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Sentencia CL-35-16 — Registro 16187

Resumen

demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la causa del despido, caso contrario se ordene el reintegro a su puesto de trabajo y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, condena en costas

Análisis jurisprudencial

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) se indica en la formulación como normas sustantivas infringidas los artículos 3, 8 párrafo primero, 739 párrafo segundo y 858 del Código del Trabajo, los cuales no ostentan tal calidad; b) igualmente se indican como violadas los artículos 22, 12.5, 206.2 del Código Procesal Civil, que no pertenecen al orden laboral; y, c) en el desarrollo se alude a los artículos 59 y 60 de la Constitución de la República y 25 del Código del Trabajo, que no fueron señalados como infringidos o relacionados en la formulación.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) se indica en la formulación como normas sustantivas infringidas los artículos 3, 8 párrafo primero, 739 párrafo segundo y 858 del Código del Trabajo, los cuales no ostentan tal calidad; b) igualmente se indican como violadas los artículos 22, 12.5, 206.2 del Código Procesal Civil, que no pertenecen al orden laboral; y, c) en el desarrollo se alude a los artículos 59 y 60 de la Constitución de la República y 25 del Código del Trabajo, que no fueron señalados como infringidos o relacionados en la formulación.- Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) se indica en la formulación como normas sustantivas infringidas los artículos 3, 8 párrafo primero, 739 párrafo segundo y 858 del Código del Trabajo, los cuales no ostentan tal calidad; b) igualmente se indican como violadas los artículos 22, 12.5, 206.2 del Código Procesal Civil, que no pertenecen al orden laboral; y, c) en el desarrollo se alude a los artículos 59 y 60 de la Constitución de la República y 25 del Código del Trabajo, que no fueron señalados como infringidos o relacionados en la formulación.- "...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 5 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

..."Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por contener los defectos técnicos siguientes: a) se indica como normas sustantivas infringidas los artículos 60 párrafos segundo y tercero del Código del Trabajo y 17 del Código Civil, la cuales no ostentan tal calidad. Además el señalamiento en la formulación de un acápite sobre violación de normas procesales del orden laboral (Art. 738) y del Código Procesal Civil (Arts. 12.5, 22, 206.2 y 207. 1) hace que el cargo sea confuso, ya que como es bien sabido en materia laboral no existen las causales por errores in procedendo; y, b) en el desarrollo se alude a los artículos 59 de la Constitución de la República y 25 del Código del Trabajo, que no fueron indicados como infringidos o relacionados en la formulación.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 769, numeral 4 a) (Jerarquía Ordinaria)

Jerarquía: Reiterativa

.."Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal, de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; estudiado el caso en examen, es oportuno señalar que los argumentos esgrimidos por el Censor en su pretensión de nulidad, de ninguna manera inciden en una decisión diferente de lo resuelto por el juzgador de instancia en el fallo impugnado, por ende y en aras del principio de economía procesal y de que no existe violación del debido proceso ni el derecho de defensa las partes la nulidad solicitada resulta improcedente.- 8.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos de casación y sin lugar la nulidad alegada de forma subsidiaria.-Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal, de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; estudiado el caso en examen, es oportuno señalar que los argumentos esgrimidos por el Censor en su pretensión de nulidad, de ninguna manera inciden en una decisión diferente de lo resuelto por el juzgador de instancia en el fallo impugnado, por ende y en aras del principio de economía procesal y de que no existe violación del debido proceso ni el derecho de defensa las partes la nulidad solicitada resulta improcedente.- 8.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos de casación y sin lugar la nulidad alegada de forma subsidiaria.-"...

Legislación citada

  • Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
  • Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)

Sentencia

CERTIFICACION

El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintidós días del mes de agosto del dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia, en fecha catorce de marzo del año dos mil dieciséis, por el Abogado MERLYN ALBERTO ARITA VASQUEZ, en su condición de representante procesal de la señora MARIA SANTA ANA ZAVALA ANDINO, es parte recurrida el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (I.N.F.O.P.) representado en juicio por el Abogado JULIAN HERNANDEZ MARTINEZ. OBJETO DEL PROCESO: demanda ordinaria laboral para que el patrono pruebe la causa del despido, caso contrario se ordene el reintegro a su puesto de trabajo y a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir, condena en costas, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha tres de junio del año dos mil catorce, por la señora MARIA SANTA ANA ZAVALA ANDINO, contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (I.N.F.O.P.), por medio de su Director Ejecutivo, señor JUAN DIEGO ZELAYA. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha siete de enero del año dos mil dieciséis, dictada por la Corte de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, que falló REVOCANDO la sentencia de fecha veinticuatro días del mes de septiembre del año dos mil catorce, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en el sentido siguiente: “FALLA: a) declarando ha lugar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado legal de la demandada contra la sentencia definitiva de fecha 24 de septiembre del año que corre, por el juzgado de letras de esta sección judicial.- b) revocando la sentencia definitiva de fecha 24 de septiembre del año 2014, dictada por el Juzgado de Letras de esta sección judicial.- C) DECLARANDO SIN LUGAR LA DEMANDA ORDINARIA LABORAL DE PRIMERA INSTANCIA PIDIENDO EL EMPLAZAMIENTO DEL PATRONO PARA QUE PRUEBE QUE EL DESPIDO SE FUNDO EN UNA DE LAS JUSTAS CAUSAS RECONOCIDAS POR LA LEY.- EN CASO CONTRARIO SE ORDENE EL REINTEGRO AL PUESTO DE TRABAJO Y OTROS.- D).- SE ABSUELVE AL DEMANDADO CON RESPECTO A LA PRETENSION PRINCIPAL DE LA DEMANDANTE DEL REINTEGRO Y DE CUALQUIER RESPONSABILIDAD ECONOMICA QUE COMO PRETENSION POSESORIA HAYA SIDO SOLICITADA POR LA DEMANDADA, SIN PERJUICIO DEL PAGO DE LOS DERECHOS Y PRESTACIONES LABORALES QUE LE ASISTEN A LA DEMANDANTE Y QUE FUERON RECONOCIDOS POR EL DEMANDADO e) conforme al artículo 197 del Código Procesal Civil se indica a las partes que al presente fallo le procede el recurso de casación.- y manda: que una vez que este fallo adquiera el carácter de firme, con certificación del mismo se devuelva la primera pieza de autos al juzgado de su procedencia para su ejecución y demás efectos legales.- SIN COSTAS”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- La demandante expresó en el escrito de su acción, que fue contratada de manera permanente en fecha 05 de marzo de 2012, por el Instituto Nacional de Formación Profesional, para prestar sus servicios en la Oficina Regional Litoral Atlántico en esta ciudad, ocupando el cargo de Directora Regional, con un horario de trabajo de lunes a viernes de 7:30 a.m. a 3:30 p.m., siendo su último salario devengado de L. 44,719.73 mensuales. Que al momento de la contratación no suscribió ningún tipo de contrato, únicamente se elaboró la correspondiente acción de personal de nombramiento; prestó sus servicios para la demandada por un período superior a los 2 años. La demandada en fecha 20 de marzo de 2014, fue notificada sobre la decisión que el Consejo Directivo del Instituto Nacional de Formación Profesional (I.N.F.O.P.), tomó en fecha 13 de febrero de 2014, de dar por terminada la relación laboral que unía al INFOP a partir del 25 de marzo de 2014, sin mencionar la causa o motivo que la mueva a tomar tal determinación.- 2.- La parte demandada el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (I.N.F.O.P.), contestó dicha demanda señalando que la demandante no fue objeto de despido alguno, sino que ésta fue removida de su cargo por virtud de no contar con la confianza de la nueva administración del Instituto, pues como es de conocimiento público, a partir del 27 de enero del 2014, se conformó un nuevo gobierno en el Estado; y en esa línea se nombró como nuevo director el Licenciado JUAN DIEGO ZELAYA; y este de conformidad a ley solicitó que a la demandante se le removiera de su cargo para nombrar a un nuevo funcionario, dicha situación puesto que la ley ampara remover a este personal sin problema alguno, esto en virtud del artículo 15 inciso e) de la Ley de INFOP y a la Cláusula No. 2 del Contrato Colectivo vigente, por lo cual no se dio ninguna cancelación de nombramiento sino que de remoción.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha veinticuatro del mes de septiembre del año dos mil catorce, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por MARIA SANTA ANA ZAVALA ANDINO, contra el INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION PROFESIONAL (I.N.F.O.P.); bajo el criterio que en el presente caso, el Patrono Demandado se limita a citar la resolución que contiene la decisión de dar por finalizada la relación laboral con la Demandante sin expresar la causa o motivo que lo movió a tomar esa determinación, por lo que resulta lógico que la Demandante haya acudido al Tribunal a emplazarlo; por una parte tratan si bien es cierto, el artículo 15 literal E) de la Ley del INFOP faculta remover a propuesta del Director Ejecutivo, a los asesores, jefes de Departamento o de Sección, Directores de Oficinas Regionales o de Centros de Formación; debe tenerse presente el rango constitucional que tienen los derechos laborales y los principios que informan el Derecho del Trabajo, en especial el de la primacía de la realidad, vistos aquellos y estos desde la perspectiva de los derechos humanos; el carácter de orden público que tienen las normas que instituyen la Jurisdicción del trabajo; así como la preeminencia de las leyes laborales sobre las de cualquier otra índole, cuando éstas entran en colisión con aquellas. Por lo que de conformidad al Principio de la primacía de la realidad propio de la materia laboral, los jueces pueden dictar sus fallos haciendo mayor acopio a la equidad y a la justicia, tomando en cuenta prioritariamente las circunstancias probadas en autos, es decir, prevalecen los aspectos fáctico-sustanciales por sobre los jurídicos-formales, entonces al no haber demostrado el Patrono Demandado que tuvo causa justa para dar por finalizada la relación laboral con la Demandante y sin haberse seguido el trámite de pérdida de confianza que señala la ley; se estima procedente declarar Con Lugar la presente demanda.- 4.- La Corte de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, en fecha siete de enero del año dos mil dieciséis, dictó sentencia revocando la proferida por él A-quo, sin costas, bajo el criterio siguiente: examinada el artículo 15 de la Ley del Instituto Nacional de Formación Profesional, encontramos que entre las atribuciones del Consejo Directivo, en el inciso c) se encuentra la atribución de remover a propuestas del Director Ejecutivo entre varios personeros, a los Directores de Oficinas Regionales, siendo este el cargo que ocupaba la demandante en la Oficina Regional del Litoral Atlántico antes de su remoción, como ya dijimos. La redacción del artículo es sumamente sencilla, y para el caso que nos ocupa lo entendemos así: para remover a los directores de oficinas regionales al Consejo Directivo le basta la propuesta del Director Ejecutivo del INFOP, de manera que, para realizar tal acción de personal el patrono, en este caso INFOP, no necesita tener una causa legal para dar por terminada la relación laboral que le une con el trabajador, basta como ya se dijo, la propuesta del Director Ejecutivo y esto por una sencilla razón: es empleado de confianza y como este es empleado de confianza no le corresponde el derecho de estabilidad laboral planteado en la constitución de la República; sin embargo esto no quiere decir que a estos trabajadores no les correspondan los derechos y prestaciones laborales adquiridas durante prestaron sus servicios para la demandada.- 5. Mediante auto de fecha tres de junio del año dos mil catorce, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado MERLYN ALBERTO ARITA VASQUEZ, en su condición de representante procesal de la señora MARIA SANTA ANA ZAVALA, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha catorce de marzo del año dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal el Abogado MERLYN ALBERTO ARITA VASQUEZ, en su condición de representante procesal de la señora MARIA SANTA ANA ZAVALA, formalizando su demanda, exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha catorce de marzo del año dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha doce de abril del año dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado y por contestado el recurso de casación por parte del Abogado JULIAN HERNANDEZ MARTINEZ, en su condición de representante procesal de la parte recurrida, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en Derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que la demanda de casación, por ser un medio extraordinario de impugnación de las sentencias principalmente encaminado a rectificar cualquier violación de la Ley sustantiva en que el Juzgador haya podido incurrir, para que resulte estimable debe estar sometida a una técnica especial, cuya omisión u olvido la hace inadmisible.- II. Que el Abogado MERLYN ALBERTO ARITA VASQUEZ, expone un primer motivo de casación en la forma siguiente: “Se acusa la Sentencia impugnada de ser violatoria por infracción directa de la Ley Sustantiva de Orden Nacional, entendiendo como tal aquella que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas individuales y que para los efectos del recurso de casación se concretan a las que consagran los derechos reclamados en la controversia judicial; infracción que proviene de la FALTA DE APLICACIÓN de las normas jurídicas aplicables al caso concreto. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS. La Corte Primera de Apelaciones de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante el fallo impugnado, ha infringido directamente la ley sustantiva nacional al no aplicar los siguientes preceptos legales: 1) Artículo 112 del Código del Trabajo en su totalidad: Este artículo plasma el derecho que tiene todo trabajador para no ser despedido de su trabajo a no ser por alguna de las justas causas que menciona el mismo, norma legal que ni siquiera es mencionada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, al resolver el caso que nos ocupa. 2) Artículo 113 reformado del Código del Trabajo en su totalidad: Esta norma contiene el derecho que tiene todo trabajador que ha sido despedido de su trabajo para emplazar a su patrono ante los tribunales de trabajo a fin de que le demuestre judicialmente la justa causa que tuvo para dar por finalizada la relación de trabajo. La Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, al resolver el caso que nos ocupa, tampoco explica las razones por las cuales la referida norma no resulta aplicable al caso en cuestión, aún cuando la parte demandante fundamenta su acción en el derecho consagrado en esta norma legal. 3) Articulo 117 del Código del Trabajo: El cual dispone que “La parte que termina unilateralmente el contrato de trabajo, debe dar el preaviso por escrito, personalmente a la otra parte, pero si el contrato es verbal puede darlo de palabra ante dos testigos, con expresión de la causa o motivo que la mueve a tomar esa determinación. Después no podrá alegar válidamente causales o motivos distintos”. 4) Artículo 3 del Código del Trabajo: Que establece que “Son nulos ipso jure todos los actos o estipulaciones que impliquen renuncia acto o estipulación que implique renuncia, disminución o tergiversación de los derechos que la Constitución, el presente Código, sus reglamentos o las demás leyes de trabajo otorguen a los trabajadores, aunque se expresen en un contrato de trabajo u otro pacto cualquiera. 5) Artículo 8 del Código del Trabajo párrafo primero: Que dispone que: “En caso de conflicto entre las leyes del trabajo o de previsión social con las de cualquier otra índole, deben de predominar las primeras”. NORMAS PROCESALES VIOLADAS. 1) Artículo 739 del Código del Trabajo párrafo segundo: El cual señala que “En todo caso, en la parte motivada de la sentencia el Juez indicará Los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento”. 2) Articulo 858 del Código del Trabajo: El cual señala que: “A falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicaran las normas análogas de este Código y, en defecto, las del Código de Procedimientos Civiles”. 3) Articulo 22 del Código Procesal Civil “CARÁCTER SUPLETORIO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL: El presente Código se aplicará supletoriamente cuando no existan disposiciones en las leyes que regulan los procesos penales, contencioso-administrativos, laborales, y de otra índole procesal”. 4) Articulo 12.5 del Código Procesal Civil: “FACULTADES PROCESALES: 1...2...3...4...5. El Juez debe resolver la cuestión litigiosa con arreglo a derecho, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente, pero no puede alterar el petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes”. 5) Articulo 206.2 del Código Procesal Civil: “CLARIDAD, PRECISION Y FXHAUSTJVIDAD: 1...2. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes.” PRECEPTO AUTORIZANTE: Este Motivo de Casación encuentra su fundamento en el numeral 1 del artículo 765 del Código del Trabajo, el cual señala que: “Son causales de casación: 1. Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. EXPLICACION DEL MOTIVO DE CASACION. Doctrinal y jurisprudencialmente se ha dejado establecido que la infracción directa como modalidad de violación de la ley sustancial, especialmente cuando se alega la falta de aplicación, se presenta cuando el sentenciador comprendiendo correctamente la realidad fáctica dentro del debate procesal, implica la norma jurídica por rebeldía, ignorancia o por no tener en cuenta sus efectos en el tiempo, alterando de esta forma las consecuencias jurídicas de la sentencia impugnada en casación. En otras palabras, esta modalidad ocurre en los eventos en que el juez deja de aplicar la norma que correspondía, siendo abiertamente claro el contenido del precepto legal, respecto de la sentencia en pugna. Dicho de otra manera, este concepto de trasgresión deriva de la omisión por parte del juez en la aplicación de la norma del caso. Los requisitos y condiciones anteriores se cumplen en la Sentencia impugnada puesto que la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, dejó de aplicar el contenido de los preceptos legales aplicables al caso y que son los artículos: 112 Del Código del Trabajo en su totalidad, que contiene las justas causas por las cuales el patrono puede dar por finalizado el contrato de trabajo de los trabajadores, ninguna de las cuales se utilizó para dar por finalizado el contrato de trabajo de mi Representada por parte de su Patrono sin que el Ad Quem mencione las razones por las cuales esta norma legal no es aplicable al presente proceso, a pesar de regular la controversia. 113 del Código del Trabajo en su totalidad, en el cual se plasma el derecho que tiene todo trabajador, sin excepción, para poder emplazar judicialmente a su patrono para que pruebe ante un juez del trabajo que tuvo justa causa para dar por finalizado su contrato de trabajo, caso contrario, el trabajador goza del derecho de reclamar la reinstalación en el cargo o recibir el pago de sus prestaciones e indemnizaciones laborales; derecho que el Ad Quem está negando a mi Patrocinada a través de la Sentencia impugnada sin explicar las razones por las que este derecho no le asiste a mi Patrocinada ni tampoco porque la precitada norma no es aplicable al caso de autos, a pesar de regular la controversia. Respecto de los despidos que se dan en el sector público, ese Tribunal Supremo, ha dejado establecido en el párrafo primero de la página 6 de la Circular 1-2014 de la Sesión de fecha 13 de Mayo de 2014 de esa Sala Laboral-Contencioso Administrativo y que contiene la Unificación de Criterios Judiciales en Materia Laboral, que “No se puede privar al trabajador estatal o público de la mínima cobertura contra el despido arbitrario. Hacerlo equivaldría a colocarlo en inferioridad de condiciones que los trabajadores del sector privado, discriminándolo en ese aspecto”, ya que esta situación es prohibida por los artículos 59 y 60 de la Constitución de La República; no obstante, el ad quem esta colocando a mi patrocinada en condiciones de Inferioridad respecto de otros trabajadores al negarle su derecho a la reinstalación en su cargo. 117 del Código del Trabajo, en el que se consigna la obligación que tiene la parte que termina unilateralmente un contrato de trabajo de dar a conocer a la otra parte las razones que le movieron a tomar tal determinación, sin que después pueda alegar otros motivos diferentes; obligación que el Patrono demandado no cumplió en el caso de autos al no plasmar causal de despido en la notificación entregada a mi Patrocinada; sin que el Ad Quem se manifieste en la Sentencia impugnada respecto de las razones que tuvo para considerar que esta norma legal no es aplicable al caso de autos a pesar de regular la controversia. 3 del Código del Trabajo, que contiene el principio de irrenunciabilidad de derechos y el principio protectorio a favor del trabajador, que son propios de la materia laboral; derechos que el Ad Quem está desconociendo a mi Representada mediante la Sentencia impugnada al denegarle los derechos de estabilidad laboral, protección contra el desempleo, a no ser despedida sin que medie justa causa y derecho a la reinstalación en su cargo, puesto que no le está aplicando las leyes que regulan la controversia y que contienen mayores beneficios en su favor como son el Código del Trabajo y la Constitución de La República. 8 del Código del Trabajo, que da a las leyes laborales preeminencia sobre las de cualquier otra índole cuando entra en colisión con aquellas; preeminencia que el Ad Ouem no está reconociendo en el caso de autos, ya que ha regulado la controversia, no con las lenes aplicables al caso, si no que aplicando la Leu del INFOP que no es una ley laboral u que por tanto no puede tener preeminencia sobre el Código del Trabajo y Constitución de La República. Este Máximo Tribunal, ha dejado plasmado en la Página 5 de la Circular 1- 2014 de la Sesión de fecha 13 de Mayo de 2014 de esa Sala Laboral- Contencioso Administrativo y que contiene la Unificación de Criterios Judiciales en Materia Laboral, que «debe tenerse presente el rango constitucional que tienen los derechos laborales y los principios que informan al Derecho del Trabajo, en especial al de la primacía de la realidad vistos aquellos y estos desde la perspectiva de los derechos humanos; el carácter de orden público que tienen las normas que instituyen la jurisdicción del trabajo; así como la preeminencia de las leyes laborales sobre las de cualquier otra índole, cuando éstas entran en colisión con aquellas”, lo cual ha inobservado la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida en la Sentencia impugnada, al conceder preeminencia a la Ley del INFOP con respecto de los derechos que el Código del Trabajo y Constitución de La República conceden a mi Representada. Articulo 25 del Código del Trabajo, que establece el derecho a favor de los trabajadores para que en sus contratos de trabajo se entiendan incluidos los derechos y garantías que les otorga el Código del Trabajo y la Constitución de La República; tales como los derechos de estabilidad laboral, protección contra el desempleo, a no ser despedidos sin que medie justa causa, no ser discriminados y derecho a la reinstalación en su cargo en los casos de despido injusto; derechos que la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, niega a mi patrocinada nada mediante la Sentencia impugnada a través de la presente demanda de casación laboral. De lo antes expuesto se puede ver claramente que el Ad Quem violó directamente la ley sustantiva de orden nacional al no aplicar al caso de autos las normas acusadas ya que las mismas regulan la controversia.”.- III. Que el cargo que antecede resulta inadmisible por contener los defectos técnicos siguientes: a) se indica en la formulación como normas sustantivas infringidas los artículos 3, 8 párrafo primero, 739 párrafo segundo y 858 del Código del Trabajo, los cuales no ostentan tal calidad; b) igualmente se indican como violadas los artículos 22, 12.5, 206.2 del Código Procesal Civil, que no pertenecen al orden laboral; y, c) en el desarrollo se alude a los artículos 59 y 60 de la Constitución de la República y 25 del Código del Trabajo, que no fueron señalados como infringidos o relacionados en la formulación.- IV. Que en un segundo motivo se aduce: “Se acusa la Sentencia impugnada de ser violatoria por infracción directa de la Ley Sustantiva de Orden Nacional, entendiendo como tal aquella que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas individuales y que para los efectos del recurso de casación se concretan a las que consagran los derechos reclamados en la controversia judicial; infracción que proviene de la INTERPRETACIÓN ERRONEA de las normas utilizadas para resolver la controversia, puesto que la Corte Sentenciadora encontró en las normas utilizadas una inteligencia o un alcance distintos de los que contiene y no interpretarlas en consonancia de los principios propios del derecho del trabajo. NORMAS SUSTANTIVAS VIOLADAS. La Corte Primera de Apelaciones de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante el fallo impugnado, ha infringido directamente, al interpretar erróneamente los siguientes preceptos legales: 1) Artículo 111 reformado numeral 7 del Código del Trabajo: El cual señala: «Son causas de terminación de los contratos de trabajo: 1)... 2). . .3). . .4). . .5).. .6)... 7) Perder la confianza del patrono el trabajador que desempeñe un cargo de dirección, fiscalización o vigilancia; tales como mayordomos, capataces, debiendo justificarse la juicio de la Dirección General del Trabajo, o sus representantes, los motivos de tal desconfianza; 2) Articulo 129 párrafos primero de la Constitución de La República, el que señala que: «La ley garantiza la estabilidad de los trabajadores en sus empleos, de acuerdo con las características de las industrias y profesiones y las justas causas de separación”. 3) Articulo 60 párrafos primero, segundo y tercero de la Constitución de la República, el que señala que: “Todos los hombres nacen libres e iguales en derechos. En Honduras no hay clases privilegiadas. Todos los hondureños son iguales ante la ley”. 4) Artículo 17 del Código Civil: El cual dispone que “No podrá atribuirse a la ley otro sentido que el que resulta explícitamente de sus propios términos, dada la relación que entre los mismos debe existir y la intención del legislador”. NORMAS PROCESALES VIOLADAS 1. Artículo 739 del Código del Trabajo párrafo segundo: El cual señala que “En todo caso, en la parte motivada de la sentencia el Juez indicará los hechos y circunstancias que causaron su convencimiento”. 2. Articulo 858 del Código del Trabajo: El cual señala que: “A falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicarán las normas análogas de este Código y, en defecto las del Código de Procedimientos Civiles”. 3. Articulo 22 del Código Procesal Civil: “CARÁCTER SUPLETORIO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL: El presente Código se aplicará supletoriamente cuando no existan disposiciones en las leyes que regulan los procesos penales, contencioso-administrativos, laborales, y de otra índole procesal”. 4. Articulo 12.5 del Código Procesal Civil: “FACULTADES PROCESALES: 1...2...3...4...5. El Juez debe resolver la cuestión litigiosa con arreglo a derecho, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente, pero no puede alterar el petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. 5. Articulo 206.2 del Código Procesal Civil: “CLARIDAD, PRECISION Y EXHAUSTIVIDAD: 1...2. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes. 6. Artículo 207.1 del Código Procesal Civil: “MOTIVACION. 1. Las sentencias se motivarán expresando los razonamientos fácticos y jurídicos que conducen a la apreciación y valoración de las pruebas, así como a la aplicación e interpretación del Derecho”. PRECEPTO AUTORIZANTE: El Motivo de Casación encuentra su fundamento en el numeral 1 del artículo 765 del Código del Trabajo, el cual señala: «Son causales de casación: 1. Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACION Según la doctrina y la jurisprudencia establecida por ese Máximo Tribunal, la interpretación errónea tiene cabida en el recurso extraordinario de casación, cuando el sentenciador halla en la norma una inteligencia o un alcance, distintos de los que contiene, es decir, cuando el entendimiento de la misma por aquél es equivocado o erróneo. En el caso de autos, el articulo 111 numeral 7 del Código del Trabajo señala el procedimiento a seguirse para justificar la pérdida de la confianza por parte del Patrono en un trabajador que ocupa un cargo de dirección; imponiéndole la obligación al patrono de demostrar los motivos de desconfianza ante la Dirección General del Trabajo sin hacer ningún tipo de excepciones; no obstante, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida, interpretando dicha norma de una manera distinta a la que impone el articulo 17 del Código Civil, señala que en el caso de mi Representada no era necesario seguir el procedimiento de pérdida de confianza ante la Dirección General del Trabajo, sin que la norma legal contemple tal excepción; violentando con ello el principio de estabilidad laboral que contiene el articulo 129 de la Constitución de La República y discriminando a mi Patrocinada al desconocer el derecho a la igualdad ante la Ley que le concede el articulo 60 de la Constitución de La República; derecho que también forma parte de su contrato de trabajo según dispone el articulo 25 del Código del Trabajo. Si bien es cierto que la connotación de alcance nacional de la norma sustancial se halla restringida para las normas constitucionales, en principio, por requerir de desarrollo legal para concretar el derecho contenido; no obstante, la mayoría de Salas de Casación Laboral de Latinoamérica, a medida que se ha ido flexibilizando la técnica de la casación laboral, han aceptado la admisión de normas constitucionales para fundar la acusación en casación en algunos eventos en los que se debaten derechos como igualdad ante la ley, estabilidad laboral, derecho al salario, ajenidad de riesgos, etcétera, existiendo jurisprudencia y doctrina al respecto (Usme Perea, Víctor Julio, Recurso de Casación Laboral, Enfoque Jurisprudenccial, Grupo Editorial Ibáñez, Bogotá, Colombia, 2010, p. 235). Por tanto, en el caso de autos, la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, mediante el fallo impugnado, no interpreta el numeral 7 del artículo 111 Código del Trabajo en la forma que establece el artículo 17 del Código Civil y por tanto discrimina a mi representada al negarle el derecho a la estabilidad en su trabajo.”.- V. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por contener los defectos técnicos siguientes: a) se indica como normas sustantivas infringidas los artículos 60 párrafos segundo y tercero del Código del Trabajo y 17 del Código Civil, la cuales no ostentan tal calidad. Además el señalamiento en la formulación de un acápite sobre violación de normas procesales del orden laboral (Art. 738) y del Código Procesal Civil (Arts. 12.5, 22, 206.2 y 207. 1) hace que el cargo sea confuso, ya que como es bien sabido en materia laboral no existen las causales por errores in procedendo; y, b) en el desarrollo se alude a los artículos 59 de la Constitución de la República y 25 del Código del Trabajo, que no fueron indicados como infringidos o relacionados en la formulación.- VI. Que en un tercer motivo se aduce: “Se acusa la Sentencia impugnada de ser violatoria por infracción directa de la Ley Sustantiva de Orden Nacional, entendiendo como tal aquella que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas individuales y que para los efectos del recurso de casación se concretan a las que consagran los derechos reclamados en la controversia judicial; infracción que proviene de la APLICACIÓN INDEBIDA de la norma utilizada para resolver la controversia. NORMA SUSTANTIVA VIOLADA. La Corte Primera de Apelaciones de la ciudad de La Ceiba, Departamento de Atlántida, mediante el fallo impugnado, ha infringido directamente por aplicación indebida los siguientes preceptos legales: 1. Artículo 8 párrafo primero del Código del Trabajo: “En caso de conflicto entre las leyes de trabajo o de previsión social con las de cualquier otra índole, deben de predominar las primeras”. 2. Artículo 15 literal C de la Ley del Instituto Nacional de Formación Profesional: “El Consejo Directivo tendrá las siguientes atribuciones: a). . . . b) c) Aprobar los reglamentos que sean necesarios para el mejor funcionamiento del Instituto.” NORMAS PROCESALES VIOLADAS. 1. Articulo 858 del Código del Trabajo: El cual señala que: “A falta de disposiciones especiales en el procedimiento del trabajo, se aplicarán las normas análogas de este Código y, en defecto, las del Código de Procedimientos Civiles”. 2. Articulo 22 del Código Procesal Civil: “CARÁCTER SUPLETORIO DEL CODIGO PROCESAL CIVIL: El presente Código se aplicará supletoriamente cuando no existan disposiciones en las leyes que regulan los procesos penales, contencioso administrativos y de otra índole procesal” 3. Articulo 12.5 del Código Procesal Civil “FACULTADES PROCESALES: 1.. .2.. .3.. .4... 5. El Juez debe resolver la cuestión litigiosa con arreglo a derecho, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente, pero no puede alterar el petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido alegados por las partes. 4. Articulo 206.2 del Código Procesal Civil: «CLARIDAD, PRECISION Y EXHAUSTIVIDAD: 1...2. El tribunal, sin apartarse de la causa de pedir acudiendo a fundamentos de hecho o de derecho distintos de los que las partes hayan querido hacer valer, resolverá conforme a las normas aplicables al caso, aunque no hayan sido acertadamente citadas o alegadas por los litigantes.” PRECEPTO AUTORIZANTE: El Motivo de Casación encuentra su fundamento en el numeral 1 del artículo 765 del Código del Trabajo, el cual señala: “Son causales de casación: 1. Ser la sentencia violatoria de ley sustantiva, por infracción directa, aplicación indebida o interpretación errónea. EXPLICACIÓN DEL MOTIVO DE CASACION. Doctrinalmente se entiende que la aplicación indebida como violación de la ley sustancial por vía directa se da cuando el juez aplica la ley que no regula el caso, es decir, aplica una ley diferente a la necesaria; siendo la forma más palpable de desnaturalizar el supuesto de hecho con que fue concebida una norma y por efecto reflejo de perjudicar un particular. En la Sentencia atacada mediante el presente recurso extraordinario de casación, se puede ver que el Ad Quem en el Primer Fundamento aplica el literal C del Artículo 15 de la Ley del Instituto Nacional de Formación Profesional para sustentar el hecho de que el Consejo Directivo del INFOP actuó en base a ley para remover a mi Representada de su cargo a su arbitrio y discreción, cuando el literal C del Artículo 15 de la Ley del INFOP nada dice al respecto, puesto que se refiere a la atribución que tiene el Consejo Directivo del INFOP para aprobar los reglamentos que crea convenientes y necesarios para el buen funcionamiento de la institución Por otro lado, al aplicar una Ley que no tiene carácter de ley del trabajo para resolver una demanda laboral, el Ad Quem desconoce el rango constitucional de las leyes del trabajo y la preeminencia que tiene respecto de cualquier otra ley al entrar en conflicto con ellas, por lo que el articulo 15 literal C de la Ley del INFOP no es aplicable al caso en litigio, violentando el debido proceso laboral al desconocer la jerarquía normativa aplicable a los juicios laborales.”.- VII. Que el cargo que antecede resulta inadmisible, por contener los defectos técnicos siguientes: a) se indica como normas sustantivas infringidas los artículos 8 párrafo primero del Código del Trabajo y 15 literal c) de la Ley del Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP), cuando el primero no ostenta tal calidad y el segundo no es del orden laboral; b) se omite señalar la disposición que en su caso debió aplicarse debidamente; y, c) se indica un acápite sobre violación de normas procesales contenidas en el Código Procesal Civil (Arts. 22, 12.5 y 206. 2) cuando es sabido que en la materia laboral no existe la impugnación por errores improcedendo.- VIII. El impetrante solicita además, se decrete la nulidad de la sentencia definitiva proferida por el Ad-Quem, en la forma siguiente: “Además de las infracciones detalladas en los Motivos de Casación anteriormente expuestos; la Sentencia Definitiva dictada por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida, a las Nueve y Treinta de la mañana (9:30 A.M.) del día Jueves 07 de Enero de 2016 en la Apelación Laboral registrada con el número 0101-2014-00368 y que es el objeto de la presente demanda de casación; sigue adoleciendo de defectos que la vician de nulidad, puesto que aunque esta Honorable Corte Suprema de Justicia anuló la Sentencia dictada por el Ad Quem en fecha 29 de Octubre de 2014, señalándose los motivos de nulidad, la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, corrigió parcialmente los vicios denunciados pero vuelve a incurrir en los siguientes vicios de nulidad:

  1. Los artículos 10.2, 11.1, 206.2 y 208.1 del Código Procesal Civil exigen que los hechos en que se funden las sentencias definitivas deben ser alegados por las partes, puesto que se prohíbe al Tribunal apartarse de la causa de pedir, debiendo las sentencias ser claras, precisas, exhaustivas y congruentes con las pretensiones deducidas, requisitos que no se fueron cumplidos por la Corte Primera de Apelaciones de La Ceiba, Departamento de Atlántida en la Sentencia en cuestión, puesto que en el Segundo Fundamento de Derecho señala que “ante un cambio de jefatura decidir si se mantiene o no la relación laboral, pues es entendible que no se desee laborar con personal ajeno a los directos intereses y que no se acoplen a los planes y a las directrices que, tal puesto de confianza exige”; hecho que no fue alegado por ninguna de las partes mucho menos objeto de prueba alguna. 2. El artículo 200.2.C del Código Procesal Civil establece que las sentencias deben incluir los fundamentos legales del fallo, expresando concretamente las normas jurídicas aplicables al caso; no obstante, el Ad Quem en la Parte Dispositiva de la Sentencia objeto de la presente demanda de casación laboral, cita artículos que nada tienen que ver con el caso, como ser: los artículos 401, 402, 403, 413, 417, 418 y 419 del Código del Trabajo, que se refiere a la responsabilidad patronal por los riesgos profesionales de los trabajadores, citando también los artículos 168, 169, 173, 174, 187 reformado, 188, 190, 192 y 200 del Código de Procedimientos Comunes, como si se tratara de un juicio iniciado antes de la vigencia del Código Procesal Civil, cuando el presente juicio inició el 03 de Junio de 2014. Este defecto de nulidad ha había sido señalado anteriormente ante esta Honorable Corte Suprema de Justicia, es por ello que se invalidó la Sentencia dictada por el Ad Quem en fecha 29 de Octubre de 2014: sin embargo, el Tribunal de Segunda Instancia hizo caso omiso a lo resuelto por esta Honorable Corte Suprema de Justicia en el Recurso de Casación SL-577-2014 no corrigió el defecto señalado. 3. El artículo 197.2 del Código Procesal Civil señala que en las resoluciones, los Tribunales deben indicar los recursos que caben contra las mismas, el órgano ante el cual debe interponerse y el plazo para recurrir; requisito que fue cumplido parcialmente por el Ad Quem al dictar la Sentencia objeto de la presente demanda de casación laboral, pues a pesar de habérsele denunciado este error, únicamente se hace saber a las partes el Recurso que procede, sin señalarse el plazo y Tribunal ante quien debe interponerse. Este defecto también fue señalado por este Máximo Tribunal en la Sentencia recaída en la Casación Laboral SL-577-2014. 4. Los artículos 206.3, 208.2 y 209.2 del Código Procesal Civil exigen que los Tribunales se pronuncien en las Sentencias que dicten sobre todos los puntos objeto del litigio y hagan las declaraciones correspondientes, estableciendo el importe exacto de las cantidades respectivas; no obstante, el Ad Quem no establece el importe exacto de la cantidad que debe pagarse a la demandante en concepto de prestaciones e Indemnizaciones laborales ni fija con claridad u precisión las bases para su liquidación, ni señala si debe proseguirse otro juicio para obtener el pago de dichos valores. 5. La Sentencia objeto de la presente Demanda de Casación Laboral fine dictada en fecha 07 de Enero de 2016, no obstante, en el literal a) de su Fallo declara ha lugar un recurso de apelación interpuesto contra a Sentencia Definitiva de 24 de Septiembre del año que corre siendo imprecisa y oscura, puesto que se hace referencia a una sentencia de una fecha aún no llegada; violentando con ello los requisitos internos de la Sentencia que exige el artículo 206 del Código Procesal Civil. 6. La Sentencia objeto de la presente Demanda de Casación Laboral señala en el Literal d) de su Fallo que « se absuelve al demandado respecto a la pretensión principal de la Demandante del Reintegro y cualquier responsabilidad económica que como PRETENSION POSESORIA HAYA SIDO SOLICITADA POR LA DEMANDADA; incurriendo en imprecisión puesto que en el presente proceso no se debaten pretensiones posesoria ni la Demandada ha solicitado pretensión posesoria alguna. Es una vergüenza que un Tribunal de Segunda Instancia incurra en este tipo de errores que atentan contra la Seguridad Jurídica, pues al comparar la Sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia y la dictada por el Ad Quem, que es un Tribunal Colegiado, vemos que el A Quo si fue cuidadoso al observar los requisitos que debe reunir toda sentencia. 7. El artículo 200.2.a y 200.2.b del Código Procesal Civil, que se refiere al contenido formal que debe reunir toda sentencia, se exige que en os antecedentes de hecho debe consignarse con la debida claridad y concisión y en párrafos separados y numerados: el objeto del proceso, las pretensiones de las partes, los hechos alegados, las pruebas que se hubiesen propuesto y practicado y los hechos probados; requisitos que no fueron cumplidos por la Corte Primera de Apelaciones de la Sección Judicial de La Ceiba, Departamento de Atlántida, puesto que la Sentencia objeto de la presente Demanda de Casación Laboral no contiene el objeto del proceso, las pretensiones de las partes, los hechos ale gados en primera instancia, las pruebas aportadas por las partes y hechos probados limitándose a incluir las alegaciones que las Partes hicieron en segundo instancia y pasa inmediatamente a los fundamentos de Derecho. Por las razones antes expuestas y en cumplimiento a lo que señalan los artículos 211, 212.4 y 213.1 del Código Procesal Civil se solicita a ese Máximo Tribunal anule la sentencia impugnada mediante la presente demanda de casación laboral por el incumplimiento de los requisitos contemplados por las leyes con relación a los actos procesales y aplique los correctivos que estime necesarios a fin de que el Ad Quem observe los requisitos que ya se señala en la ley para toda sentencia.”.- IX. Que si bien la nulidad absoluta puede alegarse por toda persona que tenga un interés legítimo y en cualquier estado del proceso, también lo es que para intentar la pretensión de nulidad debe basarse en elementos fácticos que demuestren el vicio de tal manera que han transgredido situaciones que amparan derechos y garantías y efectivamente ocasionando un perjuicio procesal, de tal manera que éste Tribunal deba enmendar; estudiado el caso en examen, es oportuno señalar que los argumentos esgrimidos por el Censor en su pretensión de nulidad, de ninguna manera inciden en una decisión diferente de lo resuelto por el juzgador de instancia en el fallo impugnado, por ende y en aras del principio de economía procesal y de que no existe violación del debido proceso ni el derecho de defensa las partes la nulidad solicitada resulta improcedente.- 8.- Que por lo expresado, procede declarar no haber lugar al recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos de casación y sin lugar la nulidad alegada de forma subsidiaria.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia, por unanimidad de votos de la Sala Laboral–Contencioso Administrativo, impartiendo justicia en nombre del Estado de Honduras y en aplicación de los artículos 303, 304, 313 numeral 5) y 316 reformados de la Constitución de la República; 7 y 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 8.1, 8.2. h), 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 664, 665, 666 literal c), 764, 765, 769, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200 y 931 del Código Procesal Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18 y 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. FALLA: 1) DECLARANDO NO HA LUGAR el recurso de casación de que se ha hecho mérito en sus tres motivos. 2) SIN LUGAR la nulidad alegada de forma subsidiaria; 3) SIN COSTAS. Y MANDA: Que con certificación de este fallo se devuelvan los antecedentes a los tribunales de su procedencia para los efectos legales consiguientes. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFÍQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.- Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veintidós días del mes de septiembre del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha veintidós de agosto de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 35-16.- Firma y sello.-

OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ

RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

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