judicial de Santa Rosa de Copán, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintiséis de noviembre de dos mil quince, compareció ante este Tribunal el Abogado DENIS MAURICIO CORDOVA PINEDA, en su condición de representante procesal del señor CARLOS PORFIRIO ESCOTO HERRERA, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación y nulidad subsidiaria, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha catorce de diciembre de dos mil quince, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado NELSON OVIDIO LARA ERAZO, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado DENIS MAURICIO CORDOVA PINEDA, en el primer motivo de casación alega: “Ser la sentencia violatoria de Ley la sustantiva de orden nacional por Infracción Indirecta, al artículo 113 del Código del Trabajo, en relación al articulo 129 de la Constitución de la República, por error de Hecho, derivado de la apreciación Errónea del medio de Prueba Documental Documento consistente en Copia de Deposito debidamente autenticado, el cual realizó mi representado Carlos Porfirio Escoto Herrera a favor del señor Ricardo Portillo Guevara, en pago a préstamo realizado por el señor Portillo Guevara, contenido en folio Treinta y ocho (38) de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: este motivo de casación está comprendido en el numeral primero, párrafo Segundo, del artículo 765 del Código de Trabajo. EXPLICACION DE LA VIOLACION. Conforme a la doctrina y jurisprudencia en materia laboral, para que se configure la infracción de Ley por error de hecho en la apreciación de las pruebas, son necesarios los siguientes requisitos: Debe existir una mala apreciación, o una falta apreciación de la prueba, es decir respecto a la prueba considerada en si misma y no con relación a las normas legales que regulan la prueba de que se trata, pues en este ultimo caso se estará frente a una cuestión diferente, ese error de hecho de generar como consecuencia obligada y necesaria la violación de la Ley sustantiva y el error de hecho expresado debe ser manifiesto, o sea, que aparezca en pugna con la evidencia demostrada por la prueba en que se trate, como ocurría si en la sentencia se admite por probado el hecho que realmente no esta demostrado, o al contrario, se da por no probado el hecho que si esta demostrado plenamente en el juicio, El articulo 113 del código del trabajo, expresa que: La Terminación del contrato de trabajo conforme a una de las causas enumeradas en el articulo anterior, surte efecto desde que el patrono la comunica al trabajador, pero este goza el derecho de emplazarlo ante los tribunales del trabajo, antes de que transcurra el termino de prescripción, con el objeto que le pruebe la justa causa en que se fundo el despido, Si el patrono no comprueba dicha causa debe pagar al trabajador las indemnizaciones que según este código le puedan corresponder, y a titulo de daños y Perjuicios los salarios que habría dejado de percibir desde la terminación del contrato de trabajo, hasta la fecha en que con sujeción a la norma procesal quede firme la sentencia condenatoria respectiva, el articulo trascrito anteriormente fue violado por la apreciación errónea de la prueba Documental propuesto por mi parte en representación de la parte actora, ya que el error de hecho de Errónea apreciación de la misma, folio Treinta y ocho (38) de la primera pieza de autos ha tenido como consecuencia obligada la violación de la Ley sustantiva contenida en el articulo 113 del código del trabajo, al no ser apreciadas correctamente se altero el sentido de la sentencia pues se trata de pruebas esenciales que determinan en forma definitiva la decisión de la Litis y no de simples pruebas secundarias, Ya que con el referido medio de prueba se probo el pago de la cantidad de Cincuenta Mil Lempiras (L. 50,000.00), expresando la Corte de apelaciones en el numeral tercero de los fundamentos de Derechos de la sentencia recurrida que no hace prueba en favor de mi representado en virtud de no haberse acreditado que fuera un préstamo, ni tampoco desvirtuó la declaración del testigo Ricardo Portillo Guevara, lo cual es totalmente falso y alejado de toda lógica que mi representado le deposite una alta cantidad de dinero al señor Portillo Guevara únicamente por que le place o se le antoja hacerlo, realizándolo en virtud de existir una obligación entre ambos .”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) que la norma citada si bien es cierto forma parte del cuerpo de las normas sustantivas de índole laboral, la misma cuenta con párrafos y numerales, los cuales hacen referencia a distintas situaciones jurídicas que el Impetrante debió indicar para claridad del cargo; b) no señala normas procesales; y, c) en su formulación señala que el error de hecho proviene por la apreciación errónea de un documento singularizado, pero en la explicación adiciona otra prueba, que es la testifical, lo cual se traduce en falta de precisión, aparte de que ese tipo de material probatorio, no puede ser objeto de ataque en este extraordinario recurso, por no ser reglado y quedar a la libre formación del convencimiento del juzgador.- IV. Que el Recurrente formula un segundo motivo de casación invocando lo siguiente: “Ser la sentencia violatoria de Ley la sustantiva de orden nacional por Infracción Indirecta, al artículo 113 del Código del Trabajo, en relación al artículo 129 de la Constitución de la República, por error de Hecho, derivado de la Errónea apreciación del medio de Prueba denominado Interrogatorio de Testigos propuesto por la parte Demandada, consistente en la declaración del Testigo Ricardo Portillo Guevara. PRECEPTO AUTORIZANTE: este motivo de casación está comprendido en el numeral primero, párrafo Segundo, del artículo 765 del Código de Trabajo. EXPLICACION DE LA VIOLACION. Consideramos que ha existido la violación de la Ley sustantiva contenida en el articulo 113 del código del trabajo, en virtud de la Errónea apreciación del medio de Prueba denominado Interrogatorio de Testigos propuesto por la parte Demandada, consistente en la declaración del Testigo Ricardo Portillo Guevara, en virtud de no ser un testigo idóneo a razón de ser contratista de la compañía demandada, además de un listado de contradicciones en su deposición como ser: afirmar ser dueño de la compañía constructora por la cual supuestamente mi representado solicito una cantidad de dinero, estando acreditado con el medio de prueba documental numero cinco propuesto de nuestra parte consistente en Copia de contrato denominado FAS5-016-2 de fecha Dieciocho de Febrero del Dos Mil Catorce, que quien comparece firmando dicho contrato es una persona distinta del Testigo Ricardo Portillo Guevara. también no sabia el costo total del contrato, ni la fecha en que se firmo el contrato, ni tampoco cuando se iniciaron los trabajos del contrato, manifestando que en febrero del 2014 que gano la licitación del Contrato de Trabajo mi representado le pidió el dinero por la ejecución del contrato, lo cual es totalmente contradictorio puesto que el préstamo que le otorgo a mi representado fue en fecha 19 de Julio del 2014, también expreso que el dinero que le entrego a mi representado fue por ser favorecido en la licitación de un contrato, lo cual es falso por que ha quedado demostrado que el señor Carlos Escoto no estaba autorizado para el otorgamiento de ningún tipo de contrato, manifestó contradictoriamente que es el dueño de la empresa Tegsa, pero que a la vez tiene socio, lo cual en ningún momento fue acreditado por la parte demandada, con la documentación respectiva tanto su calidad de propietario como de socio de la empresa.”.- V. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) al igual que el motivo anterior hace relación al artículo 113 del Código de Trabajo sin precisar a qué párrafo o numeral de los que contiene dicha disposición, realiza su ataque; b) no señala las reglas procesales que sirvieron de medio para la infracción de la norma sustantiva; c) la prueba que singulariza es la prueba denominada interrogatorio de testigos, la cual tiene vedado valorar éste Tribunal en este extraordinario medio de impugnación; y, d) en el desarrollo del cargo formula alegatos de instancia.- VI. Que el Censor, en el tercer motivo de casación alega: “Ser la sentencia violatoria de Ley la sustantiva de orden nacional por Infracción Indirecta, al artículo 113 del Código del Trabajo, en relación al artículo 129 de la Constitución de la República, por error de Hecho, derivado de la Falta de apreciación del medio denominado Documentos Privados los cuales obran a folios del 8 al 11 de la primera pieza de autos. PRECEPTO AUTORIZANTE: este motivo de casación está comprendido en el numeral primero, párrafo Segundo, del artículo 765 del Código de Trabajo. EXPLICACION DE LA VIOLACION. Consideramos que ha existido la violación de la Ley sustantiva contenida en el artículo 113 del código del trabajo, en relación al artículo 129 de la Constitución de la República, por error de Hecho, derivado de la Falta de apreciación del medio denominado Documentos Privados los cuales obran a folios del 8 al 11 de la primera pieza de autos, consistente en Manual de Procedimientos de contratación de la empresa Minerales de Occidente S.A, y Niveles de Autorización de acuerdos y contratos de la empresa demandada, quienes son los únicos que pueden autorizar adjudicación de contratos, con las cuales se acredito las funciones del departamento de Logística del cual mi representado era el jefe, donde se corrobora que dentro de su funciones no está incluidos el otorgar o adjudicar contratos y por tanto no estaba en la posición de pedir soborno a ningún contratista.”.- VII. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) al igual que el motivo anterior hace relación al artículo 113 del Código de Trabajo sin indicar a qué párrafo o numeral realiza su ataque; y, b) no señala las reglas procesales que sirvieron de medio para la infracción de la norma sustantiva invocada como infringida.- VIII. Que el Censor alega nulidad subsidiaria: “Conforme al artículo 701 numeral 1 del Código Procesal Civil, supletorio del Código del Trabajo, que señala la facultad que tienen los Tribunales al conocer por la vía de Apelación o Casación, para decidir en relación con los pronunciamientos que se hayan recurridos por la partes, estando vinculados por los motivos alegados por el recurrente y en su caso, por la cuestión de Derecho a que se refiera la impugnación, se alega de forma subsidiaria LA NULIDAD DE LA SENTENCIA RECURRIDA, por los motivos siguientes: 1. La sentencia recurrida, de fecha Once de Septiembre del año Dos Mil Quince, en su parte Resolutiva omite expresar a las partes al momento de ser notificada, si la Resolución tiene carácter de Firme o si cabe algún recurso contra ella, así mismo elude expresar, el recurso que procede, y del órgano ante el que se debe interponer y del plazo para recurrir, lo anterior en estricto cumplimiento de lo señalado en el articulo 197 numeral 2 del Código Procesal Civil, Mandando únicamente el Tribunal Ad Quem que el caso de no interponerse recurso alguno con las certificación de estilo se devuelvan las actuaciones al Órgano jurisdiccional para los propósitos resultantes, por tanto al haberse resuelto de tal manera se Violento la garantía del debido proceso y el derecho de Defensa, consagrados ambos en nuestra Constitución de la República. 2- Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe, cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen, tal como lo establece el Artículo 701.3 del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, cuando se refiere que “el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieran denunciado por el recurrente”. 3 - Acompaño al presente Escrito de formalización de Casación, Sentencia dictada por Vos Honorable Suprema de Justicia en fecha Uno de Septiembre del corriente Dos Mil Quince, en el expediente numero CL. 249-14, para efectos Jurisprudenciales respecto a la Nulidad promovida.”.- IX. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; en el presente asunto no se observa que en la sentencia recurrida se haya violado el derecho de defensa o debido proceso, a razón de que se han considerado todas las pretensiones oportunamente deducidas y que el Impetrante tuvo la oportunidad procesal de recurrir, tal como lo hizo al interponer y formalizar este recurso, resultando por ello inestimable la nulidad alegada de forma subsidiaria.- X. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos de casación y sin lugar la nulidad alegada de forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad alegada de forma subsidiaria; 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los ocho días del mes de marzo del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 465-15.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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