Sentencia CL-30-16 — Registro 16186
Resumen
Demanda ordinaria laboral para reintegrar a los trabajadores a labores o puestos de trabajo que desempeñaban al momento que el patrono dio por terminados sus contratos de trabajo, a pagarles los derechos que se causen durante la secuela del juicio, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación de sus contratos individuales de trabajo hasta aquella en que se cumpla con la reinstalación en el trabajo.
Análisis jurisprudencial
Jerarquía: Reiterativa
..."Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV. Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.-"...
Legislación citada
- Convención Americana sobre Derechos Humanos, art. 8 (Convenios y Tratados del Derecho Internacional)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 15 de diciembre de 2015, REFORMA el fallo definitivo de primera instancia, en el cual se declaró con lugar la demanda, por ende declaró sin lugar la misma y absuelve a la demandada de la responsabilidad en cuanto a los conceptos reclamados (reintegro a sus labores y salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios), sin perjuicio de los derechos que a los trabajadores corresponda por la terminación del contrato de trabajo; sin embargo, dicho fallo en primer término resulta ser contradictorio, al indicar por una parte “…que la relación de trabajo que unió a las partes en conflicto a fuerza de repetirse se ha desarrollado de forma continua e ininterrumpida…” es decir de naturaleza permanente, y por otra, “…firmándose contratos temporales en el programa especial de Seguridad, junto con sus respectivas prórrogas, del espíritu de ésta contratación, se concluye: que la misma se enmarca en el literal b) del artículo 46 del Código de la materia, pues la permanencia de los actores en ésta labor, está sujeta al sometimiento de dichos servicios a licitación pública…” es decir de naturaleza accidental o temporal; en segundo lugar la sentencia es incongruente, entendiendo el principio de congruencia como la decisión en relación a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en el proceso, en el subjudice conforme a lo expuesto por las partes en su escrito de demanda y contestación, el hecho controvertido lo constituyen la justa causa o no de la terminación conforme a la normativa laboral y vinculado a ello, el carácter indefinido o temporal de la relación de trabajo; sin embargo, el Ad Quem no se pronuncia sobre la causa justa o no invocada por el patrono en la terminación de la relación de trabajo conforme a una causa prevista en el artículo 112 y 117 de Código de Trabajo, sino que hace referencia a una situación no debatida como ser la reducción del gasto y por ende la reducción de personal amparada en un Decreto Ejecutivo.- VIII. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- "...
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 206 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 207 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Procesal Civil, art. 208 (Jerarquía Ordinaria)
Jerarquía: Reiterativa
..."Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- X. Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida.-"..
Legislación citada
- Código del Trabajo, art. 858 (Jerarquía Ordinaria)
- Código Civil, art. 1589 (Jerarquía Ordinaria)
Sentencia
CERTIFICACION
El Infrascrito Receptor Adscrito a la Sala de lo Laboral - Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia; Certifica: La sentencia que literalmente dice: “CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.- SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Tegucigalpa, M.D.C., a los veintiocho días del mes de septiembre del dos mil diecisiete.- VISTO: Para dictar sentencia el Recurso de Casación Laboral formalizado ante éste Tribunal de Justicia en fecha dos de febrero del año dos mil dieciséis, por el Abogado SALVADOR ANTONIO ESPINOZA, en su condición de representante procesal de los señores KAREN ALUDIVET AGUILERA VALLEJO, CONCEPCION LOURDES PINEDA LARA, LILIAN WALESKA CRUZ BERBENA, MARCOS ISIDORO ORDOÑEZ VARGAS, RUBEN GUERRA DIAZ, MARIA SARA GUZMAN ABREGO, HENRY ALBERTO CHAVEZ BANEGAS, LORENZO MEJIA ORELLANA, AGUSTIN RAMOS GAMEZ, GEOVANNY RAMON FLORES AGURCIA, OSCAR MIRAMOR MARTINEZ, JUAN BAUTISTA DIAZ, NELDA JUDITH HERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIBEL INESTROZA ISAULA, FEDDY CAROLINA BENEGAS CALDERON, RAFAEL ENRIQUE ROMERO MONCADA, SANDRA YAMILETH ESTRADA HERRERA, y CARLOS FELIPE MEJIA RODRIGUEZ; además, es parte recurrida el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS) representado en juicio por el Abogado HECTOR JESUS GARCIA MENDEZ. OBJETO DEL PROCESO: Demanda ordinaria laboral para reintegrar a los trabajadores a labores o puestos de trabajo que desempeñaban al momento que el patrono dio por terminados sus contratos de trabajo, a pagarles los derechos que se causen durante la secuela del juicio, más a título de daños y perjuicios los salarios dejados de percibir desde la fecha de la terminación de sus contratos individuales de trabajo hasta aquella en que se cumpla con la reinstalación en el trabajo, promovida ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha trece de diciembre del año dos mil doce, por los señores KAREN ALUDIVET AGUILERA VALLEJO, CONCEPCION LOURDES PINEDA LARA, LILIAN WALESKA CRUZ BERBENA, MARCOS ISIDORO ORDOÑEZ VARGAS, RUBEN GUERRA DIAZ, MARIA SARA GUZMAN ABREGO, HENRY ALBERTO CHAVEZ BANEGAS, LORENZO MEJIA ORELLANA, AGUSTIN RAMOS GAMEZ, GEOVANNY RAMON FLORES AGURCIA, OSCAR MIRAMOS MARTINEZ, JUAN BAUTISTA DIAZ, NELDA JUDITH HERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIBEL INESTROZA ISAULA, FEDDY CAROLINA BENEGAS CALDERON, RAFAEL ENRIQUE ROMERO MONCADA, SANDRA YAMILETH ESTRADA HERRERA, y CARLOS FELIPE MEJIA RODRIGUEZ, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), por medio de su Representante Legal el señor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS. El recurso de casación se interpuso en contra de la sentencia de fecha quince de diciembre del año dos mil quince, dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, que falló revocando la sentencia de fecha veinticuatro de octubre del año dos mil quince, proferida por el Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, misma que: “FALLA: PRIMERO: DECLARANDO HA LUGAR el recurso de apelación promovido por el Abogado Héctor Jesús García Méndez, en su condición de apoderado judicial del demandado Instituto Hondureño de Seguridad Social, contra la sentencia de fecha veintiocho de octubre del año dos mil quince, dictada por el Juzgado de Letras del Trabajo de ésta Sección judicial, en la demanda que oportunamente le promoviera el Abogado Salvador Antonio Espinoza, en representación de los trabajadores KAREN ALUDIVET AGUILERA VALLEJO, CONCEPCION LOURDES PINEDA LARA, LILIAN WALESKA CRUZ BERBENA, MARCOS ISIDORO ORDOÑEZ VARGAS, RUBEN GUERRA DIAZ, MARIA SARA GUZMAN ABREGO, HENRY ALBERTO CHAVEZ BANEGAS, LORENZO MEJIA ORELLANA, AGUSTIN RAMOS GAMEZ, GEOVANNY RAMON FLORES AGURCIA, OSCAR MIRAMOR MARTINEZ, JUAN BAUTISTA DIAZ, NELDA JUDITH HERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIBEL INESTROZA ISAULA, FEDDY CAROLINA BENEGAS CALDERON, RAFAEL ENRIQUE ROMERO MONCADA, SANDRA YAMILETH ESTRADA HERRERA, Y CARLOS FELIPE MEJIA RODRIGUEZ, todos de generales conocidas en el proceso; en consecuencia se procede a REFORMAR la citada sentencia, reforma que se contrae a DECLARAR SIN LUGAR LA DEMANDA PARA EL REINTEGRO EN SUS LABORES O PUESTOS DE TRABAJO AL MENOS EN IGUALDAD DE CONDICIONES A LAS QUE TENIA AL MOMENTO DE DARSE POR TERMINADOS SUS CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO; AL RECONOCIMIENTO Y PAGO DE LOS DERECHOS QUE SE CAUSEN DURANTE LA SECUELA DEL PRESENTE JUICIO, COMO SER DECIMO TERCER MES, DECIMOCUARTO MES Y VACACIONES CAUSADAS O QUE SE CAUSEN DURANTE EL PERSENTE JUICIO LABORAL, ASIMISMO CUALQUIER OTRO BENEFICIO O DERECHO QUE LES PUDIESE CORRESPONDER, MAS A TITULO DE DAÑOS PERJUICIOS LOS SALARIOS DEJADOS DE PERCIBIR DESDE LA FECHA DE LA TERMINACION DE SUS CONTRATOS INDIVIDUALES DE TRABAJO; absolviéndose a la entidad demandada de la responsabilidad por tales conceptos; lo anterior, sin perjuicio de los derechos que a los trabajadores corresponda por la terminación del contrato de trabajo.-SEGUNDO: Se confirma la citada sentencia en cuanto a la exoneración de costas de primera instancia… SIN COSTAS.”.- ANTECEDENTES DE HECHO.- 1.- Los demandantes expresaron en el escrito de su acción, que se desempeñaban como Guardias de Seguridad, devengando un salario promedio diario de L.303.99 unos y otros 303.33 o 327.33, trabajando turnos rotativos todos, teniendo una forma de pago mensual; en fecha 20 de octubre del 2012, mediante nota escrita el doctor MARIO ROBERTO ZELAYA ROJAS, actuando en su calidad de Director Ejecutivo del IHSS, se les notificó que a partir del 20 de octubre del 2012, ya no les prorrogarían sus contratos de trabajo individual, por lo que no les fue invocada causal de terminación de contratos de trabajo. Los demandantes desempeñan una actividad que por naturaleza es de carácter permanente, habiendo pasado periodo de prueba hacia ya mucho tiempo, así mismo, la actividad laboral para la fueron contratados continua existiendo en la entidad demandada con el agravante que la jornada de trabajo se las han impuesto a otros sin pagar horas extraordinarias; que la prórroga o la no prórroga del contrato individual de trabajo a que hace alusión el patrono en las notas de terminación de los contratos individuales de trabajo no tiene asidero legal ni razón de ser, al tenor del artículo 3 y 47 del Código de Trabajo, pues reitera, la actividad por su naturaleza es de carácter permanente.- 2.- La parte demandada, el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS), contestó dicha demanda señalando que los demandantes firmaron contratos que fueron de carácter temporal, siempre se advirtió la disponibilidad financiera, por lo que los contratos eran temporales, en virtud de las necesidades que a veces se presentan en la institución tal como lo establece el contrato que fue aceptado por las partes contratantes, y por último, se les comunicó que no serían prorrogados sus contratos temporales de trabajo, así como lo establece el Código del Trabajo, los contratos individuales de trabajo pueden ser por tiempo indefinido o por tiempo limitado, en este caso se especifica la fecha de terminación, siendo este, el contrato que se celebró con los demandantes, ya que se contrató para realizar actividades a las cuales no puede hacer frente la institución conforme lo dispuesto en la Resolución SOJD No. 21-08-2012 de junta Directiva del IHSS, así mismo estos fueron contratados por un presupuesto temporal, en estructura organizacional de la Región del IHSS en San Pedro Sula, sus puestos fueron temporales, por lo que el contrato ha sido temporal aunque aleguen que fueran contratados por tiempo indefinido, porque la causa que originó el contrato era temporal, y esto lo establecen los artículos 46 b) y 47 párrafo primero del Código de Trabajo.- 3.- El Juzgado de Letras del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha veinticuatro de octubre del año dos mil quince, dictó sentencia declarando con lugar la demanda ordinaria laboral promovida por KAREN ALUDIVET AGUILERA VALLEJO, CONCEPCION LOURDES PINEDA LARA, LILIAN WALESKA CRUZ BERBENA, MARCOS ISIDORO ORDOÑEZ VARGAS, RUBEN GUERRA DIAZ, MARIA SARA GUZMAN ABREGO, HENRY ALBERTO CHAVEZ BANEGAS, LORENZO MEJIA ORELLANA, AGUSTIN RAMOS GAMEZ, GEOVANNY RAMON FLORES AGURCIA, OSCAR MIRAMOR MARTINEZ, JUAN BAUTISTA DIAZ, NELDA JUDITH HERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIBEL INESTROZA ISAULA, FEDDY CAROLINA BENEGAS CALDERON, RAFAEL ENRIQUE ROMERO MONCADA, SANDRA YAMILETH ESTRADA HERRERA, y CARLOS FELIPE MEJIA RODRIGUEZ, contra el INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL (IHSS); bajo el criterio que los contratos de trabajo son pactados según lo expresado en la cláusula primera: que tiene por objeto básico de la contratación: a) Propósito de la presente contratación es el desarrollo de la implementación de un programa de Seguridad interna en las instalaciones del IHSS con la finalidad de salvaguardar todos los bienes y activos que a nivel Nacional tiene el Instituto Hondureño de Seguridad Social, como parte del patrimonio al servicio del Derecho habiente para que dichos servicios se desarrollen en las mejores condiciones de eficiencia, según la planilla donde laboran los demandantes o empleados por contrato denominada Gerencia administrativa/Coordinación, programa de seguridad; la planilla H56, perteneciente a los empleados por contrato como guardia de seguridad únicamente se puede constatar que todos pertenecen al departamento:1030701 y 1030703, que es la estructura o departamento al que pertenecen según el presupuesto y contabilidad de asignación presupuestaria presentada los guardias de seguridad pudiendo percatarse la suscrita juez que existen 21 nuevos contratos posteriores a la terminación de los demandantes según Historial del mes de junio del año. Los tribunales han establecido que la regla general es que la relación laboral sea permanente, el contrato de trabajo por tiempo limitado requiere la existencia de causas objetivas que le justifiquen que a juicio de este tribunal deben ser las establecidas en el artículo 112, como causas justificativas para ello y sin responsabilidad para la demandada, en el caso de autos tales circunstancias justificativas de causa justa y la necesidad de temporalidad no se ajusta a la realidad a este convencimiento poderosamente el hecho la existencia de las nuevas contrataciones en la fecha de terminación de los demandantes y todas las nuevas contrataciones; la demandada no demostró que dicho cargo era de carácter temporal por lo que es aplicable lo preceptuado en el artículo 47, del Código de Trabajo vigente incluso de los contratos consta que el servicio de vigilancia es para cuidar el buen desempeño de los servicios del Instituto, y cuidado de los bienes de la institución; así mismo su pago deriva de una planilla HS6, que posee renglón presupuestario, por lo que no es cierto que se trate de servicios eventuales, sino de naturaleza permanente. - 4. La Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, en fecha quince de diciembre del año dos mil quince, dictó sentencia revocando la proferida por el A-quo, sin costas; bajo el criterio que la Ley ha instaurado excepciones a la regla general de duración indefinida de la relación de trabajo, y en ese sentido se contempla la figura de contrato de trabajo por tiempo limitado, o cuando se ha previsto el acaecimiento de algún hecho o circunstancia que forzosamente ha de ponerle término a la relación de trabajo; en el subjudice, no obstante que la relación de trabajo que unió a las partes en conflicto a fuerza de repetirse se ha desarrollado de forma continua e ininterrumpida en el puesto de Vigilantes, firmándose contratos temporales en el programa especial de Seguridad, junto con sus respectivas prórrogas, del espíritu de ésta contratación, se concluye: que la misma se enmarca en el literal b) del artículo 46 del Código de la materia, pues la permanencia de los actores en ésta labor, está sujeta al sometimiento de dichos servicios a licitación pública, en virtud de que esa labor no forma parte del giro de la demandada según se expuso en la primera y sexta cláusula del mencionado contrato; es por ello que la extinción contractual depende funcionalmente del acaecimiento de ese hecho o circunstancia, o si concurre causa justa o legal para ello, indistintamente de la fecha que se haya establecido para su terminación. En este sentido, el Poder Ejecutivo a fin de evitar el deterioro de las finanzas públicas consideró necesario controlar la masa salarial y la contratación de personal, así como la adquisición de bienes y servicios que realiza el Estado, decreta reducir, como mínimo el gasto financiado con fondos nacionales en mil doscientos millones de lempiras del presupuesto general de Ingresos y Egresos del Ejercicio Fiscal 2012, no ejecutado, instruyéndose a las Juntas Directivas de las Instituciones Descentralizadas para que tomaran las medidas pertinentes de recorte de gastos aprobados en el presente Decreto, prohibiéndose a partir del citado decreto la contratación y nombramiento de personal permanente y temporal, por contrato o por jornal y la contratación de servicios técnicos y profesionales; decreto éste que en su momento sirvió a la junta directiva del demandado Instituto Hondureño de Seguridad Social para instruir a la Dirección Ejecutiva a fin que procediera entre otros a la reducción del personal del Instituto, reducción que limita a 21 trabajadores la cantidad de los que prestaban servicios como vigilantes en las oficinas que la demandada tiene en esta región, en las mismas condiciones de contratación que los actores según se constata del documento que llevó al A-quo a considerar erróneamente la existencia de nuevas contrataciones en sustitución de los demandantes; decisión ésta que pese a limitar el derecho a la estabilidad, por motivos de interés general, autoriza legalmente la terminación del contrato, aunque dicha terminación debe tener un alcance integral para resarcir los daños que provoca la perdida de la estabilidad y las consecuencias de la finalización anticipada luego de haber sido dicha relación continua e ininterrumpida por tres y cuatro años, sentido éste al que se refiere el citado decreto al sujetar las reducciones de conformidad a las leyes laborales.- 5. Mediante auto de fecha dos de febrero del año dos mil dieciséis, éste Tribunal de Justicia resolvió admitir el recurso de casación interpuesto por el Abogado SALVADOR ANTONIO ESPINOZA, en su condición de representante procesal de los señores KAREN ALUDIVET AGUILERA VALLEJO, CONCEPCION LOURDES PINEDA LARA, LILIAN WALESKA CRUZ BERBENA, MARCOS ISIDORO ORDOÑEZ VARGAS, RUBEN GUERRA DIAZ, MARIA SARA GUZMAN ABREGO, HENRY ALBERTO CHAVEZ BANEGAS, LORENZO MEJIA ORELLANA, AGUSTIN RAMOS GAMEZ, GEOVANNY RAMON FLORES AGURCIA, OSCAR MIRAMOR MARTINEZ, JUAN BAUTISTA DIAZ, NELDA JUDITH HERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIBEL INESTROZA ISAULA, FEDDY CAROLINA BENEGAS CALDERON, RAFAEL ENRIQUE ROMERO MONCADA, SANDRA YAMILETH ESTRADA HERRERA, y CARLOS FELIPE MEJIA RODRIGUEZ, contra la sentencia dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de San Pedro Sula, Departamento de Cortés, de que se ha hecho mérito y dispuso que se llevara adelante la tramitación del recurso, confiriéndole traslado de los autos al recurrente por el término de veinte días para que formulara por escrito la demanda de casación.- 6. En fecha catorce de marzo del año dos mil dieciséis, compareció ante éste Tribunal SALVADOR ANTONIO ESPINOZA, en su condición de representante procesal de los señores KAREN ALUDIVET AGUILERA VALLEJO, CONCEPCION LOURDES PINEDA LARA, LILIAN WALESKA CRUZ BERBENA, MARCOS ISIDORO ORDOÑEZ VARGAS, RUBEN GUERRA DIAZ, MARIA SARA GUZMAN ABREGO, HENRY ALBERTO CHAVEZ BANEGAS, LORENZO MEJIA ORELLANA, AGUSTIN RAMOS GAMEZ, GEOVANNY RAMON FLORES AGURCIA, OSCAR MIRAMOR MARTINEZ, JUAN BAUTISTA DIAZ, NELDA JUDITH HERNANDEZ RODRIGUEZ, MARIBEL INESTROZA ISAULA, FEDDY CAROLINA BENEGAS CALDERON, RAFAEL ENRIQUE ROMERO MONCADA, SANDRA YAMILETH ESTRADA HERRERA, y CARLOS FELIPE MEJIA RODRIGUEZ, exponiendo tres motivos de casación, por lo que mediante providencia de fecha catorce de marzo del año dos mil dieciséis, se tuvo por devuelto el traslado conferido al Recurrente y por formalizado en tiempo el recurso de casación, ordenándose el traslado al opositor para que en el término de diez días procediera a contestar la demanda; quien no hizo uso de ese derecho, por lo que en proveído de fecha veinte de abril del año dos mil dieciséis, se declaró precluido de derecho y perdido irrevocablemente el término dejado de utilizar por el Abogado HECTOR JESUS GARCIA MENDEZ, en consecuencia se ordenó proseguir con el trámite legal correspondiente.- 7. Que no habiéndose solicitado la audiencia correspondiente, se nombró ponente a la Magistrada MARIA FERNDANDA CASTRO MENDOZA, quién en su oportunidad informó tener redactado el proyecto de sentencia respectivo; ordenando éste Tribunal de Justicia se dictase lo que procediera en derecho.- FUNDAMENTOS DE DERECHO.- I. Que nadie puede ser juzgado sino por juez o tribunal con las formalidades, derechos y garantías que la ley establece.- II. Que el Artículo 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece: "Toda persona puede recurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos.- Asimismo debe disponer de un procedimiento sencillo y breve por el cual la justicia lo ampare contra actos de la autoridad que violen, en perjuicio suyo, alguno de los derechos fundamentales consagrados constitucionalmente".- III. Que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su Artículo 8 numeral 1), dispone: "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter", además se establece que es deber de las autoridades judiciales adoptar, con arreglo a sus garantías constitucionales y las previsiones legales, las medidas que fueran necesarias para que al máximo se hagan efectivos los derechos y libertades aludidos en las consideraciones que anteceden.- IV. Que por Acceso a la Justicia se entiende el derecho fundamental que tiene toda persona para acudir y promover la actividad de los órganos encargados de prestar el servicio público de impartición de justicia, con la finalidad de obtener la tutela jurídica de sus intereses a través de una resolución pronta, completa e imparcial.- V. Que los servidores del Estado no tienen más facultades que las que expresamente les confiere la ley. Todo acto que ejecuten fuera de ley es nulo e implica responsabilidad. Los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.- VI. Que en el presente caso, la acción de mérito tiene como base o pretensión que se reintegre a los trabajadores por despido ilegal e injustificado, reclamando el pago de indemnizaciones legales, argumentando que laboraban como guardias de seguridad del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y que el patrono dio por terminado el contrato de trabajo sin invocarles ninguna causa justa de terminación; la demandada, sostiene que los demandantes realizaban actividades especiales temporales, que por ello se celebraron contratos de ese tipo y por último, se les comunicó que no serian prorrogados sus contratos temporales de trabajo, conforme a lo dispuesto en la Resolución SOJD N°21-08-2012 de la Junta Directiva del IHSS.- VII. Que la sentencia pronunciada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, en fecha 15 de diciembre de 2015, REFORMA el fallo definitivo de primera instancia, en el cual se declaró con lugar la demanda, por ende declaró sin lugar la misma y absuelve a la demandada de la responsabilidad en cuanto a los conceptos reclamados (reintegro a sus labores y salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios), sin perjuicio de los derechos que a los trabajadores corresponda por la terminación del contrato de trabajo; sin embargo, dicho fallo en primer término resulta ser contradictorio, al indicar por una parte “…que la relación de trabajo que unió a las partes en conflicto a fuerza de repetirse se ha desarrollado de forma continua e ininterrumpida…” es decir de naturaleza permanente, y por otra, “…firmándose contratos temporales en el programa especial de Seguridad, junto con sus respectivas prórrogas, del espíritu de ésta contratación, se concluye: que la misma se enmarca en el literal b) del artículo 46 del Código de la materia, pues la permanencia de los actores en ésta labor, está sujeta al sometimiento de dichos servicios a licitación pública…” es decir de naturaleza accidental o temporal; en segundo lugar la sentencia es incongruente, entendiendo el principio de congruencia como la decisión en relación a las pretensiones oportunamente deducidas por las partes en el proceso, en el subjudice conforme a lo expuesto por las partes en su escrito de demanda y contestación, el hecho controvertido lo constituyen la justa causa o no de la terminación conforme a la normativa laboral y vinculado a ello, el carácter indefinido o temporal de la relación de trabajo; sin embargo, el Ad Quem no se pronuncia sobre la causa justa o no invocada por el patrono en la terminación de la relación de trabajo conforme a una causa prevista en el artículo 112 y 117 de Código de Trabajo, sino que hace referencia a una situación no debatida como ser la reducción del gasto y por ende la reducción de personal amparada en un Decreto Ejecutivo.- VIII. Que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate.- IX. Que la nulidad absoluta puede alegarse por todo el que tenga interés en ella y debe cuando conste en autos, decretarse de oficio, aunque las partes no la aleguen.- X. Que por las razones antes expuestas, es procedente declarar la NULIDAD de la sentencia recurrida.- POR TANTO: La Corte Suprema de Justicia en nombre del Estado de Honduras, por unanimidad de votos de la Sala Laboral-Contencioso Administrativo y en aplicación de los artículos 90 párrafo primero, 303, 304, 313 numeral 5, 316 reformados, 321 y 323 de la Constitución de la República; 7, 8, 10 y 23 numeral 2) de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 18 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8.1, 8.2. h) 24 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 666 letra c) 776, 777 y 858 del Código del Trabajo; 22, 200, 206, 208 del Código Procesal Civil; 9 y 11del Código Civil; 1 y 80 numeral 1) de la Ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales; 16, 18, 23 literal a) del Reglamento Interior de la Corte Suprema de Justicia. RESUELVE: DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia definitiva dictada por la Corte de Apelaciones del Trabajo de la sección judicial de San Pedro Sula, Cortés, de fecha 15 de diciembre del 2015, visible a folios 17 al 26 de la segunda pieza. Y MANDA: Devolver los autos al Tribunal de su procedencia, con la certificación de estilo, para que, reponiéndolos al estado que tenían cuando se cometió la falta, los haga sustanciar con arreglo a derecho. Redactó la Magistrada MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. NOTIFIQUESE.- FIRMAS Y SELLO. MIGUEL ALBERTO PINEDA VALLE. COORDINADOR. MARIA FERNANDA CASTRO MENDOZA. EDGARDO CÁCERES CASTELLANOS. FIRMA Y SELLO. OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ. RECEPTOR ADSCRITO A LA SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO”.
Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., a los veinticinco días del mes de octubre del dos mil diecisiete; certificación de la sentencia de fecha veintiocho de septiembre de dos mil diecisiete, recaída en el Recurso de Casación número 30-16.
OSCAR EDGARDO MENJIVAR HERNÀNDEZ
RECEPTOR ADSCRITO
SALA LABORAL-CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
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