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Sentencia CL-455-15 — Registro 6746

Resumen

Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales,

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) señala como violado, el artículo 46 literal b) del código del Trabajo, disposición que no ostenta el carácter sustantivo a que hace alusión el artículo 769 numeral 5) literal a) del referido Código; b) alega el recurso interpuesto por ambas vías (infracción directa e indirecta), las que hacen referencia a distintas causales de casación; c) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del numeral primero del artículo 765 del Código del Trabajo; y, d) realiza extensos alegatos de propios de instancia"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 770 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: De la sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintiuno de febrero de dos mil diecisiete.- VISTO Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha seis de noviembre del dos mil quince, por el Abogado JAVIER GEOVANNY MATEO VILLALTA, mayor de edad, casado, hondureño y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; en relación a la demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha seis de junio del año dos mil once, por la señora ROSA ARGENTINA ALVAREZ CHAVEZ, mayor de edad, soltera, hondureña, con domicilio en la Colonia El Sitio de la Ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal la Procuradora General de la República Abogada ETHEL DERAS ENAMORADO, quien es mayor de edad, casada, hondureña y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha catorce de abril de dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, que falló confirmando la sentencia de fecha dieciocho de junio del año dos mil quince, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, misma que: “declara CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, salarios adeudados y Salarios Dejados de Percibir; instaurada por la Señora ROSA ARGENTINA ALVAREZ CHAVEZ; contra EL ESTADO DE HONDURAS, por intermedio de su Representante Legal señora Procuradora General de la República Abogada ETHELDERAS ENAMORADO; II.- Condenar: AL ESTADO DE HONDURAS, a pagar a la Señora ROSA ARGENTINA ALVAREZ CHAVEZ la suma de SETENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON SEIS CENTAVOS; (Lps. 70,780.06) por los conceptos de: Preaviso Lps. 12,833.32; Auxilio de Cesantía Lps. 25,666.64; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps. 6,112.98; Vacaciones Lps. 4,277.80; Vacaciones Proporcionales Lps. 4,076.74; Aguinaldo Proporcional Lps. 885.48; Décimo Cuarto Mes Proporcional Lps. 3,635.43; Salario adeudado Lps. 13,291.67; más a titulo de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que cause ejecutoria la sentencia. III.- SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante manifestó en el escrito de su acción, que laboró para la Secretaría de Estado en el Despacho de Salud a partir del 16 de marzo del año 2006, desempeñándose como secretaria en la Dirección de Docencia e Investigación del Instituto Nacional Cardiopulmonar, devengando un salario mensual de L. 5,500.00, esto hasta el 28 de febrero del año 2011, debido a que en esta última fecha, recibió la circular No. 042-11, en la cual el Doctor René Francisco Cubas, Director Ejecutivo del Instituto Nacional Cardiopulmonar, le manifestó la cancelación de su puesto de trabajo por razones presupuestarias, efectivo a partir del 31 de enero del año 2011, por otra parte también manifestó que hasta la fecha aún no le pagan los salarios desde diciembre del 2010 hasta febrero del 2011.- 2. La parte demandada, el Estado de Honduras, por actuaciones realizadas por la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, contestó dicha demanda señalando que sus pretensiones son improcedentes, ya que no tiene derecho al pago de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales, pues a esta no se le ha despedido, sino que el Contrato de Servicios Profesionales, mediante el cual se regia la relación laboral entre las partes era por tiempo definido y al llegar el acaecimiento de la fecha de finalización del mismo, ambas partes quedan liberadas de responsabilidad, por lo que se entiende que este no fue despedida. Por otra parte el contrato de servicios profesionales celebrado entre las partes, establecía que los conflictos que surjan del mismo deberán dirimirse ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha dieciocho de junio del año dos mil quince, dictó sentencia declarando CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales, condenó al ESTADO DE HONDURAS, a pagar a la demandante la cantidad de L. 70,780.06 por los conceptos de: Preaviso Lps. 12,833.32; Auxilio de Cesantía Lps. 25,666.64; Auxilio de Cesantía Proporcional Lps. 6,112.98; Vacaciones Lps. 4,277.80; Vacaciones Proporcionales Lps. 4,076.74; Aguinaldo Proporcional Lps. 885.48; Décimo Cuarto Mes Proporcional Lps. 3,635.43; Salario adeudado Lps. 13,291.67; Más a titulo de daños y perjuicios el pago de los salarios dejados de percibir desde la fecha del despido hasta que cause ejecutoria la sentencia, sin costas, bajo el criterio que; si bien nos encontramos con un Contrato por Tiempo determinado, cuya terminación ya estaba establecida en su texto y aceptada por las partes, de acuerdo a la Constitución de la República y el Código del Trabajo son nulos ipso jure de pleno derecho. Por otra parte el artículo 47 del Código del Trabajo nuestra Legislación Laboral señala que los contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen a la materia de trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de obras iguales o análogas; y que si antes de transcurrido un año se celebra nuevo contrato de trabajo entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse este por tiempo indefinido, por lo que habiendo quedado acreditado que existió una relación laboral continua e ininterrumpida entre la señora Rosa Argentina Álvarez Chávez y la Institución demandada; y siendo que con el Oficio, Circular N° 042- 11 de fecha 16 de febrero del 2011, en donde claramente se establece la finalización de su relación laboral en fecha 31 de enero de 2011 y de la simple lectura de la misma se aprecia que en su contexto no se le señala ninguna causal de las establecidas en el artículo 112 del Código del Trabajo es preciso recordar que ningún trabajador puede ser despedido, si no, por causas justas de separación enumeradas en el precitado artículo, solo se limitan a manifestar que por razones presupuestarias no se ha realizado la recontratación del personal bajo la modalidad de contrato la causal invocada por la demandada no constituye motivo legal para dar por terminado el contrato de trabajo de manera unilateral, y al operarse en estas condiciones resulta ilegal e injustificado el mismo, acción que violenta el derecho al trabajo y la estabilidad laboral de los trabajadores establecidos en el Código de Trabajo y Normas Internas e Internacionales.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de esta sección judicial, en fecha catorce de abril de dos mil quince, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que analizados los contratos de servicios profesionales y técnicos celebrados por la Demandante con la parte Demandada para laborar como Secretaria, no era procedente celebrar éste tipo de contratos con éste personal, pues reiteradamente se ha establecido, que los contratos de servicios profesionales se celebran con profesionales o técnicos y el puesto de Secretaria no se enmarca dentro de éstos, además aunque se haya establecido en dichos contratos que están regidos por las disposiciones del derecho administrativo, tal cláusula no es aplicable, pues la Demandante no es profesional ni mucho menos técnica y por otra parte, claramente se puede ver que la relación laboral que sostenía la demandante con la Secretaría de Salud reúne los tres elementos esenciales para que exista contrato de trabajo regido por él Código del Trabajo, es decir un salario como retribución de su servicio, el trabajo realizado personalmente y la subordinación; también se pudo establecer que la Demandante fue despedida por razones presupuestarias, causal que no acreditó la parte demandada, por lo que es procedente declarar con lugar la demanda de que se ha hecho mérito.- 5. Mediante auto de fecha trece de octubre del dos mil quince, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado JAVIER GEOVANNY MATEO VILLALTA, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha seis de noviembre del dos mil quince, compareció ante éste Tribunal al Abogado JAVIER GEOVANNY MATEO VILLALTA, en su condición de representante procesal del ESTADO HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha seis de noviembre del año dos mil quince, se tuvo por devuelto el traslado conferido a el Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha uno de diciembre del año dos mil quince, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado MARCO ANTONIO SANCHEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el Abogado JAVIER GEOVANNY MATEO VILLALTA, en el único motivo de casación alega: “Infracción indirecta y directa del artículo 46 literal b) del Código del Trabajo; en relación con los Artículos 1348 del Código Civil ; 67, 79, del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República para el Ejercicio Fiscal del año_2010, contenido en el Decreto 16-2010, articulo 121 de la Ley de Contratación del Estado. PRECEPTO AUTORIZANTE CON RESPECTO AL UNICO MOTIVO: Autoriza este motivo de casación el artículo 765 numeral uno del Código del Trabajo. CONCEPTO DE LA INFRACCION. Acuso la sentencia recurrida de ser violatoria de l3 ley sustantiva de orden nacional por infracción directa del articulo 46 literal b) del Código Laboral que establece: “El Contrato Individual de trabajo puede ser: a)....b) Por tiempo limitado, cuando se especifica fecha para su terminación o cuando se ha previsto su acaecimiento...; por otro lado nuestro Código Civil en su artículo 1348 prescribe: “Las Obligaciones que nacen de los Contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes y deben cumplirse al tenor de los mismos”, a tal efecto en el presente caso, el demandante únicamente sostuvo con mi representado el Estado de Honduras, una relación de prestación de servicio temporal por tiempo determinado bajo la modalidad de Contrato de Servicio Profesionales y Técnicos es decir que se constituyó en un acto cuyo alcance regulaba las obligaciones entre las partes contratantes, circunscribiéndose las mismas únicamente en cuanto a las obligaciones contempladas en el indicado Contrato, pero fuera de los alcances de una relación de trabajo permanente, y por esa razón ambas partes se sometieron únicamente a la normativa de dicha contratación ,en el entendido que la demandante era un empleado temporal y que consecuentemente mi representado, no tenía más obligaciones de las que se generaron de dichos contratos; los que están regulados por el Código Civil de Honduras, en tal sentido no corresponde a la jurisdicción laboral el conocimiento de la Prestación de Servicio de la demandante en vista que, NO ESTA SOMETIDO al Régimen Ordinario Laboral. Asimismo hay infracción directa al artículo 121 de la Ley de Contratación del Estado, el cual establece la Modificación de los Contratos. La administración puede modificar por razón de interés público, los contratos celebrados y acordar su resolución dentro de los límites y con sanción a los requisitos y efectos señalados en la presente Ley y sus normas Reglamentarias. La Contratación de la demandante bajo la modalidad de Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos fue por tiempo limitado y determinado, apegado a las disposiciones del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, creado mediante Decreto Ejecutivo, por ende tienen carácter de Ley; de igual manera en la sentencia dictada en primera instancia, el sentenciador aprecia, y motiva su fallo en el Considerando No.8 en que el demandado ha aportado al proceso que se trata de Contratos por tiempo Determinado, cuya terminación ya está establecida en su texto y aceptada por las partes, a través de la cual se contrató a la trabajadora ROSA ARGENTINA ALVAREZ CHÁVEZ como empleada de servicio público, no como trabajador de empresa particular, por tiempo temporal, sin embargo la Justicia juzgadora lo establece en este mismo considerando que de conformidad con lo señalado con la Constitución de la República y Código del Trabajo, son nulos ipso jure todos los actos y estipulaciones que implique renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el Código del Trabajo, sus Reglamentos o las demás Leyes de Trabajo y Previsión Social otorguen a los trabajadores, aunque se exprese en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera. El régimen público es separado del régimen privado en materia laboral. Los contratos que celebra el Estado con un empleado son de orden público y se subsumen bajo la normativa Contenciosa Administrativa, Ley de Servicio Civil, y Ley de Contratación del Estado que no tiene fines de lucro sino de servicio público. El juzgador también motiva la sentencia expresando en el considerando número 9.- Que el artículo 47 de nuestra Legislación Laboral señala; los Contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se consideraran como celebrados por tiempo indefinido, aunque en ellos se exprese termino de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsiste la causa que le dio origen a la materia del trabajo para la prestación de servicios o la ejecución de abras iguales o análogas. Y en el considerando numero 10 expresa. Que si antes e transcurrió un año se celebra nuevo contrato de trabajo entre las mismas partes contratantes y para la misma clase de trabajo, deberá entenderse este por tiempo indefinido, sin que tenga lugar en este caso el periodo de prueba. Por las razones 2interiormente expuestas y las pruebas alegadas al juicio, la justicia llego al firme convencimiento que la demandante fue objeto de un despido injusto e ilegal ya que se violentaron los derechos consagrados en la Constitución del República como es el derecho al trabajo y a la estabilidad Laboral igual manera los artículos 112 y 117 del código del trabajo por lo que es procedente declarar CON LUGAR la demanda de que se ha hecho mérito. Disposiciones propias de la normativa entre el patrono y el trabajador, ambos tienen por formalizar, tener ganancia es decir lucro. No aprecio el Juzgador que la demandante era contratada bajo la modalidad de Contrato de Servicios Profesionales y Técnicos, él que además era eventual y por tiempo limitado de conformidad con el articulo 46 literal b) del Código del Trabajo, en relación con los artículos 1348 Código Civil; y no valoro tampoco lo establecido en el transcurso del juicio, en relación que los Contratos de Servicios tanto personales como profesionales suscritos con el demandante, regulados por el Código Civil y el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, en este caso para el Ejercicio Fiscal de los años 2006,2007,2008,2009,2010, 2011, contenidos en las Publicaciones del Diario Oficial La Gaceta de fecha 15 de mayo de 2006, que contiene el Decreto 33-2006, Gaceta No. de fecha 30 de diciembre del 2006, con el Decreto No. 195-2007, articulo 29; Gaceta de fecha 19 de abril del 2008, con el Decreto No. 27-2008 artículo 82 y 86; párrafo 5to, Gaceta de fecha 27 de julio del año 2009, con el decreto No. 157-2009, Gaceta de fecha 13 de abril del año 2010, con el decreto No. 16-2010, Gaceta de fecha 28 de marzo de 2010, todos contentivos del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República, para el Ejercicio Fiscal del año 2006, 2007 ,2008, 2009, 2010, 2011 ,presentado por el Poder Ejecutivo, se puede constatar la existencia de los artículos 29, 82, 86,, respectivamente, no obstante que en todos se establece que “La contratación de personal con cargo al Objeto Especifico del Gasto, 12100 Sueldos Básicos (Personal NO permanente) se debe realizar en casos excepcionales bajo la responsabilidad del Titular de cada institución y/o Secretario de Estado correspondiente, siempre y cuando el personal a contratar figure en el Plan Operativo Anual (POA), que está contenido en el presupuesto aprobado y exista disponibilidad presupuestaria, sujetándose a la asignación aprobada en el presupuesto, y solamente en casos excepcionales y debidamente justificados ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, se permitirá la ampliación para este objeto exclusivamente con financiamiento dentro del mismo grupo de Servicios Personales. Asimismo, se puede constatar en esta normativa, que este tipo de contrataciones se legaliza mediante Acuerdo Interno de aprobación de cada institución o Secretaría de Estado, los que previa a la suscripción de este tipo de contrato deben solicitar estos recursos como parte de la asignación de la cuota presupuestaria trimestral, en tal sentido estos contratos no pueden tener una vigencia más allá de cada Ejercicio Fiscal, y no se considera al personal contratado bajo esta modalidad como empleado permanente; y sin derecho a las prestaciones que tienen los obreros de las empresas privadas, y su efectividad se computa desde la fecha en que este personal toma posesión del cargo. Por eso Queda terminantemente prohibido nombrar personal no permanente, cuando en el Anexo Desglosado de Sueldos y Salarios Básicos de las Secretarías de Estado, no exista puesto aprobado para el desempeño de las funciones, objeto del contrato; nos encontramos entonces frente a una acción Ultra petita y Extra petita por parte del Juzgador pues concede al demandante derechos y beneficios que no tiene, dejando de un lado el principio legal que debe sujetarse todo contrato de orden público a las disposiciones presupuestarias, las que prohíben realizar compromisos o efectuar pago alguno fuera de las asignaciones notadas en el presupuesto de cada periodo fiscal en contravención de las normas presupuestarias; en ese orden de ideas y conforme a la Doctrina de la definición de Ultra petita es un expresión latina, que significa “más allá de lo pedido”, que se utiliza en el derecho para señalar la situación en la que una resolución judicial concede más de lo pedido por una de las partes, y Extra petita que es también una expresión latina, que significa “por fuera de lo pedido”, que se utiliza en el derecho para señalar la situación en la que una resolución judicial concede derechos que no fueron pedidos por una de las partes, y que según nuestro sistema procesal “El principio dispositivo es aquel en el que se asigna a las partes, y no al Juez, la iniciativa del proceso, el ejercicio y el poder de renunciar a los actos del proceso, en cambio el principio Inquisitivo, es otorgado al órgano jurisdiccional quien debe actuar por sí investigando los hecho probados, en consecuencia este fallo se ha convertido en extra petita cuando concede pretensiones o derechos que no forman parte del petitorio de la demanda, es decir, ocurre cuando la sentencia rebasa el marco de la demanda en términos cualitativos, “ Cuando la condena le impone al demandado una prestación que no había pedido el demandante, otorgada por el Juez en la sentencia condenatoria, recayendo el fallo extra petita el exceso sobre un objeto no contemplado en la demanda; adicionalmente a los motivos de incongruencia hasta ahora explicados se encuentra el consistente en que no puede proferirse sentencia “por causa diferente a la invocada en ésta”, o sea en la demanda” decisión que no puede ser aumentada ya que, de lo contrario, sería “superar el ejercicio de la facultad, llevarla más allá de donde la ejercitó el A quo y esto no le está permitido, ni tampoco agravarla en vigencia del principio procesal de la no reformatio in pejus, garantía constitucional que hace parte del derecho fundamental al debido proceso. Por lo anteriormente expuesto, pido CASAR la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de este Departamento en fecha Veintiuno (21) de Agosto del año dos mil quince, y consecuentemente revocar la sentencia de fecha 18 de junio del 2015, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán de la Demanda Ordinaria Laboral y dicte la sentencia en casación conforme a lo que haya lugar.”.- III.Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) señala como violado, el artículo 46 literal b) del código del Trabajo, disposición que no ostenta el carácter sustantivo a que hace alusión el artículo 769 numeral 5) literal a) del referido Código; b) alega el recurso interpuesto por ambas vías (infracción directa e indirecta), las que hacen referencia a distintas causales de casación; c) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del numeral primero del artículo 765 del Código del Trabajo; y, d) realiza extensos alegatos de propios de instancia.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CACERES CASTELLANOS FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los catorce días del mes de marzo del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 455-15.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO.

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