Chilo Legal Biblioteca Consulta Legal
⚠️
Documento pendiente de verificación

Este texto aún no ha sido revisado por un curador; podría contener errores de transcripción.

Sentencia CL-421-15 — Registro 16181

Resumen

En segunda instancia confirmo con lugar en relación a la demanda ordinaria laboral para el Pago de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) alega tres formas distintas de violar la ley, tal es el caso de la infracción directa, aplicación indebida e interpretación errónea, causales que debió formular de forma separada por la independencia de los cargos; b) la norma que indica como violada (artículo 47 del Código de Trabajo) no ostenta el carácter de sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, c) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., dieciséis de enero de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha veintitrés de octubre del año dos mil quince, por el abogado OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ, hondureño, mayor de edad, soltero, abogado y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; en relación a la demanda ordinaria laboral para el Pago de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo, en fecha veinticuatro de abril del año dos mil catorce, por el señor MARCELO CRUZ, hondureño, mayor de edad, soltero, motorista, y de este domicilio, en contra del ESTADO DE HONDURAS, por actuaciones realizadas en la SECRETARIA DE SEGURIDAD, por medio de su representante legal, señor ABRAHAM ALVARENGA URBINA, hondureño, mayor de edad, abogado, casado y de este domicilio. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha diecinueve de agosto de dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, que falló confirmando la sentencia de fecha veintiocho de mayo del año dos mil quince, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, misma que Declaró “CON LUGAR” la Demanda Ordinaria Laboral promovida por MARCELO CRUZ en contra del ESTADO DE HONDURAS del representante legal el Señor Procurador General de la República Abogado ABRAHAM ALVARENGA URBINA. 2) CONDENA al ESTADO DE HONDURAS pagar al demandante MARCELO CRUZ la cantidad de CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO LEMPIRAS CON VEINTINUEVE LEMPIRAS (L. 59,918.29) por los conceptos siguientes: PREAVISO L. 10,215.34, AUXIXILIO DE CESANTIA L.10,215.34, AUXILIO DE CESANTIA PROPORCIONAL L.10,130.21, VACACIONES L.3,405.10, VACACIONES PROPORCIONALES L. 4,062.28, DECIMO TERCER MES L. 8,756.00 DECIMO CUARTO MES L. 8,756.00, DECIMO CUARTO MES PROPORCIONAL L. 4,378.05 y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que quede firme el presente fallo. SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción, que en fecha 4 de enero del año 2012 inició su relación con la demandada, mediante la suscripción de varios continuos e ininterrumpidos, devengando un salario mensual de L. 8,756.00, y que por lo antes señalado, en aplicación estricta de lo preceptuado en el artículo 47 y 52 del Código del Trabajo es que le corresponde el pago de las Prestaciones e Indemnizaciones Laborales.- 2. La parte demandada el ESTADO DE HONDURAS, contestó la demanda señalando que el demandante sostuvo una relación laboral mediante contrato de servicios profesionales, por tiempo limitado; señalando que las partes nunca sostuvieron una relación de trabajo, sino que lo existió fue una relación contractual regida por contratos del Poder Ejecutivo, por lo que se entiende que los contratos que regían a las partes eran de orden Administrativos, en los cuales claramente se establecieron las condiciones en las cuales se regirían las obligaciones por las partes, en los cuales se puede apreciar en la clausula novena del precitado contrato, la cual establece que las partes deberán de someterse a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha veintiocho de mayo del año dos mil quince, dictó sentencia declarando con lugar la Demanda Ordinaria Laboral promovida, condena a la demandada a pagar al demandante la cantidad de L.59,918.29., y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde que se produjo el despido hasta que quede firme el presente fallo, sin costas; bajo el criterio que de acuerdo a la documentación aportada al proceso resulta claro concluir que el demandante laboró para el ESTADO DE HONDURAS a través de la Secretaría de Estado en los Despachos de Seguridad, desde el 3 de enero del año 2012 al 31 de de diciembre del año 2013, bajo una sucesión de contratos de servicios profesionales por tiempo determinado, desempeñando labores de carácter permanente como conductor de automóviles, pues realizó sus labores por contrato en el mismo cargo y puesto de trabajo, bajo las misma condiciones en cuanto a la subordinación y horario de trabajo, modificando únicamente el salario, lo cual denota que las labores que desempeñaba eran necesarias para la institución y por ello la contratación fue continua y debe considerarse indefinida; y es por lo que al concluir la misma el patrono debió sustentarse en algunas de las causales establecidas en el artículo 112 del Código del Trabajo, y el no habiéndolo hecho de esta forma, el despido resulta ilegal e injustificado.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán, en fecha diecinueve de agosto de dos mil quince, dictó sentencia confirmando la proferida por el a quo, sin costas; bajo el criterio quecon la prueba documental que obra a folio 21 al 36, se logró acreditar la existencia de varios contratos de trabajo por tiempo determinado celebrados entre la Secretaria de Estado en los Despachos de Seguridad y el demandante, estableciéndose en dichos contratos que la función a realizar por el demandante era de conductor de automóviles, función que fue siempre la misma durante toda la relación de trabajo, existiendo además los otros elementos para considerar la relación laboral como permanente, es decir, subordinación y dependencia del patrono, sujeta a un horario de trabajo y a una remuneración, por lo que no cabe duda a este Tribunal de Alzada, que la relación existente entre las partes, era por tiempo indeterminado, razón por la cual procede confirmar la sentencia definitiva apelada.- 5. Mediante auto de fecha veintiuno de septiembre del año dos mil quince, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el abogado OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo Francisco Morazán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a el recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha veintitrés de octubre del año dos mil quince, compareció ante éste Tribunal el Abogado OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo un motivo de casación, por lo que mediante providencia de fecha veintitrés de octubre del año dos mil quince, se tuvo por devuelto el traslado conferido a el Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no usó de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veinticinco de noviembre del año dos mil quince, se declaró por precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por el Abogado Juan Ángel Benavides Paz, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrado Ponente a EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I.- Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II.- Que el Abogado OSCAR ARMANDO CARIAS NUÑEZ, en el único motivo de casación alega: “Se impugna por ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea del artículo 47 del Código del Trabajo que regula los contratos celebrados entre los trabajadores y las empresas, y no los celebrados entre en Estado y sus servidores que son los Contratos de Servicios Profesionales, regulados por el artículo 3 literal a) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo que es la jurisdicción que ha debido de conocer del caso de autos, en relación con el artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación esta comprendido en el artículo número 765 numeral 1 del Código del Trabajo. IDENTIFICACION DEL PRONUNCIAMIENTO QUE SE IMPUGNA: Se impugna totalmente la parte dispositiva de la sentencia impugnada. CONCEPTO DE LA INFRACCION: El artículo número 765 numeral 1 del Código del Trabajo establece: Son causales de casación: Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. El Juez AD QUEN en la sentencia proferida no tomo en consideración lo establecido en los medios de prueba aportados al juicio, consistentes en los Contratos de Servicios Profesionales suscritos entre el demandante y mi representada, la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, suscritos por tiempo determinado y sujetos al derecho administrativo, tal como lo establecen las clausulas novenas de los contratos; al interpretar erróneamente que la relación laboral existente entre el demandante y mi representada era por tiempo indeterminado, aplicando indebidamente o interpretando erróneamente lo establecido en el artículo 47 del Código del Trabajo que regula las relaciones entre el capital y el trabajo, es decir entre las empresas y los trabajadores, y no las relaciones laborales existentes entre el Estado y sus servidores; y la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en su artículo 3 literal a) establece que “Corresponde a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo todo lo relativo a los Contratos de Servicios Profesionales o Técnicos que celebren los Poderes del Estado”, asimismo las Disposiciones Generales del Presupuesto para el Ejercicio Fiscal del 2015 en su artículo 117 en lo referente a los Contratos de Servicios Profesionales establece: Estos contratos tienen vigencia únicamente dentro del presente Ejercicio Fiscal, no debiendo considerarse, para ningún efecto, al personal contratado bajo esta modalidad como permanente, y su efectividad se contará desde la fecha en que este personal tome posesión del cargo. Los funcionarios que incumplan este artículo serán responsables solidarios financieramente por todas las obligaciones que generen. El artículo 90 párrafo primero de la Constitución de la República es claro al disponer: “Nadie puede ser juzgado, sino por juez competente con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece...” De ahí que por ninguna manera puede eludirse la letra de la Ley, si esta es clara y manda que para que se juzgue debe ser bajo esos presupuestos, pues de lo contrario da lugar a que todas las actuaciones sean nulas. PRUEBA APRECIADA ERRÓNEAMENTE.- La prueba singularizada y apreciada erróneamente por el Tribunal de Alzada al confirmar el fallo de primera instancia consiste en: Documentos que son los Contratos de Servicios Profesionales suscritos entre la parte demandante y mi representada la Secretaría de Estado los Despachos de Seguridad, lo que acredita que dichos contratos son del conocimiento de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, y que los mismos tenían fecha de inicio y fecha de finalización, por lo cual nunca existió el despido del demandante, sino que en sus contratos de servicios profesionales expiro su vigencia. Lo expuesto da lugar a estimar que la sentencia dictada por el Juez AD QUEN fue violatoria de una ley sustantiva, por interpretación errónea o aplicación indebida del artículo 47 del Código del Trabajo, pues el Juzgador no valorizó la actividad probatoria demostrada a través de la existencia de la documentación adjuntada al juicio, circunstancia que debió ser apreciada por el Tribunal de Alzada y ordenar la retroacción del fallo en el cual se condena al Estado de Honduras a través de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad no solo al pago de prestaciones laborales, sino al pago a titulo de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, considerando que con fundamento en los artículos 208 en relación con el 205 numeral 2 del Código Procesal Civil la sentencia debe ser congruente con las pretensiones de las partes deducidas y sustanciadas en el proceso, caso contrario nos encontraríamos frente a una situación injusta y con parcialidad, debido a que el juez sentenciador favorece el derecho subjetivo reclamado por la parte demandante sin sustento jurídico, decisión que debió tomar el juzgador atendiendo a criterios objetivos de justicia que no conlleva la falta de neutralidad o de injusticia en el modo de proceder o juzgar con tratos diferenciados por razones inapropiadas, sin influencias, ni prejuicios, decisión que debería superar el ejercicio de la facultad, llevarla más allá de donde la ejercito el Juez A QUO. Por lo anteriormente expuesto, CAZAR la sentencia dictada por la Honorable Corte de Apelaciones del Trabajo de este departamento de en fecha diecinueve de agosto del dos mil quince, que consecuentemente declara confirmar la sentencia definitiva de fecha veintiocho de mayo del dos mil quince dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo del departamento de Francisco Morazán en la Demanda Ordinaria Laboral para el pago de prestaciones y demás indemnizaciones laborales generadas por la suscripción de varios contratos continuos e ininterrumpidos en aplicación estricta de lo preceptuado en el articulo 47 del Código del Trabajo, mas pago de vacaciones, decimo tercero, decimo cuarto mes, horas extras, pago de salarios de percibir y salarios adeudados, sentencia condenatoria, costas, habilitación de días y horas inhábiles, se otorga poder; que fuera promovida por le señor Marcelo Cruz contra el Estado de Honduras a través de la Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) alega tres formas distintas de violar la ley, tal es el caso de la infracción directa, aplicación indebida e interpretación errónea, causales que debió formular de forma separada por la independencia de los cargos; b) la norma que indica como violada (artículo 47 del Código de Trabajo) no ostenta el carácter de sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones o en su defecto los extingue, por lo que la norma sustancial debe estar plenamente singularizada en el cargo y su adecuada explicación del concepto de la violación para que así resulte ser una proposición jurídica completa; y, c) cita de forma imprecisa el precepto autorizante, ya que no indica el párrafo del artículo en que encuentra comprendido el cargo.- IV. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en su único motivo. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS.-NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los un día del mes de febrero del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 421-15.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

1