Sentencia CL-380-15 — Registro 6740
Resumen
Segunda instancia confirmó con lugar la demanda ordinaria laboral para el Pago de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
"Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 2 del Código del Trabajo que indica como violado, no ostenta el carácter de norma sustantiva, ya que no crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que al no estar plenamente singularizada la norma sustancial en el motivo y con su adecuada explicación del concepto de la violación no resulta ser una proposición jurídica completa; b) la infracción directa se produce con prescindencia del haz probatorio y en el presente caso la cuestión debatida y por ende objeto del material probatorio esta relacionada con el tipo de relación o vínculo contractual que rige las partes, por lo que el ataque al fallo impugnado por esa vía no resulta apropiado; y, c) hace referencia a normativa no indicada en la formulación, tal es el caso del artículo 90 de la Constitución de la República"
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 765, numeral 1 (Jerarquía Ordinaria)
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 b) (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..." Que el cargo que antecede resulta inadmisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 90 de la Constitución de la República que indica como violado, no ostenta el carácter de norma sustantiva, ya que no crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, ya que dicha norma lo que contiene y desarrolla es el derecho fundamental al debido proceso; y que al tenor de lo que dispone el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos constituye una garantía judicial mínima; b) igual que el anterior motivo, se ha indicado que la infracción directa se produce con prescindencia del material probatorio; y, c) hace referencia a normativa no indicada en la formulación, tal es el caso de los artículos 42, 43 y 44 del Código Civil, así como disposiciones de índole presupuestario.- "
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los dieciséis días del mes de enero del dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral, formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha seis de octubre del año dos mil quince, compareció ante éste Tribunal la Abogada ELICIA HIDDAY CASTRO IZAGUIRRE, hondureña, mayor de edad, soltera y de este domicilio, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS; en relación a la demanda ordinaria laboral para el Pago de Prestaciones e Indemnizaciones Laborales, interpuesta ante el Juzgado Primero de Letras Seccional de Santa Rosa de Copán y del Trabajo, en fecha cuatro de septiembre del año dos mil catorce, por el señor CARLOS JUVENAL SANTOS LARA, quien es mayor de edad, casado, Ingeniero Agrónomo, hondureño, con domicilio en Barrio San Juan, dos cuadras arriba del Centro de Salud, casa color melón, del Municipio de Lepaera Lempira, contra el ESTADO DE HONDURAS representado por el Abogado ABRAHAN ALVARENGA URBINA, hondureño, mayor de edad, casado y de este domicilio, en su condición de Procurador General de la República, generales. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha diez de agosto del dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones Seccional del Trabajo de Santa Rosa de Copán, que falló confirmando la sentencia de fecha trece de mayo del año dos mil quince, proferida por el Juzgado Primero de Letras Seccional de Santa Rosa de Copán y del Trabajo, misma que declara: “CON LUGAR la Demanda Ordinaria Laboral según los parámetros esgrimidos en la presente sentencia, para el pago de prestaciones laborales, derechos adquiridos, salarios dejados de percibir y demás indemnizaciones laborales por despido directo e injustificado, mas no así el reajuste salarial, promovida por el señor CARLOS JUVENAL SANTOS LARA en contra de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA, a través de su representante que al momento de la sentencia en que quede firme este ocupando el cargo de Secretario, todos de generales conocidas en autos. SEGUNDO Condenar al ESTADO DE HONDURAS al pago de la cantidad de ciento sesenta y ocho mil ochocientos treinta y cinco lempiras con dieciocho centavos (L. 168,835.18), desglosados de la siguiente manera: preaviso: la suma de diecisiete cincuenta mil novecientos sesenta lempiras (L. 50,960.00); auxilio de cesantía, la suma de cincuenta mil novecientos sesenta lempiras (L. 50,960.00); auxilio de cesantía proporcional, la suma de diecinueve mil ciento nueve lempiras con noventa y dos centavos (L. 19,109.92); vacaciones, la suma de dieciocho mil seiscientos ochenta y cinco lempiras con veintiséis centavos (L. 18,685.26); treceavo mes proporcional la suma de nueve mil cien lempiras (L. 9,100.00); catorceavo proporcional, la suma de veinte mil veinte lempiras (L.20,020.00).- TERCERO: siendo que la parte demandada es una institución del Estado se declara sin costas la presente sentencia.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1. El demandante manifestó en el escrito de su acción, que comenzó a laborar para la demandada en fecha uno de septiembre del año dos mil once, como encargado de Sanidad Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (SENASA), mediante una sucesión de contratos por tiempo determinado, denominados “De Servicios Profesionales” devengando durante los últimos seis meses de relación laboral un salario de diecisiete mil lempiras (L.17,000.00); hasta que en fecha treinta y uno de mayo del año dos mil catorce, recibió una llamada del señor Manuel Alejandro Sevilla, donde se le expresaba que ya no se presentara a trabajar, ya que no se le iba a renovar el contrato de trabajo, siendo de esa forma que fue despedido.- 2. La parte demandada, el Estado de Honduras, contestó dicha demanda señalando que el demandante no fue despedido, ya que fue contratado bajo el régimen de servicios profesionales, y cuando el último de sus contratos llegó a su fin, término la obligación contractual entre las partes; y al finalizar el mismo no se necesita justificación alguna. Por otra parte, el demandante no promovió su demanda ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, ya que su contratación está regulada mediante Acuerdos Ministeriales, los cuales según el Artículo 2 del Código del Trabajo son exceptuados de la legislación laboral.- 3. El Juzgado Primero de Letras Seccional de Santa Rosa de Copán y del Trabajo, en fecha trece de mayo del año dos mil quince, dictó sentencia declarando con lugar la demanda Ordinaria Laboral, para el pago de prestaciones e indemnizaciones laborales, derechos adquiridos, salarios dejados de percibir y demás indemnizaciones laborales por despido directo e injustificado, mas no así el reajuste salarial. Condenar al demandado al pago L.168,835.18, sin costas, bajo el criterio que; quedó plenamente establecido que el demandante inició su relación de trabajo con el Estado de Honduras el 01 de septiembre del año 2011, desempeñándose en el cargo de Sanidad Vegetal del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria, devengando los últimos seis meses L. 17,000.00 mensuales, mantuvo su relación laboral mediante una sucesión de contratos denominados de “servicios profesionales”, el primero con vigencia del 1 de septiembre al 30 de septiembre del año 2011, el siguiente el del uno de octubre al treinta y uno de diciembre del año dos mil once, otro de fecha 3 de enero al 30 de abril del año dos mil doce, otro firmado 1 de agosto del año dos mil trece, el siguiente del uno de noviembre al treinta y uno de diciembre del año dos mil trece y el último del uno de abril al treinta y uno de mayo del año dos mil catorce; y siendo en esta última fecha que mediante llamada telefónica de parte del superior en la Secretaría de Estado se le comunicó al demandante que el contrato de trabajo ya no le seria renovado, situación esta que no es de discusión en las presentes diligencias, ya que la representante de la parte demandada acepta el despido que le fue comunicado. En relación a lo antes expuesto, aunque la demandada haya considerado que los contratos firmados entre las partes establezcan que el trabajador no tiene derecho a las prestaciones y derechos laborales no solamente porque así se estipula en ellos sino que al tener fecha de vencimiento la relación contractual las partes se liberan de responsabilidad; en ese sentido la legislación laboral es clara al establecer que son nulos de pleno derecho todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el Código de Trabajo, sus reglamentos o demás leyes de trabajo o previsión social otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo, la ley laboral protege al trabajador en el caso que si antes de transcurrido un año se celebra nuevo contrato entre las mismas partes contratante y para la misma clase de trabajo, deberá de entenderse este por tiempo indefinido, el demandante cuando inició su relación laboral, en menos de un año ya había firmado tres contratos, por lo cual su condición laboral con la patronal es por tiempo indefinido y como este se considera como un trabajador contratado por tiempo indefinido este al no renovarle la demandada su contrato de trabajo, se considera que fue despedido sin justa causa . Por otra parte, es justo que se le pague al demandante el reajuste de salario solicitado, sin embargo al ser el Arancel del Profesional de las Ciencias Agrícolas inconstitucional, este no debe de aplicarse a los profesionales de esta materia, ya que según la Sala de lo Constitucional en más de tres sentencias ha declarado inconstitucional el decreto legislativo número 78-2001 de fecha 01 de junio del año 2001.- 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de Santa Rosa de Copán, en fecha diez de agosto del dos mil quince, dictó sentencia confirmando, la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que; claramente se deduce las funciones del demandante, en ningún momento se relacionan con las de un Consultor (es decir, no efectúa diseños, estudios y similares), sino que se desempeñaba en diversos programas y actividades para el fortalecimiento de la sanidad agropecuaria, las cuales no son compatibles con consultorías; y por lo cual, recibía un salario mensual como retribución; situaciones por las cuales podemos afirmar estamos ante la presencia de un contrato de trabajo, ya que se dan los elementos esenciales del mismo, pues el demandante era Coordinador Regional de Trabajo; dependía de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; y devengaba L.17,000.00 mensuales; y aunque los contratos que rigieron a las partes se denominaron de “servicios profesionales”, realmente son Contratos de Trabajo y deben ser regidos por la ley laboral; en el caso que nos ocupa, se pretende diferir el presente asunto a la vía administrativa por la denominación del contrato (prestación de servicios profesionales), pero, atender tal circunstancia, daría lugar menoscabar los derechos de los trabajadores, por esa razón y en atención a la argumentación anteriormente referida, debe confirmarse la sentencia recurrida respecto de las pretensiones sobre el pago de derechos adquiridos e indemnizaciones laborales.- 5. Mediante auto de fecha veinticinco de agosto, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por la Abogada CLAUDIA PATRICIA LOPEZ, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones Seccional del Trabajo de Santa Rosa de Copán, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha seis de octubre del año dos mil quince, compareció ante éste Tribunal la Abogada ELICIA HIDDAY CASTRO IZAGUIRRE, en su condición de representante procesal del ESTADO DE HONDURAS, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha seis de octubre del año dos mil quince, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no usó de ese derecho, por lo que en proveído de fecha trece de noviembre del año dos mil quince, declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por el Abogado DENIS MAURICIO CORDOVA PINEDA, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró Magistrada Ponente a la MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- |I. Que la demanda de casación laboral, es el medio procesal extraordinario por el cual se impugna una sentencia dictada en materia de trabajo, principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley Sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, o de contener decisiones que hagan más gravosa la situación de la parte que apeló de la emitida en primera instancia o de aquella en cuyo favor se surtió la consulta. Por esta vía se confronta con la normativa jurídica una resolución judicial que hace tránsito a cosa juzgada, amparada con la doble presunción de legalidad y acierto que deriva del supuesto de la conclusión del juicio con el agotamiento de las instancias, buscando la correcta aplicación e interpretación del derecho laboral y la unificación de la jurisprudencia nacional relativa a dicha materia. Es por todo ello, que la demanda casacional para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que la Abogada ELIKA HIDDAY CASTRO IZAGUIRRE, en su primer motivo de casación alega: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa porque el Tribunal Ad-Quem NO aplicó la norma pertinente, del artículo 2° del Código del Trabajo que literalmente dice “son de orden público las disposiciones contraídas en el presente Código y obligan a todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así como a las personas naturales exceptuando: l° ... 2° Los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales se entiende, por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, la ley, decreto ejecutivo o cuerdo municipal; tal es el caso del demandante, ya que sus contratos son elevados a ACUERDO Ministerial, actos netamente administrativos y que es de orden público QUE OBLIGAN A TODAS LAS EMPRESAS EXPLOTACIONES O ESTABLECIMIENTO y el Estado de Honduras no es empresa, ni explota ni es establecimiento privado. PRECEPTO AUTORIZANTE: Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo primero del artículo 765 del Código del Trabajo. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO La violación de una ley sustantiva por vía directa se produce a través de la falta de aplicación de la ley sustantiva como es el caso de autos, ya que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Santa Rosa de Copán, al momento de emitir su fallo en fecha diez de agosto de 2015, no aplicó lo dispuesto en el Artículo 2 del Código del Trabajo numeral 2, relacionado con el art. 90 de la Constitución de la República, en el que literalmente dice “Artículo 2° del Código del Trabajo “Son de orden púbico las disposiciones contenidas en el presente Código y obligan a todas las empresas, explotaciones o establecimientos, así como a las personas naturales. Se exceptúan: 1° 2° Los empleados públicos nacionales, departamentales y municipales, se entiende por empleado público aquel cuyo puesto ha sido creado por la Constitución, el decreto ejecutivo o acuerdo municipal. Este es el caso del demandante, ya que sus contratos son elevados a ACUERDO Ministerial, actos netamente administrativos y facultados a las Secretarías de Estado, que no son del orden empresarial sino público, de modo que la interpretación del Ad-Quem es erróneo ya, que estos contratos de servicios profesionales entran en la excepción de no conocerse o ventilarse en los Juzgados del Trabajo, sino en lo Contencioso Administrativo en virtud que los mismos son creados por ACUERDO MINISTERIAL, no obstante el tribunal Ad-Quem, no aplicó esta disposición, siendo que es otra jurisdicción la conocedora de estos, así mismo son otras regulaciones las mandan en estos contratos.”.- III. Que el cargo que antecede no resulta admisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 2 del Código del Trabajo que indica como violado, no ostenta el carácter de norma sustantiva, ya que no crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, por lo que al no estar plenamente singularizada la norma sustancial en el motivo y con su adecuada explicación del concepto de la violación no resulta ser una proposición jurídica completa; b) la infracción directa se produce con prescindencia del haz probatorio y en el presente caso la cuestión debatida y por ende objeto del material probatorio esta relacionada con el tipo de relación o vínculo contractual que rige las partes, por lo que el ataque al fallo impugnado por esa vía no resulta apropiado; y, c) hace referencia a normativa no indicada en la formulación, tal es el caso del artículo 90 de la Constitución de la República.- IV. Que la Impetrante en un segundo motivo de casación arguye: “Acuso a la sentencia de ser violatoria de la ley sustantiva de orden nacional por infracción directa porque el tribunal Ad-Quem NO aplicó la norma pertinente del artículo 90 primer párrafo de la Constitución de la República, que manda: “Nadie puede ser Juzgado sino por juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece”. Bajo el marco jurídico y con base en EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, este precepto legal es el aplicable a los contratos suscritos por el demandante enmarcado en las leyes Administrativas; algunas como la Ley de Presupuesto es en vigencia a 1 (un) año. En el fallo en la parte dispositiva de la sentencia recurrida, la Corte Ad Quem, condena al Estado de Honduras al pago de prestaciones y demás indemnizaciones legales, El tribunal sentenciador confirma la sentencia dictada en primera instancia, y por consiguiente declara con lugar la demanda, condenando al Estado de Honduras al pago de las prestaciones sociales y demás indemnizaciones legales indebidas. Se produce así la infracción directa de la ley sustantiva. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO. La violación de ley sustantiva por vía directa se produce a través de la falta de aplicación de la ley sustantiva como es el caso de autos, ya que la Corte de Apelaciones del Trabajo de Santa Rosa de Copán, al momento de emitir su fallo en fecha diez de agosto de 2015, no aplicó correctamente lo dispuesto en el párrafo primero artículo 90 Constitución de la República, que manda: “Nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal competente, con las formalidades, derechos y garantías que la Ley establece. Las leyes están orientadas para dictaminar en cada caso concreto, en la falta de la normativa correcta el fallo o parte dispositiva de la sentencia recurrida, la Corte Sentenciadora, condena al Estado de Honduras al pago de prestaciones y demás indemnizaciones legales, por consiguiente declara con lugar la demanda. Se produce así la infracción directa de la ley sustantiva, ya que las leyes administrativas son aplicadas con las directrices y parámetros dictadas anualmente para la regulación de los recursos otorgados a cada Secretaría de Estado, como es el caso de la aplicación de las Normas Presupuestarias anuales, desde la fecha de contratación del demandante hasta la fecha de la finalización de su contrato ya que el demandante nunca fue despedido, sino simplemente su contrato llegó a su fin, y siguiendo las regulaciones administrativas anuales, estas personas contratadas bajo esta modalidad no se consideran personal permanente y no tienen derecho a prestaciones (artículo 74, Decreto 264-2010, Presupuesto 2011), así sucesivamente los años siguientes que estuvo contratado el demandante y que cada una de las demandas “LEY DEL PRESUPUESTO” hace inaplicable descripciones que se le oponen por ser reformadas tácitamente, artículo 42, 43 y 44 del Código Civil. ”.- V. Que el cargo que antecede resulta inadmisible a razón de lo siguiente: a) el artículo 90 de la Constitución de la República que indica como violado, no ostenta el carácter de norma sustantiva, ya que no crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue, ya que dicha norma lo que contiene y desarrolla es el derecho fundamental al debido proceso; y que al tenor de lo que dispone el artículo 8.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos constituye una garantía judicial mínima; b) igual que el anterior motivo, se ha indicado que la infracción directa se produce con prescindencia del material probatorio; y, c) hace referencia a normativa no indicada en la formulación, tal es el caso de los artículos 42, 43 y 44 del Código Civil, así como disposiciones de índole presupuestario.- VI. Que la Recurrente en un tercer motivo de casación expone: “Acuso a la sentencia recurrida de ser violatoria de ley sustantiva de orden nacional por infracción indirecta del Artículo 2° del Código del Trabajo numeral 2°, relacionado con el Artículo 116 de la Ley General de la Administración Pública, por ERROR DE HECHO, derivado de una mala apreciación de la prueba por la corte sentenciadora de Acuerdos de los contratos presentados como medio de prueba. PRECEPTO AUTORIZANTE. Este motivo de casación está comprendido en el ordinal primero, párrafo segundo del artículo 765, 738 y 739 del Código del Trabajo. LA VIOLACIÓN LA PASO A EXPLICAR EN LA FORMA SIGUIENTE: El error de hecho, derivado de una mala apreciación de la prueba por la corte sentenciadora de los Acuerdos de los contratos presentados como medio de prueba y en donde queda comprobado que el demandante termino su trabajo el Estado de Honduras en virtud de haberse vencido el contrato aceptado por tiempo determinado”, lo que es prueba fehaciente que estamos ante contratos de carácter administrativo, regidos por leyes administrativas Art. 116 de la Ley General de la Administración Pública”. Los actos de los órganos de la Administración Pública adoptarán la forma de Decretos, Acuerdos, Resoluciones o Providencias. Estos Acuerdos Administrativos corren agregados al expediente, y cuya valoración de estos acredita que están enmarcados dentro de las Normas presupuestarias emitidas anualmente por el Congreso Nacional, para regular el gasto del Estado, y en donde se establece los parámetros para estos contratos de servicios profesionales, los cuales las personas contratadas bajo esta modalidad no se consideran personal permanente, ni tampoco tienen derechos a prestaciones.- La errónea apreciación de la prueba constituye un manifiesto error de hecho o sea, contrario a la evidencia demostrada con la prueba de que se trate, el demandante nunca fue despedido, y dicha prueba fue valorada en forma aislada, no en conjunto con todas las pruebas en el juicio que dejaron establecido que no hubo una declaración unilateral del patrono de ruptura de la relación de trabajo porque no es empleado privado sino un servidor público. La doctrina según el tratadista Arámbula Durán señala que: “El error de hecho implica conclusiones contrarias ostensiblemente a lo establecido en juicio por falta de apreciación de la prueba”. La Corte de Apelaciones del Trabajo de Santa Rosa de Copán, al momento de emitir su fallo en fecha 10 de agosto del de 2015, apreció de forma errónea los medios de prueba propuestos y evacuados en legal y debida forma y tampoco valoró la delegación tácita que prescriben los artículos 42, 43 44 del Código Civil, apreciación del Ad-Quem que se opone a la Ley del Presupuesto. En la forma expuesta considero haber demostrado a ese Honorable Tribunal el error de hecho en que incurrió la Corte de Apelaciones del Trabajo de Santa Rosa de Copán, en su sentencia de fecha 10 de agosto de 2015, al ratificar la sentencia del Juzgado Primero de Letras Seccional de Copán y del Trabajo, por Ministerio de Ley por falta de apreciación de la prueba documental, y en abierta violación a los Artículos 2° del Código del Trabajo numeral 2°, 116, de la Ley General de la Administración Pública, 74, del decreto 264-2010, presupuesto 2011, presupuesto 2012, presupuesto 2013, presupuesto 2014.”.- VII. Que el cargo que expuesto resulta inadmisible a razón de los siguientes defectos técnicos: a) el artículo 2 del Código del Trabajo que indica como violado, no ostentan el carácter de norma sustantiva, entendiendo ésta la que crea, reconoce, consagra derechos y obligaciones correlativas o en su defecto los extingue; b) no singulariza con claridad y precisión la prueba que se señala apreciada erróneamente; y, c) hace referencia a normativa no indicada en la formulación, tal es el caso de los artículos 42, 43 y 44 del Código Civil.- VIII. Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos de casación.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos de casación. 2) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. EDGARDO CACERES CASTELLANOS. COORDINADOR. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los nueve día del mes de marzo del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha dieciséis de enero de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 380-15.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNANDEZ
RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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