Sentencia CL-43-16 — Registro 6719
Resumen
Segunda instancia reformó declarando sin lugar la demanda ordinaria laboral para el reconocimiento y pago de salario laborado en tiempo extraordinario, recargos por trabajo realizado en periodo nocturno.- pago de prestaciones laborales, demás indemnizaciones legales y sociales.- salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme la sentencia condenatoria y costas personales y judiciales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 6 de enero del 2016, reformó el fallo definitivo dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha 4 de noviembre del 2015, declarando por ello sin lugar la demanda en relación pago de las prestaciones e indemnizaciones sociales por despido, absuelve a la demandada en esos conceptos y fija la condena en derechos adquiridos en L.16,663.04, confirmando en sus demás extremos el fallo de primera instancia, sin costas; sin embargo, dicho órgano jurisdiccional se aleja de su deber de resolver el litigio en forma congruente, es decir conforme los hechos y pretensiones alegados por las partes, ya que el tema de que la relación laboral se encontraba regida por un contrato a término o tiempo definido, no aparece como una cuestión o extremo alegado por la parte demandada, la cual en el acápite de los hechos y razones en que se apoya la defensa contenidos en el escrito de contestación de la demanda, la misma se limitó a señalar que a los actores se les hizo entrega del preaviso ante la presencia de un inspector del trabajo, cumpliendo con los requisitos que manda la ley, en vista que la empresa a la cual le presta servicios de seguridad, por restructuración interna de ésta les quito turnos, teniendo que rescindir de su trabajo ya que no tenía plazas, siendo imposible para su representada ubicarlos; además, de no existir materia prima, por ende no es posible ubicarlos.- VIII.- Cabe recordar que sobre el tema del PREAVISO como causa de terminación de los contratos de trabajo que fuera establecida en el artículo 111 del Código del Trabajo, fue derogada por su reforma mediante el Decreto número 243 de fecha 18 de junio de 1975, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 21,647 del 25 de julio de 1975. Por lo cual en la sentencia emitida por este Tribunal en fecha 24 de mayo de 2016, en el expediente numero CL299-15 se dejo establecido el criterio jurisprudencial de que al suprimirse el preaviso como causa de terminación de la relación laboral, pero quedando vigentes las demás regulaciones contenidas en los artículos 116, 118 y 119 de dicho ordenamiento jurídico, las mismas tienen aplicabilidad únicamente para los efectos remuneratorios.-"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 116 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 118 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 119 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que el Ad quem debe observar el debido proceso, que incluye entre otros, motivar y explicar suficientemente sus resoluciones y por el deber de congruencia procesal resolver conforme a las pretensiones y hechos debatidos.- X. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XI. Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieran denunciado por el recurrente.- XII. Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho."
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 701, numeral 3 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., veintisiete de junio del dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en catorce de marzo del año dos mil dieciséis, por la Abogada GINA MARIA GALEAS AYALA, en su condición de representante procesal de CARLOS GEOVANNY MADRID, como parte recurrente; además, es parte recurrida NEGEV SECURITY S. DE R.L., representado en juicio por el Abogado HECTOR RENE MALDONADO R. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el reconocimiento y pago de salario laborado en tiempo extraordinario, recargos por trabajo realizado en periodo nocturno.- pago de prestaciones laborales, demás indemnizaciones legales y sociales.- salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios desde la fecha del despido hasta la fecha en que quede firme la sentencia condenatoria y costas personales y judiciales, promovida ante el Juzgado de Letras Seccional del Trabajo, Departamento de Cortes, en fecha tres de septiembre del año dos mil catorce por el señor JOSE LUIS BARRIENTOS MUNGUIA, JOSUE RODOLFO MEDINA CARVAJAL, LUIS ALFREDO ARGUETA CARABANTES, BENJAMIN RIVERA TORRES, JORGE ANTONIO RIVERA DURON, KENRICK ELMON STANLEY ROCHA, CARLOS GEOVANNY MADRID GUERRA, contra NEGEV SECURITY S. DE R.L, por medio de su Representante Legal, la señora MARIA JANNETE BUDDE VELASQUEZ. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha seis de enero del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, que falló REFORMANDO la sentencia de fecha cuatro de noviembre del año dos mil quince, proferida por el Juzgado de cuatro de noviembre del año dos mil quince, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando parcialmente CON LUGAR el recurso de apelación formulado por el Abogado HECTOR RENE MALDONADO, en su condición de representante procesal de la parte demandada, contra la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de la sección judicial de Puerto Cortés, departamento de Cortés, el cuatro (04) de noviembre del año dos mil quince (2015) en la Demanda Ordinaria Laboral promovida por el abogado MARIO CESAR MARTINEZ ORELLANA en representación, en su momento, del señor CARLOS GEOVANNY MADRID GUERRA, contra la sociedad mercantil denominada NEGEV SECURITY S. DE R. L. , a través de su gerente general y representante legal, señora MARNA JANNETTE BUDDE VELASQUEZ, en consecuencia se reforma la sentencia en el sentido de: 1.- DECLARAR SIN LUGAR la demanda para el pago de prestaciones e indemnizaciones sociales por despido, en consecuencia se absuelve a la demandada sociedad mercantil denominada NEGEV SECURITY S. DE R. 1., a través de su representante legal, en consecuencia se absuelve de toda responsabilidad económica laboral por los conceptos de auxilio de cesantía y salarios caídos; 2.- Establecer como cuantía de la condena la suma de DIECISEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON CUATRO CENTAVOS (L 16,663.04) conformada por los conceptos y cuantía fijados por el iudex a quo en concepto de derechos adquiridos.- SEGUNDO: CONFIRMANDO la sentencia apelada y relacionada anteriormente en sus demás extremos, es decir, declarando sin lugar la demanda para el pago de horas extras y recargo de horas de trabajo nocturno, la excepción perentoria de prescripción, la condena de pago en derechos adquiridos, sujeta a los términos fijados por este Tribunal y la exoneración de costas.- SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- En la presente caso, los demandantes llegaron a un acuerdo con la demandada y desistieron de la acción incoada, a excepción del señor Carlos Geovanny Madrid Guerra, quien si continuo con la misma y expresó en su escrito de demanda que laboró en la empresa demandada como oficial de seguridad, en la ciudad de Puerto Cortés, mediante contrato de trabajo por tiempo indefinido desde el 12 de Noviembre del año 2013, con un horario que de seis de la mañana a cinco de la tarde, y de cinco de la tarde a seis de la mañana, alternados cada tres días, devengaba un salario de L. 3,930.00., también manifestó el demandante que no les cancelaba Horas Extras y cuando este reclamo a la demandada que les hiciera efectivo el pago de las horas extras y los recargos por trabajo en tiempo nocturno sea este ordinario o extraordinario les notificaron en forma escrita su despido, en fecha veintiuno de Julio del año dos mil catorce. En la nota de despido se establecía que le otorgaban dos semanas de preaviso, iniciando el día 22 de Julio del año 2014, dicha notificación fue realizada por parte de la Licda. Patricia Aguilera, Gerente de Recursos Humanos; en vista de lo anterior, en fecha cinco de Agosto del año dos mil catorce el Abogado Mario Matías Galindo se presentó a la Procuraduría de Trabajo de la ciudad de Puerto Cortés a pagar los derechos adquiridos a los demandantes, los cuales fueron aceptados dejando claramente establecido que el valor que aparece en cada uno de los cheques de sus representados en concepto de pago de derechos adquiridos no corresponde al cálculo real.- 2.- La parte demandada, NEGEV SECURITY S. DE R.L., contestó dicha demanda señalando que a los demandantes se les hizo entrega del preaviso ante la presencia de un inspector del trabajo, en vista que la empresa demandada presta servicios de seguridad, por restructuración interna de ésta les quito turnos, teniendo que rescindir de su trabajo ya que no tenía plazas, siendo imposible para su representada ubicarlos, además de no existir materia prima, por ende no es posible ubicarlos.- 3.- El Juzgado de Letras Seccional del Trabajo, Departamento de Cortes, en fecha cuatro de noviembre del año dos mil quince, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por Carlos Geovanny Madrid Guerra, contra NEGEV SECURITY S. DE R.L; bajo el criterio que en el presente juicio, la causal invocada por la parte demandada no se encuentra establecida en el artículo 112 del Código del Trabajo, asimismo, la demandada no puede alegar válidamente que recorto la cantidad de personal contratado, pues es la misma demandada la que ha incorporado al proceso, prueba documental de prestarle servicios de seguridad a otras empresas, en la cuales pudo haber reubicado al demandante, por lo tanto se entiende que el despido es ilegal e injustificado. Y si bien la empresa demandada alega, que no le corresponde al demandante el pago de prestaciones laborales, pues fue contratado bajo la modalidad de contrato por tiempo determinado, argumento no atendible, ya que de acuerdo a lo establecido en el artículo 47 del Código del Trabajo establece, aquellos contratos relativos a labores que por su naturaleza sean permanentes o continuas en la empresa, se considerarán como celebrados por tiempo indefinido aunque en ellos se exprese término de duración, si al vencimiento de dichos contratos subsisten la causa que les dio origen, lo cual ha ocurrido en el presenta caso, en el que la plaza para la cual fue contratado el demandante es de carácter permanente, como ser la prestación de servicio de seguridad, que es el giro comercial de la empresa demandada, como anteriormente se ha relacionado. La Ley del Séptimo Día y Décimo Tercer Mes En Concepto de Aguinaldo en su artículo 1 establece el derecho del demandante a percibir el pago del décimo tercer mes de salario, asimismo la Ley De Reestructuración de Los Mecanismos de Ingresos y La Reducción Del Gasto Del Sector Público, El Fomento de La Producción y la Compensación Social en su artículo 34 establece como un derecho a todos los empleados y trabajadores el pago del décimo cuarto mes de salario, que en el presente caso, la empresa demandada no ha probado habérselos pagado al demandante, por lo que corresponde condenar al pago de los mismos.- 4.- La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, departamentos de Cortes, en fecha seis de enero del año dos mil dieciséis, dictó sentencia reformando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio que cuando de contratos a término o por tiempo definido se trata, se entiende por estos, aquellos en los que las partes han señalado su término desde la iniciación, bien se haya fijado cronológicamente o sometido a la conclusión de las tareas; en este tipo de contrataciones tiene que considerarse la naturaleza de las prestaciones así como la necesidad en que se encuentra la empresa de limitar en el tiempo la relación jurídica por razones de su propia y real conveniencia. En el asunto de mérito, es indudable que la contratación del demandante como oficial de seguridad fue de carácter excepcional, por cuanto en el contrato escrito se estableció periodo de tiempo durante el cual se desarrollaría la prestación de servicios (10 meses), con la salvedad que éste podría ampliarse o reducirse según los requerimientos de la empresa Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), entidad para con quien la demandada se obligó a prestar el servicio de seguridad en tanto se desarrollaba el proceso de transición con la Empresa Nacional Portuaria (ENP); es así que antes de que se cumpliera el plazo en referencia, el 22 de julio de 2014 la accionada comunicó al actor la finalización de su contrato de trabajo a partir del 01 de agosto de ese mismo año, en los mismos términos de un preaviso, lo cual es lógico porque la contratación concluye antes de que transcurrieran los diez meses de su vigencia, sin que ello conlleve responsabilidad económica alguna como en el caso del despido injustificado, puesto que la ampliación o reducción de dicho plazo estaba sujeto a los requerimientos de la OPC y pactado en el contrato; extremo éste que no permite considerar la naturaleza permanente de la labor en razón de la actividad misma de la demanda (servicios de seguridad), puesto que desde el inicio de la contratación se estimó la excepcionalidad de la misma; de ahí que es atendible la pretensión del recurrente a fin de obtener la reforma del fallo, pues su representada está exenta de responsabilidad alguna en cuanto a pago de prestaciones e indemnizaciones sociales se refiere. Por otra parte el pago de derechos adquiridos se refiere, es indudable que la demandada reconoció y efectuó el pago de los mismos, lo que se deduce del escrito de demanda en el que el actor reconoce que mediante cheque recibió de la accionada suma de dinero en dicho concepto, todo bajo protesto por considerar que la misma es mayor a la que se le hizo efectiva, lo que puede verificarse en el acta levantada por la autoridad administrativa del trabajo en fecha 05 de agosto de 2014, sin que pueda determinarse en autos cuanto fue la cantidad de dinero recibida, por consiguiente, en razón de los principios de equidad y justicia social, es procedente determinar cómo cuantía total en concepto de los derechos económicos en referencia la de L. 16,663.04., conformada por los conceptos y valores fijados, sin perjuicio de que la demandada acredite en el momento procesal oportuno, el valor o cantidad de dinero pagada a efecto de que se hagan las deducciones del caso, si así resultare de las operaciones aritméticas correspondientes.- 5.- Mediante auto de fecha cuatro de febrero del año dos mil dieciséis, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada GINA MARIA GALEAS AYALA, en su condición de representante procesal de CARLOS GEOVANNY MADRID, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortes, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a el recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6.- En fecha catorce de marzo del año dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal la Abogada GINA MARIA GALEAS AYALA, en su condición de representante procesal de CARLOS GEOVANNY MADRID, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha catorce de marzo del año dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha ocho de abril del año dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado HECTOR RENE MALDONADO R., en su condición de representante procesal de la parte recurrente, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II. Que el artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter"; además, se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI. Con base al principio del debido proceso que regula el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República y particularmente el Código Procesal Civil en su artículo 3, de aplicación supletoria conforme a lo previsto en el artículo 858 del Código del Trabajo, las partes tienen derecho a que el proceso se desarrolle por los trámites previstos legalmente, a que se respeten los derechos procesales establecidos en la Constitución de la República y en las Leyes ordinarias y a que se dicte por órgano jurisdiccional competente, independiente e imparcial, una resolución de fondo justa y motivada; todo ello conforme a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes y como antes se relaciona, mediante un procedimiento establecido con el fin de cumplir con el principio de legalidad procesal, de manera que la ejecución del acto procesal implique la mejor y más rápida consecución de los fines pretendidos por la Ley; en tal sentido, para determinar que se ha garantizado el debido proceso es indispensable analizar en la resolución que se revisa, el cumplimiento de los deberes de congruencia y motivación (el artículo 739 del Código del Trabajo, en su párrafo final, en cuanto a la libre formación del convencimiento del juzgador, obliga que en la parte motivada de la sentencia se indiquen los hechos y circunstancias que causaron la decisión) que además, fijan un límite a su poder discrecional.- VII.- Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 6 de enero del 2016, reformó el fallo definitivo dictado por el Juzgado de Letras del Trabajo de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, en fecha 4 de noviembre del 2015, declarando por ello sin lugar la demanda en relación pago de las prestaciones e indemnizaciones sociales por despido, absuelve a la demandada en esos conceptos y fija la condena en derechos adquiridos en L.16,663.04, confirmando en sus demás extremos el fallo de primera instancia, sin costas; sin embargo, dicho órgano jurisdiccional se aleja de su deber de resolver el litigio en forma congruente, es decir conforme los hechos y pretensiones alegados por las partes, ya que el tema de que la relación laboral se encontraba regida por un contrato a término o tiempo definido, no aparece como una cuestión o extremo alegado por la parte demandada, la cual en el acápite de los hechos y razones en que se apoya la defensa contenidos en el escrito de contestación de la demanda, la misma se limitó a señalar que a los actores se les hizo entrega del preaviso ante la presencia de un inspector del trabajo, cumpliendo con los requisitos que manda la ley, en vista que la empresa a la cual le presta servicios de seguridad, por restructuración interna de ésta les quito turnos, teniendo que rescindir de su trabajo ya que no tenía plazas, siendo imposible para su representada ubicarlos; además, de no existir materia prima, por ende no es posible ubicarlos.- VIII.- Cabe recordar que sobre el tema del PREAVISO como causa de terminación de los contratos de trabajo que fuera establecida en el artículo 111 del Código del Trabajo, fue derogada por su reforma mediante el Decreto número 243 de fecha 18 de junio de 1975, publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 21,647 del 25 de julio de 1975. Por lo cual en la sentencia emitida por este Tribunal en fecha 24 de mayo de 2016, en el expediente numero CL299-15 se dejo establecido el criterio jurisprudencial de que al suprimirse el preaviso como causa de terminación de la relación laboral, pero quedando vigentes las demás regulaciones contenidas en los artículos 116, 118 y 119 de dicho ordenamiento jurídico, las mismas tienen aplicabilidad únicamente para los efectos remuneratorios.- IX. Que el Ad quem debe observar el debido proceso, que incluye entre otros, motivar y explicar suficientemente sus resoluciones y por el deber de congruencia procesal resolver conforme a las pretensiones y hechos debatidos.- X. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- XI. Que conforme con el artículo 701 numeral 3) del Código Procesal Civil, de aplicación supletoria en materia laboral, dispone que el órgano judicial deberá entrar a conocer y resolver los defectos procesales apreciables de oficio aunque no se hubieran denunciado por el recurrente.- XII. Que por las razones y consideraciones jurídicas expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, a efecto de que el Tribunal de segunda instancia proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero 303, 304, 313 numeral 5), 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 111, 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo, ésta última disposición en relación al artículo 200, 207 numeral 1), 701 numeral 3) y 931 del Código Procesal Civil; 9 y 11 del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 6 de enero del 2016, visible a folios 14 al 22 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la infracción, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó el Magistrado MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los treinta y un días del mes de julio del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha veintisiete de junio de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 43-16.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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