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Sentencia CL-387-15 — Registro 6988

Resumen

Demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales, salarios adeudados, salarios caídos y costas del juicio; segunda instancia declaró con lugar el recurso de apelación en consecuencia declara sin lugar la demanda

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Hito

..."Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, reforma la de primera instancia y por ello declara sin lugar la demanda en cuanto al pago de las prestaciones e indemnizaciones reclamadas, bajo el criterio que la trabajadora conocía la situación conómica/administrativa de la empresa, la que ésta expuso a la autoridad administrativa del trabajo, indicando además que estaba haciendo lo posible para salir con la deuda de salarios, pues el atraso de pago de éstos se venía dando en el transcurso de todo el año 2014, el que se reitera, fue aceptado por la demandante desde el mes de enero de ese mismo año, al percibir su salario en tiempo distinto al acostumbrado, sin que ejercitara acción alguna a fin de recibir quincenalmente la retribución por la prestación de servicios.- VII. Que el fallo relacionado no realiza el análisis debido de todas las pruebas aportadas por las partes, ni revisa la situación fáctica conforme los principios generales del Derecho del Trabajo, que lo nutren y rectoran, sino que funda su criterio en una cuestión que si bien fue debatida, resulta al margen del principio de ajenidad de riesgos o indemnidad, ya que el hecho de que la trabajadora no haya reclamado antes por una situación salarial que le afectaba, no quiere decir que la consintiera, porque el incumplimiento de la obligación de pago oportuno del salario por parte del patrono, es violatorio de un derecho esencial que deriva recíprocamente de la contraprestación por la cual se presta la fuerza de trabajo, ya que constituyendo una causa justificada para darse por despedida indirectamente, dentro del término de la prescripción, el análisis de tal determinación, no puede quedar sujeta a cuestionamientos y exigencias ajenas a la tutela y protección que de esos derechos le deben brindar las autoridades del trabajo.- "

Legislación citada

Jerarquía: Reiterativa

"En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

"Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X. Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho.-"

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., siete de junio de dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha dos de octubre de dos mil quince, por la recurrente, Abogada ALBA SUYAPA VALLADARES LOPEZ, mayor de edad, casada, hondureña y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, en su condición de representante procesal de la señora OLGA ESPERANZA QUIROZ MEJIA; además es parte recurrida, el CENTRO MEDICO DE EMERGENCIAS SUYAPA S.A. DE C.V., representado en juicio por el Abogado JUAN JOSE MARTINEZ ESPINAL. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para el pago de prestaciones sociales, salarios adeudados, salarios caídos y costas del juicio, interpuesta ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha nueve de enero de dos mil quince, por la señora OLGA ESPERANZA QUIROZ MEJIA, mayor de edad, soltera, Enfermera, hondureña y con domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, contra el CENTRO MEDICO DE EMERGENCIAS SUYAPA S.A. DE C.V., por medio de su representante legal, señor GERMAN EMILIO SALGADO DIAZ, mayor de edad, casado, Ejecutivo de Negocios, hondureño y del domicilio de San Pedro Sula, Cortés.- El Recurso de Casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha treinta y uno de julio de dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, misma que: “FALLA: PRIMERO: Declarando con lugar, el recurso de apelación formulado por el representante procesal demandado contra de la sentencia definitiva dictada por el Juzgado de Letras Seccional de el Trabajo de ésta ciudad, departamento de Cortés, en fecha veintidós (22) de mayo del presente año (2015) en la demanda laboral de la referencia; en consecuencia se reforma en su parte dispositiva la sentencia objeto de recurso, misma que se consiste en: I.- Declarar sin lugar la demanda laboral promovida por la señora OLGA ESPERANZA QUIROZ MEJIA contra la sociedad mercantil denominada CENTRO MEDICO DE EMERGENCIAS SUYAPA, S. A. DE C.V., a través de su representante legal, para el pago de prestaciones sociales como ser preaviso, cesantía y salarios caídos, en consecuencia se exime a la demandada de toda responsabilidad económica por dichos conceptos.- II.- Establecer como cuantía de la condena de pago la suma de VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPIRAS CON CATORCE CENTAVOS (L 21,895.14), conformada por los conceptos y cuantía en razón de derechos adquiridos y salarios adeudados fijados por la iudex a quo.- SEGUNDO: CONFIRMANDO la parte dispositiva de la sentencia apelada y relacionada anteriormente en sus demás extremos, es decir, la condena de pago por derechos adquiridos y salarios adeudados y la exoneración de costas.- SIN COSTAS…”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. La demandante expresó en el escrito de su acción, que inició la relación laboral con la demandada el 2 de febrero de 1998, desempeñándose como enfermera; la empresa sin la autorización de la demandante previo escrito ha retenido la suma del monto del salario de la primera y segunda quincena del mes de noviembre del año 2014, que corresponde a la cantidad de L.10,000.00; un inspector de trabajo se apersono al centro de trabajo y constató que efectivamente se le adeudada a la demandante los salarios correspondientes a las dos quincenas de noviembre y se abocó con la representante de la clínica quien manifestó que efectivamente se le debe el salario y expresó que no hay dinero para pagar; la empresa ha incumplido con lo establecido en la ley y desconoce que no se pueden modificar unilateralmente las condiciones de trabajo, hay elementos esenciales del contrato individual de trabajo, como ser: salario, horario, actividad a realizar, lugar de trabajo y hay otros derechos que los trabajadores adquieren por el tracto sucesivo de la relación y al haber retenido sin la autorización el salario correspondiente al mes de noviembre del año 2014, modificándose las condiciones de trabajo y por ende se han violentado los derechos de la demandante ya que dichas modificaciones se hicieron unilateralmente; en fecha 10 de diciembre de 2014, la demandante tomó la decisión de dar por terminada la relación laboral con la demandada por la vía del despido indirecto, en vista que no se le pagaba los salarios reclamados y el decimocuarto mes, conservando las prestaciones sociales e indemnizaciones legales por haber cometido la empresa actos que directamente ofenden la dignidad y afectan el presupuesto económico de la demandante.- 2. La parte demandada, el CENTRO MEDICO DE EMERGENCIAS SUYAPA S.A. DE C.V., contestó dicha demanda señalando, que la demandante inició la relación laboral el 1 de febrero de 1999, desempeñándose a la fecha de su despido como Auxiliar de Enfermería, devengando un salario ordinario mensual de L.7,163.76; que la sociedad demandada recibió la nota de fecha 10 de diciembre del año 2014, mediante la cual la demandante da por terminado su contrato individual de trabajo, el cual es improcedente, irregular e impertinente invocando para ello el artículo 114 inciso a, f, i, j del Código de Trabajo; el texto de la nota de despido se basa fundamentalmente en la falta de pago en tiempo y forma, sin embargo en la fundamentación legal que de la misma se hace, particularmente los que transcribe es completamente incongruente con la expresión motivada de dicha nota; la situación económica del país a lo largo de los últimos cinco años ha decrecido en una forma considerable, debido a los diversos factores y vicisitudes de orden nacional e internacional, hecho que es conocido por la casi totalidad de la población; la industria en términos generales de la salud no ha estado exenta de dicha realidad el CENTRO MEDICO DE EMERGENCIA SUYAPA S.A DE C.V., ha sufrido obviamente los efectos directos o colaterales de dicha situación; estos factores negativos que bien pudieron haber posibilitado un cierre temporal de sus operaciones mediante el sistema de la suspensión a sus contratos de trabajo sin goce de salario hasta por 120 días, que es mucho tiempo, facultad que ampliamente le concede la Ley, y no se ha hecho uso de la misma, por lo cual se ha preferido mantener una especie de Statu-quo de conveniencia con sus trabajadores; este estado de cosas antes relacionadas ha permitido que el pago quincenal que se hace a la mayoría de los trabajadores se cambiara y se pagara en espacios más amplios o largos; para el caso en particular la demandada fue retrasándose en el pago de los salarios quincenales, pero no es cierto el argumento de que solo le adeudaban las dos quincenas de noviembre pues todo consintió retrasos en el pago; lo cierto es que al manifestar la voluntad de darse por despedida por la falta de pago de las últimas dos quincenas de noviembre (aparentando estar en tiempo para hacerlo), quería ocultar a toda costa y con malicia la prescripción del derecho que ahora reclama; la necesidad impuso que lo devengado en quince (15) días se pagara dentro de términos que oscilaban entre dos (2) y más de treinta (30) días después y en algunos casos, hasta pagos parciales, esta era la costumbre a la fecha del despido indirecto de la demandante, que surgió por necesidad y que imperaba desde hacía más de seis (6) meses, y que obvia y necesariamente modificó o cambió, por necesidad, la costumbre de pago anterior.- 3. El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veintidós de mayo de dos mil quince, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por la señora Olga Esperanza Quiroz Mejía, contra la empresa CENTRO DE MEDICO DE EMERGENCIA SUYAPA S.A DE C.V.; condenando a la demandada al pago a favor de la demandante la cantidad de L.205,829.44, distribuidos así: preaviso L.19,506.94; auxilio de cesantía L.156,055.52; auxilio de cesantía proporcional L.8,371.84; vacaciones proporcionales L.4,783.39; aguinaldo proporcional L.6,764.92; catorceavo mes proporcional L.3,183.07; salario adeudado primera y segunda quincena del mes de noviembre L.7,163.76, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir por la demandante desde que ocurrió la terminación del contrato hasta que de acuerdo con las normas procésales quede firme la presente sentencia, sin costas; que en el caso de autos está reconocido por parte de la patronal que le debía a la trabajadora demandante los salarios correspondiente a la primera y segunda quincena del mes de noviembre del año 2014; y al momento de ser requerida tampoco la demandada mostro la intensión de pagar quién se limitó a manifestar ante el inspector del trabajo “pero de forma inmediata no se le puede hacer efectivo el pago y no tengo una fecha exacta de cuanto se le va a pagar a la trabajadora”; que independientemente que la demandada este pasando por una situación económica precaria o de insolvencia lo cierto es que la demandante realizó su trabajo en el modo y tiempo convenido por el cual tiene derecho a recibir su remuneración y el hecho que la patronal rehúya el pago en los términos y de modo total a su trabajo constituye quebrantamiento del equilibrio contractual; la demandada alega que no se pueda esgrimir el cambio de fecha de pagos como causal de despido si hubo complacencia y conformidad en la época y forma de pago de sus salarios de parte de la demandante; eso no significa que los trabajadores pierdan su derecho a reclamar ya precisamente por el tracto sucesivo de la relación si bien es cierto la trabajadora perdió el derecho a darse por despedida por los salarios que le fueron pagados en forma retrasada en los meses anteriores, pero ese derecho se activa cada vez que el patrono incumple con su obligación de pagarle el salario en el tiempo y lugar convenido como ocurre en el presente caso.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, en fecha veintisiete de julio de dos mil quince, dictó sentencia reformando la proferida en primera instancia, en el sentido de declarar sin lugar la demanda laboral promovida por la señora Olga Esperanza Quiroz Mejía contra la sociedad mercantil denominada CENTRO MEDICO DE EMERGENCIAS SUYAPA, S. A. DE C.V., para el pago de prestaciones sociales como ser preaviso, cesantía y salarios caídos, en consecuencia se exime a la demandada de toda responsabilidad económica por dichos conceptos; estableciendo como cuantía de la condena de pago la suma de L.21,895.14, conformada por los conceptos y cuantía en razón de derechos adquiridos y salarios adeudados fijados por la iudex a quo; confirmando la parte dispositiva de la sentencia apelada y relacionada anteriormente en sus demás extremos, es decir, la condena de pago por derechos adquiridos y salarios adeudados y la exoneración de costas; bajo el criterio que desde el mes de enero de 2014, la demandante percibió su salario bajo modalidad quincenal, en fechas diferentes a las acostumbradas y algunas veces en partes, según se aprecia de las transacciones bancarias realizadas por la accionada a fin de hacer efectivo el pago del salario a sus empleados, comportamiento éste que, por una parte no constituye “retención del monto de salario sin autorización de la empleada” según lo invoca como motivo del auto despido y que por otra, fue aceptado y consentido por la actora al no ejercitar acciones o realizar gestiones para que su retribución salarial se hiciera efectiva en la forma acostumbrada, es decir quincenalmente (cada quince o fin de mes); de ahí que, pese a que la representante del empleador manifestó al inspector de trabajo su reconocimiento o aceptación de adeudar a la trabajadora la segunda quincena de octubre y la primera y segunda de noviembre de 2014, sin que pudiera hacérsele efectivo de forma inmediata ni establecer una fecha exacta de cuando se realizaría el pago, lo cierto es que la trabajadora conocía la situación económica/administrativa de la empresa, la que ésta expuso a la autoridad administrativa del trabajo, indicando además que estaba haciendo lo posible para salir con la deuda de salarios, pues el atraso de pago de éstos se venía dando en el transcurso de todo el año 2014, el que se reitera, fue aceptado por la demandante desde el mes de enero de ese mismo año, al percibir su salario en tiempo distinto al acostumbrado, sin que ejercitara acción alguna a fin de recibir quincenalmente la retribución por la prestación de servicios.- 5. Mediante auto de fecha veintiocho de agosto de dos mil quince, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada ALBA SUYAPA VALLADARES LOPEZ, en su condición de representante procesal de la señora OLGA ESPERANZA QUIROZ MEJIA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Cortés, de que se ha hecho mérito, y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos a la recurrente, por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha dos de octubre de dos mil quince, compareció ante éste Tribunal la Abogada ALBA SUYAPA VALLADARES LOPEZ, en su condición de representante procesal de la señora OLGA ESPERANZA QUIROZ MEJIA, formalizando su demanda, exponiendo dos motivos de casación, por lo que mediante providencia de igual fecha, se tuvo por devuelto el traslado conferido a la Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quién no hizo uso de ese derecho, por lo que, en proveído de fecha trece de noviembre de dos mil quince, se declaró precluido de derecho e irrevocablemente perdido el término dejado de utilizar por parte del Abogado JUAN JOSE MARTINEZ ESPINAL, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia, se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Ponente al Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o Tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II. Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 8.1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV. Que por acceso a la justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI. Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, reforma la de primera instancia y por ello declara sin lugar la demanda en cuanto al pago de las prestaciones e indemnizaciones reclamadas, bajo el criterio que la trabajadora conocía la situación conómica/administrativa de la empresa, la que ésta expuso a la autoridad administrativa del trabajo, indicando además que estaba haciendo lo posible para salir con la deuda de salarios, pues el atraso de pago de éstos se venía dando en el transcurso de todo el año 2014, el que se reitera, fue aceptado por la demandante desde el mes de enero de ese mismo año, al percibir su salario en tiempo distinto al acostumbrado, sin que ejercitara acción alguna a fin de recibir quincenalmente la retribución por la prestación de servicios.- VII. Que el fallo relacionado no realiza el análisis debido de todas las pruebas aportadas por las partes, ni revisa la situación fáctica conforme los principios generales del Derecho del Trabajo, que lo nutren y rectoran, sino que funda su criterio en una cuestión que si bien fue debatida, resulta al margen del principio de ajenidad de riesgos o indemnidad, ya que el hecho de que la trabajadora no haya reclamado antes por una situación salarial que le afectaba, no quiere decir que la consintiera, porque el incumplimiento de la obligación de pago oportuno del salario por parte del patrono, es violatorio de un derecho esencial que deriva recíprocamente de la contraprestación por la cual se presta la fuerza de trabajo, ya que constituyendo una causa justificada para darse por despedida indirectamente, dentro del término de la prescripción, el análisis de tal determinación, no puede quedar sujeta a cuestionamientos y exigencias ajenas a la tutela y protección que de esos derechos le deben brindar las autoridades del trabajo.- VIII. En el tópico de las resoluciones judiciales es fundamental lo referente a la fundamentación y motivación, ya que la primera es un ejercicio racional mediante el cual se proporcionan razones que tienen la aspiración de convencer a los destinatarios acerca de su corrección y validez.- Quien motiva explica las causas de sus decisiones y esas pueden ser incluso irracionales. Quien explica da razones para hacer aceptable lo resuelto.- Por eso en materia jurídica, las decisiones sólo son válidas si están respaldadas por razonamientos legales, esto es: fácticos, probatorios y jurídicos.- IX. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- X. Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la nulidad de la sentencia recurrida, para que el Ad-quem proceda de conformidad a derecho.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de Los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2.h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c), 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 9 y 11 del Código Civil; 22, 200, 206, 207, 208, 211, 212 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 31 de julio del 2015, visible a folios del 22 al 27 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a Derecho. Redactó el Magistrado EDGARDO CACERES CASTELLANOS. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CÀCERES CASTELLANOS; FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.

En la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintitrés días del mes de junio del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha siete de junio de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 387-15.

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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